Autor: Álvarez Puga, Eduardo. 
   El asociacionismo político español     
 
 Dossier Mundo.     Página: 5-17. Páginas: 13. Párrafos: 119. 

MAYO-JUNIO 1971

EL ASOCIACIONISMO POLITICO ESPAÑOL

por Eduardo Alvarez Puga

Evolución:

del monopolio al pluralismo

En el momento de comenzar a escribir tengo ante mí un periódico de hoy, 19 de febrero de 1971, En la

sección dedicada a «Tribunales», una noticia: «El Tribunal de Orden Público ha condenado, como autores

de un delito de asociación ilícita, a A. B. B., J. M. D. G., F. P. R., J. P. R. y A. A. J. a un año de prisión a

cada uno, y a A. C. C., menor de edad penal, a tres meses de arresto. Absuelve del mismo delito a J. M.

del R. C., J. P. G. y M. C. R. La sentencia dice que todos los condenados se afiliaron a las llamadas

"comisiones obreras juveniles", en Sevilla, entre 1967 y 1968; que se adoctrinaron mediante la lectura de

publicaciones comunistas; que asistieron a reuniones; que realizaron labor de proselitismo y que

intervinieron en la divulgación de escritos y en la pintura de letreros subversivos, y que no se ha

acreditado que se afiliaron a la organización los absueltos»- La noticia está transmitida a través de la

agencia «Cifra».

Por estas mismas fechas el ex ministro y catedrático de Derecho Político, señor Fraga Iribarne, en una

sonada conferencia habló de «meter fuerza dentro, no dejarlas fuera», de «dar paso a las fuerzas sociales

que el mismo éxito creador de la paz ha alumbrado», de «que el país sea declarado mayor de edad», de

aproximar lo más posible «el país real y el país legal».

El 10 de enero de 1971 el moderado diario monárquico «ABC» escribía en un editorial que «la

experiencia de cualquier país, en los tiempos contemporáneos, enseña una muy grave lección: cuando se

prohíben las asociaciones de acción política, se estimula la existencia y actuación de aquellas

asociaciones o partidos políticos a los que no preocupa, ni poco ni mucho, la prohibición o la actividad

clandestina porque están dispuestos a vivir en ellas y en ellas han nacido y han crecido».

Las declaraciones de importantes personalidades hablan también de la necesidad del asociacionismo

político: «el asociacionismo es una consecuencia lógica y necesaria de nuestra estructura política»

(Herrero Tejedor); «es tan acuciante la necesidad de llenar el vacío político en que se desarrolla la vida

pública española que cualquier fórmula de agrupación, por muchas que puedan ser sus limitaciones, es ya

un camino que debe ser recibido con esperanzas» (Juan Manuel Fanjul); el asociacionismo «es el único

remedio a uno de los defectos mayores que tenemos los españoles» (José Luís Zalamillo); el proyecto que

regule el asociacionismo «no es solamente necesario, sino urgente» (Diego Márquez)... Podríamos llenar

páginas y páginas con opiniones de personas nada sospechosas de deslealtades al Movimiento que se han

manifestado en parecidos términos.

Si examinamos las opiniones de los profesores de Derecho Político la urgencia del asociacionismo apa-

rece también en sus teorías. «En el siglo XX —escribió Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político

de la Universidad de Barcelona— no es el individuo aislado, sino el grupo, quien normalmente tiene

capacidad para realizar actos políticos. El grupo es el que hace política. El equilibrio de poderes habría

que establecerlo entre unos grupos políticos que, hoy por hoy, están excluidos de la escena en que

discurre la vida pública.» Al no existir grupos no existe sujeto político, y sin sujeto político no pueden

producirse actos políticos en el sentido riguroso del término. Según esta interpretación la calificación de

la situación española como de vacío político es rigurosamente exacta.

El panorama asociativo, desde el punto de vista sociológico, tampoco es muy alentador. «Uno de los

elementos de la estructura social española —escribe el informe "Foessa"— que revela una de las situa-

ciones más graves de infradesarrollo es la ausencia de vida asociativa, no solamente política, sino de la

vida social misma.»

Las asociaciones, sobre todo las asociaciones políticas, que son las que aquí concretamente nos interesan,

parecen hallarse en una encrucijada. ¿Qué es lo que sucede?

La ausencia de partidos políticos tiene una explicación legal. El Punto VIII de la Ley de Principios del

Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958, preceptúa que «la participación del pueblo en las tareas

legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el

Municipio, el Sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las

leyes. Toda organización política de cualquier índole al margen de este sistema representativo será

considerada ilegal». La única posibilidad de asociación política, en opinión del profesor de Derecho

Político, señor Fernández Carvajal, sería aquellas que persiguieran una «autentificación de la

representación orgánica». Los partidos en el sentido occidental y democrático que se le da hoy a esta

expresión, es decir, en el de agrupaciones que luchan por conquistar el poder por la vía electoral y luego

procuran ejercerlo, están marginados de nuestros esquemas legales.

Si consideramos que nuestra legislación se ha comprometido constitucionalmente al acatamiento de la

Doctrina de la Iglesia, según las enseñanzas de Roma, y que el Concilio Vaticano II fijó claramente que

«es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se construyan estructuras jurídico-políticas

que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y con perfección creciente, posibilidades

efectivas de tomar parte libre y activamente en el establecimiento de los fundamentos jurídicos de la

comunidad política, en el gobierno de la cosa pública, en la fijación de los campos de acción y de los

límites de las diferentes instituciones y en la elección de los gobernantes», nos daremos cuenta de la

apremiante necesidad de dar una salida a la cuestión del asociacionismo político.

Como dice muy bien el profesor Juan Ferrando: «no hay régimen democrático sin pluralismo en las

candidaturas. Y esto sólo es posible con organizaciones que, sin monopolio ni exclusivismos, jueguen

todas con las mismas cartas». La constitución para fines electorales, sin embargo, estaba prohibida a las

asociaciones del Movimiento. Estos breves bosquejos de polémicas y posturas bastan para dar una idea

aproximada de la dramática tensión que domina en todo problema del asociacionismo dentro de nuestra

concreta circunstancia política.

Nosotros, dando un recorrido rápido a esa «maestra de la vida» que es la Historia, intentaremos ver cómo

se hace el hecho del asociacionismo político español en el Régimen nacido como consecuencia del 18 de

julio de 1936. Quizás este recuento aclare mejor que cualquier otro ejercicio las razones de las

dificultades que ahora acompañan al alumbramiento de un asociacionismo político eficaz en nuestras

estructuras políticas.

Retornando a los orígenes

Las dificultades para hacer posible en nuestro ordenamiento institucional un asociacionismo político

capaz de dar entrada en el juego político, participación en las decisiones del poder, al pluralismo real de la

sociedad española tiene unas raíces históricas claras. En la etapa que pudiéramos calificar como de

prehistoria ideológica del Movimiento se encuentran ya condenas tajantes a la actividad política

canalizada a través de los partidos. Onésimo Redondo, al comienzo de la década dramática de los años

treinta, escribía en su conocido manifiesto «Castilla, salva a España»: «La política, ese arte infame de

odiar con pasión al que sustenta opuestas opiniones, y de escalar el mando triturando al adversario con el

pretexto de salvar a la nación, ha acechado siempre la vida de España, ha paralizado sus energías y está a

punto de dar fin a la Patria».

