Autor: Álvarez Puga, Eduardo. 
 Punto muerto:. 
 Cambio de rumbo en el asociacionismo     
 
 Dossier Mundo.     Página: 20-25. Páginas: 4. Párrafos: 40. 

Punto muerto:

Cambio de rumbo en el asociacionismo

El proyecto del Estatuto de Asociaciones había cumplido la mayoría de los requisitos para cobrar

existencia legal. Solamente faltaba la sanción del Jefe del Estado. El Consejo Nacional del Movimiento lo

había aprobado por unanimidad. Todo parecía claro. El 15 de diciembre de 1969, sin embargo, se produjo

la sorpresa. El nuevo ministro secretario general del Movimiento, señor Fernández-Miranda, llegado al

cargo tras la renovación del equipo gubernamental del 29 de octubre anterior, presentó al Consejo

Nacional el proyecto de Estructuración de la Secretaría General del Movimiento que, tras el informe

favorable de la Comisión Permanente, sometía a la consideración de la cámara. En el proyecto de reforma

desaparecía la primitiva Delegación de Asociaciones para transformarse en dos nuevas: «Familia» y

«Acción Política y Participación».

¿Qué pasaba con el asociacionismo? ¿Qué significado cabía atribuir a la desaparición de la Delegación

Nacional de Asociaciones? En su intervención, el señor Fernández-Miranda se apresuró a afirmar que con

la demora que sufriría el proyecto de Estatuto no se trataba de eludir el asociacionismo, sino de subrayar

el asociacionismo político. Pidió unos meses de plazo para ponerlo a punto y añadió: «Intentaremos el

progreso desde nuestra propia manera de ser, desde nuestros principios, desde nuestras Leyes

Fundamentales, pero quede claro que si planteamos de un modo rotundo el problema del asociacionismo

político y afirmamos que seremos audaces en su formulación, es porque será cimentado sobre la base de

una total, absoluta, rigurosa lealtad a nuestros principios y a nuestras Leyes Fundamentales».

Las disconformidades

La oposición a las pretensiones del señor Fernández-Miranda se manifestó ya en la primera intervención

de un consejero nacional. El señor Labadíe Otermin no se anduvo por las ramas y declaró que no daba su

aprobación al informe del ministro secretario general en lo relativo al asociacionismo. «Me refiero de un

modo concreto, ya que en todo lo demás coincidimos, al asociacionismo y, singularmente al

asociacionismo político. Porque de sus palabras saco la conclusión de que no hay intención de aplicar de

modo inmediato el Estatuto de Régimen Jurídico Asociativo del Movimiento aprobado por la Cámara el 3

de julio último, pretendiendo reconsiderar la cuestión partiendo de supuestos distintos a los que sirvieron

de base a la interpretación de nuestras Leyes Fundamentales.»

El señor Labadíe Otermin finalizó su intervención argumentando que la retención del proyecto de

asociaciones causaba un grave daño al futuro del Movimiento. En su opinión ya se había conseguido

encontrar una tercera vía equidistante de la dictadura y de los partidos políticos.

«Tragarse su propio acuerdo»

La atmósfera en el antiguo palacio del Senado, lugar donde se celebraban los debates, se cargó de

electricidad política cuando el señor Fraga Iribarne se puso en pie para iniciar su intervención. Desde su

cese como ministro de Información y Turismo, en los círculos políticos de la capital de España y

provincias se había especulado con la posibilidad de que el señor Fraga Iribarne se alineara con un sector

más o menos oposicionistas, si no al Régimen sí, por lo menos, al Gobierno. Nada de extraño tuvo, pues,

que se excusase en primer lugar por intervenir en un debate público a tan pocas fechas de su etapa

ministerial.

Justificada su intervención, su voz y su gesto adquirieron un tono grave, solemne. Atacó en primer lugar

la supresión de la Delegación Nacional de Asociaciones cuando, a su juicio, más trabajo iba a tener. «El

Jefe del Estado —añadió— al presentar la Ley Orgánica a las Cortes había dicho: la exclusión de los

partidos políticos, en manera alguna implica la exclusión del legítimo contraste de pareceres, del análisis

crítico de las soluciones de Gobierno, de la formulación pública de programas y medidas que contribuyan

a perfeccionar la marcha de las comunidades.»

