Silva Muñoz enjuicia las relaciones iglesia-estado     
 
 ABC.    12/05/1974.  Página: 29-30. Páginas: 2. Párrafos: 21. 

ABC. DOMINGO 12 DE MAYO DE 1974. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 29.

SILVA MUÑOZ ENJUICIA LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO

LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURIDICO-POLITICO PLANTEADO PODRÍA

ARTICULARSE EN CINCO PUNTOS:

— Reconocimiento constitucional de la independencia del Estado y de la libertad de la Iglesia.

— Una negociación previa al nuevo Concordato, con definición clara de objetivos.

— Regulación general y adecuada de los privilegios recíprocos.

— Renuncia al derecho de presentación, que sería sustituido por el de notificación.

— Huir de toda brusquedad durante el tránsito de una a otra fórmula.

CUALQUIER REFORMA POLÍTICA EXIGE LA INSTAURACIÓN DE UNA ETICA PUBLICA DE

LA TOLERANCIA

No creo hoy adecuado ni el término ni el concepto de democracia cristiana. La fe cristiana no debe ser

confundida con ninguna ideología de tipo cultural o de tipo político... Por eso, los cristianos pueden

asumir una pluralidad de compromisos individual y colectivamente, sin que la Iglesia quede

comprometida en la actuación individual o asociada de los cristianos», ha dicho en Córdoba don Federico

Silva Muñoz, ex ministro de Obras Públicas y presidente de la Campsa, en el transcurso de una

conferencia pronunciada en la clausura de la Asamblea de las Hermandades del Trabajo.

«Todo ello— prosiguió— aclara suficientemente el hecho cierto de que se han terminado los tiempos del

partido confesional; por eso se debe aspirar a que cualquier tipo de asociación política que nazca en el

futuro bajo este signo se aleje en la medida de lo posible de etiquetas inactuales, acoja los grandes

planteamientos que la anterior doctrina expresa y adopte con gran libertad sus planteamientos políticos,

elaborados en común por el acuerdo de sus miembros.»

El señor Silva Muñoz enjuició el problema jurídico-político de las relaciones Iglesia-Estado y resumió sus

opiniones en cinco puntos, que ofrecemos resumidos:

CONFESIONAUDAD DEL ESTADO

«Por Estado confesional ha entendido la Conferencia Episcopal «la profesión solemne de fe católica

como única religión oficial y la mera tolerancia para las demás confesiones»; y su expresión jurídico-

política se halla en el Principio segundo del Movimiento, cuando afirma: «La nación española considera

como timbre, de honor el acatamiento de la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia católica,

apostólica y romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su

legislación»

Así las cosas, nos encontramos con la situación paradójica de que es la propia Iglesia la que repara la

fórmula que el Estado ha ofrecido como máxima prenda de colaboración, haciendo que esa colaboración

que las dos partes desean —estoy seguro que sincerísimamente— no pueda apoyarse sobre. las bases

constitucionales que han quedado superadas en este punto por los dictados férreos de la realidad. No cabe,

pues, otra solución que actualizar el principio constitucional, que si es «permanente e inalterable» en su

esencial, no podemos pretender que lo sea en sus enunciados gramaticales y lexicológicos.

Pues bien, a mi juicio, habrá que dar un paso más y definitivo en esta cuestión básica, para llegar a un

enunciado que pudiera ser más o menos como éste: «El Movimiento incorpora el sentido católico de

gloriosa tradición y predominante en España a la vida nacional. La Iglesia y el Estado concertarán sus

facultades respectivas sin que se admita intromisión o actividad alguna que menoscabe la dignidad del

Estado o la integridad nacional.»

A poco que se medite se verá que esta fórmula coincide casi literalmente con la que, en su día, fue el

punto 25 de la Falange. A mi juicio, ofrece muchas más ventajas que el actual enunciado del Principio

segundo del Movimiento. Además, esta fórmula mantiene la independencia del Estado de una manera

taxativa y literal, pero deja también en libertad a la Iglesia, que es, en definitiva, lo que ella desea.

¿UN NUEVO CONCORDATO?

El Concordato de 1953 fue recibido con alborozo por los medios oficiales del Estado y por extensos

sectores de aquella Iglesia española acogida con fervor al espíritu de Pió XII, sin olvidar las reticencias

minoritarias que también despertó. Desde entonces han pasado dos cosas fundamentales: el tiempo,

implacable en el desgaste de hombres y de cosas, y el Concilio y sus consecuencias. No es pues, de

extrañar que los obispos y las autoridades civiles hayan reconocido la necesidad de modificarlo.

