Decreto-ley sobre asociación política. 
 El acta notarial, única condición para la inscripción de una asociación política     
 
   11/02/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 19. 

11-II-77

Decreto-ley sobre el derecho de asociación política

El acto notarial, única condición para la inscripción de una asociación política

En un plazo máximo de diez días al Ministerio de la Gobernación procederá a la inscripción de la

asociación en el registro • Si se presume ilicitud penal, el Ministerio de la Gobernación, dentro del mismo

plazo, remitirá la documentación al Tribunal Supremo • La resolución judicial deberá efectuarse en el

plazo de treinta días

El "Boletín Ofician del Estado" de ayer publicó el real decreto-ley 12/1977, sobre el derecho de

asociación política, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado día 8.

"La aprobación en referéndum nacional de la ley para la reforma política y la proximidad de las

elecciones generales, que habrán de celebrarse en virtud de lo dispuesto en la misma, han exigido del

Gobierno una meditada reconsideración de las normas legales que regulan el ejercicio del derecho de

asociación para fines políticos.

Producto de dicha reconsideración ha sido constatar la necesidad de una revisión parcial de la ley

21/1976, de 14 de junio, que se lleva a cabo mediante la presente norma.

Innovaciones básicas

Las innovaciones básicas que introduce el presente real decreto-ley se proponen potenciar la garantía

judicial del ejercicio del derecho. Dos son las modificaciones esenciales que a tal efecto se introducen:

por una parte, se reestructura el mecanismo de constitución de asociaciones políticas bajo el principio de

libertad, remitiendo a la decisión judicial la aplicación de los límites legales, y, por otra, se reordena el

sistema de sanciones sobre la base del mismo criterio de garantía judicial y en aras de una mayor

perfección técnica.

Articulado

En su virtud, en uso de la facultad que me concede el articulo 13 de la ley constitutiva de las Cortes, texto

refundido, aprobado por decreto de 20 de abril de 1967, oída la comisión a que se refiere el artículo 12 de

la mencionada ley y a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de febrero de 1967,

dispongo:

Articulo primero.—Uno. Para obtener la inscripción de una asociación política en el registro creado por la

ley 21/1976, de 14 de junio, bastará con que los dirigentes o promotores presenten ante el Ministerio de la

Gobernación acta notarial, suscrita por los mismos, con expresa constancia de sus datos personales de

identificación y en la que se inserten o incorporen los estatutos por los que haya de regirse la asociación.

En el plazo máximo de diez días, el Ministerio de la Gobernación procederá a la inscripción de la

asociación en dicho Registro.

Dos. Ello, no obstante, si se presume la ilicitud penal de la asociación, el Ministerio de la Gobernación,

dentro del mismo plazo y con suspensión de la inscripción, remitirá la documentación presentada a la

sala, del Tribunal Supremo a que se refiere el artículo octavo de la ley. El acuerdo de remisión será

motivado y se notificará a los interesados dentro de los cinco días siguientes.

Tres. La resolución judicial correspondiente sobre la procedencia o no de practicar la inscripción deberá

recaer en el plazo de treinta días, contados desde la recepción de los documentos por la sala.

Articulo segundo.—La inscripción del acta notarial en el registro determinará el reconocimiento legal de

la asociación, con los efectos establecidos en las leyes.

Artículo tercero.—Las sanciones previstas en el apartado 5 del articulo 6.° de la ley 21/1976,

de 14 de junio, sólo podrán imponerse por resolución judicial de la sala del Tribunal Supremo a que se

refiere el artículo 8.º de la mencionada ley. El Ministerio de la Gobernación pondrá en conocimiento de la

sala los hechos que puedan dar lugar a la imposición de las indicadas sanciones, con remisión del

expediente administrativo incoado.

Articulo cuarto.—Los procedimientos judiciales en los casos a que se refiere el presente real decreto-ley

se regularán conforme a lo establecido en el artículo 8.º y disposición transitoria segunda de la ley

21/1976, de 14 de junio.

Artículo quinto.—El Gobierno dictará las disposiciones que requiera la ejecución y desarrollo del

presente real decreto-ley. El Ministerio da la Gobernación dará las instrucciones precisas respecto a los

expedientes en trámite.

Disposición final.—Quedan derogados los preceptos de la ley 21/1976, de 14 de junio, que se opongan a

lo establecido en este real decreto-ley, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín

Oficial del Estado" y del que se dará inmediata cuenta a las Cortes.

Una vieja aspiración de los partidos democráticos

N. de la R. —Con la publicación de este decreto-ley se da satisfacción a una vieja y unánime aspiración

de los partidos de la oposición democrática. En efecto, numerosísimas veces portavoces de los más

diversos grupos políticos habían abogado por la desaparición de la polémica "ventanilla" y su sustitución

por un registro meramente declarativo, a la vez que pedían fuera remitida a la decisión judicial la

aplicación de los límites legales del asociacionismo político.

El viejo procedimiento de la "ventanilla" estaba establecido así por la ahora revisada ley 21/1976, de 14

de junio, aprobada por las Cortes e impulsada por el Gobierno Arias-Fraga:

"La constitución de una asociación acogida a la presente ley requerirá la previa comunicación al

Ministerio de la Gobernación. En el plazo máximo de dos meses, el Gobierno, a propuesta del Ministerio

de la Gobernación, procederá a Inscribir la asociación en el Registro que se crea a tal efecto o denegará su

inscripción en resolución motivada que podrá ser impugnada ante la Sala correspondiente del Tribunal

Supremo. Sólo podrá dictarse resolución denegatoria cuando de los datos y documentos obrantes en el

expediente se desprenda objetivamente la ilicitud de la asociación.

Por otra parte, el apartado 5 del artículo 6.º de la ley decía: "Cualquier infracción de lo dispuesto en esta

ley, distinta de las mencionadas en el número dos, será sancionada por el Gobierno, a propuesta del

ministro de la Gobernación, con multa de hasta cinco millones de pesetas. Contra la resolución del

Gobierno cabrá recurso ante, la correspondiente Sala del Tribunal Supremo." Las infracciones

mencionadas en el número dos son sancionadas por el Tribunal Supremo y se refieren a: las actividades

que determinen la ilicitud de las asociaciones conforme a lo establecido en el artículo primero de la ley, y

la recepción de fondos procedentes del extranjero o de entidades o personas extranjeras.

 

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