Un informe político del Gobierno     
 
 ABC.    14/10/1972.  Páginas: 1. Párrafos: 3. 

UN INFORME POLÍTICO DEL GOBIERNO

Son muchas las noticias que quizá el Consejo Nacional del Movimiento le deba a la opinión pública. Su densa cortina de silencio, fruto de una política de puerta cerrada, se va volviendo contra el propio ejercicio del contraste de pareceres, función esencial, como es sabido, de la Alta Cámara. Así, mientras ya se habla de la reforma de una normativa que aún no ha sido explotada en todas sus posibilidades, el ciudadano se pregunta por el alcance y sentido del informe que ha elaborado el Consejo Nacional en torno a la situación política o qué ha ocurrido con el proyecto de asociaciones, y espera la comparecencia abierta del ministro secretario general del Movimiento ante las Cortes o el propio Consejo, se sorprende por los retoques de hecho que se han introducido en la estructura orgánica de la Organización y, sobre todo, sigue sin tener conciencia clara de cuál es la situación política y social según el criterio del Gobierno y hacia qué rumbos apuntan las directrices de la evolución del momento. Consideramos que no resultan convenientes tantos puntos oscuros y por ello nos creemos en la obligación de recordar que el propio mecanismo que regula las actividades del Consejo Nacional del Movimiento ya previo´los cauces para que no se produjeran atonías o estancamientos. ¿Por qué no se aplican tales textos con arreglo a su razón de ser?

Pongamos un ejemplo. El artículo 50 del Reglamento del Consejo Nacional (decreto de 24 de septiembre de 1968) señala que «El Pleno celebrará, cuando menos, tres períodos de sesiones al año, aue se abrirán con un informe político del Gobierno.» ¿Qué significa este precepto? Ni siquiera es necesario interpretar su contenido. No caben equívocos en una cuestión explicada con toda nitidez. Se exige que sea el Gobierno, como conjunto, quien ofrezca al Consejo Nacional un informe sobre la situación política. Sin embargo, en la práctica tales informes ¿se producen? Puede ocurrir acaso que uno de los ministros del Gobierno comparezca ante la Cámara para explicar, por propia iniciativa, alguna de las cuestiones que tiene en estudio su Departamento. Así ha ocurrido, pongamos por caso, en relación con el tema de la reforma de la empresa o la del procedimiento judicial. Pero el informe requerido por el Reglamento del Consejo Nacional, y que debe ser del Gobierno, no de uno de sus miembros; político, y no meramente de cuestiones administrativas, sigue brillando por su ausencia. Esta información de primera mano, sin embargo, es imprescindible para que el Consejo Nacional pueda realizar «el análisis crítico de las soluciones concretas del Gobierno», según reza expresivamente el artículo 11 de la Ley Orgánica del Movimiento y repite el artículo 8.° del Reglamento. Resulta, pues, que al fallar la relación del Gobierno con la Cámara queda también así obstaculizada su propia función crítica.

Hay muchas cuestiones, con todo, que subrayan la conveniencia de que el Gobierno explique regularmente al Consejo Nacional cuál es la situación política. Problemas tales como el estado de la Universidad, la crisis de la reforma educativa, las relaciones con Europa, las medidas de control de precios —por no hablar de los problemas de institucionalización y representatividad—, requerirían una aplicación literal del contenido del artículo 50 del Reglamento del Consejo.

 

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