La firma del Príncipe     
 
 ABC.    27/07/1974.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

LA FIRMA DEL PRINCIPE

La presencia ejerciente del Príncipe de España en la Jefatura del Estado, por enfermedad del Generalísimo, ha sido, y de momento lo es, una suplencia de funciones plena; no sólo una nominal aplicación de un mecanismo constitucional previsto.

Así, el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón ha firmado, como Jefe de Estado, la Declaración conjunta de principios hispano - norteamericana, documento de singular importancia aunque no contenga la expresión de compromiso concreto alguno. Y del mismo modo, pese a que el hecho haya pasado desapercibido para una gran mayoría de españoles —ya en período vacacional el país— el Príncipe figura en las firmas del «Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Madrid».

En el número correspondiente al viernes 26 de julio de Í974, aparecen siete leyes de la Jefatura del Estado, con su firma, acompañada, como corresponde, de la firma del presidente de las Cortes Españolas; por ser textos aprobados en la Cámara Legislativa.

Se trata de normas diversas por su contenido, pero revestidas todas de la importancia que acompaña a cualquier disposición cuyo origen tiene el refrendo, la aprobación, de las Cortes.

En concreto, se refieren a la edad de retiro en el Cuerpo de la Policía Armada; a la creación de un cuerpo especializado en Meteorología; a la creación de un cuerpo técnico de especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas; a la actualización de la base económica de determinados artículos de las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal; a una modificación —para mejora— de los sueldos de funcionarios civiles y militares; a las pruebas de aptitud para el acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Colegios y Escuelas Universitarias, etcétera.

Todos y cada uno de los textos articulados de estas normas, de estas leyes, llevan, literalmente, la firma «Juan Carlos de Borbón, Príncipe de España», seguida de la firma «el presidente de las Cortes Españolas, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda».

Han coincidido de este modo, por camino no pensado, pero rigurosamente previsto y normal, dos hechos:

la serenidad de una general actitud ciudadana que asimiló, desde el mismo instante en el cual se produjo, la transmisión temporal de poderes y la técnica y fría, por ello, literatura jurídica del «Boletín Oficial del Estado». Es decir, han coincidido, en ritmo y en acento, el sentimiento popular y la mecánica constitucional.

La experiencia, —sentida y firmada, legislada y vivida— no ha podido tener signo de mayor positividad.

España —la real y la oficial, según la contraposición de los espectadores que analizaban el país en los convulsos años de las primeras décadas del siglo— ha descansado, se ha serenado, en días críticos, con la presencia sucesoria del Príncipe Don Juan Carlos; y por ella, precisamente por ella.

No es momento, no creemos que lo sea, de hacer especulaciones, por fuerza alambicadas, sobre la duración de los poderes que, por definición legal fundamental, son transitorios.

Es momento, en cambio, porque siempre lo es y lo será para meditar en serio, para plantearse con auténtica solvente consciencia, cual sea el devenir más conveniente para España; sin excesivas personalizaciones, sin parcialidades interesadas; sin criterios de grupo o de tendencia.

Para España, repetimos, que comprende y abraza y no puede negar las opiniones todas de quienes desean de verdad que sea un país próspero, una nacionalidad respetada, una comunidad existente en paz, en libertad y en orden.

 

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