Revisión Histórica de Serrano Suñer. 
 Así fue la represión en la zona Nacional     
 
    Página: 78-82. Páginas: 5. Párrafos: 41. 

Revisión histórica de Serrano Suñer

ASI FUE LA REPRESIÓN EN LA ZONA NACIONAL

En fecha próxima, Ramón Serrano Súñer publicará el primer volumen de sus

Memorias, con el título de «El pasado y su sombra» («Recuerdos y reflexiones de

dos guerras»).

Ofrecemos en exclusiva a nuestros lectores un capítulo clave del libro: aquel

que trata de la organización y mecanismos de la represión contra el que sería

bando de los vencidos en la guerra civil. Es el testimonio de uno de los grandes

protagonistas de nuestra historia reciente.

NO me voy a referir de una manera concreta a los crímenes atroces, a los

asesinatos incontrolados que en una y otra zona se cometieron, aunque algunos —

masivos— no fueran tan incontrolados, puesto que los dirigían o los realizaban

sujetos que tenían situación política y poder. Pero, repito, que no vamos aquí

ni a hacer el recuento de tales monstruosidades, ni a establecer comparaciones,

ya inútiles, entre su dimensión en uno y otro de los bandos en lucha. Bastará

tener presente que cuantos las cometieron envilecieron la naturaleza del hombre

con aquellas crueldades, que son incompatibles con toda conciencia estrictamente

humana; ya que es preciso su degradación total para caer en aquellos extremos de

ferocidad, movida en ocasiones por un fanatismo en el que se combinaban la

superstición y la ignorancia.

Y no sólo fue el celo político —fanático y monstruoso— el causante de tantas

víctimas, sino también el odio y la venganza personal por motivos privados; por

los más repugnantes y ruines resentimientos. Da vergüenza decirlo, pero hay que

decirlo porque es la verdad, que el brutal encarnizamiento de las retaguardias

causó más muertes que la lucha abierta en los frente de combate.

Debería erigirse un monumento a tantas personas de bien; a ´la honestidad, la

integridad, la decencia de tantos españoles que fueron víctima de los horrores,

de la crueldad, de aquella persecución, no sólo en homenaje a sus virtudes y a

su inocencia, sino también para aleccionar a la posteridad y evitar su deshonra

en futuras situaciones de tensión y de lucha y para que se practique, por el

contrario, la tolerancia y el respeto mutuo como regla sagrada del derecho de

gentes.

Dicho esto, voy a tratar únicamente del tema. de la represión en ¡a zona

nacional, desde una perspectiva jurídica, o de técnica jurídica. Me referiré

sólo a las normas procesales, actuaciones y sentencias promovidas y dictadas por

actos o conductas que se consideraron punibles por razones políticas o de

política de beligerancia, pues los contendientes en una guerra —y más todavía sí

es una guerra civil— se hallan sometidos a un régimen especial de excepción, no

siempre bien determinado previamente.

Los mecanismos de la represión.

Antes de desarrollar este tema me interesa, personalmente, hacer unas

manifestaciones en relación con los órganos a quienes estuvo atribuida la

represión; fueron éstos: en primer término los tribunales —Consejos de Guerra—

de la Justicia Militar; y en segundo lugar el Tribunal Nacional y los Tribunales

regionales de Responsabilidades Políticas. Jamás, ni en un solo caso, el

Gobierno tuvo la menor actividad, ni competencia, ni relación con la terrible

tarea.

Dictadas sentencias por los Consejos de Guerra, el auditor del Cuartel General—

Martínez Fusset— se presentaba, corrientemente a la hora del café, después de)

almuerzo, con una relación siniestra para el «enterado» de las penas de muerte

por el Jefe del Estado (1).

Ni el Ministerio de la Gobernación, que yo regí en el año 1933, ni ninguno de

los departamentos ministeriales, tenían nada que ver con aquellos órganos de una

típica función jurisdiccional, a los que estaba atribuida la Represión, y sólo

un desconocimiento absoluto de los hechos tía podido hacer decir á algún

escritor lo contrario, ya sea por malicia, ya por negligencia, o tal vez en

algún caso, la explicación de tan grave error pudiera estar en la indignación —

humanamente comprensible— de algún hijo, por la torpe conducta o por el

atropello que se cometiera con su padre.

