La hora de la participación política     
 
 ABC.    27/11/1973.  Página: 121, 125, 129. Páginas: 3. Párrafos: 31. 

ABC REPORTAJE

La conferencia de Federico Silva Muñoz—al que un periódico llamó el ministro-eficacia en la época en que regía con mano maestra el Departamento de Obras Públicas— ha rebasado el Interés de la vida cultural o política para ser objeto de auténtica expectación general. Silva ha hablado con moderación, con rigor y con extraordinaria claridad. Su conferencia constituye un auténtico programa de gobierno para el futuro, con especial acento en la regulación legal de las asociaciones políticas. En las páginas de «ABC Reportaje» se recoge hoy un extenso extracto de esta conferencia que por su ecuanimidad y la energía con que se abordan temas muy graves y trascendentes alcanzará, sin duda, gran repercusión en el país.

RASGO el prolongado silencio que me tabla impuesto por creer que el ritmo de 1a acción política en España es incompatible con las frecuentes y a veces casi diarias declaraciones de los hombres públicos, que en otros países o situaciones pueden ser normales. Sin embargo, el transcurso del tiempo y los acontecimientos de la última época creo que bien merecen un pronunciamiento que examine la situación presente y trate de analizar su desenvolvimiento futuro, de un futuro que en unos casos se nos anuncia, en otros se susurra y no pocas veces se hace presentir.

Un día que estando próximo puede parecer lejano, un Gobierno al que pertenecí y cuyo mérito principal de orden político fue el de colaborar con S. E. el Jefe del Estado en la gestación de la Ley Orgánica, la sometió a la aprobación de las Cortes y después al Referéndum del pueblo español. Esta ley era muchas cosas, pero entre ellas quiero destacar que representaba el texto de una Constitución moderna, dentro de la línea de servicio al régimen nacido el 18 de julio, suponía la institucionalización definitiva de un sistema brotado entre fervores y sacrificios incalculables de lustros enteros de los españoles, y hasta entonces vinculado de forma personal y directa al genio y figura de un hombre irrepetible; y lo que es más importante, intentaba abrir una época nueva de nuestra historia contemporánea, dando la vuelta a una hoja distinta del mismo calendario político, hecho difilísimo de conseguir en un país como el nuestro, de tradiciones publicas tan atormentadas. Esta fue, a mi juicio, la gran esperanza de la Ley Orgánica, cuando la nación doblaba el cabo de la mitad de los años sesenta, de nuestro Implacable y fulgurante siglo.

La ley Orgánica esta necesitando como exigencia actual de su desarrollo de un mecanismo de participación política de todos los españoles. Yo proclamo la necesidad de que tal realización política en sus dimensiones legislativa y operativa, se lleve a cabo con sinceridad, perfección y prontitud. No es cuestión de apremios, de impaciencias ni politiquerías de pequeño alcance, es un gran problema nacional para estadistas que deseen, como muchos deseamos, que la médula representativa del Estado se realice en toda su integridad.

Según nuestra Constitución, la participación política ha de hacerse a través de la Familia, el Municipio y el Sindicato. Vamos, pues, a analizar cada uno de estos cauces:

PRIMERO: EL CAUCE SINDICAL

Estimo que su regulación no debería ser alterada mientras no se viese un sistema más perfecto dentro de él. Y ello por varias razones: primera, porque su regulación 35 la más moderna y soy enemigo de los cambios legislativos que no estén plenamente justificados, más aún cuando por lo reciente de la norma modificable se puede crear un clima de incertidumbre; segundo, porque debe reconocerse que ese sistema y el anterior han generado una élite de dirigentes sindicales, empresarios, obreros y técnicos muy importante; tercero, porque el Sindicato español, que se proclama heredero de una tradición gremial, hay que respetarle en su esencia corporativa en el cuadro de una, para mí, necesaria y creciente extensión del sufragio directo en los otros cauces, y cuarto, porque su propia naturaleza y definición constitucional, el sindicalismo español es de integración y no, sustancialmente, reivindicativo, formando parte de las estructuras políticas del Estado (150 procuradores), de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, interviniendo en la elaboración de disposiciones legales e in formando multitud de proyectos administrativos. No son Sindicatos acantonados en la reivindicación salarial o en la contratación colectiva. Esta peculiaridad esencial del sistema español es, a mi juicio, incompatible con una independencia radical del Estado. Una cosa es que puedan democratizarse más sus representaciones, y otra que se pueda llegar a una fórmula sindical representativa como la de otros sindicalismos y mantener una competencia como ¡a que actualmente se les reconoce en España. Yo proclamo la autonomía sindical y su democratividad creciente, hasta el límite que no atente a la autonomía del Estado y a su propia democratividad.