No resulta tarea difícil espigar en los textos de José Antonio frases de condena hacia los partidos

políticos. Por citar el que nos parece más significativo al respecto, podemos recordar la afirmación de que

«el movimiento de hoy no es un partido, sino un movimiento, casi podríamos decir un antipartido». (El

subrayado es mío.) Por otra parte, el fracaso electoral en las elecciones republicanas del 16 de febrero de

1936 pudo ratificar la posición antipartidos de la Falange. En aquella ocasión no obtuvieron ni un solo

escaño en la Cámara legislativa. La candidatura por la capital de España, que reunía a lo más destacado

del grupo falangista —José Antonio, Sánchez Mazas, Fernández Cuesta y Ruiz de Alda— obtuvo, en

números redondos, cinco mil votos.

No hace falta ser un experto en historia política para comprender que en un sistema político cimentado

sobre tales bases no iba a ser muy fácil hacer viable una concurrencia política asociativa plural. Si José

Antonio había proclamado que los partidos políticos eran «antinaturales», ya que «nadie ha nacido

miembro de un partido político», un tradicionalista, del mando», «adhesión a las jerarquías del Movi-

miento», «espíritu de servicio» constituían su fuerza motriz. Aunque ni en los Estatutos ni en los puntos

fundamentales se habla para nada de «partido único», en frecuentes discursos y en algunos textos

oficiales se utiliza esta denominación. Así la Ley del Frente de Juventudes de 6 de diciembre de 1940 ha-

bla en su preámbulo de la «estrecha colaboración del Frente de Juventudes con la Milicia del Partido».

Desde la promulgación del decreto de Unificación cualquier organización política distinta de la creada

sería considerada ilegal e incursa en las penas que para las asociaciones ilícitas estaban tipificadas en el

Código Penal.

Especial condena de la masonería y el comunismo

Dos asociaciones, una típicamente política, el comunismo, y otra de naturaleza distinta, la masonería, son

objeto de un tratamiento especial, más riguroso

Bella, había denunciado que los partidos «con sus divisiones, son la ruina de España». Pocas dudas cabía

albergar sobre cuál sería el futuro de los partidos políticos en el Nuevo Estado.

En abril de 1937 se promulga el Decreto de Unificación. Acababa de nacer Falange Española

Tradicionalista y de las J.O.N.S. «Se invoca en las propagandas rojas —dijo el Generalísimo Franco en su

discurso— la democracia, la libertad del pueblo, la fraternidad humana, tachando a la España nacional de

enemiga de tales principios. A esta democracia verbalista y formal del Estado liberal, en todas partes

fracasada, con sus ficciones de partidos, leyes electorales y votaciones, plenos de fórmulas y

convencionalismos que, confundiendo los medios con el fin, olvida la verdadera sustancia democrática.»

La actitud de rechazo de los partidos políticos tomaba cuerpo legal.

Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. en esta primera época se configura con características

similares a los llamados «partidos únicos». Valores como la «disciplina», «obediencia a las órdenes

que el dado a otras organizaciones, por la Ley de 1 de marzo de 1940. Constituía figura de delito

tipificada por dicha Ley «el pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas».

Se reservaba el Gobierno la facultad de «añadir a dichas organizaciones las ramas o núcleos auxiliares

que juzgue necesario y aplicarles entonces las mismas disposiciones».

Disueltas las indicadas organizaciones —decía el artículo segundo de dicha Ley—«quedan prohibidas y

fuera de la Ley. Sus bienes se declaran confiscados y se entienden puestos a disposición de la jurisdicción

de responsabilidades políticas».

Se castigaba con la pena de reclusión mayor para los principales culpables y de reclusión menor para los

meros cooperadores «toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la

masonería o del comunismo o siembre ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones

fundamentales, y contra la armonía social». Además serían castigados con la suspensión los periódicos

que patrocinasen estas ideas y con la incautación de todos sus bienes las entidades que las apoyasen.

El simple hecho de pertenecer a la masonería o al comunismo era castigado con la pena de reclusión

menor, y si concurría alguna de las circunstancias agravantes que se especificaban —pertenecer a

determinados grados masónicos, figurar en los cuadros de agitadores, en las jefaturas o de enlace con

organizaciones extranjeras, haber participado en congresos nacionales o extranjeros, etcétera— eran

sancionados con la pena de reclusión mayor. Pena más grave que la señalada por el Código Penal como

castigo del simple homicidio. «El que matare a otro será castigado, como homicida, con la pena de

reclusión menor», dice dicho texto legal.

Vientos de apertura

Las ideas que defendían la mayoría de las potencias triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, el

amortiguamiento que el paso del tiempo introdujo en las naturales tensiones de la guerra civil y, en

general, el tono de la sensibilidad media internacional reacia a cuanto tuviera un aire totalitario,

contribuyeron a crear un clima propicio al pluralismo político.

En nuestra concreta circunstancia, el 17 de julio de 1945 se promulga el Fuero de los Españoles, cuyo

artículo dieciséis reconoce el derecho a la libertad de asociación y reunión. «Los españoles —dice—

podrán reunirse y asociarse para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las Leyes.» Aunque los

derechos proclamados en el Fuero no tienen un acceso directo para su reconocimiento ante los Tribunales

de justicia, el reconocimiento, aunque sea meramente programático, de esta facultad constituye una

importante y sintomática novedad.

Dos aspectos importantes de la vida nacional, los sindicatos —organizados con arreglo a los criterios de

«unidad, totalidad y jerarquía»— y las asociaciones políticas —Falange Española Tradicionalista y de las

J.O.N.S. continuaba ejerciendo el monopolio real de la actividad política— no se vieron, como podría

suponerse, afectados por el reconocimiento explícito de este derecho. En realidad el último inciso del

artículo dieciséis del Fuero de los Españoles —«de acuerdo con las Leyes»— sirvió de hábil punto de

apoyo para que la situación continuara básicamente igual. Nuestro derecho a reunimos y asociarnos no

era el mismo que el que bajo también las mismas palabras se reconocía en el mundo democrático y

occidental que había salido triunfante en la Segunda Guerra Mundial.

Terminada la guerra las Naciones Unidas se muestran hostiles hacia el régimen político nacido como

consecuencia del alzamiento del 18 de julio de 1936 y se recomienda a los países miembros la retirada de

sus embajadores en Madrid. El 5 de noviembre de 1950, sin embargo, cambia la actitud de dicho

organismo internacional. Por 38 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones es derogada la resolución

contra España de la Asamblea General de la ONU. En 1952 la Unesco acepta la candidatura de España.

El 15 de diciembre de 1955 la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en sesión plenaria,

aprueba la admisión de España por 55 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

La entrada de nuestra nación como país miembro de la ONU es interpretada como un paso más en

el camino de la apertura y de la integración internacional. ¿Supondría este ingreso un cambio de actitud

con relación al asociacionismo? No falta quien recuerda que el artículo 20 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948 y que constituye una

especie de constitución supranacional para los Estados miembros de la ONU, reza así: «Toda persona

tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una

asociación». Más adelante, en el artículo 29, se especifica cuáles han de ser los límites en los que el

ejercicio de este derecho ha de moverse. «En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades,

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la Ley con el único fin de asegurar

el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos

derechos y libertades en ningún caso podrán ser ejecutados en oposición a los propósitos y principios de

las Naciones Unidas».