Entremos ya, de un modo general,, en el tema técnico jurídico: el Alzamiento

Nacional, en cuanto orden político.nuevo que Implicaba una ruptura con el

régimen constitucional entonces vigente —Jefatura del Estado, Gobierno de la

República y Parlamento— organizó su autodefensa, y para ello tuvo que definir

unas figuras de ilícito penal en las que, salvo la referencia a distinto sujeto

pasivo (las nuevas autoridades), se acomodaban en sus estructuras a las mismas

fórmulas recogidas en e! Código de Justicia Militar que estaba entonces vigente.

(En la República.)

Para la seguridad y el fortalecimiento del Poder nacido del Alzamiento, no se

consideró suficiente la catalogación de delitos que los «Bandos» (declarando el

estado de guerra) se cuidaron de puntualizar, y se penalizaron actuaciones

anteriores al 18 de Julio de 1936 por entender que «habían contribuido a crear o

a agravar la situación de todo orden de que se hizo- víctima a España» —son

palabras que tomo de la Ley de Responsabilidades Políticas—, subversión que

constituía la legitimación de origen del Alzamiento.

Fue un error jurídico y politico.

Para la consecución de esos dos objetivos, el poder constituido en el Alzamiento

tomó a su cargo la función, desagradable de siempre, pero mucho más cuando el

punto de partida es una guerra civil, de organizar así la Represión, como ejer

cicio de una potestad sancionadora sometida a unas garantías procesales

imprescindibles, sin perjuicio de que al margen de tan severa actuación se

hubieran realizado, además —sobre todo en la primera época— desmanes inciviles,

brutalidades siempre reprobables y carentes de justificación.

Se estableció que los rebeldes eran los frentepopulistas, cuando la rebeldía

contra una situación que se consideraba injusta estaba jurídicamente en el

Alzamiento.

Pero el sistema de represión que se puso en marcha fue, a mi juicio, un error

desde el punto de vista jurídico y también político, porque entiendo que se

podía —y debía— haber ajustado el ejercicio de esa tristemente necesaria

actividad represiva y sancionadora, al hecho y a la razón de ser del Alzamiento.

Arrancando de los postulados de las primeras alocuciones del Ejército alzado en

armas «en defensa de la Patria, la Fraternidad y la Justicia» (2), se podía

haber articulado, por los correspondientes técnicos jurídico-militares, un

sistema de represión sancionadora acorde con la naturaleza del Alzamiento,

controlado mediante la publicación, por los jefes militares, de normas aptas

para el mantenimiento del orden, y acompasadas al ritmo del avance en la

ocupación de nuevos territorios.

Nada se oponía a que este sistema consistiese en que se fueran dictando «Bandos»

para establecer las sanciones, que se considerasen eficaces, contra los

responsables de transgresiones contra la autoridad, las personas o la propiedad

—señalándolo así, con carácter genérico— o a cualesquiera otros intereses

jurídicos dignos de protección, y que se hubieren cometido, o cometieren, a

partir de las fechas de ocupación de cada territorio con señalamiento explícito

de la zona dentro de !a que hubiera de considerarse vigente cada «Bando».

Un sistema de represión así concebido, habría sido suficientemente, eficaz y, es

más que probable, que hubiera ganado consideración ante el mundo y constituido —

tal vez— un factor de reconciliación nacional. Lejos de ello se organizó, sin

duda con la mejor intención, por parte de algunos; por comodidad por parte de

otros; y por parte de todos sin acierto, un sistema que podíamos llamar de

«Justicia al revés» o de aplicación al revés del Código de Justicia Militar.

(2) Como se decía en la proclama de Franco en Tetuán.

Sí en los primeros días del Alzamiento el establecimiento del nuevo orden

jurídico se verificó con un carácter meramente local o provincial, en 28 de

julio de 1936 se dictó en Burgos el «Bando» de la Junta de Defensa Nacional en

el que se cometieron estos dos errores: de una parte se dice que el estado de

guerra, declarado ya en determinadas provincias, se hace extensivo a todo el

territorio nacional, y de otra parte se alude al enjuiciamiento de todos los

detitos comprendidos en el Título VI del Tratado segundo del Código de Justicia

Militar, es decir: rebelión, sedición e insulto a centinela, salvaguardia o

fuerza armada.

