El cumplimiento de las medidas económicas, punto de partida para superar la crisis; Seguridad Social: criterios de participación de la sociedad en las decisiones y funcionamiento  :   
 Así lo entienden los representantes del Gobierno y los diversos partidos políticos en el documento pactado en la Moncloa. 
 Ya.    23/10/1977.  Página: 12-16. Páginas: 5. Párrafos: 175. 

NACIONAL

El cumplimiento le las medidas económicas, punto de partida para superar la crisis.

Seguridad Social: criterios de participación de la sociedad en las decisiones v funcionamiento

Así lo entienden las representantes del Gobierno y los diversos partidos políticos en el documento pactado

en la Moncloa

Pacto económico de la Moncloa

SANEAMIENTO ECONÓMICO

• Los gastos consuntivos del Estado y Seguridad Social no podrán crecer más de un 21,4 por 100 en

1978

• El gasto público se orientará hacia el mantenimiento de la inversión

• El déficit del Estado será como máximo de 73.000 millones de pesetas en 1978

• Las cuotas de la Seguridad Social no podrán aumentar más del 18 por 100 en dicho año

POLÍTICA FISCAL

• El impuesto sobre la renta será global, personal y progresivo, sustituyendo a los actúales impuestos

• La reforma del impuesto sobre sociedades evitará los exenciones y tratamientos de privilegio

• La imposición indirecta gravará el consumo y la transmisión de bienes

• Creación de otra impuesto sobre «I valor añadid*

POLÍTICA DE PRECIOS

• Mantenimiento transitorio de un sistema de precios controlados dé productos estratégicos

• Con independencia del actual índice de precios de consuma, se establecerá otro que recoja la evolución

dé los precios de determinados productos de consumo más frecuente para las clases de renta más baja

• Revisión de la estructura de los organismos de control de precios, con participación de empresarios,

consumidores y trabajadores

POLÍTICA DE RENTAS

• Tope de crecimiento a lo maso salarial bruta (te un 20 por 100 durante 1978

• Posible revisión salarial el 30 de junio de 1978 si los precios de consumo en los seis primeros meses del

año alcanzan el 11,5 por 100

• Reducción de plantillas hasta el 5 por 100 para Jas empresas con mayor aumento salarial, según las de-

mandas sindicales

POLÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL

• Proyecto de ley poro reestructurar los actuales entidades gestoras de la Seguridad Social

• Representantes de los trabajadores, empresarios y Administración accederán al control y vigilancia de

las entidades gestoras de la Seguridad Social

• La cotización de la Seguridad Social se realizaré según los niveles de renta y salario real deí cotizante

POLÍTICA AGRÍCOLA

• Ley de Seguros Agrarios que proteja al agricultor de las consecuencias de las catástrofes

• Decreto adicional al de Cámaras Agrarias que asegure la democratización de estos órganos de .consulta

y colaboración

• Funcionamiento de las Cajas Rurales por principios cooperativos

• ley de Reforma y Desarrollo Agrario

• Ley de Cooperativas y Entidades Asociativas Agrícolas

ESTATUTO DE LA EMPRESA PUBLICA

• Reconocimiento de la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno

• Régimen de incompatibilidades para los miembros del Consejo de Administración

• Regionalización de inversiones

• Descentralización de actividades

"Tres desequilibrios fundamentales de la economía: persistente y aguda tasa de inflación, desarrollo in-

satisfactorio de la producción con caída de la inversión, lo que genera paro, y fuerte desequilibrio en los

intercambios con el extranjero"

Como ampliación al largo resumen que publicábamos ayer sobre las medidas económicas pactadas en la

Moncloa tntre los representantes del Gobierno y de los partidos políticos, medidas que, por otra parte, ha

ido adelantando YA en sí transcurso de Za ultima «emana, ofrecemos a continuación el texto integro del

documento que será firmado el próximo martes.

XA «OOOOBIM española atraviesa en «ato* momentos por una grave situación, c a i a c torteada por tres

desequilibrios fundamentales:

• Tina, persistente y aguda taca de inflación.

• Un desarrollo insatisfactorio de la producción, con una caída Importante de las inversiones, lo gue ha

generado unaa cifras de paro «levadas, con repartos geográficos, por edades, por sexos y por ramas d«

actividad muy desiguales y ha agudizado los problemas que la misma plantea.

• un tuerto desequilibrio en los Intercambios con el extranjero.

Estos desequilibrios de la economía española se producen en un contexto económico internacional en el

que todavía no han aparecido signos duraderos de recuperación económica.

Los representantes del Gobierno y de los diversos partidos con representación parlamentaria manifiestan

su unánime preocupación ante ceta situación y mi deseo de afrontar y resolver constructivamente esos

problemas en un clima de cooperación responsable que contribuya a a consolidación de la democracia.

Para ello convienen ea la necesidad de llevar a cabo dos grupos de acciones: las dirigidas a equilibrar la

economía con actuaciones a corto plazo y las encaminadas a la realización de importantes reformas que

encaucen la economía y la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso. Estas medidas y

acciones se concretan en los siguientes ámbitos y contenidos:

tas medidas dé saneamiento económico se articulan en el ámbito de 1a política presupuestaria, en el de la

política monetaria, en el de la política de precios y rentas y, finalmente, en «Ijtej»P>£ Gobierno

responderá a los siguientes principios y directrices:

PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La. política presupuestarla del Estado y de la Seguridad Social durante el periodo de vigencia del

programa económico obedecerá a las siguientes directrices fundamentales:

• Limitación y ejemplaridad de loa gastos consuntivos del Estado y do la Seguridad Social. Durante

1978 tales gastos consuntivas no podrán crecer era mas de un 21,4 por 100, tasa de crecimiento previsto

del producto interior bruto en términos monetarios. Por otra parte, se revisaran todos aquellos gastos

estatales cuya existencia no se justifique de modo estricto, en, línea con el esfuerzo general que se solicite

de la comunidad.