La evolución, en efecto, continúa, aunque a ritmo lento. El 10 de enero de 1967 se promulga la Ley

Orgánica del Estado, aprobada un mes antes por referéndum nacional. En su articulado desaparece toda

alusión a Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Se habla solamente de Movimiento

Nacional. El artículo cuarto de dicha Ley lo define como «comunión de todos los españoles en los

principios» y le señala como misión, para el mejor servicio de la Patria, «promover la vida política en

régimen de ordenada concurrencia de criterios».

El pluralismo, no cabe duda, aunque tímidamente, acaba de establecer una cabeza de puente en nuestra

normativa fundamental.

El asociacionismo del Movimiento

En un cierto clima de espera impaciente llegamos a finales de 1968. La sección segunda del Consejo

Nacional delibera en torno al Estatuto Orgánico del Movimiento. El día 14 de noviembre, al discutirse el

título tercero encabezado por el prometedor título

«La participación de los españoles en el Movimiento», ya se pusieron de manifiesto las posturas que

habían de caracterizar los debates en torno al asociacionismo político. La primera gran cuestión semántica

se plantea a niveles polémicos. ¿Pertenecer o participar?

Tras la aparente superficialidad de la cuestión se esconde el hondo problema del destino de la Falange. El

señor Aparicio Bernal, representante de los procuradores familiares, propone que todas las asociaciones y

entidades tengan un mismo régimen jurídico, sin concesiones a las asociaciones falangistas de un régimen

jurídico especial, porque la desigualdad crearía obstáculos y no reportaría ningún beneficio para las

asociaciones de origen falangista y se les reprocharía el tratamiento privilegiado. En definitiva, el señor

Aparicio Bernal estima que deberían refundirse todos los apartados del artículo quinto en uno que diga

que una de las formas de participar en el Movimiento sería la participación activa en las entidades

asociativas dentro del régimen jurídico del Movimiento, con lo cual la Falange estaría en igualdad de

oportunidades y en condiciones de competir con las demás asociaciones o grupos que se creen al amparo

de lo preceptuado.

Unos piden aclaraciones sobre la distinción entre «entidades» y «asociaciones»; otros que se maticen las

expresiones «asociaciones» y «hermandades»; no falta quienes piden cauces más abiertos a través de los

cuales todos los españoles puedan participar... En medio de tantas peticiones de «luz, más luz», la voz

grave del señor Valero Bermejo, consejero por designación directa del Jefe del Estado, alerta a sus

compañeros de Cámara contra los peligros del aperturismo. «No demos facilidades para que entren los

que nos vengan a barrenar. Abrámonos con generosidad a todo aquel que desee participar, porque quien

quiera servir a la Patria no puede negarse a una manifestación expresa de su pertenencia al Movimiento.»

Unas declaraciones de Solís

La prensa había recogido unas supuestas declaraciones del señor Solís Ruiz, entonces ministro secretario

general del Movimiento, hechas en la ciudad de Toledo. El señor Labadíe Otermin las califica de

«inoportunas». ¿Qué es lo que se decía en las polémicas declaraciones? Sencillamente, que el Estatuto

que se estaba debatiendo no estructuraría el asociacionismo político.

El entonces presidente de la Sección Segunda y actual presidente de las Cortes, señor Rodríguez de

Valcárcel, se apresuró a puntualizar, cortándole la palabra al señor Labadíe Otermin, que se trataba de una

transcripción errónea realizada por la prensa de las citadas declaraciones, y que el señor Solís Ruiz se

había apresurado a dirigir una carta de rectificación a los medios informativos que se habían hecho eco de

ellas. Todo, en este punto concreto, quedó aclarado.

De todas maneras, el señor Labadíe se mostró partidario de que no hacer necesaria la existencia de una

manifestación expresa de voluntad, puesto que si se exigiese, como propugnaban algunos, «perviviría el

pseudo partido único».

El poder personal del Generalísimo Franco,

«Hay que tener en consideración las nuevas corrientes del pensamiento», manifestó el señor Primo de

Rivera, consejero por designación directa del Generalísimo. «La resistencia a no aceptarlas es

inmovilismo», afirmó. La voz de quien heredaba un apellido de tan honda significación en el 18 de julio

de 1936 fue acogida con expectación en la Cámara. «El Régimen está sostenido por el poder personal del

General Franco, y en el momento que falte, todo se hundirá si no existen instituciones vivas en las que se

apoye el régimen político real.» En medio de un clima poco realista, la voz de Miguel Primo de Rivera

puso ante los ojos de sus compañeros una dimensión del problema que no se había planteado hasta

entonces. ¿Qué pasará después de Franco si no contamos con una asociacionismo auténtico?

«Estoy convencido —siguió Primo de Rivera— de que la confrontación de criterios beneficia

enormemente a la consistencia futura del Consejo Nacional, entre otras razones porque hasta ahora ha

sido imposible hablar y actuar en política con conciencia nacional si no se pertenecía a un grupo

determinado, y siempre amparándose en el Régimen con comodidad faldera. Si no gustan los partidos

políticos, tampoco tenemos que aceptar el partido único.»

La intervención pierde aperturismo cuando pide la distinción entre miembro activo —acreditado por la

certificación de los órganos que correspondan— y miembro pasivo, que no necesitaría de ninguna cre-

dencial especial. Todos los españoles podrán pertenecer al Movimiento siempre que acepten los Prin-

cipios Fundamentales y quieran integrarse en su organización de un modo espontáneo y voluntario.

El temor a la «militando»

Las últimas palabras del señor Primo de Rivera provocaron la intervención del consejero por la provincia

de Huesca, señor Ballarín Marcial. «La manifestación expresa de voluntad es una forma de resucitar la

afiliación y la militancia. Hemos cerrado una etapa histórica y debemos abrir otra nueva: la etapa de la

Ley Orgánica del Estado, hito trascendental en la evolución constitucional española. En esta nueva etapa

política el Estado se apoya más en la Ley que en la victoria. Se abre un nuevo período de convivencia

entre los españoles basado en el Derecho. Franco no es un dictador: ha configurado la constitución

político-social española.»

Y no se detuvo en esta consideración el señor Ballarín. «La Ley Orgánica del Estado —añadió—

representa la liquidación de un período de monopolio político para inaugurar un nuevo período de

pluralismo político, que es lo que reclama la juventud y la sociedad española. Para conseguir este

pluralismo debemos liquidar el monopolio y la apariencia de partido único que ha tenido la Falange

dentro del Movimiento. Considerando los Principios y las Leyes Fundamentales como la constitución

española, ¿es que se puede uno adherir expresamente a la Constitución? Esta hay que acatarla de hecho,

previamente.

La afiliación puede crear dos clases de españoles: la de los fervientes del Movimiento y la de los tibios, lo

cual significaría que sólo los que se afilien podrían triunfar en política. No es lo mismo la aceptación que

la declaración explícita de voluntad. No son necesarios los ficheros, las listas, todo el aparato del partido

único.»

Al llegar a este punto de la intervención, el señor Riestra del Moral, dando visibles muestras de desa-

cuerdo con estas afirmaciones, abandona ostensiblemente el local.

«Toda esta postura personal que aquí he mantenido, así como mi declaración a "Ya", la sostuve también

en Huesca ante las personas que me han elegido y que, por sus aplausos, estimo que compartían mi

postura aperturista pluralista, y sin incurrir en infidelidad y traición a los que me eligieron.»

