Importantes acuerdos del Consejo de Ministros. 
 El gobierno carga con la responsabilidad de la amnistia  :   
 Una interpretacion generosa de los reales decretos aprobados ayer permite pensar en la libertad de todos los presos políticos. 
 Informaciones.    12/03/1977.  Página: 1,?. Páginas: 2. Párrafos: 12. 

IMPORTANTES ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS

EL GOBIERNO CARGA CON LA RESPONSABILIDAD DE LA AMNISTÍA

UNA INTERPRETACIÓN GENEROSA DE LOS REALES DECRETOS APROBADOS AYER

PERMITE PENSAR EN LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

LA conveniencia pública de ia gracia, por encima de cualquier otra consideración legal, es el mejor de los

argumentos que se pueden extraer de las disposiciones aprobadas ayer en Consejo de ministros, por las

que se amplían las medidas de amnistía, hasta, prácticamente, la puesta en libertad de todos los presos

políticos. Ahora todo depende de la discrecionalidad del Gobierno en la aplicación de las facultades que

le confiere el decreto-ley y el decreta por los que se establecen las normas para la aplicación de las

medidas de gracia, Este beneficio no sólo afecta a los presos por delitos políticos, sino también se

favorece con él a los comunes, con la reducción de penas en una cuarta parte de la duración de las

mismas. Los obstáculos legales que podrían retrasar la dinámica en la aplicación de los decretos

considerados por el Gobierno han sido obviados, al facultarse al propio Gobierno el derecho a prescindir

de los artículos 3 y 29 de la ley de Indulto de 1870, por lo que permitirá proceder a la aplicación de

medidas especiales por «valoración de la justicia, equidad o conveniencia pública de la gracia».

Según esto, el Gobierno puede proceder a la aplicación de indulto particular, sin tener que cumplir el

trámite de oír al Tribunal sentenciador. Asimismo, el Gobierno podrá adoptar las medidas que estime

oportunas en beneficio de aquellos detenidos que no hubiesen sido aún condenados por sentencia firme.

En opinión de algunos abogados consultados por Cifra, podrían verse afectados por las medidas de gracia

los presos a los que se les conmutó la pena de muerte, y que no tenían derecho a redimir penas ni a ser

beneficiados por los indultos. En ocasiones anteriores, el Gobierno dejaba bien claro que la amnistía no

podía ser aplicada en estos casos.

Una interpretación generosa de los importantes acuerdos del Consejo de ministros en esta materia hace

suponer que es propósito del Gobierno acceder a la libertad de todos los presos políticos y aminorar las

penas de la población reclusa en general, buscando con ello un clima de concordia en vísperas del proceso

electoral.

Lo que es importante destacar hoy es que el Gobierno asume la responsabilidad de la amnistía y que la

discrecionalidad de las medidas que adopte, sobre todo en los casos particulares, medirán la importancia

real de los propósitos conciliadores del Gobierno.

Naturalmente, los expertos consultados se reservan una interpretación más solvente a la publicación de

los decretos en el «Boletín Oficial del Estado». Es evidente afirman, que existen matices de técnica

jurídica que es preciso considerar en todo su alcance, antes de establecer un principio sobre la aplicación

de las medidas de gracia que se atribuye al Gobierno.

Los dos reales decretos referidos a la amnistía aprobados en el Consejo de ministros do ayer contemplan

dos supuestos: en primer lugar, una aplicación directa de medidas de gracia por la que se ampliaría el

campo de acción del decreto de 30 de julio de 1976 a delitos y faltas que no fueron amnistiados. En el

segundo supuesto, el Gobierno queda facultado para revisar, intencionalidad política que no

individualizados, los expedientes de aquellos reclusos de in-se hubieran beneficiado con la aplicación de

las medidas anteriores, por estar procesados o pendientes de procesamiento por presunta ejecución o

complicidad en delitos que hubieran atentado contra la vida de las personas.

CONSEJO DE MINISTROS

Ahora bien, dado que no existieron unos criterios rígidos en cuanto a la aplicación del pasado decreto de

julio de 1976 sobre amnistía, y los Tribunales gozaron de un amplio margen para decidir sobre los casos

que deberían ser amnistiados, no puede predecirse qué delitos ni cuántos presos pueden verse

beneficiados por el decreto actual.

Con una interpretación amplia del apartado primero de la referencia del decreto, que hace mención a los

supuestos excluidos en la aplicación de la amnistía de julio pasado, habría que citar todos aquellos delitos

de intencionalidad política o común cuan causado lesiones o puesto en peligro la vida de las personas.

Habría que excluir los citados expresamente en el artículo primero del decreto de 31 de julio referidos a

los delitos contra el patrimonio económico de la nación a través del contrabando monetario.

Tal como está redactado el apartado segundo, contemplaría el indulta de la pena pendiente por

intencionalidad política o común, cuando la participación en e! delito no fuera directa ni necesaria.

Mediante la aplicación de lo explicitado en el apartado tercero, se indultarían hasta doce años de pena a

los condenados por delitos que no estuvieran comprendidos en el ámbito de aplicación de la amnistía.

Por el apartado cuarto, el Gobierno queda facultado para aplicar medidas de gracia individual izadas por

aplicación de los artículos 3 y 29 de la ley de Indulto de 1870. El artículo 3 de esta ley dice textualmente:

"Pueden ser indultados los procesados criminalmente que no hubiesen sido aún condenados por sentencia

firme, los que no estuviesen a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena,

así como los reincidentes." Por su parte, el artículo 29 excluye el trámite de oír al Tribunal sentenciador

previamente a la concesión de un indulto particular.

Estas medidas de gracia, que si son aplicadas generosamente como parece traslucirse del texto del

decreto, pueden excarcelar a todos los presos condenados por delitos políticos, dejan, no obstante,

grandes lagunas de las que adolecía el decreto de 30 de julio pasado. Estas se refieren especialmente a los

militares, bien los procesados como pertenecientes a la Unión Democrática Militar, como aquellos que

aún continúan separados del servicio y sin reconocerles sus categorías como miembros del Ejército de la

República. A este respecto, el decreto de julio pasado especificaba en su artículo octavo que a aquellos

militares a los que se les aplicase la amnistía no serian por ello reintegrados en sus empleos y carreras, de

las que seguirían definitivamente separados cuando hubieran sido condenados a penas que produzcan la

pérdida de empleo, separación del servicio o pérdida de plaza o clase.

Por último, habría que hacer mención de los apartados quinto y sexto del decreto de amnistía, referido

especialmente a los procesados por delitos comunes. Estos se verían beneficiados en la cuarta parte de su

condena, así como que se levantarían las sanciones penitenciarias. Este punto no deja de tener su

trascendencia dada la actual situación conflictiva en las cárceles españolas ante las reivindicaciones de los

presos comunes.

 

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