La expectación en la Cámara era evidente. La voz de Fraga acusaba. «Nadie piense que esta Cámara será

la misma si se inhibe ante un problema fundamental y se traga su propio acuerdo unánime del mes de

julio. Ni nosotros mismos, ni mucho menos el país, la vamos a considerar y respetar igual.»

Propugnación de una política de «centro»

A continuación el señor Fraga Iribarne propugnó claramente una política de «centro». «Hoy es posible en

España una política de «centro», abierta y decidida, que nos saque de la vieja dialéctica de los bandazos

tradicionales de la derecha a la extrema izquierda y del orden a la anarquía. Esto es lo que el país quiere y

lo que el país espera; lo que estábamos dándole ya, y que ahora no admite frenazos. Pero, ¿cómo sin

asociaciones vamos a lograr la integración de las nuevas generaciones y de las nuevas clases, estas

juventudes de la edad y del desarrollo que hoy están extramuros del sistema? ¿Cómo vamos a

enfrentarnos con los nuevos problemas y las nuevas soluciones? ¿Cómo podrá hacerlo sola la

Administración, privándose de la iniciativa permanente, manteniendo pasiva a la ciudadanía? ¿Cómo

vamos a lograr la formación del espíritu público y mantener alerta y cooperadora a la sociedad, cuando

hagan falta su energía o sacrificio? ¿Cómo encontraremos a los hombres nuevos, a los programas

creadores, a las ideas cítales?» Tales son los problemas —prosiguió el señor Fraga Iribarne— que afluyen

a mi mente en este instante. No necesito añadir que digo aquí lo mismo que dije antes, donde entonces me

cumplía decirlo. Cada uno de estos temas necesitaría, bien lo sé, un más amplio desarrollo. Pero he

abusado ya demasiado del tiempo y de la atención de la Cámara. Y quiero concretar, en unas pocas

preguntas, mis inquietudes y mis propuestas. Son las siguientes:

1.a — ¿Está el ministro secretario general en situación de informar a este Consejo Nacional sobre la

próxima publicación del texto aprobado unánimemente por esta Cámara el pasado 3 de julio?

2.ª — En el supuesto de una respuesta afirmativa (de la que no quiero dudar), es decir, de que se proceda

a la inmediata publicación «ne varietur» de las bases del régimen jurídico de las asociaciones del

Movimiento, ¿está el ministro secretario general dispuesto a aceptar una enmienda, conservando la

Delegación Nacional de Asociaciones, o bien atribuyendo a las nuevamente creadas o a una de ellas, la

plenitud de las funciones que el Estatuto reconocía a dicha Delegación Nacional de Asociaciones?

3.ª — En el supuesto de que, desgraciadamente, las respuestas fuesen negativas, ¿está en Consejo

desautorizado en situación de debatir sobre el texto propuesto o sobre cualquier otro? Mi moción concreta

sería dejarlo sobre la mesa y la petición de una convocatoria urgente del Pleno para estudiar la situación

del Estatuto asociativo del Movimiento y del propio Consejo Nacional como cuerpo constitucional del

Estado.

Las consecuencias de un cambio de Gobierno

El señor Ballarín Marcial, uno de los paladines de la «apertura dentro del sistema», puso de relieve lo que

consideró como un defecto de procedimiento: plantear en un pleno del Consejo Nacional un proyecto que

no había sido discutido en las sesiones de la Cámara. Se estaba refiriendo a la reforma de la Secretaría

General. Tras mostrar su extrañeza por la supresión de la palabra asociación, preguntó; ¿Puede un cambio

de Gobierno determinar que esta Cámara haya de prescindir de su voto anterior y replantearse lo que ya

fue aprobado el pasado 3 de julio?

Nuevamente el miedo a los partidos políticos fue denunciado por el señor Ballarín. «Pero yo os pido —

afirmó— que no utilicemos este fantasma como una excusa para nuestra comodidad, o, lo que sería

peor, para nuestro egoísmo.»