Durante 1978 se orientarán preferentemente los gastos públicos hacia el mantenimiento de la ocupación.

A este respecto ae incrementarán ios gastos estatales! de inversión en un 90 por 100. Además el Estado

contribuirá con 80.000 millones de pesetas al eeguro de desempleo y transferirá otros 40.000 millones a la

Seguridad Social para compensar la reducción que se proyecta de sus cuotas.

• La emisión de deuda pública durante 1978—que se efectuaré en condiciones de mercado y ¡por un

importe de 40.000 millones de pesetas—se destinará específicamente a la financiación de un plan de

construcciones escolares públicas.

• El déficit total del Estado será, como máximo, de 73.000 millones de pesetas en 1878, lo que

permitirá evitar ana caída excesiva de la demanda interna.

• Los Ingresos impositivos aumentarán su progresividad en 1978 debido a la aplicación de la ley de

Medidas Urgentes de Reforma Fiscal.

• Se moderarán loe Incrementos de los costes de trabajo mediante un menor crecimiento de las cuotas

de la Seguridad Social, las cuales no podrán aumentar mirante 1878 en más de un 18 por 100 respecto a

1977. La revisión del alaterna de cotizaciones se efectuara con arreglo a criterios de progresividad y

procurando Que la participación del Estado en la financiación de la Seguridad Social pase de menos de un

3,5 por 100 en 1977 a un 8,2 en JSTO y tienda hacia un 20 por 100 del total de la misma en 1983. 0

Contando con las transferencias recibidas del Estado, las cuentas de Ja Seguridad Social habrán de

equilibrarse en 1878 sin recurrir a Otros medios extraordinarios de financiación.

• El incremento de las pensiones de la Seguridad Social se

ción y, en. consecuencia, los aumentos previstos, en las mismas se destinarán preferentemente a la

elevación de las pensiones más reducidas.

• Se extenderá progresivamente la cobertura del Serguro de Desempleo a todos loe parados,

agilizándose el reconocimiento y pago de sus prestaciones.

POLÍTICA MONETARIA

La política monetaria contenida en el programa económico obedecerá a los siguientes principios:

• Se moderarán los ritmos´ de avance de las magnitudes monetarias para contribuir a ona desaceleración

progresiva del proceso inflacionista. Con «fte propósito se mantendrá durante 1878 una senda de

crecimiento monetario cuyo punto medio ge aproximará al 17 por 100 de aumento anual.

• El recurso del Tesoro al Banco de España en 1978 no podrá exceder de 14.000 millones de pesetas.

• Se limitará el nivel de las nuevas dotaciones al crédito oficial a 160.000 millones de pesetas

durante 1978, de los cuales el Tesoro aportará 40.000 millones de pesetas, además del producto de la

emisión de cédulas para Inversiones. Esta financiación del crédito oficial atenderá preferentemente a

la expansión de las actividades de la exportación, la agricultura, la construcción de viviendas y la

pesca. El crédito oficial reforzará, asimismo, la atención a la pequeña y mediana empresa.

• La actuación de las Cajas de Ahorros pondrá una especial atención & la financiación de la pequeña

y mediana empresa a través de créditos comerciales. Los coeficientes de Invereión de estas

entidades atenderán también a la financiación de lae corporaciones locales de su ámbito geográfico.

• Se establecerán mecanismos transitorios que garanticen ona adecuada distribución del crédito

bancario privado entre empresas grandes y empresas medianas y pequeñas, al objeto de que

miento en este ambito se distribuya con equidad.

• Se propondrá la creación de una sección de la Comisión Parlamentaria de Economía para el control de

la política monetaria y de las instituciones financiera» públicas y privadas.

Las actuaciones del programa económico «e orientaran en el campo de loa precios hacia los siguientes

ámbitos:

• Mantenimiento transitorio de un. sistema de precios controlados que afectará a productos estratégicos

respecto del costa de la vida o a los precios que se formen bajo condiciones monopolísticas.

• Con independencia de) mantenimiento del actual índice de precios de consumo podrá establecerse

un indicador que recoja la evolución de loe precios de determinados productos de consumo más

frecuentes por las clasee de renta más baja. En la elaboración del mismo participarán las distintas

organizaciones empresariales y de consumidores, ae! como loa trabajadores, funda, mentalmente a

través de los sindica toe.

• Se revisará la estructura de loe organismos de control de precios y en sus actuaciones participarán

con su aseeoramiento las organizaciones empresariales y de consumidores, así como, loe trabajadores,

fundamentalmente a través de loe sindicatos.

POLÍTICA DE RENTAS

Por lo que respecta ala política de rentas, el programa obedecerá a le» siguientes criterios: >•

Crecimiento de la maea salarial bruta en cada empresa pública o privada.—incruida* las cargas

fiscales y de la Seguridad Social que procedan—hasta un 20 por 100 durante 1978, de forma ´que,

computando los aumento* por antigüedad y ascensos, se llegue a un incremento total del 22 por 100, con

un tratamiento favorable de loa salarios más bajos. Cuando proceda—y por el período que reste hasta

finales de 1977—esta norma se aplicará; asimismo, de modo que el incremento de la masa salarial no

exceda fe. la equivalente ai 25 por 100 en promedio respecto a la del año anterior y siempre que el

crecimiento del índice de precios al consunto—también en promedio respecto al año anterior— no exceda

tampoco del equivalente al 25 por 100. Sí el crecimiento del índice de precios en promedio excediese en

máe de un punto de la referida tasa, se. Matizará el oportuno ajuste con objeto de mantener el podei

adquisitivo de los salarios. • Para garantizar el cumplimiento de esta norma se retirarán las ayudas

crediticias y fiscales de toda v índole a las empresas que no la respeten. Por otra piarte se autorizará, en su

caso, la reducción de la plantilla basta en un 6 por 100 de sus efectivos en aquellas empresas en que ee

superen los niveles salariales anteo indicados y siempre que ello sea consecuencia de los demandas

sindicales. El Gobierno podrá establecer controles semestrales al respecto y, en todo caso, ee evitará una

aplicación discriminatoria de esta medida por razones polftlcaso sindicales.