SEGUNDO: EL CAUCE MUNICIPAL

En el telar anda una nueva ley de Corporaciones locales. Sea cual fuese la tramitación y la suerte que corra la presentación por e¡ Gobierno, estimo que es hora de, en el orden de la representación en Cortes, articular la de carácter local, conforme a un criterio democrático y actúa).

Abrigo la esperanza de que se perfeccionen sus mecanismos y se colmen lagunas evidentes como la ausencia de la representación familiar en las Diputaciones, vigorizando las competencias de estos órganos mediante una adecuada depuración de las de la Administración periférica.

Ahora bien, entiendo que la elección de la representación municipal se escinde en dos categorías: la que tiene por objeto el nombramiento de concejales y la que se endereza al nombramiento de procuradores en Cortes. La primera debe regularse de conformidad con los principios de la ley Electoral, pero su normatividad especifica ha de buscarse en la ley de Régimen Local. La segunda, que es el objeto directo de nuestro examen, o sea, la que se encamina al nombramiento de procurador en Cortes, pienso que debería tener por electores a los vecinos, cabezas de familia y mujeres casadas, y por elegibles a todos los concejales de cada provincia y diputados provinciales que presentasen sus candidaturas en el cuadro de una asociación política autorizada.

Sé que lanzo una idea discutible, pero entiendo que de este modo se da acceso directo al pueblo en el nombramiento de sus procuradores locales y las Corporaciones no quedan marginadas, sino que participan efectivamente al no poder elegirse más que a algunos de sus componentes. Para ello, si es preciso, se darían los pasos necesarios de orden legislativo, pues se conformaría mejor la Ley de Cortes con la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento mediante esa reforma. Esta ley —la de Principios del Movimiento— prevé la participación política a través del Municipio que es el conjunto de todos los vecinos y no meramente a través de los Ayuntamientos que ostentan la representación de aquéllos y compuesto por un conjunto de concejales representantes, a mayor

abundamiento, de otras estructuras básicas de la comunidad nacional: la Familia, la Organización Sindical y las entidades económicas y culturales.

TERCERO: EL CAUCE FAMILIAR

La entrada en las Cortes de la representación familiar fue una novedad positiva de la Ley Orgánica. Ella ha dado al Régimen la medida de lo que es capaz el sufragio directo. Nada se ha hundido, ninguna unidad ha padecido, ninguna de las llamadas lacras democráticas se ha introducido. Todo lo contrario, la representación familiar ha dado vigor al sistema, responsabilidad a los españoles al tener que elegir entre varios candidatos, después de muchos años de ausencia da las urnas para alecciones nacionales, y ha descubierta una élite de hombres políticos que bien necesita ensanchar el país. Cierto que muchos esperaban más de ella. Pero eso no es culpa de los familiares, sino de la carencia de un sistema acorde con la Ley Orgánica que, partiendo de la igualdad de oportunidades para los candidatos, continúe al unísono de las otras representaciones, vigorizando la participación democrática de los procuradores en el control, fiscalización y ayuda al Poder Ejecutivo. Porque muchas veces me he preguntado por qué se pone el acento tanto en las funciones de control y fiscalización de nuestras Cortes y no en alentar al Gobierno y a los Procuradores para acciones políticas y legislativas en que el calor parlamentario sea el acicate, el estimulo y la guía de los ministros, como puedo asegurar que las Cortes lo fueron para mí en cuanto hice durante mi gestión ministerial.

La presencia de las asociaciones políticas en la elección del tercio familiar serviría para orientar al electorado, para poner a todos los candidatos en igualdad de oportunidades, con el fin de atraer al cuerpo electoral, sin depender de los mayores o menos recursos económicos personales y para que en el ejercicio de sus funciones los procuradores respondieran con la coherencia propia de un respaldo ideológico, pues de otro modo se conseguirá al resultado más absurdo que puede conducir ¡a situación presente. Que no sean toleradas dos, tres o cuatro asociaciones políticas y se admitan cien criterios personales o individuales en la más flagrante contradicción con la filosofía del sistema.

CUARTO: EL CONSEJO NACIONAL

La misión de informar el orden político global que al Movimiento atribuye la Ley creo que se subraya especialmente en dos funciones del Consejo: velar por la integridad de tos principios y encauzar la acción política sobre el contraste de pareceres.