Tras la intervención del señor Hertogs, el vicepresidente del Consejo Nacional volvió a insistir que no se

trataba de eludir el problema del asociacionismo sino el de subrayarlo. La votación arrojó los resultados

ampliamente mayoritarios que constituyen una constante en los últimos años. Doce consejeros votaron en

contra y cuatro se abstuvieron. Votaron en contra del proyecto los señores Labadíe, Fraga, Nieto Antúnez,

Hertogs, Echemendía, Pedrosa Latas, Mateu de Ros, Soler Llorca, Ballarín Marcial, Salgado Torres,

Fernández Gil, Rodríguez de Miguel y Rodríguez Acosta. Se abstuvieron de emitir el voto los señores

Fueyo, Robina, Palomares y Martínez Esteruelas.

El proyecto asociativo de Fernández Miranda

El 21 de mayo de 1970 el ministro secretario general del Movimiento, señor Fernández-Miranda, presentó

a la Comisión Permanente del Consejo Nacional el nuevo anteproyecto de asociaciones de acción política.

Había cumplido la palabra dada en el último pleno del Consejo Nacional celebrado a finales de 1969.

Acto seguido el propio ministro secretarlo designó una ponencia de cinco miembros —los consejeros

señores García Hernández, Pardo Canalís, Pinilla Turiño, Romero Gómez y Valero Bermejo— para

informar, a la vista de las sugerencias presentadas por sus compañeros de Cámara, sobre el texto del

anteproyecto.

El profesor Juan Ferrando resume en los siguientes puntos las principales características del anteproyecto:

1) Las asociaciones de acción política se inscriben en el ámbito institucional del Movimiento y, por

tanto, no forman un ideario al margen o en contra de sus principios.

2) El número de asociados en cada una no podrá ser inferior a 10.000, según el anteproyecto.

3) Este texto seguirá en el Consejo Nacional los mismos trámites que siguen en las Cortes los proyectos

de Ley.

4) Después, si se decidiera que debía ser promulgado como ley, sería sometido a la deliberación de las

Cortes.

5) Las asociaciones son los medios de participación de los españoles en la política.

6) Las asociaciones se ajustarán a los Principios del Movimiento, Leyes Fundamentales y ordenación

jurídica general.

7) Los fines electorales no son propios de este anteproyecto, porque eso correspondería a una Ley

electoral.

8) Se creará una comisión organizadora para constituir asociaciones políticas.

9) Todo español tiene derecho a ingresar en cualquier asociación política constituida una vez

cumplidos los requisitos fijados; los estatutos de éstas no impedirán este derecho.

10) Contra la no admisión en las asociaciones cabe el recurso ante la Permanente del Consejo Nacional.

11) Se podrá pertenecer a cualquier otra asociación de acción política.

12) Sólo podrá existir una clase de asociado, con Identidad de derechos y obligaciones. No podrán

establecerse cuotas de entrada.

13) Trámites de constitución: Comisión organizadora, delegado nacional de Acción Política, ministro

secretario y Pleno del Consejo Nacional.

14) Las asociaciones, entre sus actividades, podrán dirigirse al Consejo Nacional del Movimiento sobre

materias relacionadas con sus fines.

Con respecto a los cambios a seguir para fundar una asociación, me parece conveniente, por su

actualidad, ampliar un poco los trámites. Quienes pretendan formar una asociación política, lo primero

que tienen que hacer es constituir una llamada Comisión organizadora, integrada por un mínimo de diez

personas y por un máximo de veinticinco. No se exige ningún requisito especial para pertenecer a la

Comisión, aunque no puede pertenecerás a más de una. Cualquier cambio en sus miembros origina la

disolución automática.

Dicha Comisión es competente para tramitar la solicitud de constitución, determinar los órganos de

Gobierno, designar a sus titulares e interponer los recursos a que legalmente hubiera lugar.

Una vez que los miembros de la Comisión organizadora hayan dado fin a la redacción de los Estatutos,

deberán presentarlos ante el delegado nacional de Acción Política y Participación. Además de todos estos

trámites, tres consejeros nacionales deberán firmar un documento en virtud del cual éstos se comprometen

a supervisar y garantizar la adecuación de la actividad de la comisión organizadora a las normas por las

que se regulan y a dar cuenta al delegado nacional de Acción Política y Participación de cualquier

desviación que se produjera.