Se pretendía, así, ejercer una jurisdicción represiva sobre residentes en

territorios que los militares alzados no habían ocupado todavía. Y como si las

autoridades que se rebelaron contra la República frente-populista ejercieran una

posesión civilísima —o «longa manu»— sobre provincias en las que la rebelión

había sido sofocada, se acogía la ficción de que al pasar el Poder a los mandos

del Ejército sublevado, la tipificación de aquellos delitos del Código de

Justicia Militar aludidos en el Bando de Burgos se mantenía, pero referida a las

nuevas autoridades.

Una explicación de esta errónea visión de la legalidad podría encontrarse en Jas

confusas noticias sobre ló que pasaba en las provincias no controladas por la

Junta de Defensa de Burgos, y acaso en la creencia de que en la mayor parte del

territorio nacnonal, las autoridades afectas al Gobierno de la República, si

todavía no habían sido sustituidas por mandos militares rebeldes, este hecho se

habría de producir inmediatamente. Tal vez no se pensó que en lo que en el

principio se tuvo por un pronunciamiento militar —similar a otros anteriores en

la historia del siglo XIX— era el comienzo de una terrible guerra civil que

había de durar casi tres años. Y es sabido, o debe saberse, que, en la situación

de guerra entre potencias, constituye norma de Derecho Internacional, que la

facultad que tiene el jefe militar de una plaza o Cuerpo de Ejército en orden a

conformar delitos y a aplicar penas —tanto a militares como a civiles— que

radiquen en un territorio, queda condicionada a la ocupación de este territorio

por sus fuerzas; pues el dominio físico territorial es condición esencial del

ejercicio del mando y de la potestad de hacer justicia, razones por las cuales

resulta contrario a las normas internaciónales realizar actos de mando o de

justicia sobre zonas territoriales no ocupadas aún.

Los «rebeldes» eran del otro bando

Y si esto es así, tal principio ha de tener mayor virtualidad aun cuando se

trate de situaciones de guerra civil o de rebelión.

Se estableció que los «rebeldes» eran los frente-populistas, olvidando que la

rebeldía contra una situación que se estimaba injusta —rebeldía santa en la idea

de muchos— estaba jurídicamente en el Alzamiento Nacional. Razón de la que

resulta que los rebeldes contra el gobierno del. Estado constituido —

republicano— eran, a tenor del Código de Justicia Militar, los que se alzaron y

todos los que les asistimos y colaboramos, y que no podían ser jurídicamente

tales quienes estaban con el gobierno «constituido», por mucho que en nuestra

conciencia ante los excesos y el proceso de disolución seguido por el gobierno

del Frente Popular se justificara la rebelión.

Sobre esta base de la «justicia al revés» —sistema insólito en la historia de

las convulsiones político-sociales—, comenzaron a funcionar los Consejos de

Guerra para juzgar y condenar — a muerte, en muchos casos, y a penas de

privación de libertad en otros más— con el carácter de rebeldes en armas, a

quienes se oponían al Alzamiento militar y defendían ai gobierno del Frente

Popular, y, por extensión, a quienes habían pertenecido, como dirigentes o meros

afiliados, a partidos políticos o agrupaciones sindicales, frente-populistas; a

quienes habían tenido una actuación al lado de los mismos —como la de haber sido

Interventor o apoderado de ellos en las elecciones de 1936—, o simplemente a

quienes se estimaba de Ideología izquierdista (3). En todos estos supuestos la

condena era, generalmente, por rebellón, adhesión, auxilio, excitación o

provocación a la rebelión, sin que existiera, en los inculpados, actitud de

rebeldía, sino simplemente una conducta política contraria.

