Una ley para el Rey     
 
 Diario 16.    24/06/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Una ley para el Rey

El Rey, la Corona, está cumpliendo aquí, mejor que nadie, su papel institucional. Don Juan Carlos, en sus cuatro años y medio de reinado, ha sido el más eficaz timonel de esta transición que no acaba y lleva una ventaja de años-luz sobre los políticos que pueblan la geografía hispana. Hoy, en su día, los españoles debemos rendirle nuestros mejores sentimientos de gratitud.

Por España, por este país nuestro de cada día, Don Juan Carlos soportó las insidias y humillaciones del franquismo, abrió la más grande esperanza a nuestros conciudadanos al llegar al Trono, hizo navegar a este país de la dictadura a la democracia como nadie hubiera imaginado, y su prudencia y señorío le han convertido en el mejor embajador que jamás hubiera soñado España.

Ahí, evidentemente, no queda todo. Estamos aún en los primeros años de la Monarquía constitucional y en los primeros del reinado de Don Juan Carlos. Pero nuestra Carta Magna ha cumplido ya año y medio y las atribuciones y funciones del Rey no han quedado recogidas todavía en la correspondiente normativa legal aprobada por las Cortes.

La Constitución, en su artículo 56, dice del Rey que «ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Ni el Gobierno ha ejercitado la iniciativa legislativa, ni las Cámaras como tales, ni los grupos parlamentarios. Ha tenido que ser el propio Monarca, haciendo camino al andar, quien con toda prudencia ha ejercitado su función moderadora recibiendo a los principales líderes de los más significados partidos políticos.

El Rey, nuestro buen Rey Juan Carlos, merece una mejor atención por parte de los políticos. Es más, es necesario, urgente, que su función de arbitro quede plasmada en la ley para que la Corona pueda ejercerla en toda su amplitud, sin las cortapisas que la prudencia, por la falta de la norma, impone.

Es, cuando menos, anormal que los servicios de La Zarzuela tengan que calificar de «privadas» las audiencias concedidas por el Rey a los dirigentes políticos. Y todo ello por no existir una fundamentación legal. Los parlamentarios le deben -y se deben- esa ley a Don Juan Carlos. No es un regalo por su onomástica. Es una obligación para con el país.

El título tercero de la Constitución, dedicado a la Corona, reclama su desarrollo legislativo. La Monarquía parlamentaria debe ser algo más preciso que un enunciado constitucional. En el corto tiempo de vida de nuestra norma básica de convivencia se han oído distintas e interesadas voces reclamando la articulación de unos y otros derechos, la fijación definitiva de otras obligaciones.

Nadie ha levantado, aquí y ahora, una lanza verdadera por el Rey. A lo sumo, se han criticado algunos de sus viajes con la mira corta de quienes no saben ver la verdadera dimensión internacional de España. En el Parlamento, y aunque sea un ejemplo tangencial, los grupos políticos han aprobado unos presupuestos para la Casa del Rey que le dejan como el más pobre de los Jefes de Estado europeos.

En la onomástica de Don Juan Carlos no podemos limitarnos a la felicitación. Hay que llegar más lejos para evitar, entre otras cosas, que se planteen conflictos de competencias entre la Moncloa y La Zarzuela. Para ello, para institucionalizar las funciones políticas del Monarca, hace falta una ley. La ley del Rey.

 

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