Autor: Peces-Barba Martínez, Gregorio. 
   El Rey en la democracia española     
 
 ABC.    14/04/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

OPINIÓN

MIÉRCOLES 14-4-82

El Rey en la democracia española

Estos días se está produciendo una saludable reacción del Gobierno, de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de la opinión pública, en general, en respuesta al detestable uso que del nombre del Rey se está haciendo en el proceso por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Este intento de desprestigio de la figura del Rey me parece que tiene un significado más profundo que una simple táctica de la defensa. Desde mi punto de vista, intenta (legar a la raíz del papel del Rey en la construcción de la democracia española para romperlo y socavarlo. No me parece que puedan los que tienen esas pretensiones alcanzar su objetivo. Pero la explicación racional de ese papel fundamental ayudará a entender la maldad del intento.

La Constitución española de 1978, radicalmente moderna en todo, asigna al Rey, como Jefe del Estado, un papel de símbolo de la unidad y permanencia del Estado, de arbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones y de alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, además de las que expresamente le atribuye la Constitución y las leyes (artículo 56). No tiene un poder político directo, no actúa en la política de cada día, función que corresponde a los poderes del Estado y, especialmente, al Gobierno y a las Cortes Generales. Esta caracterización, que es la racionalización de la evolución histórica que ha sufrido la Monarquía británica, y que algunos, creo yo que con poca perspicacia, han criticado como restrictiva para los poderes del Rey, encubre una realidad mucho más profunda, mucho más seria y más radical, que es lo que se llama la Constitución material. Por Constitución material se debe entender el acuerdo básico que hace posible la Constitución formal y el normal funcionamiento de las instituciones.

En esta Constitución material el Rey ha tenido y tiene el papel básico, y frente a eso se dirigen los que quieren desprestigiarlo. Después de la dictadura, y con un escrupuloso respeto a la legalidad, que se entiende como garantía del valor de la palabra del Rey, se ha llegado a una situación democrática, expresada en la Constitución de 1978, que se sostiene en el acuerdo entre el Rey y la inmensa mayoría de la sociedad española, expresada por los cuatro grandes partidos españoles: AP, UCD, PSOE y PCE; también por los nacionalistas vascos y catalanes, y por otras fuerzas sociales, culturales, patronal y sindicatos, UGT y CC OO muy particularmente, respecto al valor de la democracia y respecto al apoyo de las reglas del juego y a los valores establecidos en la Constitución de 1978. Este acuerdo o consenso básico que supone la Constitución material, firme asiento de la Constitución formal, es nuevo en la vida española, y como garantía de estabilidad es el objetivo central de todos los golpistas y compañeros de viaje. La sociedad española, a través de sus representantes, y especialmente de los partidos políticos, se agrupa en torno al Rey y lo acepta como símbolo y como elemento aglutinador, y el Rey acepta sin titubeos esas reglas del juego y el papel que le asigna la Constitución de 1978. Con ese pacto se cierra un clima multisecular en la sociedad española. La prudencia y el sentido de la responsabilidad de todos y, por supuesto, de! Rey, tienen que ser puestos de relieve. La mutua confianza y el mutuo apoyo son columnas de estabilidad de !a democracia española. La ruptura de esas columnas de estabilidad es un objetivo imprescindible para todos los cainitas, fanáticos dogmáticos y defensores de imposible retorno, y en ese ámbito se inserta la campaña de referencia.

Antes se intentó, con cantos de sirena, con insinuaciones sesgadas y con otras técticas «ad hoc», poner de relieve que el Rey tenía pocos poderes, para preparar artilleramente, y arteramente, el terreno y la convicción moral del Rey. Luego vinieron las insidias de los golpes de timón y de las soluciones dudosamente constitucionales, y luego vino el intento de golpe. No son operaciones separables, pero el Rey y la sociedad española mantuvieron su acuerdo y el golpe fracasó.

También se ha intentado, desde el otro «partenaire», la sociedad española y los partidos políticos que la representan, provocan problemas, y ese es el sentido de posiciones maximalistas, de acusaciones de haber abandonado la tradición republicana, que se nos ha hecho, por ejemplo, a los socialistas, y otros muchos ensayos de romper, desde el otro lado, el pacto, la Constitución material que hace posible la democracia española y su consolidación. Me parece que ninguno de esos desestabilizadores va a conseguir sus objetivos. El Rey sabe el papel clave que tiene para la paz y para la convivencia. Su prudencia y su deseo ferviente de que el afecto personal que por él sentimos muchos hombres de la izquierda se traslade a la Corona, institución que representa en este momento histórico, está con esa lealtad consiguiendo sus frutos. En otra ocasión dije que, como socialista, no me costaba ya ningún esfuerzo decir ¡Viva el Rey!, y creo que representaba a la inmensa mayoría de los multantes de mi partido al expresar ese sentimiento. Hoy no me produce tampoco ningún problema decir ¡Viva la Corona! ¡Viva la Monarquía!, seguro de que expreso una opinión mayoritaria entre mis compañeros de partido, que entienden bien el valor profundo de ese acuerdo sustancial que sostiene a la Constitución de 1978, y en el que el Rey y la Monarquía juegan un papel decisivo.

Mientras todos los sectores representativos, más del 99 por 100 de las Cortes Generales, estén en este pacto y el Rey también lo esté, no habrá peligro ninguno para la democracia española, pese al intento desesperado de desprestigiar al Rey, sin eco en la sociedad española, y recibido con el desprecio que merece tal maldad. Toda política, sin perjuicio de otros objetivos, como el de ganar las elecciones e impulsar la paz, la libertad y el progreso en España, debe tener para todos los partidos y grupos sociales, culturales y sindicales, el objetivo prioritario de mantener la Constitución material, el acuerdo básico entre el Rey y la sociedad española, garantía de nuestra paz y de nuestra convivencia.—Gregorio PECES-BARBA MARTÍNEZ.

 

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