Tan importante misión exige que en el Consejo Nacional deban hallarse representadas, de una parte, las tendencias del Movimiento, y de otra, todos los españoles, porque no podemos olvidar que o el Movimiento se identifica con la totalidad de los españoles, o será un partido; o acoge las tendencias y las da cuerpo asociativo, o será una organización monolítica de poder en contradicción con los principios de la Ley Orgánica. Por eso entiendo que la representación de las provincias en el Consejo también debería ser elegida por sufragio directo por todos los españoles cabezas de familia y mujeres casadas, en unidad de acto con los procuradores familiares y de Corporaciones Locales, siendo elegibles los candidatos que presenten las asociaciones políticas del Movimiento, debidamente constituidas y autorizadas. Yo estoy seguro que una fórmula como esta otra presidida por análogos propósitos encontrará buena acogida en el seno del propio Consejo, donde creo que las radicalizaciones y los fanatismos no tienen asiento y donde las nostalgias, si las hay, son el velo

«La representación familiar ha dado vigor al sistema, responsabilidad a los españoles al tener que elegir entre varios candidatos, después de muchos años de ausencia de las urnas para elecciones nacionales, y ha descubierto una élite de hombres políticos que bien necesita ensanchar el país»

«En el Consejo Nacional deben hallarse representadas, de una parte, las tendencias del Movimiento, y de otra, todos los españoles, porque no podemos olvidar que el Movimiento o se identifica con la totalidad de los españoles o será un partido; o acoge las tendencias y las da cuerpo asociativo, o será una organización monolítica de poder en contradicción con los principios de la Ley Orgánica»

de un tiempo, para el que los españoles que no lo protagonizamos tenemos, cuando menos, respeto, y en otros casos, admiración.

De este modo, creo que el sistema habría recibido un fuerte impulso representativo y democrático. Los españoles cabezas de familia y mujeres casadas participarían en la designación de cinco procuradoras por provincia. Las Cortes tendrían casi el cincuenta por ciento de sus componentes elegidos por sufragio directo.

Mas comprenderán fácilmente que lo que he tratado de explicar no puede realizarse sin la existencia de asociaciones políticas. Estas no deben ser una fórmula de discordia entre los españoles, sino de integración en una común conciencia de responsabilidad, porque estimo que su unión debe cimentarse en la atribución de facultades que entrañen responsabilidades al tener que ejercitarías. Yo siempre seré partidario, mientras sea posible, de la integración por la razón y la voluntad de los españoles y no por la fuerza, la apatía o la indiferencia ante la cosa pública.

Por otra parte, no se trata de deshacer la unidad política sustancial lograda en plena contienda, sino de acomodarla a las exigencias de estos momentos. La unidad, entonces, no fue pretendida al precio del exterminio de nadie. Se conservaron símbolos y tendencias, pese a la dureza de la hora en que fue dictada. Hoy, las tendencias, familias, sectores o grupos, siempre vigentes en el Movimiento, como ha recordado el presidente del Gobierno, pueden adquirir cuerpo de asociaciones integradas en el espíritu de unidad, que es el que importa conservar y robustecer, porque debo manifestar que, a mi modo de ver, a la unidad se le sirven mejor en la década de los sesenta, por su voluntaria aceptación, por parte de las plurales fuerzas políticas, que por una resignada subordinación a los dictados de un mando, que por fuerza del tiempo y de la evolución de la vida política, habrá de ser en el futuro mas institucional y hasta impersonal.

Dije en Burgos, en el discurso que pronuncie en vísperas del Referéndum Nacional del 14 de diciembre, que para mí el Movimiento tenia una doble función: la de articular con un criterio flexible la pluralidad de tendencias organizadas incardinadas en é! e impedir, por otra parte, la centrifugación de las mismas, con una función centrípeta de alto arbitraje y control de esas tendencias. Y al cabo de los años transcurridos sigo en la misma idea. Asimismo, conviene recordar que tras el proceso legislativo de desarrollo de la Ley Orgánica en esta materia, culminó con el acuerdo del Consejo Nacional en Pleno de 3 de julio de 1969, que aprobó el estatuto de las Asociaciones, que, por azares del destino, no ha sido promulgado. Parece, pues, que ha llegado el momento de pensar seriamente en su regulación legal para canalizar efectiva y ordenadamente el contraste de pareceres y organizar la participación política de todos los españoles.

COMO DEBEN REGULARSE LEGALMENTE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS

Sé que al ofrecer algunas fórmulas con este fin me arriesgo a la crítica de quien desciende al ruedo caliente da las realidades. La arrostro si es correcta y comprensiva con mi propósito, porque pienso que alguien ha de dar el primer paso de las formulaciones concretas, antes de que los Poderes públicos digan su última palabra.

La regulación legal de las asociaciones debería, a mi juicio, responder a los siguientes principios:

1.° Intervención del Consejo Nacional en la tutela, financiación, arbitraje y disolución de las asociaciones.

El Consejo Nacional, al objeto de encauzar dentro de los Principios del Movimiento el contraste de pareceres sobre la acción política, debe proteger a las asociaciones políticas que se constituyan, de acuerdo con lo establecido en la Ley y asegurar su libertad e independencia. El Consejo Nacional vigilaría en todo momento, sin entrometerse en el régimen interno de las asociaciones, su funcionamiento, con una supervisión adecuada a su alta función y teniendo acceso en todo momento, al Registro de socios.

