Autor: Carmona Guillén, José Antonio. 
   ¿Es necesario un registro de asociaciones políticas?     
 
 Informaciones.    25/09/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

¿ES NECESARIO UN REGISTRO DE ASOCIACIONES POLÍTICAS?

Por J. A. CARMONA GUILLEN

LA ley de Asociaciones Políticas de 1976 establece la creación de un registro de éstas. Es una ley que

Suárez encuentra ya aprobada cuando es llamado para presidir el Consejo de ministros. Pertenece, por

tanto, al primer Gobierno de la Corona. Lo que pertenece al actual es su declaración de que la soberanía

reside en el pueblo. Declaración no sólo acertada, sino necesaria.

Para que una ley pueda aplicarse necesita su aprobación en cortes y sufrir la sanción real, pero su

legitimidad sólo vendrá dada por la concordancia entre las aspiraciones de la realidad social y el orden

que se pretende establecer, concibiéndola con arreglo al contexto donde deberá aplicarse, y después,

creando o favoreciendo las condiciones para que la ley sea viable, lógica, deseada... Sólo legislando de

esta manera el «caer» o «estar» en la ilegalidad será negativo, «mal visto» y no honroso o digno.

Legislando de esta forma se hacen factibles la convivencia, la concordia, la racionalidad, el entendimiento

de buena voluntad... El no hacerlo significaría la incredulidad, la pérdida de respeto hacia el Gobierno en

plaza; en definitiva, el desorden. Debe ser difícil establecer o mantener un diálogo con una oposición

compuesta por más de cien grupos y, sobre todo, sin saber lo que representa realmente, en ese pueblo

soberano, el interlocutor. Y si no se sabe lo que representa, ¿qué alcance político pueden tener las

conclusiones (si a ellas se llegan) de dicha entrevista? Las caricaturas comienzan a proliferar: «Aquí, un

padre y dos hijos forman un partido», «35 millones de partidos políticos usan,..». Cabe preguntarse si un

ejecutivo más consecuente con el momento que vive el país, en vez de seguir una línea más o menos

aceptable dentro de un tratado de Derecho Constitucional o de seguir modelos

implantados en diversos países, no hubiese optado por crear una línea a la «española» partiendo de dos

principios, el de la soberanía radicada en el pueblo y el derecho a asociarse libremente para fines

políticos. En esquema sería como sigue. Proclamados los dos principios anteriores, determinar el

mecanismo que conduzca a la nueva Cámara impidiendo el marasmo numérico de la oposición y

respaldando popularmente al Gobierno. Al mismo tiempo que clarifique posturas y evalúe

demográficamente el valor de sus voces.

Más concretamente, determinar ese mecanismo implicaría:

a) Fijar el número de escaños que compondrá esa primera Cámara. El anteproyecto de reforma del

Gabinete anterior lo fijaba en 300.

b) Con el fin de esquivar, en la medida de lo posible, el problema de realizar la carta electoral,

reconociendo todos los inconvenientes que lleva consigo, - designar la provincia en su conjunto como

circunscripción electoral. (Ver INFORMACIONES del 4-9-76: Reflexiones sobre la carta electoral.)

c) Fijar el número mínimo de escaños necesarios para conseguir el reconocimiento de partido político.

Este reconocimiento no va en contra de la libertad de asociación y de su constitución en partido, las

cuales se mantendrían, sino que al residir la soberanía en el pueblo es éste quien da el «espaldarazo» a

los grupos de su elección. Actuando de criba democrática en el amplio abanico de grupos o partidos

existentes y terminando con los espectáculos bochornosos de la lucha por un mismo nombre, o del

reconocimiento o no de tal grupo, igual que el margariteo de paso o no por la ventanilla de Gobernación.

Ventanilla, como vemos, innecesaria. El reconocimiento de los partidos de dentro de la Cámara implica

un robustecimiento de la declaración de la soberanía popular y a los partidos les supondría la designación

de un líder parlamentario por partido, formar parte del Gobierno o de la oposición oficial y un

presupuesto, del global de la Cámara, para sus respectivos gabinetes técnicos. Obsérvese cómo el término

de «oposición oficial» se va cargando positivamente, ya que la otra, la no oficial (pero con derecho a

constituirse) se quedó popularmente fuera.

d) Fijar en el 50 por 100 más uno los escaños necesarios para formar Gobierno con el fin de darle cierta

estabilidad parlamentaria. Claro está que es muy posible que un solo partido no consiga esa mitad más

uno requerido, y entonces estaríamos ante un Gobierno de coalición. Coalición que pactaría el jefe del

grupo de mayor número de escaños con los otros grupos del Parlamento, a fin de conseguir esa mayoría.

El jefe de la oposición parlamentaria recaería sobre el grupo parlamentario de mayor número de

escaños no integrado en el Gobierno.

e) Redacción de un texto de Juramento para los diputados elegidos que no violente la conciencia

democrática.

Todo ello con un espíritu amplio, flexibles en el planteamiento y rígidos en su aplicación. Explicado con

la elegancia de un lenguaje llano, al alcance de todos, ante las cámaras de la televisión del Estado por el

presidente a sus conciudadanos.

25 de septiembre de 1976

 

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