Prensa y secretos oficiales     
 
 Ya.    13/06/1967.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

13 de junio de 1967

Prensa y secretos oficiales

DIJIMOS en un comentario anterior que el proyecto de ley de secretos oficiales—pendiente de deliberación en las Cortes—agrava extraordinariamente la situación en lo que afecta a la prensa y, por consiguiente, al publico.

Es preciso distinguir dos cuestiones absolutamente diferentes. La primera es la organización administrativa que en ese proyecto se da a los documentos y expedientes que sean clasificados como secreto oficial. En este orden algo habría que decir también, pero está claro que el Estado puede organizar esa cuestión administrativa como lo crea más conveniente. Cada país la organiza como quiere. Y la prueba de que sólo se trata aquí de una organización administrativa y do que la infracción o la publicación de secretos está ya determinada y sancionada en nuestras leyes la tenemos en el primer párrafo del artículo 17 del proyecto: "El descubrimiento y la revelación de secretos protegidos por esta ley será castigado en su caso de acuerdo con lo previsto en el Código Penal o en el Código de Justicia Militar, según proceda su aplicación." No se crean figuras delictivas nuevas.

Pero sí se crean nuevas figuras de infracciones administrativas en materia de prensa. Esta es la segunda cuestión. A la media vuelta de esa organización administrativa se agrava considerablemente lo dispuesto hace un año con motivo de la ley de Prensa y de su correspondiente reglamento. Y se agrava en términos tales que ya llegarían —si las Cortes dieran por bueno el proyecto—a turbar hasta la tranquilidad de quienes quieren vivir de buena fe dentro de la legalidad. Lo peor que puede ocurrir es que no se sepa cuándo se está dentro o fuera de una ley. Cuando se nos habla de los códigos penales podemos estar tranquilos, porque sobre ellos hay textos claros, jurisprudencia abundante y la garantía de unos tribunales que velan por la justicia. Pero no es igual cuando se trata de infracciones administrativas nuevas sobre las que, naturalmente, se carece de jurisprudencia y cuya responsabilidad se exige mediante expediente, con posibilidad de sanciones muy graves.

HOY, en materia de prensa están determinados en España los secretos oficiales. Para que lo sean hace falta la concurrencia de las graves razones de interés nacional que el decreto correspondiente especifica, o por lo menos "especiales circunstancias de interés nacional". Es decir, cualquier actuación, disposición o acuerdo oficial puede hoy ser secreto a efectos de prensa si concurren las razones permanentes que legalmente se indican o las razones ocasionales de esas especiales circunstancias de interés nacional.

No puede ser más amplio el concepto. Pero el presunto responsable puede fundar su defensa en la concurrencia o no de esas altas razones, que no son tan elásticas como para poder incluirlo todo. Sin embargo, aún se amplían más los conceptos en el proyecto de ley que espera deliberación en las Cortes.

Oportunamente lo demostraremos.

Con todo ello, nuestra legislación, en lo que se refiere a la prensa, se distancia de la legislación de todos los países que pudieran interesarnos. Con fecha 2 de junio publicamos una amplia información sobre esta materia de Derecho comparado. Decíamos que no hay en el Derecho comparado, por lo que afecta a sus repercusiones sobre la prensa, nada que se asemeje al actual proyecto de ley español sobre secretos oficiales. Por si alguna duda quedaba, tenemos a la vista una reciente publicación oficial titulada "Legislación extranjera sobre secretos oficiales". Este informe se propone apoyar el proyecto español con datos de Derecho comparado. Pero si se estudia detenidamente se ve que lo único apoyado es lo que constituye moneda corriente en todos los países: la seguridad del Estado, la defensa nacional y los altos intereses nacionales. Podríamos demostrar, con este informe a la vista, que de esas alturas no baja ningún país. Y algunos (ley belga de 10 de enero de 1955 sobre secretos de fabricación que afecten a la seguridad del Estado) exigen para castigar a los responsables que se "pruebe que no han podido ignorar que la divulgación era contraria a los intereses de la defensa del territorio o de la seguridad del Estado".

NADA hay en este informe que sea comparable a determinados preceptos del proyecto español, como, por ejemplo, el poder declarar secreto todo aquello cuyo descubrimiento "pudiera perjudicar a la finalidad pretendida". O también lo de que "tendrán carácter reservado, aunque no esté expresamente declarado y hasta que se autorice su publicidad, las actuaciones preparatorias de los acuerdos del Gobierno y de convenios internacionales, los acuerdos e informes de organismos consultivos", etc. Y ello aunque no les alcancen las altas razones que en el mundo se exigen.

Entendemos además que esa norma es contraria a las conveniencias nacionales. Cuando el tema de las "actuaciones" no entre dentro de lo que hoy está dispuesto que es secreto—ya lo vimos antes—, si algo se debe discutir en público son precisamente las materias que van a ser objeto de medidas de Gobierno. Se nos podrá decir que una cosa son esas materias y otra las "actuaciones" oficiales sobre ellas. Exacto. Pero la distinción es tan vidriosa y equívoca en la práctica sobre asuntos concretos, que no a humo de pajas dijimos antes que no iba a ser posible saber cuándo se estaba dentro y cuándo se estaba fuera. Y lo mismo podríamos decir de otros puntos del proyecto relativos a la prensa, cuya gravedad en este orden resaltamos. Preferimos dejarlo para comentarios posteriores.

 

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