• La norma ealariteJ indicada podrá revisarse a partir d*i SO de junio de 1978 si el crecimiento de los

precios al consumo en junio del refierido afio eupera—respecto a diciembre de 1977—el 11,6 por 100,

descontados loe posibles aumentos por variaciones en el tipo d« cambio, alteraciones en los precios

internacionales de la energte y efectos de circunstancias excepcionales agrícolas y siempre que la tasa

de inflación en 1977 «ea aproximadamente del 30 por 100 (calculado eobre el índice de precios

de diciembre del año anterior). Si esta tasa de aumento anuaj prevista pana 1977 fuese distinta de

la indicada, se revisará el tope de crecimiento de precios establecido como límite en el primer semestre

de 1978.

• Se recomienda que la distribución del incremento indicado de la masa salarial en cade, empresa se

efectué de modo que te mitad, al menos, del referido incremento ee distribuya linealmente entre los

trabajadores de ¡a misma.

f, Se adoptarán criterios de mejora de le información periódica •obre resultados de le. empresa

• Se adoptarán las medidas pa-ralela* que aeeguren una prestación eficaz y rigurosa del seguro de

desempleo y un trata* miento prioritario de las modalidades de creación de puestos d« trabajo,

atendiendo especialmente al empleo juvenil, contratación temporal de tos acogidos a! subsidio de- paro,

sin pérdida de sus derechos, y a las áreas geográficas de mayor índice de desempleo. Para los casos de

contratación temporal de acogidos al subsidio de desempleo a partii del día 1 de noviembre de

1977, el Estado—con cargo a los recursos de la Seguridad Social—satisfará «1 50 por 100 de las

cotizaciones que se devenguen.

• Al objeto -de fomentar el empleo Juvenil se autoriza, dentro de un programa experimental que se

concretará, la contratación temporal por un plazo máximo de dos años para los empleos dierivados de

los nuevos puestos dé trabajo que ee creen a partir del día 1 de noviembre de 1977, siempre que los

mismos se cubran con personas que desempeñen por vez primera \tn tría-bajo. Para estos empleos, el

Estado—con cargo a los recursos de la Seguridad Social—satisfará el 50 por 100 de las cotizaciones que

se devenguen.

las medidas «e reforma fiscal

Ü l^fe^ánlalffi par^éí Gobierno, y tanto en lo que M, refiere a la imposición sobre personas físicas como

en lo relativo a los restantes Impuestos y en lo que concierne a la estructura recaudatoria de los ingresos

tributarios responderán • l»s siguientes directrices:

IMPOSICIÓN SOBRE PERSONAS FÍSICAS

• £1 impuesto sobre la renta de tes personas físicas tendrá carácter global, personal y progresivo,

sustituyendo a los actuales Impuestos reales o de producto que serán absorbidas por el mismo.

La tarifa del impuesto sobre la renta tendrá carácter progresivo, y los tipos efectivos que recaigan sobre

las rentas modestas serán inferiores a los actualmente vigentes. Para alcanzar tena aplicación general y del

impuesto, los tipos efectivos de gravamen serán, en todo caso, moderados, como respuesta paralela a la

amplitud de la base y a la Inexorable exigencia del cumplimiento del tributo.

• El impuesto definitivo sobre el patrimonio se armonizará en su estructura %I nuevo impuesto sobre la

renta, se aplicará sobre bases reales y se ajustará, en lo relativo a tipos de gravamen, H las líneas

generales del texto del impuesto extraordinario «probado en la Comisión de Economía y Hacienda

del Congreso.

• El impuesto sobre sucesiones y donaciones se estructurará en un texto más simple y quedará

coordinado con el impuesto sobre patrimonio, remitiéndose al texto regulador del mismo en lo

referente a las valoraciones.

RESTANTES IMPUESTOS

Se presentarán a fes Cortes un proyecto de ley de impuesto sobre las sociedades y un proyecto de reforma

de la imposición indirecta, conforme a los siguientes principios:

• La reforme del impuesto sobre sociedades modernizará la vigente imposición sobre los beneficios de

las entidades jurídicas en un texto que evitará todo tipo de exenciones y tratamientos de privilegio que no

sean necesario, pfera incentivar la inversión creadora de puestos de trabajo.

• LA reforma de imposición in directa llevará consigo una racionalización de la estructura

tributaria que grava el consumo y las transmisiones de bienes, al objeto dé alinear el sistema fiscal

español a los vigentes en los paises europeos que forman parte de las comunidades, conteniendo,

ademas, un impuesto sobre el valor añadido, cuya efectividad qítedará condicionada ´* una situación,

«conómlea favorable para, la misma, procurándose que no genere sensibles elevaciones en los precios.

ESTRUCTURA RECAUDATORIA

En cuanto a la estructura recaudatoria que se derive de la reforma fiscal, los criterios orientadores de la

misma serán los «t-guientes:

• Las recaudaciones por imposición directa y por imposición indirecta, en el Presupuesto del Estado

para 1978, resultarán paritarias.

