Autor: Prieto, Joaquín. 
 No hubo consenso sobre la ley antiterrorista. 
 El acuerdo de la Moncloa entra en una compleja fase negociadora     
 
 El País.    14/10/1977.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 18. 

EL PAÍS, viernes 14 de octubre de 1977

POLÍTICA

No hubo consenso sobre la ley antiterrorista

El acuerdo de la Moncloa entra en una compleja Case negociadora

JOAQUÍN PRIETO

La anunciada ley «para la defensa de la democracia contra el terrorismo» no encontró consenso en la

reunión para cuestiones políticas celebrada ayer en la Moncloa, entre representantes del Gobierno y de los

partidos con representación parlamentaria. Simultáneamente se celebró otra reunión, donde continuó la

negociación económica. En ambas sesiones, e) acuerdo quedó reducido a delimitar los temas dignos de

figurar en la negociación, y designar el próximo martes como fecha para nuevas reuniones.

Los negociadores de temas políticos tomaron asiento en e) llamado salón de columnas del palacio,

presididos por el jefe del Gobierno, Adolfo Suárez, En nombre del Ejecutivo asistieron a esta reunión el

vicepresidente tercero, Fernando Abril, y los ministros de Justicia y del Interior, señores Lavilla y Martín

Villa, respectivamente. Por los grupos parlamentarios estuvieron presentes todos los portavoces (Felipe

González, PSOE; Santiago Carrillo, PCE; Miguel Roca, minoría vasco-catalana; Enrique Tierno, Grupo

Mixto; Pérez Llorca y Calvo Sotelo, UCD; Manuel Fraga. AP a la mayor parte de ellos..

acompañados de sus respectivos equipos.

Estos hombres lograron ponerse ´de acuerdo, después de tres horas de exposiciones y debates, sobre un

temario de cuestiones políticas a negociar, que constituirá, prácticamente, el orden del día de la siguiente

reunión (martes prójimo). Según tas noticias recogidas al término de la sesión, el debate dejó cada

cuestión aproximadamente en los siguientes términos:

Ley de defensa de la democracia. Toda la izquierda se opuso a que sea promulgada, con este nombre, una

ley de contenido meramente represivo. El criterio más extendido consiste en introducir algunas

modificaciones enla legislación actual —por ejemplo, la ley de Orden Público—, para contemplar las

reservas contra los liberticidas dentro de un contexto de protección a las libertades públicas.

Orden público. El consenso básico sobre esta cuestión se refiere a la necesidad de cambiar la base sobre la

que se asienta la actual concepción del orden público, y sustituirla por otra que se sustente en la

protección a los derechos cívicos y las libertades públicas, con mecanismos represivos dirigidos

exclusivamente a los que atenten contra ellas.

Derecho de reunión y asociación. En general, los reunidos aceptaron en este punto el proyecto

gubernamental, que tiende a ampliar las posibilidades de ejercer el derecho de reunión sin más que una

comunicación previa a la autoridad gubernativa —dejando a salvo la intervención de esta última, en caso

de alteraciones graves—, y restringir las posibilidades de intervención administrativa en la creación y

funcionamiento de las asociaciones políticas, sometiéndolas a un control judicial a posteriori.

Reformas civiles y penales. Se trata de introducir distintas modificaciones en la actual legislación civil y

penal, y en esto hay punios conflictivos. La posibilidad de que la mayoría de edad se alcance a los

dieciocho años no cuenta, al parecer, con la aprobación de Alianza Popular, dado que los representantes

de este grupo parlamentario estiman que la convocatoria de la Moncloa no debe entrar en otros terrenos

que los del orden publico y el control de los medios de comunicación estatales. Hay también un proyecto

de tipificación legal más clara para delitos como el cohecho y la malversación de fondos, y otro en el

sentido de proteger penalmente al trabajador contra infracciones dolosas de los empresarios en materia

laboral.

Control de RTVE y medios de comunicación estatales. Existe consenso sobre la necesidad de llevar a

cabo dicho control, pero, no sobre la forma de hacerlo. Es uno de los temas que todos consideran

más urgentes dentro de este programa.

Otros temas. Igualntente, hubo acuerdo sobre la necesidad de estudiar la reducción de la jurisdicción

militar al ámbito puramente militar, la modificación de la legislación sobre peligrosidad social y otras

cuestiones.

Siete subcomisiones para asuntos económicos

Mientras todo esto se discutía por los líderes políticos en el salón de columnas del palacio de la Moncloa,

un equipo de expertos en malaria economica ocupaba la sala del Consejo de Ministros, a fin de continuar

desarrollando el acuerdo- de ! principio sobre temas económicos alcanzado el fin >Je semana pasado. En

este caso, la existencia del acuerdo inicial ha obviado la necesidad de lograr un consenso básico similar al

de la reunión política, pero no la de reunirse de nuevo para estudiar los informes que presenten siete

subcomisiones creadas con el objetivo de negociar con los distintos ministerios.

Estas subcomisiones se ocuparán de cuestiones coyunturales (política monetaria, presupuestos, salarios

precios), reforma fiscal, sanidad y seguridad social, suelo y vivienda, agricultura vpesca, educación é

industria y enérgía; todos ellos coordinados por una comisión general, básicamente constituida por los

que se reunieron ayer, es decir, el vicepresidente segundo del Gobierno y los ministros de Hacienda e

Industria, con los señores López Rodó(AP), Sánchez Terán (UCD), Leguina (PSOE), Sánchez Ayuso y

Moran (Grupo Mixto), Tamames (PCE), Lluch (Socialistas de Cataluña), Pujol, Trías y Ajuriaguerra

(minoría vasco-catalana).

Hacia un «poder deliberante»

La impresión general es que, en lugar de un pacto rápido sobre cuestiones políticas y económicas, el

proceso de negociación se hace más complejo a cada paso.

Lo cierto es que ta negociación continúa adelante. Ello induce a pensar que el país cuenta ahora con tres

órganos de poder político en funcionamiento: el poder ejecutivo, que lógicamente, reside en el Gobierno;

e! poder legislativo, centrado en el Parlamento; y un poder deliberante, mezcla de ambos y sin las

funciones concretas de cada uno de ellos, que trata de lograr consensos básicos sobre las cuestiones

fundamentales.

 

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