Se produjeron airadas protestas. El señor Rodríguez de Valcárcel, que presidía la sesión, se vio obligado a

llamar a los consejeros al orden y a pedir que se mantuviera un tono más correcto en los debates. Y eso

que todavía no se había entrado a debatir los artículos que trataban especialmente del asociacionismo.

El régimen no se sostiene sólo por Franco

Lo afirmó el señor Palomares Díaz, consejero nacional por Granada, quien se creyó obligado a abandonar

la presidencia —era secretario de la Sección— para responder al sentido en que se habían manifestado las

anteriores intervenciones. «El Régimen no se sostiene sólo por la sombra y la grandeza de Franco —

afirmó resueltamente—, sino también por una ideología falangista y tradicionalista, un millón de muertos,

un 18 de julio y una Constitución abierta. No es cierto —dijo dirigiéndose al señor Ballarín— que

tratemos de cerrar un monopolio político, puesto que la política educativa, exterior, económica, etcétera...

no han estado en manos de la Falange... Sí acaso estaba en cambiar algún que otro alcalde, si lo

autorizaba el ministro de la Gobernación.»

«Yo, que nací en 1933 —prosiguió el señor Palomares Díaz— puedo decir que la Falange también tuvo

mucho que ver en la formulación de la Ley Orgánica del Estado. Si en España hubo monopolio político,

ese monopolio no lo ha tenido nunca Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.»

Aparecen los «grupos de presión»

Por primera vez en los debates aparece una alusión clara a los llamados «grupos de presión». El señor

Hertogs Echemendía, consejero por Sevilla, ataca también al señor Ballarín Marcial diciendo que acepta

la expresión de monopolio, pero complementándola: «Si ha existido un monopolio político de la Falange

ha sido en el orden del sacrificio y la lealtad. De lo contrario —prosiguió— no hubieran accedido a los

cuadros de la nación algunos de los hombres que hoy los ostentan. No hemos sido un partido político. Ese

es un argumento de la oposición, no a la Falange, sino al Régimen. No podemos legislar a espaldas de la

opinión pública, pero debemos tener sólo en cuenta la opinión de los españoles en general, no la de los

grupos de presión que actúan desde algunos periódicos. Hoy se crean los órganos de expresión como

fundamento de los partidos políticos, en lugar de al revés, como antes sucedía».

Los señores Ballarín Marcial y Primo de Rivera formulan ciertas aclaraciones. El primero confiesa que

nunca ha hablado de monopolio falangista, sencillamente porque no cree que haya existido. «Y si lo he

dicho habrá sido un lapsus. Siempre, aquí y en mis declaraciones a "Ya", he hablado de un monopolio

político: una coalición de las fuerzas centro-derecha, en la que incluyo también a la Falange. En esa

coalición unos han participado voluntariamente, y otras fuerzas no quisieron, o no pudieron, participar. La

Ley Orgánica del Estado rompe esa coalición para abrirse a todos.»

Por su parte, el consejero señor Primo de Rivera puntualiza sus declaraciones en el sentido de sostener

que él nunca había dicho que el único apoyo del régimen sea Franco. «Pero sí afirmo —añadió en su

intervención— que sin Franco dudo mucho que hubiera tenido validez la Falange, la ideología y los

muertos recordados.»

La discusión desembocó en salidas cordiales. El señor Palomares Díaz confesó que compartía las

inquietudes del señor Ballarín y que nunca quiso faltar a la tradición de los Primo de Rivera.

¡No se hable más de monopolios!

Lo pidió el señor Oriol y Urquijo. Sostuvo en su intervención que el tema estaba ya superado. «Yo, como

requeté —afirmó—, estuve siempre unido a la Falange, ahora y en la guerra. Vamos a intentar dar forma

a la participación de los españoles. Hablemos de integración en vez de participación.»

No obstante estos deseos integradores, el realismo del señor Mateu de Ros, consejero nacional por

Valencia, le hizo reconocer que «estos estatutos no van a mover a la juventud». Tras proclamar la

necesidad de buscar una bandera capaz de atraer a la juventud, se refirió también a los «grupos de presión

que actúan desde algunos órganos informativos».

A pesar de la petición del señor Oriol y Urquijo, la señorita Mónica Plaza, representante en el Consejo de

la provincia de Palencia, afirmó que «Falange sólo ha monopolizado el sacrificio». «La Ley Orgánica del

Estado —dijo don Licinio de la Fuente en su intervención— es la coronación de una obra, de un proceso,

de un sistema, y no la liquidación de una etapa. Es la culminación de nuestro Estado de Derecho. Es el

afán de integración de los españoles abriendo toda clase de participaciones y opciones. Que haya varias

clases de españoles, los tibios y los practicantes, es una consecuencia del pluralismo que defendemos.»

Equilibrio en vez de poesía

«El texto de la ponencia quizá no tenga poesía, pero es una norma de equilibrio eficaz, ajustada a unas

declaraciones legales, que desarrollan la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica del

Movimiento», argumentó el señor Pedrosa Latas, consejero nacional por Lugo, en defensa del texto de la

Ponencia. A continuación intentó resumir las veintinueve intervenciones y aceptó, entre otros criterios

expuestos, que se ampliase a los mayores de dieciocho años la intervención en las elecciones.

«El sufragio —sigue arguyendo el señor Pedrosa Latas— es una forma política de adhesión. La afiliación

ha perdido el sabor que tenía, no constituye una solidaridad ideológica, sino un mero trámite de servicio,

en muchos casos no con un afán de servicio, sino de mando, con ánimo egoísta de buscar beneficios de

escalafón o profesionales. Por eso, personalmente, no me preocupa la afiliación. Humanamente, la

ponencia eliminó toda idea de encuadramiento, preservando, en cambio, lo que dice la Ley Orgánica del

Movimiento, sobre una manifestación expresa de voluntad. Debemos dejar el Movimiento abierto a todos

y el que quiera participar con un afán de servicio, que lo haga con una aceptación expresa de los servicios

y una entrega total a una tarea concreta.»

Situarse en el tiempo

«Situémonos en nuestro tiempo —prosiguió el señor Pedrosa Latas—, trascendamos el tiempo vital de

Franco. La proyección de Falange de cara al futuro está en la Ley Orgánica del Estado, porque es tan

fuerte y vigorosa la Falange que logrará imponerse por el diálogo y la razón, por un camino intelectual y

no sentimental.»

El debate iba poniéndose animado. Poco importa que, como en la mayoría de las ocasiones, el calor y el

contraste de las posiciones no tuvieran más tarde reflejo en los textos aprobados. El clima creado en aquel

momento era suficiente para suscitar el interés-

El señor Martínez Esteruelas exteriorizó su temor al vacío político. «Tengo miedo de que este Estatuto, si

no le damos la agilidad necesaria, caiga en el vacío. Me preocupan las generaciones que no nos han

vuelto la espalda, pero que tampoco están con nosotros. No queremos poner ningún requisito previo, sino

ofrecer una variada gama de posibilidades para la participación en el Movimiento. Este es el único

camino para comprometer seriamente a la sociedad española con el Movimiento Nacional.»

A las siete y veinte de la tarde del día 14 de noviembre de 1968 se aprobaron las seis modalidades de

participación de los españoles en el Movimiento. Una de ellas, la recogida en el apartado C), reconoce

que todos los españoles podemos participar en el Movimiento «por la constitución de asociaciones en el

ámbito establecido por el Régimen Jurídico del Movimiento y la participación en las mismas».

