Los certificados de buena conducta     
 
   13/12/1974.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

LOS CERTIFICADOS DE BUENA CONDUCTA

ÚLTIMAMENTE se esta generalizando en diversos ámbitos profesionales del país una exigencia adminis-

trativa (el llamado certificado de buena conducta) para optar a ciertos puestos o pretensiones no sólo en la

función pública estatal, sino en organismos más o menos autónomos de la Administración. Resulta cuanto

menos sorprendente que, precisamente cuando estos modos habían desaparecido en las relaciones

contractuales para acceder a puestos de alta responsabilidad en la Administración del Estado, reaparezcan

como filtro de entrada en un tipo de relación transitoria y técnica como puede ser la que sustentan los

maestros y profesores de enseñanza media o superior o les médicos. Aún están recientes tos conflictos

surgidos entre los profesores de Instituto ante la exigencia del certificado de buena conducta para impartir

clases, o el más cercano aún de los M. I. R. —Médicos Internos y Residentes— para acceder a un puesto

en los hospitales de la Seguridad Social.

La exigencia de este certificado gubernativo, que ha provocado tantas protestas entre los profesionales

afectados, ha movido al procurador en Cortes por la provincia balear, don Josep Meliá, a formular un ruego

al Gobierno para Que se suprima esta exigencia administrativa. El Gobierno, en su contestación, aduce, en

primer lugar, que esta exigencia «está justificada por la lógica preocupación que toda entidad u organismo

tiene por asegurarse en lo posible que las personas que van a entrar a su servicio pertenezcan a las

consideradas socialmente como de buen comportamiento». Esta primera consideración nos parece, cuanto

menos, ambigua y su jeta a mil interpretaciones, ¿Quiénes son las personas «consideradas socialmente

como de buen comportamiento»? ¿A qué buen comportamiento se refiere? ¿Al moral? ¿Al político? ¿Al

privado? ¿Al público? La consideración «social» del comportamiento de las personas es sumamente

variable y no puede aducirse como requisito de acceso a ningún puesto de trabajo.

El único criterio válido para seleccionar a las personas que van a entrar al servicio de cualquier entidad u

organismo ha de ser la ausencia de sanción corporativa por faltas de deotología profesional. En casi todas

las profesiones existe un Código de deotología profesional y en algunas —como el periodismo— un

Tribunal de Etica Profesional, encargado de supervisar y sancionar aquellas actitudes que van en contra

de ios principios declarados de la profesión. La «buena conducta» de cualquier profesional no puede, por

tanto, ser exigida en base a una «consideración social», sino únicamente en base a la consideración

profesional que establecen tos órganos corporativos de deontología profesional existentes. Este requisito

—la ausencia de sanción corporativa por faltas de ética profesional— puede ser exigible precisamente

porque Queda objetivado tras un proceso en «1 que el intreresado na de ser oído, y puede defenderse, lo

que no ocurre en tí caso de tos certificados gubernativos a ios que se refiere el procurador Josep Melia.

Por otra parte, el Gobierno señala también en su contestación que «este requisito no supone transgresión

alguna del Fuero de los Españoles». En este punto, cualquier jurista podría recordar que a tenor de lo

establecido en el artículo 11 del Fuero de ios Españoles, el acceso a cargos y funciones publicas debe

atemperarse exclusivamente al mérito y capacidad pura el cargo. Este texto lo repite igualmente el VIII

Principio del Movimiento.

Señala por último el Gobierno en su respuesta que no debe confundirse el certificado de buena conducta

con e! de antecedentes penales. La «buena conducta» de un ciudadano en general, desde el punto de

vista del Estado, no puede ser otra que la inexistencia de condena previa por delito o falta. La autoridad

gubernativa no creemos sea el organismo idóneo para sancionar la eventual «mala conducta» de los

ciudadanos. Sólo los Tribunales están capacitados para juzgar la conducta de los ciudadanos como tales,

y en tanto que profesionales, la sanción debe depender, como hemos ya indicado, de los Tribunales

profesionales u órganos corporativos de deontología.

Y una última consideración: Obligar a probar previamente la «buena conducta» sería, como dicen tos juris-

tas, «invertir la carga de la prueba». Bs la entidad u organismo quien, una vez admitidos los candidatos

más aptos por su mérito y capacidad, debería probar, en su caso, mediante un expediente disciplinario, la

«mala conducta« de quien realmente la tenga:

 

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