El informe de la O.I.T.: La situación laboral y sindical en España (3). 
 Breve historia del derecho de asociación     
 
   25/09/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 20. 

3 BREVE HISTORIA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN

• Sugerencias sobre la interpretación legal que debe darse a los conflictos laborales

• Hacia una clara distinción entre los conflictos puramente laborales y los de otro carácter

"Allí donde el espíritu de asociación surgía—escribe un autor—era objeto por parte de las autoridades de

todo género de molestias y persecuciones... Las reuniones de todas clases formadas por obreros debían

estar bajo la inspección constante y rigurosa del Gobierno; era potestativo de éste el conceder o no la

autorización para su establecimiento y bastaba para que la organización pudiera ser disuelta que lo

estimara así oportuno el gobernador civil... Negando como se negaba la libertad de asociación, la libertad

de trabajo quedaba convertida en la esclavitud legal del obrero, entregado en absoluto al capitalista,

puesto que el Estado se abstenía de legislar sobre las relaciones entre los dos factores de la producción."

Así dice, al hablar de los primeros Sindicatos surgidos en España el siglo pasado, el informe de la O. I. T.,

que después de tratar de la evolución de la legislación laboral — de la cual expusimos ayer unos trazos

fundamentales—se refiere a la evolución ya estrictamente social, dedicando un extenso capítulo a los

Sindicatos. A continuación exponemos resumidamente los rasgos más significativos del informe de la O.

I. T. sobre este tema, que corresponde a la parte cuarta.

Un poco de historia

En 1855 se producen en Barcelona varias huelgas y paros patronales, Las autoridades prohiben la

clausura de fabricas y consideran también como delito el abandono colectivo del trabajo. Se considera

como delito de estafa la recaudación de cuotas por las organizaciones no autorizadas y quedan, una vez

más, disueltas todas las organizaciones obreras o patronales que no fueran autorizadas. El 2 de julio de

ese mismo año se declara en Barcelona la primera huelga general, y en el espacio de nueve días se

paraliza la vida en la ciudad. Las tropas ocupan las fábricas. Los trabajadores catalanes envían diversas

Comisiones a Madrid en el citado año, con objeto de entrevistarse con los diputados a Cortes. Una de

ellas aporta una petición firmada por 30.000 obreros, en la que se demanda en particular el derecho de

asociación, la jornada de diez horas y el restablecimiento de Comisiones mixtas de obreros y patronos.

Pero no habría de ser sino después del triunfo de la revolución, que destronó a Isabel II, cuando se

reconoció por un decreto-ley de 20 de noviembre de 1868 el derecho de asociación. Seis meses más tarde

se plasmó en la Constitución de 1869.

Restaurada la Monarquía, después del efímero periodo de la I República, la Constitución de 1876, que

habría de regir en España hasta, el advenimiento de la II República, en 1931, regula el derecho de reunirse

pacíficamente y el de asociarse para los fines de vida humana en términos que no difieren esencialmente

de los de la Constitución de 1869.

En 1887 se reglamenta que la autoridad; gubernativa podía penetrar en cualquier tiempo en el domicilio

de una Asociación y en el lugar en que celebraba sus reuniones. El gobernador de la provincia podía

decidir la suspensión de cualquier Asociación cuando de sus acuerdos o de los actos de sus individuos

resultaran méritos bastantes para estimar que podían reputarse de ilícitos.

Aunque la ley de Asociaciones no se refiere de manera particular a los Sindicatos, sus disposiciones han

sido aplicadas durante cerca de medio siglo al nacimiento y a la vida de organizaciones sindicales, y hasta

1966 dicho texto continuó aplicándose en lo que concierne a las Asociaciones en general. Por decretos

dictados en 1923 y 1925, durante la dictadura de Primo de Rivera, se otorgó a los Tribunales militares

competencia especial para juzgar ciertas actividades consideradas contrarias a la seguridad y unidad del

Estado.

De las Asociaciones en la actualidad y de su legislación continuaremos ocupándonos otro día, de acuerdo

con el orden establecido en el informe elaborado por el grupo de estudio.

Legislación actual sobre conflictos y paros laborales

En materia de huelga se ha producido una cierta evolución en el plano legislativo. Antes de 1965 el

artículo 222 del Código Penal establecía que serán castigados como reos de sedición:

1) Los funcionarios o empleados encargados de todo genero de servicios públicos y los particulares que

por su profesión prestaren servicios de reconocida e inaplazable necesidad, que con el fin de atentar

contra la seguridad del Estado, de perturbar su normal actividad o de perjudicar su autoridad o pres-

tigio suspendieran su trabajo o alterasen la regularidad del servicio.

2) Las coligaciones de patronos dirigidas a paralizar el trabajo.

3) Las huelgas de obreros.

Sugerencias de la O. I. T.