Una nueva brecha para el asociacionismo se acababa de abrir en el muro ideológico primitivo. ¿Qué

sucederá?

Debate sobre los dieciocho años

Las discusiones sobre el asociacionismo propiamente dicho se iniciaron aquella misma tarde. La primera

cuestión que suscitó disparidad de criterios es la de si se le dará o no participación electoral al millón y

medio de españoles cuya edad está comprendida entre los 18 y los 21 años.

El general García Rebutí se opuso a que los jóvenes de 18 años tuviesen capacidad para promover la

constitución de una asociación. «A esa edad —sostuvo— el joven no es todavía un ciudadano completo.»

El señor Martínez Esteruelas replicó que la edad de 18 años establecida por la Ponencia es coherente, ya

que a dicha edad se le reconoce al joven capacidad para formalizar contratos laborales, votar en el orden

sindical, emanciparse de la potestad paterna a todos los efectos y, a mayor abundamiento, es una

tendencia general en el mundo el descenso de la edad tope para la participación política y social y, por

otra parte, la Ponencia ha tratado de que el Consejo Nacional del Movimiento se anticipe a una norma

legal que en su día tendrá que contemplar la modificación de la edad, que el Código Civil establece en 21

años, para acceder a la vida civil. «Si a los 18 años —concluye el señor Martínez Esteruelas— un joven

fue capaz de defender a la Patria en la guerra, ¿por qué no vamos a permitir que la defienda también en la

paz?»

Este último argumento parece que logró convencer al general García Rebull, que aceptó los argumentos

de la Ponencia. «Realmente nadie adquiere la categoría de ciudadano hasta que no ha jurado la bandera

nacional», concluyó.

El artículo se aprobó por unanimidad.

La Falange nuevamente sobre el tapete de los debates

Al día siguiente, 15 de noviembre, a las diez de la mañana, aproximadamente, se reanudaron los debates.

El artículo diez, debatido, trataba de los fines de las asociaciones. La temperatura política prometía

alcanzar sus cotas más altas. Las posiciones de los consejeros nacionales se iban definiendo. Lo cierto es

que no existían demasiadas esperanzas para los aperturistas.

La intervención del señor Soler Llorca, consejero nacional por Alicante, puso sobre el tapete el tema de la

Falange para realizar una cálida defensa de ésta. No empleó el mismo tono con el texto que se debatía.

«Este Estatuto —sostuvo— no tiene poder de convocatoria: en lugar de atraer al Movimiento a los que

están fuera de él hará que salgan algunos de los que están dentro.»

Pero no se detuvieron ahí sus observaciones. «No se ha aceptado mi modificación para que se puedan

crear asociaciones para "mantener vivos los vínculos que dieron vida a la Cruzada iniciada el 18 de julio

de 1936", y se deja en una fórmula genérica por la que se podrán crear asociaciones "nacidas en

circunstancias históricas u otros fines de análoga naturaleza", lo que podría posibilitar alguna asociación

de amigos del 18 de julio, pero también otras del 18 de mayo o de la República. Resulta preocupante

cómo a lo largo de todo este proyecto de Estatuto no se nombra a la Falange, a la Comunión

Tradícionalista, al 18 de julio, a las entidades básicas.»

La madurez política de los españoles

La lógica de los razonamientos del consejero por Alicante se puso de manifiesto a continuación. «Hace

muy poco —recuerda— han sido autorizadas por el Consejo de Ministros las Asociaciones de

Estudiantes. No hace mucho se ha dado la independencia a Guinea. Les hemos dado nada menos que una

República constituida en democracia inorgánica, ¿es qué los españoles no estamos aún maduros

políticamente? ¿Por qué ese temor a que se desarrolle nuestra democracia orgánica, nuestro

asociacionismo dentro de las Leyes Fundamentales del Movimiento? ¿Por qué, si no todas, al menos las

asociaciones familiares, las que han de constituir los Consejos locales y provinciales, no pueden actuar

electoralmente?»

«En España —prosiguió el señor Soler Llorca— se pueden elegir concejales, diputados provinciales,

esperamos que alcaldes y presidentes de Diputación, procuradores en Cortes y consejeros nacionales. Se

eligen nombres, no partidos. ¿Y por qué no pueden intervenir en su elección asociaciones de distintas

tendencias y simpatías por determinados candidatos? ¿Quién los va a proponer? ¿Los gobernadores? ¿El

Ministerio de la Gobernación?

«La juventud no se sentirá atraída por estos estatutos que a nosotros nos dejan fríos. No hay poder de

proselitismo en ellos. Se tiene miedo a los grupos políticos, pero existen. Tienen apellidos y jefes.»

La legalidad de la Falange

«Si no se quiere citar en estos Estatutos a la Falange —dijo el señor Soler Llorca— al 18 de julio, al

Requeté; si los valores que son de todos no son usados por todos, yo sólo pido que nos los devuelvan. Si

ya no sirven para nada, ni para escalar puestos o mantenerse en ellos, que nos los devuelvan. Mientras que

el Tribunal Supremo de la República reconoció la legalidad de la Falange, ahora no se quiere reconocer

esta legalidad.»

Por un momento, el ambiente en el Consejo Nacional era tenso. «La doctrina de José Antonio no se puede

archivar sin más, como tampoco puede archivarse la doctrina de los sufridos y abnegados carlistas. Los

tradicionalistas tienen ahora su propia organización, con sus jefes y sus delegados; incluso con sus

propias milicias. ¿Podrá alguien acabar con ellos? No será ciertamente este Estatuto. El que piense que

los carlistas no van a usar como suyos sus propios valores políticos no conoce a los carlistas o es un

insensato. La Falange no tiene nada de esto. ¿Por qué? Por abnegación, por desprendimiento, por heroica

lealtad. Hemos sido fieles y queremos seguir siéndolo, pero que no se nos descarte en esta baraja del

porvenir.»

Pidió también que no sólo se le diesen cartas a la derecha. «Nosotros no queremos ni derechas ni

izquierdas, que para eso nacimos, pero tampoco queremos la izquierda de derechas ni la derecha de

izquierdas, lo que queremos es que nos devuelvan nuestras camisas, nuestras banderas, nuestros himnos,

y los queremos porque son nuestros y para captar a muchos hombres de España que esperan esa

revolución nacional sindicalista.»

Más adelante se refirió a la eliminación del SEU «porque hablaba fuerte y claro». Y con un recuerdo a

José Antonio dio por terminada su intervención.

Por un asociacionismo político

«La creación de asociaciones como las que figuran en el anteproyecto —sostuvo el señor Hertogs

Echemendía, consejero nacional por Sevilla— puede ser algo revolucionario dentro de las normas

tradicionales. Incluso un asociacionismo político tampoco sería contrario a la esencia del Régimen. Si se

plantea con las normas en juego del Movimiento es preferible un campo abierto para que se juegue noble

y limpiamente, que no jugar en la prensa, los clubs y las asociaciones clandestinas. No deben prohibirse

tampoco las asociaciones con fines electorales y se podría iniciar como prueba en las entidades menores,

por ejemplo, en la elección de alcaldes.»

El señor Salas Pombo, por su parte, no se recata en manifestar su preferencia, porque en lugar de

«cualquier grupo de presión con el ejercicio de sus instrumentos de poder se pueda arbitrar un

asociacionismo político en el que se reconozca la diversidad de matices, que no podrá llevar a un

desviacionismo de las Leyes Fundamentales».