Un sistema jurídicamente tan simple y artificioso, en el clima

(3) Trato de mayor gravedad todavía se daba en la zona republicana a los

derechistas, pero repito que ahora me estoy refiriendo sólo al problema técnico

jurídico —político— de la represión en la zona nacional.

tremendo de una guerra civil, conduce sin remedio a situaciones de tal dureza

que en algunos territorios se establecieron previamente porcentajes de

absoluciones, penas de muerte y penas privativas de libertad.

Lo absurdo del sistema, y su trascendente gravedad, se pone de manifiesto con la

lectura de los artículos 237 a 242 del Código de Justicia Militar, entonces

vigente, y a tenor de cuyos tipos penales se impusieron la mayoría —por no decir

todas— de las condenas por delitos de adhesión, auxilio, provocación y

excitación a la que se llamó «rebelión marxista», cuando en aquellos preceptos

penales los delitos de rebelión y sus conexos radicaban en quienes se alzaran en

armas «contra la Constitución y organismos del Estado republicano», como puede

verse:

Artículo 237 del Código de Justicia Militar. — «Son reos del delito de rebelión

militar los que se alcen en armas contra la Constitución del Estado republicano,

contra el Presidente de la República, la Asamblea Constituyente, los Cuerpos

Colegisladores o el Gobierno Constitucional y legítimo, siempre

que lo verifiquen concurriendo algunas de las circunstancias siguientes: 1. Que

estén mandados por militares o que el movimiento se inicie, sostenga o auxilie

por fuerzas del Ejército. 2. Que formen partida militarmente organizada y

compuesta de diez o más individuos. 3. Que formen partida en menor número de

diez, si en distinto territorio de la Nación existen otras partidas o fuerzas

que se proponen el mismo fin.

4. Que hostilicen a las fuerzas del Ejército

antes o después de haberse declarado el estado de guerra.»

El artículo .238 establece las penas en distintos grados, según se trate del

jefe de la rebelión o el de mayor empleo militar o más antiguo, o los demás no

comprendidos en este caso, y los que se adhieran a la rebelión en cualquier

forma o propalen noticias o ejecuten actos que puedan contribuir a favorecerla.

En el artículo 239 se dispone que quedarán exentos de pena los meros ejecutores

de la rebelión que se sometan a las autoridades legítimas antes de ejecutar

actos de violencia y los que, hallándose comprometidos a realizar el delito de

rebelión, lo denuncien antes de empezar a ejecutarse.

El artículo 240 del mismo Código castiga la seducción y auxilio para cometer la

rebelión y la provocación, inducción y excitación para el mismo fin.

En el 241 se pena la conspiración y la proposición para el delito de rebelión.

Y en el artículo 242 se establece que los delitos comunes cometidos en la

rebelión serán castigados en conformidad a las leyes, con independencia de la

rebelión y si no se puede descubrir a sus verdaderos autores serán penados como

tales los jefes y principales de la rebelión a cuyas inmediatas órdenes

estuvieren los rebeldes que los cometan.

A su vez, los Bandos Militares declarando el Estado de Guerra constituyen la

expresión

de ese mecanismo que venía a establecer, y consolidar, la norma de que la

rebeldía estaba en los elementos del Frente Popular, y en quienes los apoyaban,

o con ellos simpatizaban; dando la vuelta así, a las disposiciones citadas del

Código de Justicia Militar.

Daño innegable a la causa del Alzamiento

¿Qué necesidad había de seguir este sistema en lugar de haber establecido un

Código sancionador propio?, me he preguntado siempre.

Para cualquier lector no informado correctamente, los términos de esos «Bandos»

producen la impresión de que emanan del gobierno de la República y que han sido

dados o promulgados para la defensa de aquel régimen, ya que en su contexto se

omite toda referencia al origen del mando de quien los firma, y la destitución,

y sus circunstancias, de quienes, hasta entonces, venían ejerciéndolo en nombre

del gobierno del Frente Popular.

Fue una inversión de posiciones que quienes la hicieron consideraron habilísima

pero que resultó, en la realidad, funesta y motivo de daño innegable a la causa

del Alzamiento, porque si para nosotros la represión —controlada— podía estar

legitimada por las circunstancias que lo determinaron, desde el punto de vista

jurídico y- con arreglo al Código de Justicia Militar a la sazón vigente

castigar como rebeldes a los que ejercían determinadas funciones en el Estado

era absurdo.

