El señor Fraga pide. 
 El proyecto de asociaciones políticas debe pasar por las Cortes     
 
 Informaciones.    25/06/1970.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

El señor Fraga pide:

EL PROYECTO DE ASOCIACIONES POLÍTICAS DEBE PASAR POR LAS CORTES

MADRID, 25 (INFORMACIONES.)

Don Manuel Fraga Iribarne y don Alberto Ballarín Marcial figuran entre los consejeros nacionales que

han enviado sugerencias para la modificación del anteproyecto de normas sobre asociaciones de acción

política en el Movimiento. El plazo para la presentación de propuestas de modificación del texto se

cumplió, como se sabe, hace pocos días.

El señor Fraga, en las sugerencias que presenta a la generalidad del anteproyecto, propone que las futuras

asociaciones sean reguladas por ley deliberada y votada en las Cortes Españolas. Cita en apoyo de su

pretensión el artículo 10 apartado f) de la ley de Cortes y el articulo 34 del Fuero de los Españoles, que

dice: «Las Cortes votarán las leyes necesarias para el ejercicio de los derechos reconocidos en este Fuero.

Entre esos derechos figura, como se sabe, el de asociarse para fines lícitos.

Manifiesta también el señor Fraga en su escrito de sugerencias que «la pérdida de un año entero en un

asunto que ya venía con notorio retraso, y más aún el procedimiento seguido no ha podido menos de

afectar al crédito del Consejo Nacional. Se refiere luego a la modificación de las reglas, vigentes por un

decreto - ley y afirma que lamenta tener que mantener la totalidad de su intervención en el Pleno del

Consejo Nacional celebrado el 15 de diciembre de 1969.

Para el señor Fraga se va a producir un paso decisivo en el proceso de institucionalización de nuestro

régimen político, y ello plantea problemas políticos y jurídicos.

Desde el punto de vista político debe lograrse un alto grado de participación política e igualdad de

oportunidades para los hombres, los grupos y las ideas, sobre todo teniendo en cuenta que, después de la

sucesión de Franco, será necesario un juego flexible para que las fuerzas sociales y políticas actúen con

natural movilidad y no se sientan desplazadas. Las reglas —a juicio del señor Fraga— deben ser claras,

aceptables para todos, dictadas y cumplidas con buena fe. Las condiciones de participación deberán ser

prudentes, pero serias, permitiendo «un auténtico acceso de lodos a los cauces de la representación real».

El ex ministro se pronuncia a favor de la proyección electoral de las futuras asociaciones y señala que su

regulación y responsabilización «tienen mucho menos riesgo que las sectas secretas o las camarillas que

inevitablemente llenan su vacío». Añade que «los debates públicos, con luz y taquígrafos, son muy

preferibles a las intrigas de pasillo y de antecámara y al imperio irrespirable del rumor».

En el punto de la concreta actividad electoral, el ex ministro propone entre los fines de las asociaciones

políticas: "Servir a la promoción de vocaciones políticas y. en general, de servicio público y proponer o

promocionar candidaturas en todos los procesos electorales del orden representativo establecido."

Las negaciones en materia asociativa. —continúa el señor Fraga— han de ser fundadas y con posibilidad

de recursos suficientes. «Si los condicionamientos son imposibles (prácticamente) de cumplir, o

irracionales, o vejatorios, o de carácter discriminatorio, si el ejercicio del derecho queda sometido a

resoluciones discrecionales y no apelables, entonces no existe un derecho público ni cosa parecida.

El señor Fraga entiende que se ha exagerado mucho la importancia de la declaración de la ley de

Principios Fundamentales del Movimiento, según la cual «toda organización política de cualquier índole,

al margen de este sistema representantivo (familia, municipio, sindicato y demás entidades orgánicas

reconocidas por las leyes), será considerada ilegal. «El ex ministro estima que la declaración no se ha

opuesto, ni podía oponerse, a que una ley acepte el sufragio universal para el referéndum, como mañana

podría ampliarla a otras funciones, ni al derecho de asociación política, ni a que los cabezas de familia

creen asociaciones para intervenir en las elecciones a los Ayuntamientos o a las Cortes, ni al derecho de

libre asociación sindical para que los Sindicatos —dice— lo sean verdaderamente y no una mera

burocracia corporativa.

Por su parte, el señor Bailarín, también en las sugerencias a la generalidad del proyecto, postula por un

«asociacionismo integrador de diversas posturas y tendencias políticas», entendiendo que si no integra la

diversidad estará abocado al fracaso. En las sugerencias al articulado, el consejero nacional por Huesca se

pronuncia en contra de los consejeros garantes que prácticamente se convertirían en los árbitros, cuando

no en los presidentes de todas las asociaciones, pues sólo de este modo podrían asumir el gran riesgo de

garantizarlas. «De esta manera —argumenta— se vulnerarla el derecho de todos los españoles a constituir

asociaciones y ser elegidos para acceder a los cargos de éstas.» «Si los consejeros nacionales —añade—

se presentan como supervisores de la pureza política, se demuestra una desconfianza hacia todos los

futuros fundadores y asociados, que de este modo se encontrarían coartados en su libertad y

menospreciados en su sentido de responsabilidad.

En cuanto a las competencias del Consejo Nacional, en Pleno, para la aprobación o denegación de

asociaciones, el señor Bailarín sugiere que este sistema se suprima y se dé paso al recurso ante una Sala

Especial del Tribunal Supremo.

 

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