Niega a continuación que su propuesta, de prosperar, pueda hacer que vuelvan los partidos políticos, ya

que considera que está en ella la mejor posibilidad de un juego político futuro. Rechaza que se configuren

las asociaciones de modo que no tengan finalidades electorales, «porque esto es como poner puertas al

campo». «El objetivo de todo hombre político —añadió— es el poder, y si éste sólo se alcanza por medio

del sufragio, es evidente que las asociaciones deben tener finalidad electoral.» Termina su intervención

solicitando que se señalen claramente los fines de las asociaciones.

Los temores de Fernández Cuesta

La intervención del señor Fernández Cuesta puso el contrapunto en un clima con ciertas promesas

aperturistas. Se volvió a la interpretación de la historia teñida de colores ideológicos. «El Alzamiento

pretendió terminar con la situación caótica que conducía a España a la desaparición y trataba de

establecer una España nueva sobre bases diferentes. Todas las diferencias e ideologías desaparecieron con

el Decreto de Unificación, con el que se agruparon las dos fuerzas más numerosas que habían participado

en el Alzamiento, pero estableciendo que la base de unificación eran los 26 puntos de la Falange. Esta

situación dura, teóricamente, hasta 1966, cuando con el Referéndum de la Ley Orgánica del Estado se

institucionaliza el Movimiento y quedan absorbidas todas las organizaciones anteriores. ¿Quiere esto

decir que la Falange ha desaparecido? Legalmente, sí; realmente, no. En los principios que informan la

Ley Orgánica del Estado se recogen los principios de la Falange, alguno en su total literalidad. La

Falange, pues, no está en estado gaseoso como se le ha achacado en frase que se me atribuye, sino viva,

en el corazón, la voluntad e inteligencia de los falangistas y en el de todos los españoles que comulgan

con los Principios del ideario joseantoniano.»

Partiendo de estos antecedentes —prosiguió el señor Fernández Cuesta— me «inquieta este

asociacionismo político que se consagra en el apartado C) del artículo 10, porque puede derivar en un

partidismo político. Esta preocupación mía no es inmovilista. Tenemos que buscar un camino que tiene su

base en los principios de mayo de 1958. Ahí tenemos que encontrar una continuidad dinámica,

incompatible con el inmovilismo, pero también con la desviación. Me preocupa el respeto al derecho

constitucional, pero también el propio interés de España. Con el partidismo político vendría de nuevo el

caos. Las Leyes Orgánicas del Estado y del Movimiento establecen la concurrencia de criterios y el

contraste de pareceres que el Consejo Nacional debe encauzar y desarrollar dentro de la pluralidad de

opiniones, pero la mejor forma de llegar a estos cumplimientos legales no está en el asociacionismo.

Además, en la vida española ya tenemos ese pluralismo. La diversidad política española no es nueva. Ha

existido en todos los Gobiernos de los últimos años sin que fuera necesario ese asociacionismo. AI pueblo

lo que le ilusiona es una política social basada en la justicia distributiva y en la solidaridad humana».

El «coco» de los partidos

Siguiendo el hilo de sus razonamientos no resultaba difícil predecir adonde nos conducirían sus

conclusiones: el temor a los partidos políticos. «Cualquiera que sean las diferencias que se establezcan

entre partidos y asociaciones —concluyó el señor Fernández Cuesta— la realidad las borrará. Soy

partidario de la concurrencia de criterios, cuanto más amplia, mejor. A través de las asociaciones, si se

quiere, pero con un requisito: que no sean asociaciones para defender ideologías, que no tengan una

finalidad política. No deben poder tampoco imponer una obligatoriedad a sus miembros. No admito

asociaciones que tengan una finalidad política globalizada.»

En la siguiente intervención se produjo la primera amenaza de dimisión. Su protagonista: el señor Mateu

de Ros. ¿Cuál fue la razón? Si se aprobaba el apartado C del artículo 10, ya que sanciona la desaparición

de los círculos doctrinales José Antonio, los círculos tradicionalistas y las Hermandades de Antiguos

Miembros del Frente de Juventudes. «Si este párrafo no es anulado yo dimitiré ante el Jefe Nacional.» No

consideraba tolerable que cierta prensa esté diciendo que hoy se propugna una cierta libertad de expresión

por grupos de fuera. «Esto es falso —exclamó—. La Falange es la que siempre ha propugnado la libertad

en los círculos doctrinales.»

El presente antes que el pasado

Como en el fútbol de hoy día, las tácticas de «cerrojo» habían hecho su aparición en el seno de la sección

segunda del Consejo Nacional. El señor Labadíe Otermin declara que le separan discrepancias

fundamentales con el señor Fernández Cuesta, aunque coincidía en un punto: efectivamente, debe decirse

qué son y qué no son asociaciones. «Aunque deseo que se incluyan los grupos históricos, no se deben

dejar de considerar las actuales realidades políticas, cualesquiera que sean. No sólo las de una línea

conservadora o de derechas, sino también las de izquierda, siempre que respeten los principios.»

Se produjeron a continuación otras intervenciones. Don Licinio de la Fuente sostuvo que las asociaciones

que se contemplan en el apartado C) del artículo 10 son eminentemente asociaciones politizadas y en este

sentido lo que la Ponencia hiciese por aclarar la cuestión entendía que sería bien recibido. Otros, como el

señor Rodríguez Esteban, manifestaron sin recato su temor por los partidos políticos.

El señor Zamanillo, miembro de la Ponencia, descendió a los escaños para intervenir también en los

debates. «En los dos días y medio que dura la discusión —dijo— se puede observar un ambiente

funerario y acomplejado. Como tradicionalista no voy a caer en el pasado y en la nostalgia. Si lo hiciera

me fijaría más en los errores que en los aciertos. Voy a hablar del presente. Es preciso tener amplitud de

criterio, un sentido político, una sensibilidad mayor de la que ha lucido aquí en estos dos días. Se ha

manifestado una excesiva preocupación por los riesgos y todo lo que vale la pena los tiene.»

Valero Bermejo: Paternidad de la Ley Orgánica

El señor Valera Bermejo puso sobre el tapete el tema de la paternidad de la Ley Orgánica del Estado.

Aclaró, en primer lugar, que dicha Ley salió « de las peticiones que de la misma se hicieron en los

círculos de la Falange y no de los editoriales de un diario de la tarde y de los susurros y comidas que por

el verano de 1966 tuvieron lugar en Madrid. Una vez aprobada la Ley Orgánica —siguió diciendo el

señor Bermejo— un grupo de consejeros nacionales pidió al señor Solís Ruiz que les dejara reunirse para

desarrollar lo que en aquélla se establecía respecto al contraste de pareceres y el asociacionismo político,

y una de las consecuencias a las que llegamos es que no se podía permitir la constitución de asociaciones

para la promoción y defensa de ideologías globalizadas».

¿Qué debe entenderse por «ideología globalizada»? No resulta muy aventurado suponer que de lo que en

realidad se tratara era que se constituyeran asociaciones con un programa político coherente. Nos

hallábamos en vísperas de la propugnación de la política de las «cosas concretas».