Fue, pues, un error el configurar delitos de rebelión y sedición para

atribuirlos a los defensores del Gobierno republicano, dado que éstos —jurídica

y hasta metafísicamente— era imposible que ios cometieran. Y un contrasentido

también el atribuir el enjuiciamiento de tales delitos a los trámites del

procedimiento sumarísimo, pues ello equivalía a la aplicación del Código de.

Justicia Militar, entonces vigente, y que, al ser instrumento básico para la

defensa del régimen cuyo derrumbamiento intentaba, constituía, en buena lógica,

un texto legal cuyo uso correspondía al Gobierno constituido.

El artículo 53, párrafos 2.º y 3.º de la Ley de Orden Público de´ 1933, y el 239

del Código de Justicia Militar —vigentes todos a la sazón— establecían, en los

casos de rebelión y sedición, el requisito de intimación a los rebeldes y

sediciosos para que depusieran su actitud hostil en el plazo que se les

señalara; constituyendo su situación, si se avenían a ello —y con la excepción

de los jefes de la rebelión y sedición— una excusa absolutoria que les excluía

de penalidad.

Los «Bandos» que configuraban delitos de rebelión y sedición, refiriéndose al

Código de Justicia Militar hacían caso omiso de este requisito inexcusable de

intimación.

Por vía de ejemplo, y corroborando, con situaciones de hecho, todo lo

considerado, podemos citar tres sentencias representativas de las miles que se

pronunciaron durante la represión: 1.º — La que condenó a muerte a un fiscal

jurídico-militar, como autor de un delito de Rebelión Militar, por el hecho de

haber mantenido, en calidad de fiscal, la acusación, ante un Consejo de Guerra

en Barcelona, contra el heroico general Goded que, pundonorosamente, fue

consciente al sacrificio —por haber dado su palabra— pese a contemplar, al

sobrevolar ja ciudad, cómo ésta se encontraba ya prácticamente en poder del

enemigo.

La actitud de aquel fiscal militar —don Pedro Rodríguez Gómez— fue la de

limitarse a cumplir la función que le imponía, por razón de su cargo, la

legislación penal militar; la sentencia que por ello le condenó tendría

justificación en las razones políticas históricas que determinaron el

Alzamiento; en la exigencia de considerar el hecho de la acusación fiscal contra

Goded, como un obstáculo al propósito del 18 de julio, y la necesidad de

removerlo, pero nunca considerándolo en relación al Código de Justicia Militar

entonces vigente, como autor de un delito de rebelión, sino como «enemigo

político», ya que si formuló dicha acusación, lo hizo en cumplimiento de la

obligación que su Código le imponía -y, por consiguiente, con arreglo a las

disposiciones de ese cuerpo legal no podía ser calificado como rebelde. (Y que

tal vez —con mucha probabilidad— sus ideas políticas serian otras y cumpliría

con amargura misión tan penosa.

Se entenderá que esta condena se produjera, porque la función represiva,

política, del Alzamiento así lo hacía necesario, para vencer la resistencia

opuesta por los defensores del Gobierno del Frente Popular, pero no como se

hizo, por razones «jurídicas» de. rebelión.

2.º — La que fue dictada contra un coronel de la Guardia Civil, considerándole

autor de un delito de adhesión a la rebelión, por haber ofrecido resistencia al

Alzamiento desde su cargo de gobernador civil de Cádiz. La justificación de la

sentencia estaría en «el Derecho de la revolución», no en el Código de Justicia

Militar vigente en el régimen republicano y en el Estado contra el que el

alzamiento militar se había producido.

3.º — La pronunciada en diciembre de 1940 contra Julián Zugazagoitia y varios

gobernadores civiles afectos al Frente Popular —Cruz Salido, Rivas Cherif,

etcétera—.