Un punto capital de la organización de las asociaciones políticas en su relación con el Consejo Nacional es el de su financiación. Las asociaciones políticas se financiarían con el patrimonio fundacional, que debería constar en los Estatutos con las cuotas de los socios, donaciones y legados; y, fundamentalmente, con la subvención del Consejo Nacional, cuyo importe global figuraría en los presupuestos del Consejo Nacional y se repartiría entre las Asociaciones, en relación al número de escaños, con que contaran en las Cortes.

El Consejo Nacional podría escuchar las quejas que se le presentasen y resolver las reclamaciones que le formulasen, tanto en última instancia los asociados de una determinada asociación política, como en única instancia las asociaciones políticas, unas respecto de otras.

Si el Consejo Nacional estimase por mayoría absoluta de sus miembros que una Asociación política no actúa dentro de los principios del Movimiento o infringe los preceptos de su ley, lo comunicaría al fiscal del Tribunal Supremo para la iniciación del oportuno procedimiento. El Tribunal Supremo ordenaría al Registro de Asociaciones Políticas la oportuna cancelación de las inscripciones sí estima procedente la disposición de cualquiera de ellas.

b) Fines y promoción.

Como fines específicos de estas asociaciones cabría señalar los de expresar y divulgar su opinión sobre la acción política en el marco de los Principios del Movimiento: formular y divulgar programas de acción política orientados al servicio de la comunidad nacional; y contribuir, mediante la coordinación de la actuación de sus socios que sean consejeros nacionales, procuradores en Cortes, diputados provinciales o concejales, al mejor orden de los trabajos del Consejo Nacional, de las Cortes, de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos.

La promoción de una asociación política debería correr a cargo de personas de reconocidos servicios a la Administración, al Estado y a la nación. Para dar una adecuada extensión territorial a la fundación de una asociación, entre los socios fundadores deberían contarse, por lo menos, dos por cada una de las provincias españolas.

c) Autogobierno.

Finalmente, vamos a ocuparnos del autogobierno de las asociaciones políticas. Sus órganos serian; la Junta directiva, el secretario general y la Asamblea general. Los socios promotores deberían constituirse en junta directiva de las asociaciones y sólo cesarían como miembros de dicha Junta por fallecimiento, dimisión o moción de censura aprobada por los dos tercios de los miembros de la Asamblea general, a propuesta de una cuarta parte de los componentes de la misma. Correspondería a la Junta directiva de las asociaciones políticas, las funciones propias del gobierno de la misma. A un secretario general elegido por la Junta directiva de la asociación, las ejecutivas pro-pías de la entidad.

Los Estatutos de la asociación regularían la composición y renovación de la Asamblea general con sujeción a unas normas muy generales, exigiéndose un número mínimo de socios que sea razonable.

A un pueblo que camina seguro hacia los dos mil dólares de tenía per cápita; a un pueblo que ha dicho adiós al analfabetismo; a un pueblo joven en sus estructuras sociológicas, lleno de esperanzas y sin demasiado lastre de riesgos en su horizonte; a ese pueblo hay que darle sus opciones políticas adecuadas, hay que dotarle del mecanismo idóneo de participación en la cosa pública.

Esas opciones se las están presentando o sugiriendo otros, y corremos el riesgo cierto de que si ellas son las únicas, colmen el vacío creado por nuestra indigencia o nuestra desidia, por nuestras voces carentes de contenido, por nuestros tópicos, por nuestras contradicciones. Y eso no debe suceder, porque hay ideas y coraje para ofrecérselos al país por parte de muchos españoles, cuyo capital político está en el sistema, en un sistema que no queremos ver, en los museos, como objeto de la arqueología política, sino creado para los nuevos españoles que aspiran a protagonizar el discurrir de nuestra vida nacional bajo la corona de la Monarquía reinstaurada; de una Monarquía social y vigorosa a la que el Destino ha llamado, sobre todo, para insertar a España en las corrientes del mundo moderno y cancelar para siempre la imagen que desde antiguo nos atribuyen de paria peninsular de la Europa opulenta.

Silva Muñoz se declara partidario de las asociaciones políticas y propone

una inteligente regulación legal de las mismas

«Una Monarquía social y vigorosa a la que el destino Ka llamado,

sobre todo, para insertar a España en las corrientes del mundo moderno y cancelar para siempre la imagen que desde antiguo nos atribuyen

de pana peninsular de la Europa opulenta»

«La Ley Orgánica está necesitando como exigencia actual de su desarrollo de un mecanismo de participación política de todos los españoles»

«Proclamo la autonomía sindical y su democratividad creciente, hasta

el límite que no atente a la autonomía del Estado»

 

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