Cuando la ley no sirve     
 
 Arriba.    23/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

CUANDO LA LEY NO SIRVE

ESTAMOS llegando al tramo final de las elecciones, y nos encontramos, con la ley en la mano, con una

tremenda deficiencia: apenas tenemos partidos políticos legales, en la más estricta apreciación del

término. Hay unos cuantos que han pasado por la «ventanilla», pero la gran mayoría —y algunos de los

que, presuntamente, pueden obtener un amplio número de votos— sigue sin someterse a los tramites

legales de la ley aprobada en las Cortes en el mes de junio de 1976. Esto es así, y la Administración debe

tomar conciencia de ello. Sin ningún dramatismo, porque el tema no lo tiene; pero con el suficiente

realismo como para reconocer dos cosas: primera, que puede estar a punto de saturarse el vaso de la

inseguridad jurídica y, segundo, que es preciso normalizar esta situación no sólo por la proximidad de las

elecciones, sino por simple exigencia del momento histórico. No se puede hacer ni la democracia ni

ninguna acción política de alcance sobre una base de ilegalidades, vistas gordas o tolerancias. Y si esto es

así, sigue siendo imperativo del momento acomodar las normas a la realidad de la nación.

En este periódico hemos defendido la ley que regula el derecho de asociación política. Nos pareció, como

a todos los medios de comunicación conscientes de su compromiso con la sociedad actual, un gran avance

en el momento en que fue aprobada. Hemos defendido, igualmente, la «ventanilla», porque en el instante

en que fue creada significaba un avance increíble sobre las regulaciones anteriores. Hoy todavía seguimos

considerándola liberal en relación con el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico y político. Pero el

hecho de que sea progresista en cuanto a leyes cuyo inmediato destino es el de ser modificadas, no impide

que se haya quedado corta en relación con la realidad del país.

¿Cuál es, entonces, la salida? No hay más que una, inspirada en un principio nítido: ha de ser reformada

toda ley cuya aplicación resulta imposible. ¿Hemos de pedir esto a los siete meses y medio de ser

aprobada la que regula el derecho de asociación política? Hemos de pedirlo, si queremos que la política

española sea consecuente con la doctrina democrática en que se apoya. Una ley y su eficacia no se miden

por su duración, sino por las posibilidades prácticas que ofrece. Y si en junio de 1976 era un asombroso

paso adelante, un auténtico paso hacia la democracia, también es verdad que, desde entonces, el

panorama político del país cambió radicalmente, mientras que la ley permaneció en sus estrictos términos

originales.

En este sentido, nos parece una gran prueba de realismo lo que se acaba de hacer en las Cortes: suprimir

la «ventanilla» sindical, de tal forma que no pueda existir inconveniente administrativo para que quienes

representan alguna opción en España se encuentren amparados por el respaldo legal; dejar al juicio del

Poder judicial las decisiones últimas, como corresponde a un Estado de Derecho; liberar al Ejecutivo de

decisiones que competen a los Tribunales; hacer realidad la evidencia de que algunas decisiones que

interesan vitalmente al país no dependan de Gobiernos que, por su propia naturaleza, cambian, sino de lo

que es permanente e inalterable.

Por todo ello, nos parecería un gran acierto que la regulación del derecho de asociación se revise con

urgencia y, desde luego, antes de las próximas elecciones. No hacemos cuestión de honor del método que

se siga para ello. Hacemos, en cambio, cuestión de honor de la posibilidad de que todos los españoles se

puedan mover en el marco de la legalidad.

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