Las contradicciones del parte de la victoria

Tipificados entonces los delitos de rebelión y sus derivados, en la forma que

queda consignado, por el artículo 237 y concordantes del Código de Justicia

Militar, es evidente que en las sentencias de referencia se condena como autores

de delitos de rebelión o de adhesión a la rebelión a quienes, desde el punto de

vista del Derecho Penal para ellos vigente, no se rebelaron; se limitaron

sencillamente a no adherirse a ia que consideramos legítima rebelión del 18 de

julio. Pudo producirse la condena —repito—, por otras vías, «a título

revolucionario», pero no, como se hizo, calificando a los inculpados como

autores de una rebelión que, según el Código de Justicia Militar, no existía.

Además, concretándonos a la sentencia de diciembre de 1940, condenatoria de

varios gobernadores, después de terminada la guerra, y por la conducta seguida

en sus cargos durante la misma, se debe tener en cuenta que varios de los

condenados en ella, eran, cuando se dictó, refugiados políticos en Francia.

En aquellos días de 1940, el Alzamiento del 18 de julio se hallaba legitimado

por el triunfo y conclusión de la guerra; y el gobierno de Franco había sido

reconocido internacionalmente y se hallaba vigente el Tratado de Extradición con

Francia, cuyos artículos 2.° y 3.° no incluyen el delito de rebelión entre los

susceptibles de extradición, y que, en todo caso, eliminan de la misma —según

práctica internacional— a los delitos políticos.

De todo lo expuesto se desprende, como consideración final, la de que sin

recurrir a la aplicación de tipos penales de rebelión, adhesión o auxilio a la

rebelión, y, consecuentemente, sin apoyarse en cuerpos legales básicos del

régimen político contra eí que reaccionaba el 18 de julio, podía haber

organizado el Alzamiento, desde su comienzo, su propio sustentáculo jurídico

penal, mediante la publicación de bandos con genéricos tipos punitivos de

agresiones contra las personas, contra la propiedad, contra el régimen político,

y contra cualesquiera otros bienes que se reputasen merecedores de protección

sancionables por los Tribunales Especiales que se hubieran creado; y ello, por

lo menos, mientras el carácter revolucionario del 18 de julio no quedara

superado por el triunfo.

Pudiera alegarse frente a esto que, ya con anterioridad al 1 de abril —y antes

de concluir la contienda—, el gobierno de Franco había sido reconocido por

bastantes países y que, por ende, la subversión estaba en quien a él se oponía;

pero tal reconocimiento comportaba la beligerancia de los dos bandos en lucha y

la existencia de una situación bélica que fue solemnemente proclamada en el

parte final de guerra del Cuartel General del Generalísimo con un texto que

dice: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las

tropas nacionales sus últimos objetivos militares, la guerra ha terminado». Esto

era un claro reconocimiento del enfrentamiento de dos ejércitos en una guerra,

y, en su consecuencia, que tal situación de guerra excluía —por básicos

principios de Derecho Internacional— toda posibilidad, para cualquiera de los

contendientes, de imponer condenas por delitos de rebelión, y sus anexos, a los

miembros del otro bando o a sus partidarios civiles.

Por incómodo que resulte expresarlo, se deduce de lo expuesto —como obligada

consecuencia— que el sistema de la justicia penal se convirtió, desde e! punto

de vista jurídico formal en un despropósito que pudo haberse evitado si se

hubiera creado el Derecho de la revolución nacional, y su sistema de enjuiciar.

Ahora bien, y antes de terminar el estudio de tema tan penoso, hay que decir, de

una manera general y bilateral, que toda anomalía, toda irregularidad, están en

la misma naturaleza de la guerra civil: así, por ejemplo, en la zona republicana

podríamos citar, entre otros muchos casos, el de aquel buen juez de Barbastro,

persona dignísima, con conciencia de su deber y sin significación política, que

fue asesinado por pretender incoar allí diligencias sumariales por los

asesinatos que se estaban cometiendo todos los días; y en la nacional el del

comandante de Estado Mayor y Letrado, don Antonio . Aymat, que fue condenado a

la pena de doce años como autor del delito de rebelión por haber sido defensor

del general Goded, «con lo que daba apariencia de legalidad —en esto consistía

el delito— a la sentencia que condenó al general.

