El sereno ejercicio de la justicia     
 
 ABC.    25/09/1975.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

EL SERENO EJERCICIO DE LA JUSTICIA

La grave escalada de terrorismo a que se vio sujeto nuestro país, puesta de manifiesto por los asesinatos

de once miembros de la Policía Gubernativa, Policía Armada y Guardia Civil, perpetrados durante el

corriente año de 1975, obligó al Gobierna a adoptar una serie de medidas extraordinarias, que culminaron

con la promulgación del decreto-ley de Prevención del Terrorismo y una intensificación de la labor

policial de investigación.

Ninguna de estas medidas fue adoptada sin que mediara ponderación entre la obligación de proteger la

paz ciudadana contra los excesos del terrorismo organizado y la necesidad de garantizar el normal disfrute

de las libertades a que todos los ciudadanos tienen derecho. Medidas excepcionales, dolorosos por ello,

pero necesarias y reclamadas por la más seria opinión pública nacional.

Sí puede asegurarse que estas medidas fueron bien acogidas por la mayoría de nuestros compatriotas,

violentamente sacudidos por los alevosos hechos, no es menos cierto que, en el exterior, e incluso en

nuestro propio país, se han atoado, junto con algunas voces discrepantes, dignas y serias, otras insidiosas

que tratan de hacer más difícil el sereno ejercicio de la justicia.

Destacan aquellas voces que, sin haber condenado los asesinatos, olvidan que fueron estos hechos los que

motivaron las presentas condenas. Demasiada sangre inocente derramada, demasiadas viudas y huérfanos

fueron antes y son hoy silenciados. Quienes ahora alzan su voz, pretendidamente humanitaria, callaron

ante el policía o el taxista asesinados.

Cuando se levanta la protesta desde el extranjero asistimos a un nuevo y trágico contrasentido. Los

Gobiernos que conscientemente protegen en su territorio a los asesinos huidos del nuestro y los países que

se ofrecen como santuario son en gran, medida responsables de la escalada de ese terrorismo del que,

paradójicamente, no se ven libres. Tampoco alearon su voz de repulsa ante los crímenes, ni ofrecieron, ni

ofrecen, su probada influencia sobre esos mismos grupos para inducirles al abandono de !a línea elegida.

Ni la Inglaterra del Ulster, ni la Francia de Córcega, ni la Alemania de la Raader-Meinhoff, ni la Italia de

las Brigadas Rojas, desconocen el problema del terrorismo. Bien podrían sus gobernantes decir

claramente hasta cuándo vamos a asistir impasibles a los ataques que nuestras representaciones y centros

comerciales sufren allí, y si su civilización consiente la perpetración de tales hechos. ¿Aceptarían, para

sus países, los programas políticos de una E. T. A. o un F. R, A. P, y menos aún las acciones terroristas?

¿Puede pensarse seriamente en el terrorismo como un camino de libertad, o que quien no duda en cometer

un asesinato por la espalda va a ser un defensor de los derechos humanos? ¿Por qué lo que repudiarían

enérgicamente para sus propios países, encuentra tanta complicidad y complacencia cuando se trata del

nuestro? ¿Tan poco vale para ellos la sangre de sus policías?

Por otra parte, tan ordenamiento jurídico es la ejecución de las sentencias pendientes como la concesión

de gracia, que voces dignísimas han pedido. Son decisiones graves, forzosamente serenas, en las que cabe

una legítima división de opiniones. Frente a este problema, ni las actitudes destempladas, ni las protestas

ruidosas, contribuyen a proporcionar el clima de serenidad imprescindible. Puede ser legítimo optar por

una u otra decisión, pero una cosa es tratar de salvar la vida de unos asesinos, conscientes de que de tales

se trata, y otra pretender su inocencia. Lo primero es humanitario, lo segundo constituye tan sólo una

maniobra intolerable.

Ante las más altas magistraturas del Estado se presenta una decisión difícil, grave y trascendente para el

futuro. Los españoles esperan que se adoptará la solución que se estime más adecuada, sin menoscabo de

la justicia necesaria, de la clemencia posible, ni del debido apoyo a las abnegadas Fuerzas de Orden

Público, y, dentro de ello, con la suprema razón de la serenidad de los fuertes.

 

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