Un fallo metodológico

Lo denunció el señor Fueyo Alvarez. En su opinión, «la Ponencia se vio obligada a resolved un problema

de metafísica política con un vocablo jurídico. El debate me demuestra —afirmó— que yo tenía razón

cuando hace tiempo dije que había que despejar con un libro blanco o azul nuestra historia, nuestra

actuación y nuestra política. Efectivamente ha existido la concurrencia, el pluralismo de hombres, pero no

de fuerzas políticas. ¿O es que alguien cree que con Renovación Española, Acción Popular,

Tradicionalismo y Falange podríamos institucionalizar el país? El Referéndum no fue sólo un voto al

Caudillo. ¿Necesitaba el Caudillo de un voto? Se votó, además de la permanencia del Caudillo al frente

de los destinos de la nación, el futuro político de España».

«Las generaciones jóvenes —dijo el señor Fueyo más adelante— no pueden anclarse en la historia porque

no han sido protagonistas de ella. Hay que abrir vías de acceso para que no crean que estamos cerrando

todos los caminos. No se puede abrir la liberalización religiosa y económica y encerrar en un monopolio

político a la juventud. No podemos encerrarnos en un dogmatismo político concreto. Hay que ir a teorías

sistemáticas de la acción de Gobierno. Si cada ministro se cree un virrey administrativo y se encierra en

ello, el resultado final es el caos.»

A continuación pidió el señor Fueyo Alvarez que se plantee con claridad si vamos o no al asociacionismo

político. «Este tipo de asociacionismo —prosiguió— debe tener un ámbito provincial y nacional, pero no

regional, porque ello podría conducir a la crisis política más grave del país.»

La postura de la ponencia

El señor Martínez Esteruelas se convirtió en el portavoz de la postura de la ponencia. «El problema más

grave que se ha planteado —dijo— es el de la relación de las asociaciones con los partidos políticos. La

ponencia no pretende esto, porque el primer requisito para la existencia de esas asociaciones es que se

encarnen una ideología política de acuerdo con los Principios del Movimiento porque no hay más

ideología política que la señalada en los principios promulgados en mayo de 1958. Esta es lo que separa

las asociaciones de los partidos políticos. La ponencia ampara la idea de las asociaciones y excluye la de

los partidos políticos. El problema está en si esto lo hemos reflejado claramente en el artículo que se

discute.»

«Entre el partido único y el pluralismo de partidos —dijo finalmente, creemos que hay una tercera vía: las

asociaciones. Es éste un ensayo con muchos riesgos, pero hay que correrlos.»

La última intervención antes de someterse los artículos reguladores del asociacionismo a votación fue la

del señor Sánchez Cortés.

«No cabe convivencia —afirmó dicho consejero— si no tenemos un espíritu de justicia y respetamos

nuestras respectivas posturas dentro del Movimiento. Debe reinar un tremendo espíritu de conciliación

entre todas las tendencias que han presidido la vida nacional. Hay que decir sí al asociacionismo político.

En primer lugar, porque es un derecho natural, pero, además, por razones de carácter político y por

razones legales. Digo no al pluralismo a través de los partidos y así con tipificación de todas las

circunstancias que exige el bien común.

Los fines de las Asociaciones del Movimiento

Como viene siendo una característica casi constante en nuestras actividades legislativas el contraste de

posturas manifestado en los debates no tuvo un reflejo adecuado a la hora decisiva de las votaciones.

Quizá para explicar estas aparentes anomalías no haya nada tan esclarecedor como recurrir a la mecánica

reglamentaria. Lo cierto es que para casi todos los apartados bastaban los dedos de la mano para

contabilizar los votos negativos.

En definitiva, se llegó al acuerdo de que podrían constituirse asociaciones del Movimiento para los

siguientes fines:

• Desarrollo de la participación familiar en la vida pública y defensa y promoción de los intereses de la

familia española.

• Defender y promocionar los intereses de quienes ejerzan una profesión determinada no sujeta a la

legislación de la Organización Sindical, ni a la de los colegios profesionales u otra regulación profesional

específica.

• Promover los valores culturales al servicio del pueblo español.

• Estudiar e incorporar a la vida social la doctrina contenida en los Principios del Movimiento.

• Mantener vivos tos vínculos nacidos de circunstancias históricas u otros fines de análoga naturaleza.

• Contribuir a la formalización de la opinión sobre la base común de los Principios del Movimiento, en

servicio de la unidad nacional y del bien común para la concurrencia de criterios, de conformidad con el

artículo cuarto de la Ley Orgánica del Estado y el artículo segundo de la Ley Orgánica del Movimiento y

su Consejo nacional.

Se reconocía que las asociaciones podrán ser de ámbito nacional, regional, provincial o local y, de mutuo

acuerdo, constituir federaciones en que se integren las que persiguen fines análogos. Un dato importante:

dichas asociaciones y federaciones formarán parte, por razón de sus fines, de las correspondientes

confederaciones que tendrán por objeto fortalecer al vínculo asociativo y la relación a tales efectos con la

Secretaría General del Movimiento. (El subrayado, es mío).

Tres días de junio: Anteproyecto de bases

Durante los primeros meses de 1969 el tema del asociacionismo, que tanto había atraído la atención de los

españoles con vocación política, pasó a segundo lugar. Fue con la llegada de la primavera cuando

nuevamente el asociacionismo volvió a ser tema de los editoriales de la mayoría de la prensa española.

«Fue sin embargo, en esta segundo etapa —escribió Herrero R. de Miñón— que cubre la primavera de

1969, cuando llega a su cumbre la polémica sobre el asociacionismo. Para unos, avanzar en la línea

marcada en el Estatuto suponía la posibilidad de organizar la vida política española de cuerdo con los

módulos semejantes, sino idénticos, a los occidentales, mediante un régimen que, en todo, salvo el

nombre, sería de partidos. El temor a la palabra nefanda obligaba a cabriolas de ingenio, frecuentemente

de mayor verbosidad que rigor. Los partidos eran «intrínsecamente malos», las asociaciones, «en todo

diferentes», podían representar «la pluralidad en la unidad», el «turno en la continuidad», el «contraste en

el orden». A la práctica del improperio sucedía una materia abundante para la teoría del elogio.

En este clima, descrito con bastante exactitud, llegamos a finales de junio. Durante tres días, en la

correspondiente sección del Consejo Nacional se debaten las bases del Anteproyecto de las Bases del

Régimen Jurídico Asociativo del Movimiento. «Las justas dialécticas a que entusiásticamente se

entregaron los señores consejeros durante tres calurosos días de junio (26, 27 y 28) —escribimos en

Mundo en aquella ocasión— han constituido un ejemplo de derroche de buena fe ante las magras

expectativas que ofrecían los cauces del anteproyecto. Se han forzado, por parte de los llamados

«aperturistas», unas compuertas cuyos goznes y cerraduras a la hora de irlos a utilizar han aparecido tan

bloqueados que más bien hacían pensar en que su existencia había sido un espejismo. Un mínimo de

análisis ponderado y previo hubiera hecho ver a los esforzados consejeros que, por el contrario, existían

cerrojos más concretos que bloqueaban estratégicamente «las posibles liberalidades.

Los debates sobre las «Bases» —se aceptó inmediatamente esta denominación para el anteproyecto que

se debatía— fueron una reproducción de las posturas y actitudes puestas de manifiesto ya con ocasión de

la elaboración de los artículos del Estatuto del Movimiento que hacían referencia a las asociaciones.