Que el sistema sancionador del otro lado fuera terrible, directo y desprovisto

casi siempre de un mínimo de garantías procesales, no ha de ser obstáculo para

lamentar errores del en éste seguido con esa inversión, que fue objeto de

censuras, no sin razón, dentro y fuera de España, que de haber sido otra la

línea seguida podríamos haber evitado en parte y pedir más comprensión

legitimadora. Maestros, telegrafistas, modestos empleados, etcétera, es lógico

que nunca entendieran ser castigados por «rebeldes».

El Ministerio de Gobernación estuvo al margen.

He de repetir que sólo por negligencia o malignidad se ha podido decir que al

incorporarse los servicios del Ministerio de Orden Público al del Interior, por

Ley de 29 de diciembre de 1938, y de reconstituir así el Ministerio de la

Gobernación, la represión pasara a ser ejercida por este último Ministerio. El

Ministerio de Orden Público tenía la facultad de sancionar los actos contrarios

al orden público y a las medidas y actuaciones contra las alteraciones de este

orden, competencia de las autoridades gubernativas en policía de espectáculos,

restaurantes, reuniones ilegales, etcétera. Y aun así, por otra Ley de la misma

fecha, también 29 de diciembre de 1938, se estableció que mientras durasen las

circunstancias del estado de guerra, el orden público sería confiado a las

autoridades militares en las zonas de vanguardia, de contacto y de reciente

ocupación por el tiempo indispensable para la normalización de la vida civil.

La confusión del ejercicio de funciones dé orden público (por cierto que estaba

vigente la Ley. de Orden Público de la República, de 28 de julio de 1933) con el

ejercicio de las funciones de represión derivadas de la guerra civil, es tan

tosca que sólo puede obedecer a una total ignorancia de estas materias, o a un

malicioso propósito de falsificación de la Historia. Y el historiador, el

cronista, el mero narrador de hechos colectivos o de acontecimientos ocurridos

en un determinado período de tiempo, es muy dueño de emitir —con su

responsabilidad— juicios de valor: aprobación, censura, crítica, acerca del

comportamiento de quienes de algún modo, señaladamente como dirigentes

políticos, hayan intervenido en la cadena de factores causantes de los sucesos

narrados. Pero esta facultad de enjuiciamiento, que hasta cierto punto podría

considerarse irrenunciable, no autoriza a quien escriba y juzgue a falsificar,

deformar o alterar los hechos que constituyen el presupuesto de la crítica

ejercida.

Quien, esclavo de sus prejuicios o de sus pasiones, los proyecta sobre aquellos

hechos falseándolos, para deducir luego consecuencias carentes de honestidad y

de ecuanimidad, no sólo comete injusticia —que a veces es un derivado de error

disculpable— sino que, además, incurre en la circunstancia agravante de fraude o

engaño, ingrediente esencial en las estafas de tipo intelectual o moral. Ya en

el año 1938, el 30 de noviembre —día de luto nacional por la muerte del Fundador

de Falange Española—, pronuncié un discurso en el Cuartel General, del que otra

vez transcribo estas palabras, que gustaron poco a buena parte del auditorio:

«Urge acometer la tarea positiva de crear el Derecho de la Revolución Nacional

Española: La norma que encuadre el orden nuevo, la que le dé sistema

institucional, claridad y rigor, y con su fuerza nos lo defienda de la codicia,

de la incomprensión y de la ruindad.

»EI culto de José Antonio para el Derecho es una lección que no. podemos

arrumbar como lastre molesto de su herencia; porque el Derecho que es remora

detestable y odiosa cuando, como reloj parado, marca una hora inamovible en su

esfera, es la garantía insustituible para los valores personales cuando marcha a

compás del tiempo y cuando sirve para abrir cauce a la concepción del mundo y de

la vida que tiene la generación que ha de cumplirlo.» (4).

(4) Bien comprendo que el reproche es fácil, ¿por qué pasábamos por ello, por

qué no abandonábamos el Gobierno? Diré, primero, que nuestro abandono nada

hubiera remediado y, después, que el ambiente de entonces no puede juzgarse con

la óptica actual —usando este lenguaje de hoy, por poco que me guste—.

Según el viento podríamos haber sido tenidos como inclusos en e! delito de

auxilio a la rebelión.

 

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