Aclaraciones sobre la Ley de Prensa     
 
 Informaciones.    26/04/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

ACLARACIONES SOBRE LA LEY DE PRENSA.

EL Gobierno no estima oportuno modificar en ninguno de sus aspectos la vigente ley de Prensa e Imprenta. En estos términos queda contéstalo el ruego de don Lucio del Álamo, procurador y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, que pedía la tipificación del articulo segundo de dicha ley y la sustitución de la suspensión de las publicaciones por sanciones de tipo económico. El Gobierno, al final de su contestación, recuerda que la propuesta de don Lucio del Álamo «no tuvo unánime aceptación en los comentarios periodísticos recientemente publicados»

Las opiniones sobre este tema son ciertamente ambivalentes, lo que produce la aparente contradicción de que muchos comentarlos períodisticos no aceptan la propuesta al Gobierno de uno de sus mas calificados representantes. Partamos de la base de que hace meses que circulaba el rumor de una posible reforma de la ley de Prensa. Esta posibilidad alarmó a los medios profesionales y a los medios políticos, preocupados por el pluralismo y su Inseparable libertad de expresión. La alarma y preocupación estaban justificadas (al margen de que el rumor, como ha quedado demostrado, careciera de fundamento), por cuanto la reforma podía aumentar las limitaciones ya establecidas. En nuestro caso es obvio que el día que se dé un paso hacia el ensanchamiento de la libertad de expresión éste consistirá en traspasar a las jurisdicciones ordinarias las competencias de enjuiciamiento que ahora confiere a la Administración la vigente ley de Prensa.

Sin embargo, el hecho de que se prefiera «dejar la ley como esta» (el propio ex ministro señor Praga, autor de la ley, se pronunció no hace mucho en este sentido) no implica que la profesión periodística no tenga al famoso artículo segundo por falto de tipificación y por excesivamente ambiguo. De esto se ha escrito hasta la saciedad, y no vamos a extendernos nuevamente ahora sobre el asunto. Seguimos creyendo en cualquier caso que sin caer en un casuismo pormenorizado si puede tipificarse con mayor concreción dicho temido artículo segundo de la ley de Prensa.

En lo tocante a la suspensión de publicaciones por presunta infracción de la ley, queda en pie algo no planteado en el diálogo entre el procurador y el Gobierno: que tales suspensiones no sean inmediatamente ejecutivas hasta tanto no hayan fallado los Tribunales acerca de las mismas. Para ello bastaría que se admitiera la sugerencia de la Federación de Asociaciones de la Prensa de que se estime como «daño grave a la comunidad» la suspensión de una publicación informativa, atendiendo a lo que dice el artículo 116 de la ley de Procedimiento Administrativo.

En el mencionado articulo se prevé la posibilidad de que la Administración suspenda de oficio o a instancia de parte la ejecución de las sanciones recurridas "judicialmente en el caso de que tales sanciones puedan ocasionar graves perjuicios de imposible o difícil reparación. No faltan casos en estos

siete años de aplicación de la ley de Prensa para comprender la difícil reparación que tiene la suspensión indefinida o por varios meses de una publicación en el caso de que los Tribunales anulen la sanción administrativa. «Sábado Gráfico» paso por este trance cuando el Tribunal Supremo anuló una sanción de cuatro meses de suspensión que habla recibido y cumplido. Y pendiente del fallo legislativo está el diario «Madrid», suspendido desde hace diecisiete meses. ¿Se puede compensar con dinero la ausencia prolongada de una publicación con sus lectores y anunciantes? Creemos que no, que en estos casos la «difícil reparación» justifica sobradamente la aplicación del artículo 116 de la ley de Procedimiento Administrativo.

En resumen, que la ley de Prensa seguirá como está, con la evidente satisfacción de la profesión periodística. Pero tal satisfacción no obsta para que los problemas inherentes a la aplicación de la ley sigan preocupando. No toquemos la ley de Prensa, pero perfeccionemos los mecanismos administrativos de su aplicación.

 

< Volver