Autor: Garrigues, Antonio. 
   Una sugerencia al proyecto de reforma     
 
 ABC.    30/09/1976.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

EDITADO POR PRENSA ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

MADRID

ABC

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SERRANO, 61-MADRID

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EL discurso del presidente Suárez y el proyecto de ley de Reforma Política llevan al limite el

proceso de la reforma. Respetan la constitucionalidad vigente en cuanto que someten al Consejo Nacional

y a las Cortes, como trámite previo al referéndum, la ley de bicameralidad. Pero se renueva y se refuerza

la legitimidad del proceso reformador, invocando como fuente y fundamento del mismo la voluntad

popular. Como el presidente ha dicho «se da la palabra al pueblo español».

Esta palabra la va a tener el pueblo en el referéndum y en unas Cortes, Congreso y Senado, elegidas por

sufragio universal y en las que, bajo determinados quorum, el poder constituyente va a permanecer

siempre.

El presidente Suárez ha cortado así un nudo que evidentemente no se podía desatar. Lo ha cortado si es

que el Consejo Nacional y las Cortes «saludan» antes de morir el proyecto de ley de Reforma. Se trata de

un paso audaz y encomiable.

Las nuevas Cortes legislativas y constituyentes tendrán que abordar todos, absolutamente todos los

problemas constitucionales. Desde los primeros a los últimos, desde los puramente orgánicos a los más

altos, a los más esenciales. Y en unas Cortes constituyentes se remueven, estérilmente, hasta los posos

más profundos de la vida política.

Pero hay otro factor a tener en cuenta; se trata de un factor que, no siendo en si mismo político,

condiciona y determina la política, toda política, más que ningún otro. Es el factor tiempo. Así como se ha

escrito que hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para edificar y tiempo para derribar lo

edificado, y para sembrar y recoger, y en suma para todo; en política, cada situación y cada movimiento

tienen su tiempo inexorable.

Si las elecciones, conforme al proyecto de Reforma, tienen lugar en junio del 77 —antes será difícil—,

quiere decirse que las nuevas Cortes constituyentes no podrán empezar su trabajo hasta el verano o el

otoño de ese mismo año.

El problema es si, no ya este Gobierno pero cualquier Gobierno tiene o puede tener el capital político

necesario para tan larga espera. Nada sería más deseable. Pero los períodos de interinidad, de transición y

de transformación son, en palabras de Toymbee, "tiempos de angustia". El presidente Suárez ha dicho que

no hay que tener miedo sino al miedo mismo. Se podría añadir que no hay que tenerlo ni al tener miedo,

porque si no se tiene miedo, ¿cómo se puede tener valor? El valor no es el «no miedo», sino su

superación.

UNA SUGERENCIA AL PROYECTO DE REFORMA

Si surgieran dificultades con el Consejo Nacional y con las Cortes, y en todo caso para salvar el factor

tiempo, el Gobierno tiene un camino que ya se prefigura en su proyecto de Reforma al proveer el artículo

quinto que el Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional para que

decida mediante referéndum. Pero esa fórmula es practicable aún dentro de la Constitución vigente.

Constitucionalistas de gran entidad han dictaminado lo siguiente:

«En los distintos "referencia" promovidos por el general De Gaulle tenemos un ejemplo de cómo el

espíritu de la Constitución, y, sobre todo, la dinámica real de los poderes por ella instituidos, pueden

reforzar una interpretación muy amplia de la letra de sus preceptos. De esta forma, el general, frente a lo

establecido en el artículo 89 de la Constitución francesa —más explícito incluso que el 10 de nuestra ley

de Sucesión—, prescindía de la Asamblea Nacional y acudía, directamente y en primer término, al

referéndum. Tal medida, que algunos consideraron como una flagrante violación de la Constitución, para

otros no suponía más que el recurso pleno, sin ambages ni intermediarios, a la decisión del pueblo, a

quien, según el artículo tercero de la citada Constitución, pertenece la soberanía y "que la ejerce a través

de sus representantes y por vía de referéndum". Del mismo modo, en el caso español, el Rey tiene la

posibilidad de que en un momento determinado altere el "orden lógico" establecido —Gobierno, Consejo

Nacional, Cortes, referéndum—, evitando así el riesgo señalado por el preámbulo de la ley de

Referéndum Nacional de que "la voluntad de la nación pueda ser suplantada por el juicio subjetivo de sus

mandatarios."

Sin la ruptura de la Constitución vigente el Gobierno podría sugerir al Rey que tomase la iniciativa de la

reforma constitucional y la apertura a un orden democrático. A este efecto nombraría una Comisión de

personalidades representativas y competentes que redactasen una Constitución o unas leyes

constitucionales breves, sencillas y abiertas que armonizasen lo nuevo y lo tradicional. La ruptura no es

tanto el no respetar la letra escrita como el ignorar valores consustanciales a la forma de vida de un país.

Esa Constitución empezaría por asumir el proyecto de bicameralidad de la reforma Suárez y por examinar

las posiciones de las distintas tendencias políticas, sin excepción. Es un trabajo que se podría hacer

rápidamente —porque en política está todo inventado desde hace siglos—, lo que permitirla ir a un

referéndum antes de fin de año e —preparada simultáneamente una ley electoral— ir a unas elecciones

inmediatamente. Daría además la necesaria holgura al Gobierno para que pudiera gobernar.

La Constitución así elaborada llegaría a unas Cortes con capacidad constituyente, con la autoridad de todo

lo que emana del pueblo mismo. El abstencionismo en el referéndum, si la Constitución recoge el sentir

general de la sociedad española, no tendría demasiada importancia si se produjera. La gente, gente, no

está interesada en los bizantinismos de los políticos, sino en que haya pronto un nuevo estatuto legal,

sobre el que pronunciarse libremente. Este es el único pacto verdadero y realista al que se puede llegar.

El tiempo en este caso es más que oro, es salvación. Se ha creado un vacío de legalidad. Las Leyes

Fundamentales están vigentes pero no rigen, y el nuevo orden constitucional se sitúa demasiado lejos. Se

está perdiendo el respeto a la autoridad y el sentido de la disciplina, siendo así que la democracia y la

libertad políticas no pueden sobrevivir más que por la aceptación de esos dos principios.

Cuando haya una Constitución se tendrá que actuar el respeto a esa nueva legalidad de la forma más

imperativa. No hay libertad democrática sin respeto a la Ley y al orden democráticos. Los tiempos son

fuertes, pero abiertos a la esperanza. Lo que está pasando tenía que pasar y no es tan malo ni mucho

menos irremediable. Hay confusión pero un gran deseo de salir de ella ordenadamente. Hay que dar al

pueblo ese nuevo orden con inteligencia, con generosidad, sin violencia, pero con una gran energía y

decisión.

Antonio GARRIGUES

 

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