A mi juicio, caben tres soluciones: un nuevo Concordato, arreglos parciales y una ley unilateral del

Estado paccionada Formalmente, quizá lo más completo fuera un nuevo Concordato, que como

instrumento jurídico pudiera dotar del marco adecuado a las relaciones Iglesia-Estado. El apremio de

muchas cuestiones pendientes, con frecuencia, vence los espíritus hacia los acuerdos parciales y concretos

por no demorar la solución de problemas que, quiérase o no, están envenenando la vida española; la ley

unilateral paccionada ofrece formalmente novedades, quizá demasiado explosivas para muchas mentes

civiles y para no pocas eclesiásticas, aún afiliadas en otros pagos religiosos a sectores calificadamente

progresistas.

No es lo mismo ley paccionada que Concordato, por eso habrá que sopesar muy bien las tres fórmulas.

Yo, modestamente, me muestro partidario de una negociación previa de definición de objetivos y, en

función de ella, que se adopte el instrumentó jurídico más idóneo. Pero esa negociación previa la juzgo

necesaria y urgente.

RENUNCIA RECIPROCA DE PRIVILEGIOS

La dificultad está en concretar qué son privilegios y no derechos que una parte concede a la otra, quizá

fundados hasta en altas razones teológicas o políticas. ¿Cómo se discrimina si un sacerdote está

pronunciando, a efectos del fuero eclesiástico, una arenga política de cualquier signo o explicando la

palabra de Dios? Otro tanto podría decirse de la ayuda económica a la Iglesia.

Por tanto, ante la impresión de muchos de estos conceptos, yo me inclinaría por una regulación general y

adecuada de estos temas, huyendo de una. nomenclatura inactual, imprecisa, y prestada al uso de una pura

y simple demagogia, nociva para el entendimiento que muchos deseamos.

RENUNCIA AL DERECHO DE PRESENTACIÓN

Tras la petición conciliar de renuncia a la presentación de obispos, parece claro el propósito de la Iglesia

de reivindicar la libertad absoluta en la designación de los obispos. Esto es así: la Historia, como las

aguas, puede serpentear, pero nunca va hacia atrás. Reconozcamos los hechos juntamente con la

valoración de las razones y, como consecuencia, pienso que la solución idónea vara este tiempo sería

sustituir el complejo sistema actual por otro, en que se reconociera el nombramiento de los obispos

exclusivamente a la Sede apostólica, si bien, con un sistema de notificación previa y posibilidades de

formulación, por parte del Gobierno, de objeciones fundadas y operantes.

RÉGIMEN TRANSITORIO

Quizá en pocas cuestiones como ésta sea necesario proveer un régimen transitorio. Se van a operar

cambios importantísimos. Será necesario actuar sobre cuestiones delicadísimas, lo que exige huir de toda

brusquedad, evitando que el paso de uno a otro sistema, de una a otra fórmula, rompa la armonía y siegue

en flor las fórmulas y sistemas nuevos.»

El señor Silva Muñoz hizo también, entre otras, las siguientes afirmaciones:

«Hay materias que, por su propia naturaleza, son opinables, y en las que no se puede negar el derecho de

la Iglesia y de los eclesiásticos a pronunciarse sobre ellas. Enjuiciando desde el punto de vista de un

político el problema como está hoy planteado en España, nos atrevemos a sugerir que la propia Iglesia

podría definir y el Estado convenir un elenco de materias sobre las cuales solamente pudiera pronunciarse

la Iglesia colectivamente, por ejemplo, a través de la Conferencia Episcopal; otro que estuviera reservado

a los obispos en sus respectivas diócesis, y el resto sobre el que pudieran pronunciarse los sacerdotes,

dentro de las normas generales que sobre predicación la Iglesia establezca y la legislación general del

Estado prescriba.

NECESIDAD DE UNA ETICA PUBLICA DE TOLERANCIA

Es necesario, como telón de fondo de cualquier reforma política o de cualquier solución de un

contencioso religioso-político, instaurar en nuestra patria una ética pública de la tolerancia. Es una tarea

difícil, pero no irrealizable.

Una ética pública de la tolerancia que en el plano estrictamente político acabe con los exclusivismos y las

exclusiones; con el rigor de los que sólo conciben la gobernación del país como una labor de compadre,

camarillas o sectas. Una ética pública de la tolerancia que busque él máximo de asistencias posibles como

cimiento de una tarea de gobierno. Una ética pública de la tolerancia que tenga siempre presente que

todos los intentos de monopolizar el poder, sin más título que el interés de partido o de grupo, han

terminado mal, muy mal, para sus protagonistas, y para el propio país que, pacientemente, los ha

soportado. Una ética pública que sólo sea intolerante con su propia destrucción, que ha de impedir el

Estado con una adecuada protección jurídica de un bien básico de la convivencia.»

 

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