Autor: Garrigues, Antonio. 
   La unidad moral de España     
 
 ABC.    08/09/1976.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

LA UNIDAD MORAL DE ESPAÑA

ESA unidad no es una quimera. La ha tenido España durante siglos. La tienen ahora otros

países. La desean profundamente la gran mayoría de los españoles. La unidad moral no ex-

cluye los conflictos, las tensiones, los enfrentamlentos, como la fe no excluye el pecado. Esa

unidad subsiste a pesar de todas esas contradicciones mientras no se destruyen las bases

últimas, los fundamentos radicales de la convivencia, es decir, mientras se quiera convivir por

encima de todo, a pesar de todo.

La imagen de las dos Españas no es imaginaria; es una realidad y ahora resurge después de

cuarenta años que han sido tan fértiles y logrados en muchos aspectos y tan estériles

políticamente. Lo que no se hizo a tiempo para soldar las dos Españas, la vencedora y la

vencida, que en eso consiste la verdadera victoria del vencedor y su verdadera grandeza al

vencerse a sí mismo, ahora se tiene que hacer venciendo las resistencias y el encono de un

espíritu minoritario y anacrónico de victoria y otro espíritu también minoritario y no menos

anacrónico de revancha.

El ambicioso deseo de dejar las cosas atadas y bien atadas, que es un deseo vano porque la

Historia no admite ataduras, hace que el transcurso del tiempo convierta a éstas en nudos que

sólo se pueden cortar, no desatar. Era además un deseo contradictorio con la certera intuición

de una Constitución que se quería abierta y flexible.

La guerra española, como todas las guerras, es un hecho histórico, inconmovible e irreversible.

No se puede cambiar, hay que superarlo; hay que asumir lo que hay en él de positivo, como en

toda tragedia humana, y crear las bases no para volver al punto de partida, sino para una

nueva convivencia. Esto es lo que quiere la gente española; no la fanatizada, sino la gente. Es

una gran obra que no puede ser sólo obra de Gobierno, el que sea, sino de los españoles en su

conjunto.

Muchas cosas tienen que ser cambiadas de la herencia recibida, pero otras deben ser

salvaguardadas; sobre todo la Monarquía y el dinámico nivel de vida alcanzado. La Monarquía

tiene que ser preservada; es un don inapreciable en momentos como los que tiene que vivir

España. Una Monarquía plebiscitaria nace herida en su esencia. Se puede elegir por votación

una magistratura temporal, pero no una magistratura que, como la Monarquía, tiene como

privilegio una continuidad y estabilidad indefinidas, es decir, la intemporalidad. Mejor que una

Monarquía plebiscitaria, que sería la antimonarquía, una tercera República pre-sidencialista. En

las monarquías modernas occidentales, que son todas monarquías constitucionales, la figura

del rey está salvaguardada de los riesgos y aventuras de la política con letra pequeña. Son

monarquías metapolíticas que representan sobre todo valores morales; y no por ello las figuras

reales y la institución que encarnan desmerecen y se empobrecen políticamente a los ojos del

pueblo, sino, antes al contrario, en tanto estén por encima de los partidos, el dinero, los grupos

de presión, las camarillas...

El desprestigio moral, malo para cualquier institución política, a la Monarquía la hiere de

muerte. Por ello en España una solución política que ponga en riesgo cualquier forma de

ruptura total con la Constitución vigente, de donde esa Monarquía —aunque tenga su propia

sustantividad— trae su origen, tiene que ser descartada; y si la ruptura se hiciera ab-

solutamente necesaria por la intransigencia y la ceguera política de los españoles, habría de

quedar bien patente que el Rey había sido forzado a dar ese paso por circunstancias tan

imperiosas que ponían en riesgo la salvación del país. La salud de la cosa pública es la

suprema ley; porque no están hechos los hombres para las leyes, por fundamentales que se

digan, sino las leyes para los hombres. La institución tendría entonces que afrontar, con todos

sus riesgos, el problema de una nueva legitimidad.

El factor económico es también decisivo. Si los gobiernos de la Monarquía dejan que la

prosperidad económica que ha transformado el rostro del país, bajo el Régimen de Franco, se

hunda o se deteriore gravemente, habrán fracasado y la institución monárquica quedará

afectada. Cierto que ni España ni ningún país está ni puede estar al margen de las crisis

económicas, pero es más cierto que sin un orden económico, sea de iniciativa privada, sea

colectivista, no hay economía posible.

Es también verdad que el capitalismo español está viciado por un régimen de privilegios que ha

engendrado abusos y corrupciones, y que todo eso hay que cortarlo radicalmente; pero no es

toda la verdad. La verdad verdadera es que el esfuerzo empresarial y laboral de las clases

productoras españolas durante el Régimen ha sido ingente y admirable en su conjunto. Había

un horizonte, aunque a corto plazo —dependía de la vida de un hombre—, políticamente

despejado y eso es lo que necesita cualquier economía. Toda empresa es una especulación

sobre el futuro.

En la nueva etapa los obreros tienen que estar representados por Sindicatos propios. La

Organización Sindical del Régimen no ha sido puramente negativa, como se pretende; pero,

como ha sucedido también con las instituciones políticas, esa Organización no ha sabido dar

entrada a su tiempo a las fuerzas e intereses reales que decía representar. Por eso unas y

otras están desfasadas.

Lo más urgente en el orden económico es que se organicen unos Sindicatos que representen

realmente los intereses de la clase obrera, es decir, unos Sindicatos no politizados —la política

hay que dejarla a los partidos— con los que la clase patronal pueda dialogar en un plano de

igualdad sobre los problemas comunes, para llegar a soluciones positivas y constructivas. Pero

si lo que se quiere por los grupos radicalizados es instrumentalizar los nuevos Sindicatos

verdaderamente representativos para minar la economía libre, no se hará más que ciega,

estúpidamente crear el nuevo clima para una dictadura. Lo que el pueblo español ya no tolera

es el desorden por el desorden, la demagogia blanca o negra, la irresponsabilidad y los prota-

gonistas del vacío.

El presente Gobierno tiene la gran responsabilidad de llevar a término el proceso democrático.

Hay que prestarle, a él como a todo Gobierno de la Monarquía, con el mayor desinterés y

lealtad, toda la asistencia que requiera. El primer Gobierno de la Monarquía ha sido el que ha

abierto, rompiendo las mayores resistencias y dificultades, el proceso de democratización; la

política de reconciliación, con los proyectos de modificación del Código Penal y de Amnistía; el

acceso a Europa y el entendimiento con la Santa Sede y con Norteamérica y el que, en siete

meses de actuación, ha llevado todo ello a un punto del que ya no se puede retornar.

Lo más difícil y lo más largo cuando la democracia llegue a institucionalizarse será darle

viabilidad, hacer que los españoles la sientan y la vivan; y eso sólo se conseguirá cuando se

alcance un alto grado de unidad moral entre ellos. Para hacer posible la democracia en España

lo que hace falta es una gran autoridad. El General Franco pudo haberlo hecho, como lo hizo el

general De Gaulle en Francia, pero no quiso hacerlo. Ahora tenemos la Monarquía, pero la

Monarquía tiene que ser sobre todo, como se ha dicho, una fuerza moral metapolítica. Tiene

que haber hombres que, bajo la sombra de la Monarquía, pero sin comprometerla, consigan el

asentimiento de la gran mayoría de los españoles y estén dispuestos a sacrificarse en esa

aventura. Pero vale la pena quemarse por la convivencia entre los españoles.

Antonio GARRIGUES

 

< Volver