• Asimismo, el avance de la Importancia relativa de la imposición progresiva «n la financiación

del gasto público se mantendrá como tendencia para Ijjs ´ejercicioa futuros. El Ministerio de Hacienda

«omunicará la nueva estructura tributaria cuantí-fioada una vez que sea aprobada la reforma en su

totalidad por la» Cortes.

>• Para el ejercicio de 1978 la relación de ingresos tributarios respecto al producto interior bruto será de

aproximadamente, un punto de porcentaje superior a la de 1977.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTROL DEL GASTO PUBLICO

El perfeccionamiento del control del gasto público responderá a los siguientes principios y directrices:

• La Administración se compromete a establecer el control de la asignación de recursos a través

de presupuestos de programas a partir de los Presupuestos para 1979, comenzando por tos

gastos de Sanidad y Seguridad Social, obras públicas y, en cuanto técnicamente sea posible, educación.

• Del miaño modo ee aplicarán las normas de la ley General Presupuestaria, en relación con la

especificación territorial d« te. asignación de recursos.

• La Administración se compromete a desarrollar, en el plazo de seis meses, las normas establecidas

en la ley General Presupuestaria en cuanto a control de legalidad, control de auditoría y control de

eficacia.

• Sin perjuicio de la lutura estructuración constitucional del Tribunal de Cuentas, el ámbito de su

competencia y e] sistema dé designación de sus miembros se regulará de tal manera áue quede

asegurada la independencia ea el desempeño ciones y la eficacia del control a eu cargo".

Se considera conveniente la creación de Subcomisiones, dentro de las correspondientes Comisiones

parlamentarias, que garanticen un más adecuado control parlamentario del gasto público. Especialmente

se considera conveniente la creación de Subcomisiones sobre "Subvenciones y transferencias a empresas

y organismos públicos", "Gastos fiscales" y "Retribuciones de personal del sector público".

POLÍTICA EDUCATIVA

La política educativa se orientará conforme a los siguientes dpias y criterios: Democratización del

sistema educativo, buscando la participación de todos los sectores y definiendo un estatuto de loa centros

educativos y del profesorado. Deberán constituir objetivos prioritarios de esta política la mejora de la

calidad en la enseñanza y la homogeneización técnica de la misma entre los centros estatales y no

estatales. • Gratuidad progresiva de la enseñanza. Para ello, se adoptarán las siguientes medidas:

a) En el ámbito de los contras estatales.

• Se acometerá la expansión efectiva de la gratuidad de la enseñanza mediante la construcción,

equipamiento y atención a loa gastos de funcionamiento y de profesorado da los puestos escolares que ae

incluyan en el plan extraordinario de escolarización de 40.000 millones de pesetas. A tales efectos se

orearán 400.000 plazas de Educación General Básica, 200.000 nuevas plazas en educación preescolar y

100.000 nuevas plazas de bachillerato unificado polivalente durante 1978,

El Ministerio de Educación y Ciencia informará trimestralmente a la Comisión Parlamentaria de

Educación sobre los niveles de cumplimiento alcanzados en este plan.

• Se estudiarán, de cara al Presupuesto de 1979, las medidas que tiendan a la adecuada retribución del

profesorado: se considerará la gratuidad total de servicios de comedores y transporte en los niveles de

enseñanza .obligatoria, cuando se impongan como necesarios para los alumnos de concentraciones

escolares, y se examinará el posible abaratamiento de los libros de texto en niveles educativos

obligatorios.

• Se implantará la participación de los padres de alumnos y del profesorado en el control del

funcionamiento y condiciones de . estos centros.

b) Respecto a los centros no estatales ae procederá a una revisión profunda del sistema de financiación

con la definición, si se considera conveniente, de un estatuto de los centros subvencionados en que se

prevea la participación de padres de alumnos y profesorado por la que se atienda a la función, necesidades

y condiciones de tales centros y en el que se asegure el control de la aplicación de fondos públicos a los

mismos;

• La política educativa se completará, además, con las siguientes actuaciones:

a) Se incorporarán las distintas lenguas y contenidos culturales en sus respectivos ámbitos territoriales,

para todos los niveles educativos obligatorios. En coherencia con estas medidas, se facilitará al

profesorado, en su caso, el oportuno reciclaje. b) En la medida en que se vaPUn instaurando los diferentes

regímenes y estatutos autonómicos, se establecerá la pertinente colaboración entre el Gobierno y las

instituciones autonómicas para la realización de estos planes.

e) La política de inversiones ´ habrá de complementarse con una eficaz acción en materia de obtención de

suelo, para lo que se precisa una especialísima colaboración de Jos organismos de Obras Públicas y

Urbanismo, así como de las Corporaciones Locales, y las medidas legislativas necesarias que permitan la

urgente disponibilidad del suelo.

d) Asimismo se considera necesario adoptar las medidas para reducir los actuales plazos en las

construcciones y agilizar al máximo la actuación administrativa.

POLÍTICA DE URBANISMO, SUELO Y VIVIENDA

Los criterios y directrices a los que habrá de responder la política de urbanismo, suelo y vivienda serán

los siguientes:

La política de suelo y urbanismo propuesta se basa en tres principios: primei´O, en que la actuación

política debe reflejar el deseo social de ocupación y uso del suelo urbano; segundo, en que el plusvalor

sobre el suele urbano es fundamentalmente de la colectividad, y, finalmente, que el sector público debe

asumir un papel principal en lo referente a garantizar la entrada en uso del suelo urbano.