El Comité de libertad sindical del Consejo de Administración de la O. I, T. tuvo ocasión de examinar este

texto del artículo 222, así como otras disposiciones penales aplicadas en la materia. Sobro la base de sus

recomendaciones, el Consejo de Administración señaló al Gobierno de España que la legislación española

en materia de huelga era susceptible de ser interpretada en el sentido de una prohibición absoluta de la

huelga, lo que no concordaría con los principios generalmente reconocidos en materia de libertad sindical.

En estas circunstancias el Consejo de Administración sugirió al Gobierno que considerara la conveniencia

de someter a las autoridades nacionales competentes propuestas para la adecuada reforma de esa

legislación. Estas conclusiones fueron reiteradas por el Consejo de Administración en varias

oportunidades.

El artículo 222 del Código Penal se modificó en 1965 y en la redacción actualmente vigente establece que

serán considerados como reos de sedición:

1) Los funcionarios, empleados y particulares encargados de la prestación de todo género de servicios

públicos o de reconocida e inaplazable necesidad que, suspendiendo su actividad, ocasionen trastornos a

los mismos o de cualquier otra forma alteren su regularidad,

2) Los patronos y obreros que con el fin de atentar contra la seguridad del Estado, perjudicar su autoridad,

perturbar su normal actividad o, de manera grave, la producción nacional, suspendieren o alteraren la

regularidad del trabajo.

El Comité de libertad sindical examinó este artículo y, al tiempo que manifestó qué era un avance,

recomendó que el Consejo de Administración señalara al Gobierno español la importancia que atribuye a

que este artículo pueda ser interpretado en el sentido de que las huelgas que tengan por objeto promover y

defender los intereses profesionales de los trabajadores no puedan ser consideradas en ningún caso como

delito de sedición.

Un acto ilegal

Un fallo del Tribunal Supremo dictado en noviembre de 1967 estableció que la huelga, aunque no sea un

delito, es un acto ilegal en el Derecho del trabajo español.

Cabe señalar que en el contexto de la legislación penal aplicable en caso de huelga no es de tanta

importancia el artículo 222 del Código Penal, que no parece tener mayores incidencias, sino mas bien las

disposiciones contenidas en la ley de Orden Público y las normas relativas a las reuniones y

manifestaciones ilegales, la propaganda ilegal y, con respecto a ciertos participantes afiliados a

organizaciones ilegales, las relativas a la asociación ilícita.

Últimamente se ha dado un paso importante en la materia al adoptarse la ley 1 de 1969 relativa al II Plan

de Desarrollo Económico y Social. El artículo 11, 4, c) de esta ley, al referirse a una futura

reglamentación de los conflictos colectivos de trabajo, incluidos los paros producidos como consecuencia

de los mismos, parece estar dirigido a alguna forma de reconocimiento del derecho de huelga.

Los conflictos colectivos ilegales

En los casos de conflictos que carezcan de fundamento laboral, cuando se produzcan sin observar los

procedimientos establecidos en el decreto, o una vez dictadas las decisiones administrativas o Judiciales

que los solucionan, o cuando se planteen durante la vigencia de un convenio colectivo que afecta a una

sola Empresa, las actuaciones deberán: ser remitidas a las autoridades gubernativas. Ello no impide la

aplicación a los culpables de las sanciones de multa establecidas en el Reglamento de las Delegaciones de

Trabajo.

En todos estos casos existe una situación de anormalidad frente a la ley, sin que la legislación aclare si se

trata manifiestamente de huelgas o de otras modalidades conflictivas en las que no se ha llegado a este

extremo.

En cualquiera de los casos debe producirse la intervención de la autoridad gubernativa, a la que compete

calificar estos conflictos. Para estos conflictos no se reconoce intervención alguna de la Organización

Sindical.

Críticas al procedimiento

La intervención exclusiva de las autoridades gubernativas en los conflictos colectivos ilegales que no

hubieran producido una alteración del orden público o que no pertenecieran a la categoría de conflictos

"sin fundamento laboral" ha sido objeto de críticas. Al respecto se ha manifestado que "es lamentable que

no se haya dado un tratamiento mas jurídico a estos conflictos ilícitos, sin que ello pudiera suponer un

reconocimiento legal de los mismos... De esta forma se lograría que gran número de estos conflictos que,

aún ilícitos, son puramente laborales y no ocasionan alteración del orden público, pudieran resolverse en

su esfera laboral y no derivasen hacia otros derroteros políticos, inexistentes en su origen, pero

aprovechados por agitadores profesionales, que suelen encontrar fácil campo de acción en los conflictos

laborales .

En el mismo orden de ideas se ha indicado que la medida de intervención de las autoridades gubernativas,

prevista por el artículo 5 del decreto, en los conflictos que no tengan fundamento laboral, "se ha aplicado

o se ha pretendido aplicar de hecho para los conflictos puramente laborales... Con lo cual la situación se

agrava y el problema, lejos de solucionarse, se complica y se alarga innecesariamente un perjuicio de

ambas partes, sobre todo en el de la parte más débil, en este caso los trabajadores".

Cabe recordar, finalmente, que los trabajadores que participan en los conflictos ilegales se consideran

incursos en causas de despido.

 

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