Autor: Rodríguez Ramos, Luis. 
   Discriminalizar las llamadas asociaciones ilícitas     
 
 Diario 16.    24/01/1977.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Lunes 24-enero 77/DIARIO 16

OPINIÓN/5

Descriminalizar las llamadas asociaciones ilícitas

Luis Rodríguez Ramos

(Profesor agregado de Derecho Penal de la Complutense)

La pasada detención y posterior procesamiento de Carrillo pueden considerarse como un test, que

replantea la imperfección e insuficiencia de la reforma del Código Penal del pasado mes de julio, que si

bien ofreció una versión de las asociaciones penalmente ilícitas más progresiva y liberal que la derogada,

ni siquiera alcanzó la cota del Código Penal de 1970 que, en este punto, estuvo práctimante vigente hasta

1941. Si se considera además que este Código de hace más de un siglo requeriría hoy retoques técnicos en

este ámbito, que redundarían en una más amplia vigencia del derecho de asociación, habrá que concluir

que la vigente legislación reclama una remodelación aún más extensa y urgente.

Las asociaciones ilícitas hasta 1941

El citado Código Penal de 1870 sólo consideraba ilícitas dos categorías de asociaciones: las que se

constituyeran para cometer algún delito y las que por su objetivo o circunstancias fueran contrarias a la

moral pública. Si la normativa hoy vigente se redujera a estas modalidades, reclamaría dos retoques, de

los cuales el primero consistiría en derogar, como penalmente ilícitas, las contrarias a la moral pública,

pues si se identifica tal moral con lo previsto en el Código punitivo resulta redundante al ser absorbida

por la primera, mientras que si se estima que la moral pública es algo más, habrá que rechazar el precepto

por razones de seguridad jurídica derivadas del principió de legalidad de los delitos, claramente

incompatibles con lo ambiguo.

El segundo retoque, que refuerza la necesidad del primero, parte precisamente de estimar el hecho

asociativo en sí como neutro a efectos penales y sólo valorable en tal sentido en función de sus fines y sus

medios. Unos hombres asociados sólo pueden interesar al Derecho penal si, en conexión con su

asociación, cometen alguno de los delitos previstos en el código: homicidio, robo, hurto, violación,

rebelión, sedición, etcétera, o cuando, sin llegar a cometerlos, clara y externamente lo intenten o, incluso,

conspiren con tal fin. Es decir, que la asociación de personas es, debe ser, en el ámbito penal una mera

circunstancia de la preparación, ejecución o consumación de algún delito, criterio que exigiría la

desaparición también de la primera modalidad del Código de 1870 como delito autónomo, para

configurarla como circunstancia agravante de la conspiración, proposición, provocación, tentativa o

consumación de alguno de todos los delitos. En buena técnica, el Código Penal no puede llegar más lejos

sin conculcar su sistemática y sus principios.

La reforma hoy

Pero hoy el problema no es tan escueto, porque la familia de modalidades de asociación ilícita es

más amplia, precisamente desde la llamada Ley de Seguridad del Estado de 1941 que, al resultar

absorbida por el Código Penal de 1944, añadió a las dos categorías clásicas siete más, que en la siguiente

reforma se vieron reducidas a tres —cinco en total—. Estas tres modalidades diversas y sobreañadidas a

las ya examinadas resisten aún menos un somero análisis técnico jurídico, sin llegar a la conclusión de

que, en lo que no tienen de inútil por supérfluas, son preceptos que conculcan la sistemática del Código

Penal, y además con un lenguaje inseguro por ambiguo. Es decir, que tales categorías son subterfugios

para castigar conductas que, desnudas de la circunstancia asociativa, resultaría escandaloso castigar, o

que, en el mejor de los casos, son redundantes.

La mayor extensión del problema ni significa, sin embargo, que la solución deba seguir criterios diversos

de los enunciados, que de haberse seguido ya en julio de 1976, ningún partido sería hoy asociación ilícita

de no haber sido sus miembros sujetos de algún delito real como rebelión, sedición, genocidio, etc., en los

términos ya mencionados. Y volviendo al caso concreto, no se hubiera procesado a nadie por aspirar a la

implantación de un régimen totalitario, estando sujeto a una disciplina internacional, pretensión que,

además de estar muy ambiguamente descrita, puede ser perfectamente lícita si solamente se utilizara

como instrumento el cauce democrático de las urnas: si la mayoría lo quisiera... (hipótesis tan indeseable

como improbable), la democracia es así.

Y en fin, ni que decir tiene que estos criterios reformadores, de estricta sistemática jurídico penal, también

deben aplicarse a la hora de revisar la legislación punitiva en ámbitos como las reuniones o

manifestaciones ilícitas, las propagandas ilegales, los delitos de Prensa y demás modalidades que son

también meras circunstancias sólo penalmente relevantes, en este plano ideal, si se incardinan en una

sustancia —conducta principal— delictiva en sí.

 

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