Conforme a tales principios generales se proponen las siguientes medidas concretas a corto plazo en lo

referente a urbanismo y suelo:

• Se instrumentarán medidas para poner urgentemente en uso suelo ya calificado urbanizado o

urbanizante. Se formará antes del 30 de junio de 1978 un inventario de suelo en tales condiciones. Se

agilizarán, inmediatamente, las tramitaciones administrativas del suelo en esa situación, sin que tales

medidas afecten en ningún caso al Patrimonio Histórico-Artístico o monumental.

En todos los casos, las condiciones de contratación de las actuaciones urbanísticas se formularán de modo

que queden garantizadas las posibilidades de acceso y las condiciones de competencia, sin

discriminación, de todas las empresas. Se dura prioridad a actuaciones que contribuyan a resolver los

problemas de barrios o mírleos actuales, especialmente de chabolismo.

• Para agilizar el proceso de descentralización se resolvería¡ en su caso, loa problemas derivados

de las capacidades técnicas de control urbanístico eficaz y de aplicación de instrucciones de las .

comisiones provinciales de urbanismo.

•) Se establecerán medidas cautelares especiales para limitar al máximo la reconversión a usos privados

del suelo actualmente destinado a usos públicos o instalaciones oficiales y paraestatales.

• Se presentarán, antes del día 31 de marzo de 1978, un reglamento de expropiaciones y unas bases

para la reforma estructural de la política del suelo, con especial énfasis en apropiación pública 3el

plusvalor y la introducción de los derechos de tanteo y retracto o figuras de efectos equivalentes.

O) .Se establecerá la normativa para tramitar o incluir en los planes generales limitaciones de suelo para

vivienda de construcción directa y áreas ¿e uso preferente de vivienda social.

• Se agilizará la recalificaclón del suelo urbano, poniendo en práctica, de forma inmediata, el impuesto

sobre solares (R. D. 3250/976, de 30 de diciembre), con objeto de penalizar sti retención especulativa.

O) Se aplicará de forma urgente el impuesto de incremento del valor de los terrenos (E. D. 3250/ 1976, de

3Q d« diciembre), papa recuperar parte de las plusvalías.

VIVIENDA

En lo referente a vivienda, la actuación del Gobierno se orientará en una doble vertiente: de una parte,

hacia el establecimiento de mecanismos que garanticen la financiación de la vivienda dentro de plazos

adecuados, y, de otra, hacia el aumento de la construcción de viviendas para los sectores más necesitados

de la población.

En consecuencia, la política de vivienda se ajustará´ a los siguientes principios: O) Promoción de las

adquisiciones de suelo urbano o urbanizable por las corporaciones locales y oteas instituciones públicas

para su cesión temporal con des-

tino a la construcción de viviendas destinadas a las clases de rentas más bajas. A tales efectos se facilitará

la creación de empresas mixtas con participación mayoritaria municipal.

• Prioridad absoluta a la construcción de viviendas con destino a la población de menoi´ renta durante

1978 y 1979 y favoreciendo «1 disfrute de parte de las mismas en régimen de alquiler.

• Instrumentación de los mecanismos democráticos pertinentes para adjudicación de viviendas de

promoción directa y el control general d.e éstos y de las viviendas sociales, así como de sus

acotaciones y equipamientos urbanísticos.

• Adopción de medidas eficaces para la utilización de vivía»-das desocupadas.

• Investigación urgente sobra la ocupación actual de las viviera. das promoví das directamente por

el Estado con el fin de acabar con las distorsiones existentes en este sector.

• Se promoverán en suelo: publico, actual o adquirido, operaciones de construcción directa o en

régimen de concesión a iniciativa privada, favoreciehd´ó ´•! régimen de cooperativas y concertando las

condiciones finales y los plazos de ejecución. Asimismo se promoverán conciertos en «1 sector privado

para ia promoción ´urgente de viviendas y equipamientos en .las mismas condiciones.

• Iniciación de las gestiones pa^ ra descentralizar de inmediato 1» aplicación de la política de

vivienda y, muy especialmente, 4» viviendas sociales y de construcción directa.

• Realización de los estudies pertinentes para conocer el mercado de la vivienda de alquiler en España de

tai forma qué, • partir de los resultados obtenidos, se posibilite una actuacion de la ley de Arrendamientos

Urbanos u otras medidas pertinentes.

• Instrumentación de apoyo financiero a través del crédito oficial—y dentro dé sus posibi-

lidades—para la creación de empresas mixtas con participación mayorltaria municipal destinadas

• la adquisición de suelo y promoción de viviendas sociales. Se establecerá, además, un marco

constitucional que promueva la formación y desarrollo de entes promotores colectivos de viviendas,

tales como Patronatos Municipales, Cooperativas de Usuarios y otros similares.

• Remoción de los obstáculos Jurídicos y administrativos que se oponen a la creación de un

mercado amplio de hipotecas, revisando para ello el impuesto que grava las transmisiones patrimoniales

en el ámbito de los bienes inmuebles y proponiendo la regulación de fondos de inversión inmobiliaria que

tomen como activo las hipotecas sobre inmuebles.

REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Como principio general, la actuación en el terreno de la Seguridad Social se ordenará con arreglo a

criterios de creciente participación de la sociedad en las decisiones y en el funcionamiento de la misma. A

teles efectos se adoptarán los siguientes medidas:

• Se presentará al Congreso un proyecto de ley que contemple la reestructuración de las actuales entidades

gestoras de la Seguridad Social de acuerdo con principios de simplificación, racionalización, ahorro de

coste, eficacia social y descentralización. Asimismo se pasaran a la Administración del Estado el servicio

de empleo y acción formativa, promoción profesional obrera, Instituto Español de Emigración y Servicio

de Universidades Laborales, así como el Servido de Seguridad e Higiene, excepto en las funciones que

éste realice de medicina preventiva laboral.

