Los poderes del Rey     
 
 ABC.    31/01/1978.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

LOS PODERES DEL REY

La vieja fórmula decimonónica «El Rey reina, pero no gobierna», debería hoy enunciarse así: «El Rey no gobierna. Pero reina». Y para reinar; es decir, para ejercer la suprema función de arbitraje moderador en la vida política del país, el Monarca necesita determinados poderes sin los cuales quedaría reducido a inútil figura de ornamentación.

Necesita, en primer lugar, el Rey un poder histórico, que es el que |e viene dado por el respeto y el acatamiento de las sucesivas generaciones que a lo largo de la Historia del país han contemplado a su dinastía en la cúspide del Estado, en sucesión de continuidad a la vida nacional. Quebrada en España en las tristes fechas de 1931 esta continuidad dinástica, el Rey recobra el poder histórico de la Corona como reconocimiento a su esfuerzo decidido por transvasar la soberanía nacional de una situación excepcional al entero pueblo español.

Pero no basta con el poder histórico que la Monarquía de todos ha devuelto al Monarca reinante entre el respeto general. Necesita, además, el Rey unos concretos poderes constitucionales, más justificados en este caso por la delicada convalecencia que sufrirá el país una vez superada la inevitable enfermedad de la transición.

Y si a izquierda y a derecha unánime es el criterio de que sin el Rey hubiera sido imposible superar de forma pacífica la transición de la dictadura a la democracia, parece también claro que la gestión prudente del Monarca resultará imprescindible para el largo período que se avecina de consolidación democrática.

Pues bien, esta gestión regia resultará prácticamente Imposible con la Constitución proyectada. Constitución cicatera y mezquina para la Corona, que parece redactada no ya por monárquicos, sino por republicanos que preparasen arteramente la esterilidad, primero, y el derrumbamiento, después, de la Institución. Cuando el país está orgulloso de su Rey, cuando la Monarquía ha rendido al pueblo un servicio histórico de colosal magnitud, calificado en todo el mundo como «milagro político», se toman en relación con la Corona medidas constitucionales de usura y recelo, altamente perjudiciales para el bien común de los ciudadanos.

La Idea clásica en la doctrina monárquico-constitucional de que el Rey pueda hacerlo casi todo, aunque con el normal funcionamiento de las instituciones no tenga que hacer casi nada, ha sido sustituida en el proyecto de Constitución por limitaciones que garantizan la Inoperancia del Monarca. En las previsibles crisis graves de la consolidación de la democracia, el pueblo español asistirá a la Impotencia para resolverlas de un Rey, sin el cual está claro que no hubieran podido superarse las tormentas de la transición.

El Gobierno tiene la obligación moral de defender los poderes del Rey en el proyecto de Constitución. No vamos a entrar ahora en la explicación desmenuzada de cuáles deben ser esos poderes, pero, aparte otras cuestiones de máxima trascendencia, está claro que la Corona debe ser quien designe al presidente del Gobierno. Ya se ocupará la Corona, sin necesidad de exigencias constitucionales, de atender, en circunstancias normales, al juego de las mayorías parlamentarias, pues otra cosa sería imprudente, si no suicida. Y hablamos de la Corona en el sentido clásico de la doctrina monárquica. Al Rey se le contempla en el proyecto de Constitución como un personaje solitario, sin asistencias ni parachoques. La creación de un Consejo de la Corona que guarezca al Monarca en sus decisiones parece figura constitucional imprescindible. De esta forma, el Rey podrá ejercer sin desgaste los poderes constitucionales que el Gobierno debe defender hasta la extenuación, enmendando el actual proyecto de Constitución.

Finalmente, resulta obligada la referencia al primer poder del Rey, que es necesario defender en el texto constitucional: el prestigio. Y aludimos directamente a la enmienda republicana presentada por el P. S. O. E. Sólo la irresponsabilidad y la petulancia política pueden haber planteado en estos momentos una cuestión de tal naturaleza. Algunos dirigentes de un partido con el veintitantos por ciento de los votos en unas elecciones tratan de derribar a una Institución que representa el sufragio de los siglos, la voluntad popular de varias decenas de generaciones de españoles que concibieron una España monárquica con Indudable acierto, puesto que los dos ensayos de República hundieron al país en la miseria, la anarquía y la guerra civil.

Pero si grave nos parece la Irresponsabilidad del P. S. O. E. al presentar esa enmienda, más grave nos parecería que se permitiese el debate sobre el tema, con gravísimo daño para la estabilidad de la Corona y para el prestigio del Rey. En lo primero que deben ponerse de acuerdo los políticos democráticos, que gracias a la Monarquía se han situado en un Parlamento libre en lugar de en la clandestinidad, es que al Rey no se le discute.

No creemos en otra alternativa que en la de negociar la retirada de esa enmienda y, caso de que el P. S. O. E. no se aviniese a razones, aplazar los debates constitucionales, endosando valientemente a los socialistas ante la opinión pública el retraso en la aprobación de la

Constitución y la consolidación de la democracia. Frente a un chantaje de esa naturaleza hay que responder con autoridad y sin concesiones. En esta circunstancia histórica ha sonado la hora de asumir la defensa de los poderes que al Rey se le deben.

 

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