La semana política: tensión alta  :   
 "La voluntad del Rey no puede ser suplantada ni mediatizada", dijo don Juan Carlos al Consejo del Reino. 
 Hoja del Lunes.    08/03/1976.  Páginas: 2. Párrafos: 12. 

LA SEMANA POLÍTICA: TENSIÓN ALTA

"La voluntad del Rey no puede ser suplantada ni mediatizada", dijo don Juan Carlos al Consejo del Reino

LOS PROYECTOS DE LEY DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN, REMITIDOS A LAS CORTES

Los grupos políticos se encuadrarán en Gobernación y tendrán un Tribunal de garantías

Los sucesos de Vitoria condicionaron la pasada semana política, una de las más reveladoras de los

últimos meses. Previamente al luto por aquellos acontecimientos, sobre cuyo contenido e importancia

informamos en otro lugar de este periódico, el "Boletín de las Cortes" publicaba el proyecto de ley

reguladora del derecho de reunión, el Rey presidía por primera vez el Consejo del Reino, moría

ametrallado por miembros de ETA, en Guipúzcoa, un inspector de autobuses; se promovían alianzas

electorales de grupos políticos, los ministros Areilza, Fraga y Solís viajaban a otros países europeos; se

alumbraba el rumor de una posible regencia de don Juan de Borbón, y tras los graves incidentes de

Vitoria, se publicaba el proyecto de ley sobre medidas económicas y el Gobierno, reunido en Consejo de

Ministros, decidía remitir a las Cortes el proyecto de ley sobre el derecho de asociación política,

redactado en base al dictamen de la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional, que también continuó

sus reuniones en la pasada semana. Unos días, por tanto, con fuertes presiones en lo económico y político

como consecuencia de la tensión socio-laboral en todo el país. Finalizado el Consejo de Ministros, los

ministros Fraga y Martín Villa salieron hacia Vitoria.

Las palabras del Rey

En el más alto terreno del orden constitucional priman las palabras de don Juan Carlos al Consejo del

Reino. La inesperada declaración viene a perfilar un poco más el papel de la Corona en la nueva etapa de

la historia de España: "Al Rey le corresponde la decisión última en los asuntos más trascendentales, y en

los casos de decisión excepcional, grave o de emergencia, la voluntad del Rey no puede ser suplantada ni

mediatizada, pero es precisamente en estos momentos cuando el poder del Rey no debe ser ni personal ni

arbitrario, sino institucional. Este es el gran papel del Consejo del Reino. Al referirse a las cuestiones

sobre las que recae la actividad del Consejo del Reino, don Juan Carlos—"las circunstancias históricas

pueden poner al Consejo del Reino en la grave responsabilidad de tener que afrontarlas"- pidió al alto

organismo que estudiase a fondo dos temas: la potestad del Rey de someter a referéndum nacional los

proyectos de ley, aunque el referéndum no sea exigido de modo preceptivo por una Ley Fundamental; es

decir, la facultad de convocar a, referéndum nacional cuando la trascendencia de determinadas leyes lo

aconseje o el interés público lo demande. El segundo supuesto se refería a la facultad del Rey para tomar

medidas excepcionales cuando la seguridad exterior, la independencia de la nación, la integridad de su te-

rritorio o la defensa del sistema institucional del Reino pudieran estar amenazados de modo grave o

inmediato, dando cuenta documentada a las Cortes.

Derechos de reunión y asociación

En el cumplimiento de los plazos de la reforma figuran los envíos a las Cortes de los proyectos de ley de

reunión y asociación. El primero es un texto —en sus propias palabras—que pretende "relevar con

dignidad a una normativa casi secular y a una legislación excepcional ya superada, y que únicamente per-

sigue sintonizar con los requerimientos de la sociedad española de nuestros días; una sociedad

políticamente en trance de lograr su madurez y cuya riqueza plural exige cauces de expresión que no

resulten insuficientes y perturbadores, así como un ordenamiento de los derechos humanos que corres-

ponda al nivel de nuestra civilización y a los deseos del des-arollo ordenado del proceso político hacia

unas estructuras de poder plenamente democráticas".

El pasado viernes, al dar a conocer a los periodistas el envío del proyecto de ley reguladora del derecho

de asociación a las Cortes, el ministro de Información y Turismo, señor Martín-Gamero, dio lectura a un

texto del Gobierno en el que se señala que el proyecto de ley reconoce el principio de libertad de

asociación, caracteriza a las asociaciones políticas por sus fines, declarando la licitud de todas aquellas

cuya constitución y actividades se conformen a las Leyes Fundamentales del Reino, al espíritu de la

Declaración Universal de Derechos Humanos y a la propia ley.

"Los criterios de ilicitud—se dice—vienen determinados por atentar contra la soberanía, unidad e

integridad de la nación: perseguir la implantación de un

régimen totalitario, propiciar o admitir la subversión y la violencia, así como incurrir en alguna de las

figuras tipificadas en el Código Penal." Elementos que caracterizan a este proyecto son la no exigencia de

un número mínimo de miembros y la localización del Registro de Asociaciones Políticas en el Ministerio

de la Gobernación.

De la asociación a la elección

Ayer, "La Vanguardia Española", en un editorial que titulaba así: "De la asociación a la elección",

afirmaba:

"La sociedad española necesita articularse de manera natural para que grupos, asociaciones, partidos y

toda suerte de entidades intermedias den vigor al tejido social y no dejen a la mayoría, asustada e

impotente, ante las consecuencias de las acciones de los grupos de activistas o agitadores. Son los agentes

de la autoridad los encargados de salir a la calle con el propósito de poner orden—ese orden que todos los

países necesitan—en situaciones en que la atmósfera se carga de electricidad pasional y no aparecen

representantes de grupos reconocidos que puedan aportar su necesario papel intermediarlo, que en este

caso equivale a político.

No es, por supuesto, la existencia de partidos o asociaciones políticas un seguro contra alborotos o

desórdenes, ni siquiera contra enfrentamientos sangrientos. Ahí está el caso, bien próximo, de los

viticultores de Narbona y la sangra vertida. Pero una sociedad políticamente articulada tiene más recursos

y defensas para mantener el diálogo social y examinar los problemas en forma abierta y con soluciones

alternativas. Y para reducir los problemas a sus proporciones justas—y a su duración prudente—,

evitando oleadas sucesivas y amenazadoras de conflictos y pasiones, de deseos insatisfechos y

resentimientos acumulados. Poder elegir es un seguro contra la irracionalidad de las pasiones.

Los pueblos políticamente adultos eligen y arrostran las consecuencias de su elección. Ojalá la ley que

salga de ese proyecto encuentre pronto esas posibilidades de elegir, de responder de sí mismos."

En el exterior

Además del viaje del titular de Comercio a Colombia y Venezuela, la operación política en el exterior

estuvo protagonizada la pasada semana por tres ministros, Areilza, Fraga y Solís. Del viaje del primero, el

más significativo por la misión de conseguir la credibilidad que el ministro de Asuntos Exteriores se ha

propuesto, el balance es positivo. La tónica general, salvo alguna excepción, ha sido de cordialidad y deja

abierto el camino para el último de los contactos en el "mundo de los nuevo", Italia, a su vez uno de los

más complejos para salir airoso. Fraga, en Alemania, y Solís, en París, han abordado otros aspectos

político-laborales de la relación de España con sus vecinos europeos.

En este conjunto de acción exterior se puede enmarcar también el recién anunciado viaje de los Reyes de

España a Estados Unidos—2 de junio—en los comienzos del próximo verano.

 

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