• Los presupuestos, los gastos y la gestión de la Seguridad Social ae someterán al control par-

lamentario.

• El control y vigilancia de la de la gestión de la Seguridad Social corresponderá a la Intervención

General del Estado, sin perjuicio de que se adopten las medidas necesarias para garantizar a los

asegurados y beneficiarios la calidad y eficacia de los servicios y prestaciones.

• El control y vigilancia de la gestión de las entidades gestoras de la Seguridad Social ee efectuará

desiíe el nivel local al estatal por órganos en los que figuren, por partes iguales, representantes die los

trabajadores, de loe empresarios y de la Administración Pública. La participación de loe trabajadores en

dichos órganos se instrumentará fundamentalmente a través de los distintos sindicatos y en función de loe

resultados obtenidos en las elecciones sindicales; esta participación será regulada con carácter urgente

mediante una norma que entrará en vigor en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de

celebración de dichas elecciones. La mencionada norma deberá contemplar la representación de loa

empresarios a través principalmente, de las organizaciones empresariales.

• En los servicios sociales se establecerá una representación democrática, en los distintos niveles

territoriales, con participación de los beneficiarios y de la Administración Pública.

INSPECCIÓN

Se establecerán las medidas necesarias para imprimir la- mayor eficacia a la recaudación y control de la

Seguridad Social, actualizándose los cometidos de inspección financiera y de gestión.

FINANCIACIÓN

• Se establecerá un sistema de •cotización con arreglo a criterios de progresividad, de eficacia social y

de redistribución. A tales efectos las cotizaciones se establecerán en función de los niveles de renta de los

cotizantes y se referirán a los salarios reales; asimismo se Introducirán fórmulas de estratificación o

normalización de las cotizaciones por módulos retributivos en los que se agruparán los distintos niveles

de ingresos reales a efectos de cotización.

• La aportación del Estado a la Seguridad Social aumentará al ritmo que permita la marcha general de

los ingresos del Estado, pasando de un 3,5 por 100 en 1&77 a un 8,2 por 100 en 1978 y hasta alcanzar un

20 por 100 de la financiación ´para el ejercicio de 1983.

PRESTACIONES

• En lo que se refiere a las prestaciones farmaceuticas se adoptarán medidas que garanticen la

utilidad de las nuevas especialidades y se controlarán lo» precios de Importación de materias

fundamentales. Asimismo se elaborarán normas específicas sobre conciertos de la Seguridad Social con

laboratorios y farmacias y sobre autorización administrativa previa de la publicidad que no se limite a

niveles científicos. Se realizará un estudio sobre la racionalización de la industria nacional farmacéutica,

especialmente de la productora de primeras materias, precediéndose, si fuera conveniente, a la creación de

una empresa nacional de productos intermedios químico - farmacéuticos.

• Con objeto de frenar el consumo innecesario de productos farmacéuticos se revisará la participación

de los beneficiarios en el coste de estas prestaciones, excepto en lo que se refiere a medicamentos básicos

y con exclusión, en todo caso, de JOB colectivos menos protegidos.

• Se autorizará el despacho directo de productos farmacéuticos básicos en el recinto de las instituciones

sanitarias de la Seguridad Social a los beneficiarios de la misma.

AYUDA FAMILIAR

Se realizará un estudio sobre el actual sistema de ayuda familiar que contemple su efectual

reestructuración con vistas a obtener una mayor eficacia redistributiva.

SEGURO DE DESEMPLEO

• £1 Estado deberá hacerse cargo progresivamente de la financiación del Seguro de Desempleo y,

en la medida en que ello suceda, deberán traspasarse las competencias en esta materia ai Departamento

ministerial responsable de la política de empleo.

• En materia de desempleo se controlarán los censos, la marcha de las oficinas d« colocación y, en

general, los distintos aspectos de esta prestación en orden a su eficacia en todos los ámbitos,

particularmente en el local, » través de órganos de vigilancia y control, con Ha misma composición de

fuerzas sociales ya especificada, los cuales podrán establecer subcomisiones especializadas al efecto;

asimismo las oficinas de colocación harán públicas las listas de parados con objeto de facilitar .su

reincorporación al trabajo. • Se ampliarán los plazos de prestación del subsidio de desempleo para ciertas

categorías de trabajadores sometidos a circunstancias excepcionalmente difíciles.

• En la medida que lo permitan las posibilidades económicas y financieras de la Seguridad Social y de las

aportaciones del Estado, se revisará la cuantía de las prestaciones por desempleo, de forma que—unidas

las de la Seguridad Social a las del Fondo Nacional de Protección al Trabajo—no sean Inferiores al

salarlo mínimo interprofesional; asimismo se incrementarán las subvenciones para mitigar el paro de las

personas encuadradas en el Régimen Especial Agrario y de los Trabajadores del Mar, Ademas, se

establecerá un tope máximo a la prestación por desempleo ai objeto de conseguir una mayor

progresividad del sistema.

PENSIONES

Para el año 1978, y con electo* a partir del 1 de enero, se incrementará • la masa global de la« pensiones

en un 30 por 100 y e* distribuirá su cuantía de forma que incida progresivamente en las más reducidas.

SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA

El Régimen de la Seguridad Social Agraria será equiparado al Régimen General de acuerdo con el ritmo

que permita la política económica, revisándose los sistemas de cotización, los criterios de prestaciones y

los de fijación de la cuantía de las cuotas, tanto de empresarios como de trabajadores.

SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA

Se elaborará un catálogo de enfermedades profesionales y ge actualizarán las normas de medicina

preventiva. Asimismo, se recomienda la creación de un Servicio de Orientación Familiar y la inclusión de

la psiquiatría dentro de las prestaciones de la Seguridad Social, todo ello dentro de las posibilidades -

actuales del marco finaciero general de la misma.

REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO

La reforma del gisteiwa financiero responderá a lo* siguientes principios:

• Antes del 31 de marzo de 1978, el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley para la

nueva regulación de loe órganos rectores de) Banco de España y del crédito oficial.

• Se adecuarán las normas reguladoras del crédito oficial, de forma que la» entidades oficiales de

crédito se financien, M menos en su tercera parte, con fondos captados en el mercado; sus operaciones

activas pueden ser similares a las de la Banca privada y tengan posibilidad de acceso a los créditos de

regulación monetaria.

• Las Cajas de Ahorro* prestarán atención prioritaria a la financiación de la pequeña y mediana

empresa, a la del comprador para la adquisición de la vivienda propia, a la de los sectores agrícola y

pesquero y a la de cuantas actividades, estimulan la creación de empleo en el ámbito

territorial »n el que operen. El Gobierno propondrá, en el plazo de un mes, las medidas oportunas en

orden al cumplimiento de tales objetivos. Las autoridades financieras y la sección de Política, Monetaria

de ía Comisión de Economía del Congreso vigilarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, el

funcionamiento de estas entidades y garantizarán la representación efectiva en sus órganos de gobierno de

los impositores y, cuando proceda, de las entidades y corporaciones y de los propios gobiernos

autonómicos de su ámbito territorial.

• Las Cajas Rurales pasarán a depender del Ministerio de Economía y serán controladas por el Banco

de España en análogos término» que las Cajas de Ahorros y la Banca privada.

• Se revisarán las actuales normas sobre incompatibilidades bancarias y se limitará la posibilidad de

concesión de crédito* por las entidades bancarias a sociedades anónimas en cuyo capital posea una

especial participación alguno de los altos cargos de tales entidades bancarias.

• Dentro del mercado de capitales, se potenciarán las emisiones de títulos de renta fija, adecuándose sus

tipos a los del mercado.

• Respecto al mercado de hipotecas, se eliminan las trabas legales y administrativas que actualmente

obstaculizan el desarrollo de mismo.

• Se revisará la función de los agentes mediadores en el mercado de capitales, en el sentido de

liberalizar y ampliar la función mediadora.

• Se revisará la legislación vigente en materia de inversión colectiva.

Las actuaciones en el terreno de la política agrícola se ordenarán con arreglo a los siguientes criterios:

ORDENACIÓN DE CULTIVOS

• Se definirán los criterios de ordenación de cultivos antes del mes de julio de 1978. Tales criterios

deberán tener en cuenta las diferentes agriculturas existentes en el país y, dentro de unos principios

generales de coordinación, deberán tender hacia la eliminación de los desequilibrios agroalimentarios.

El carácter de esto» criterios será indicativo y contendrán una específica política ganadera y una

política de grasas.

• En la elaboración de los criterios de ordenación dé cultivos participarán las organizaciones y

ciones de los regímenes autonómicos.

• En la elaboración de los criterios de ordenación de cultivos se tendrán en cuenta la demanda, tanto

actual como potencial, del mercado, interior y exterior y el aprovechamiento integral de los recursos

naturales. Asimismo, se fijará como objetivo en esa elaboración el reducir el desequilibrio de la

balanza comercial agraria en los próximos años.

LEY DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS

Antes del 30 de Junio de 1978 se presentará un proyecto de ley de arrendamientos rústicos que

incorporará a la actual normativa los siguientes criterios:

• Regulación del acceso a la propiedad de la tierra para los arrendatarios.

• Supresión progresiva de la posibilidad de fijar cánones arrendatarios en función de los frutos

obtenidos. Se favorecerá, asimismo, la permanencia y continuidad en Ja relación arrendataria,

establecieno criterios equitativos para la revisión periódica de la renta. •

• Examen profundo del régimen de aparcería, a fin de darle la solución más adecuada de acuerdo con

las características de las distintas zonas geográficas o regionales.

• Reembolso de las mejoras realizadas por el arrendatario en los casos de venta o extinción

forzosa del arrendamiento.

• Actuación fiscal sobre las tierras insuficientemente aprovechadas.

• Revisión de ´las normas legales sobre derecho de los arrendatarios en caso de expropiación forzosa o

enajenación.

POLÍTICA DE PRECIOS

El Gobierno regulará conjuntamente los precios agrícolas, con antelación suficiente para orientar la

campaña; para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• La política de precios agrarios y la fijación conjunta de precios para la próxima campaña se

elaborará con la participación de las distintas organizaciones y sindicatos agrarios, representativos de

los intereses del sector.

• Se analizarán los niveles comparativos de renta del sector agrícola y de los demás sectores

mediante la correspondiente investigación estadística y se procurará que las diferencias entre tales

niveles no se incrementen en lo sucesivo. Ademas, se arbitrarán las medida* necesaria* PWa que «

agricultor 8«a, ri beneficiario directo de las subvenciones a lo» productos agrarios.

LEY DE COOPERATIVAS Y ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS

Antes del 30 de junio de 1978 s* presentará a las Cortes un proyecto de ley sobre entidades asociativas, c

o o p e rativas agrícolas y ganaderas y sociedades de transformación que favorezca la creación de aquellas

que cubran todo el .proceso productivo, adquisición colectiva de productos necesarios para la explotación,

industrialización de sus Eropiog producto» y la comercialización de lo* mismos, incluso hasta el nivel del

consumo. Lft regulación, en su caso, deberá ajustarse al principio fundamental cooperativo, conforme al

cual un voto.