Al anteproyecto, en general, ha sido acogido con cierta cordialidad. «Sería negar la evidencia —escribió

en «Ya» Villar Arreguí, hombre que se alinea Ideológicamente con Ruiz Giménez— no reconocer que el

texto del anteproyecto de asociaciones de Acción Política es más perfecto que el acuerdo adoptado por el

Consejo Nacional en su reunión celebrada en julio de 1969. Se trata, en efecto, de una regulación clara y

precisa del derecho de asociación con fines políticos. No es arriesgado suponer que el texto que acaba de

darse al conocimiento público colme las esperanzas que ciertos grupos habían capitalizado en las

asociaciones y que les habían inducido, durante el pasado otoño, a anunciar su propósito de constituirlas.

Entre los aciertos del texto, tal vez sean el mayor el de concebir las futuras asociaciones como cauces de

encuadramiento en los que no quepa la fácil tendencia a la disgregación, al grupo minoritario y a la

consiguiente proliferación de instituciones de signo excesivamente personalista. Al exigirse la cifra de

diez mil asociados como cifra mínima para la viabilidad y para el reconocimiento de la asociación, se

aleja el riesgo de los reinos de taifas, riesgo típico de tantas empresas españolas.» Los titulares de la

prensa fueron expresivos al respecto: «Paso libre», «Aplauso a Fernández Miranda», «No a los partidos

políticos», «Un texto de trabajo», «Una promesa cumplida»... El proyecto, sin embargo, aún

reconociendo que presenta un paso hacia delante con relación al sustituido, encierra un defecto

fundamental: no regula la libertad de asociación reconocida por el Fuero de los Españoles, sino el

asociacionismo dentro del Movimiento, cosa muy distinta.

Lo hora del asociacionismo

En el horizonte político español de 1971 parece haber sonado la hora del asociacionismo. Las voces

discrepantes, las que no desean un asociacionismo político, por temor a los partidos o por cualquier otra

razón, se pueden contar con los dedos de la mano. Al menos, las voces que se han exteriorizado en los

órganos de la opinión pública.

Un diario de la capital de España ha llegado incluso a convocar un concurso entre quienes aciertan a

señalar con mayor precisión las diferencias entre el proyectado asociacionismo español y los partidos

políticos. Casi todos los periódicos y revistas han dedicado alguno de sus editoriales al asociacionismo

político. También se han publicado encuestas. La postura de la opinión pública respecto al

asociacionismo no admite ninguna duda.

A principios de marzo, en Valladolid, en el acto conmemorativo de la fusión de Falange Española y las

Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, el señor Fernández Miranda, ministro secretario general del

Movimiento, anunció que el asociacionismo político, como «cauce de abierta participación de los

españoles en el Movimiento», cubriría todas las etapas hasta alcanzar existencia real. Claramente afirmó

que las asociaciones no podrán ser «túnicas blancas para disfrazar partidos políticos» y —dijo— que los

que acariciaban esta ilusión «pueden empezar a gritar su decepción».

«¿A qué vienen estas advertencias cuando los que hasta el momento presente han manifestado lealmente

su propósito de constituir asociaciones políticas no pueden ser más de fiar, políticamente hablando, y no

es probable, como decíamos recientemente, que los sospechosos vayan a entrar en juego?», se preguntaba

el diario madrileño «Ya». ¿Tiene algún sentido tanta insistencia en condenar los posibles abusos de algo

que ni siquiera se ha empezado a usar?

La verdad, que la gestación del asociacionismo español ha estado rodeado de excesivas cautelas, temores

y prevenciones. La sombra de los partidos políticos oscurece aún mucho un panorama. Y el

asociacionismo político solamente puede dar juego si brota de una manera natural y espontánea. Si agrupa

a aquellas personas que, por perseguir metas comunes, se asocian de la manera que ellas consideran más

conveniente para alcanzar los fines, sin controles abusivos ni ajenas interferencias.

E. A. P

 

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