Muñoz Calero, ya el primer día puso en el aire una pregunta que inquietó a no pocos consejeros: «¿Qué

diferencia hay entre una asociación promotora de unas elecciones y un partido político?» Mostró también

su preocupación por la ausencia de controles en la financiación de las asociaciones. Aprovechó la ocasión

para decir que los procuradores familiares se habían movido por «intereses plutocráticos».

Sin embargo, los debates se iniciaron con una modificación cargada de promesas aperturistas. Se

suprimió el párrafo segundo de la base primera que prohibía la constitución de asociaciones que atentaran

«contra la moral... el orden público o la unidad... de España». La razón de esta supresión fue el considerar

dicho párrafo excesivamente cauteloso y que introducía conceptos cuya difícil precisión podía atentar

contra la seguridad jurídica.

Un cronista de prensa dijo escuchar en aquella ocasión, mientras alguien se refería a los partidos, una

significativa exclamación: «¡Que viene el coco!». Y en realidad, para algunos consejeros, el tema de los

partidos desempeñaba ideológicamente el papel asustadizo que en las mentes infantiles desempeñaba el

«coco».

Las posturas aperturistas quedaron reflejadas en las intervenciones del señor Ballarín Marcial —«hemos

de analizar si la expresión soluciones concretas de Gobierno y acción política significan lo mismo»— en

la réplica que el señor Chozas Bermudez dio al señor Valero Bermejo —«la Ley Orgánica no es un techo,

sino un suelo de donde hay que partir»— y en la ajustada puntualización del señor Martín Villa —«a mí

me preocupa la escalada por defecto y a Valero por exceso».

El día más largo

Fue el segundo día de los debates, el 27 de junio de 1969. La sesión, iniciada a las diez y media de la

mañana, se prolongó hasta las dos de la madrugada. Todo un récord. Los debates se rompieron aquel día

con unas palabras de Emilio Romero: «tengo mucho miedo a que se hunda el suelo de la opinión pública

si no se reglamenta el acceso de la opinión política al Gobierno». Ballarín Marcial reforzó la postura del

director de «Pueblo» al sostener que «no basta que se pueda criticar una medida de Gobierno si no se

puede criticar una conducta».

Las brisas aperturistas, sin embargo, fueron cortadas de raíz con la intervención del señor Fernández

Cuesta «Cuando haya asociaciones de tipo político, sean de la ideología que sean, tenemos un partido

político y yo me opongo.» Se preocupó por delimitar las dos posturas que creyó detectar en los debates

que se estaban celebrando: la de quienes de buena fe quieren la vuelta a los partidos políticos desde la Ley

Orgánica del Movimiento y las de quienes «no las queremos, de igual buena fe, como yo».

La votación de los apartados 6 y 7 de la Base segunda produce un póquer de votos negativos: Ballarín

Marcial, Chozas Bermudez, Emilio Romero y Ortí Bordas. La línea aperturista sufrió la primera derrota.

Ballarín Marcial, acto seguido, puso el dedo en la llaga. «Debemos evitar —afirmó— que se forme una

España paralela, clandestina, ofreciendo a las distintas tendencias no un orden policiaco para contenerlas,

sino una alternativa, un cauce de integración. No obliguemos a enmascarar con nombres neutros e inco-

loros.»

A corroborar la postura de Ballarín Marcial vino la intervención de Pedrosa Latas. «Vida política la habrá

siempre y si no la permitimos aquí la habrá a extramuros del Movimiento. Me temo muy mucho que nos

quedemos con las reglas del juego y nada más. Las ideas son las ideas y en esta Cámara no se puede

sentar el principio de que el derecho a pensar se encierra sólo aquí y no ha de ejercitarse fuera.»

El señor Fernández Cuesta volvió a Intervenir para recordar que «el Estado español no es liberal. El Esta-

do liberal —insistió— carece de ideología y el Estado español la tiene: son los Principios del Movimiento

Nacional». A continuación deduce de esta premisa, ya que considera a dichos Principios como la esencia

de la doctrina joseantoniana, que no tiene cabida en el sistema cualquier otra ideología, democracia -

cristiana incluida.

«El político que tema está perdido», sentenció el señor Sánchez Cortés en apoyo de la tendencia

aperturista. Aunque el calor de las discusiones llegó en alguna ocasión al «piqué» personal —por

ejemplo, entre Emilio Romero y Fernández Cuesta— las votaciones se produjeron sin apenas oposición.

En la discusión de la tercera Base, que fue la que con más oposición contó, hubo siete votos en contra.

Las restantes se produjeron en una atmósfera unánime o casi unánime. A las dos de la madrugada se

hablan aprobado ya 25 Bases.

El día siguiente constituyó un auténtico paseo triunfal para el anteproyecto. Se aprobaron desde el artículo

26 hasta el 105, ambos inclusive.

Los resultados de aquellos debates pusieron de manifiesto, una vez más, las dificultades que entraña la

evolución de las instituciones cuando los resortes de su funcionamiento continúan en las mismas personas

que ya los tenían en situaciones que se intentan superar. Solamente así se explica que un texto legal que

tenía por misión esencial, según declara el artículo tercero, «fomentar el ejercicio del derecho a la libertad

de asociación que prevén las Leyes Fundamentales», haya cargado el acento sobre el control real en

detrimento del primario y elemental derecho de los hombres a crear asociaciones y a darles la forma que

estimen más conveniente para el cumplimiento de los fines por ellos libremente aceptados.

El Consejo Nocional apruebo por unanimidad

Tras estos tres días de discusiones contrareloj en el seno de la Sección del Consejo Nacional quedaba un

nuevo trámite a cumplir: la aprobación por el Pleno. El 3 de julio de 1969 se celebró un Pleno del Consejo

Nacional presidido por el entonces ministro secretario general del Movimiento, señor Solís Ruiz. De los

cinco temas sometidos a la consideración de la Cámara el que mayor temperatura política ofrecía era el

del asociacionismo. En el estrado destinado al Gobierno, junto con el vicepresidente, almirante Carrero

Blanco, se encontraban los ministros de Justicia. Marina, Gobernación, Educación y Ciencia, Industria,

Agricultura, Información y Turismo, Aire, Hacienda, Ejército, Obras Públicas y Plan de Desarrollo.

Presentó el proyecto el señor Fernández Sordo quien insistió en que a la ponencia jamás la movió el

temor, ya que estaba convencida de que las asociaciones no tienen virtualidad para obtener el poder

político. El proyecto se presentó como una solución intermedia entre el partido único y la partitocracia.

La votación afirmativa fue unánime. Un nuevo paso acababa de darse en pro del asociacionismo político.

La opinión pública, recogida en la prensa, se hizo eco de la desilusión que el proyecto aprobado le había

producido. «Tal como han quedado las cosas —escribió Gabriel Cisneros en "Pueblo"— fundar una

asociación política en España, no catapultada desde el sistema, puede pasar a convertirse en una locución

proverbial, de análogo alcance a la de los trabajos de Hércules o cualquier otra superlativa dificultad.» En

opinión de «La Vanguardia» «los partidarios de la apertura abundaron en razones, pero escasearon en

votos».

Otros diarios se expresaron en parecidos tonos. «Nuevo Diario» sostuvo que «devaluar a las medidas

concretas la posibilidad de acción crítica equivale a erradicar todo un haz de soluciones doctrinales que

afluyen de manera espontánea en el ser actual de la sociedad española».

La prensa del Movimiento, sin embargo, acogió favorablemente el proyecto.

 

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