LEY DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO

En el menor plazo posible se presentará a las Cortes una nueva ley de reforma y desarrollo agrario, que

establezca los criterios generales a los que deberá adecuarse la nueva política estructural de la empresa

agraria, de la explotación agraria familiar, así como de las formas asociativas de explotación. Tales cri-

terios podrán ser desarrollados por las instituciones autonómicas. Asimismo se elaborará un estatuto de la

explotación familiar´ agraria y se agilizarán los procedimientos expropiatorios por razones de interés

social, modificando los sistemas de indemnización y estableciendo nuevos mecanismos de valoración. Se

actualizará la presente regulación de fincas manifiestamente mejorables, con el fin de conseguir su eficaz

aplicación.

SEGUROS AGRARIOS

Se presentará ante el Congreo una ley de seguros agrarios que proteja al agricultor de las consecuencias

derivadas de acaecimientos catastróficos.

CÁMARAS AGRARIAS

En relación con el decreto de Cámaras Agrarias, se recomienda un decreto adicional, en consulta con las

distintas fuerzas sindicales, que perfeccione el anterior y que regule las elecciones a estos órganos y en el

que se contemplen las necesarias garantías electorales de modo que se asegure la plena democratización

de estos órganos de consulta y colaboración. Esta regulación se efectuará teniendo en cuenta el re-

conocimiento del principio de libertad de asociacion sindical en ei terreno agrario.

CAJAS RURALES

El funcionamiento de las Cajas rurales se regirá especialmente por los principios cooperativos,

adaptándose a. criterios de democratización en sus órganos y de transparencia en sus operaciones,

dedicando las mismas de forma preferente al sector agrario y al medio rural.

POLÍTICA PESQUERA

• La política pesquera se estructurará en torno a las siguientes acciones:

a) Extensión de las aguas jurisdiccionales del país a 200 millas.

b) Reforma de Ja estructura administrativa de la pesca, *»-támtei*-Hel rango necesario para

el tratamiento coherente y unitario del sector.

c) Elaboración, antes del 80 de junio de 1978, de un amplio plan de reestructuración del sector pesquero,

que contemple tanto las acciones de carácter interno referentes a las actividades pesqueras que se realicen

dentro de las aguas jurisdiccionales como la defensa y potenciación de la pesca de altura y gran altura

sometida a la jurisdicción de terceros países.

• En lo que se refiere a la política pesquera interna, los principales criterios de actuación serán los

siguientes:

a) Estructuración adecuada de los centros de investigación pesquera.

b) Ordenación en función de los resultados de estos estudios de la pesca de litoral.

c) Regionalización de la actividad pesquera y marisquera, con adecuada representación de las

fuerzas sociales en los órganos que se creen.

d) Establecimiento de una política comercial coherente con las peculiaridades de la producción

pesquera.

e) Consideración especial de los problemas sociales del sector.

• En relación con la política exterior pesquera, los criterios de actuación serán los siguientes:

a) Defensa del derecho de acceso a los caladeros tradicionales y apertura de nuevas posibilidades para la

flota.

b) Potenciación de empresas pesqueras conjuntas.

POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN

• Se elaborará, antes del 30 de junio de 1978, un programa de reforma y modernización de las estructuras

comerciales, cuyas principales líneas de actuación serán las siguientes:

a) Mejora de la comercialización en origen, con objeto de que los productores asuman una parte

creciente del proceso de distribución. Para ello se fomentarán las cooperativas de comercialización

agraria, se mejorará el funcionamiento de los mercados de origen y se facilitará la presencia de los

productores en los mercados centrales, así como su relación directa con el escalón

´detallista y las cooperativas de consumo.

b) Transparencia del escalón mayorista, buscando la desaparición de intermediarios innecesarios y

aumentando el grado de competencia entre Los que deban subsistir. Para ello se desarrollará una

política de mercados centrales, en el doble sentido de mejora de su infraestructura y de revisión de las

normas a que está sometido el funcionamiento y el acceso a los mismos. Al mismo tiempo se dará

prioridad al desarrollo de canales alternativos, mediante centrales de. distribución, de origen y de

destino, que eviten el paso forzoso por los marcados centrales de todos aquellos productos que reúnan

las condiciones sanitarias adecuadas.

c) Modernización del escalón detallista mediante una serie de acciones que faciliten tanto el asentamiento

y la financiación de la pequeña y mediana empresa comercial como los movimientos de asociación e

integración entre comerciantes y detallistas Asimismo se regulará la creación de grandes superficies

comerciales.

• En el ámbito de la regulación y ordenación de los mercados se potenciarán los servicios de vigilancia

y disciplina de los mismos, a fin de asegurar la competencia en precios, la lucha contra el frundo y el

fomento de la calidad, a la vez que se avanzará en 1» normalización técnico - comercial de los productos

en el mercad» interior, como medio de conseguir una mayor fluidez de la actuación comercial y una

mayor información de la administración y defensa de los derechos de los propios consumidores.

• Se revisará, antes del 31 de marzo de 1978, la normativa que rige el Instituto Nacional del

Consumo, con el fin de dotarla de un mayor grado de tecnifica-ción y eficacia en sus funciones. Se

reorganizarán los servicios da la Administración que se relacionen directamente con los intereses de los

consumidores, potenciando la participación de éstos en aquellos organismos cuyas decisiones puedan

afectarles directamente y preparando la promulgación de un estatuto del consumidor.

• Por último, se procederá a la transformación de la Comisaria General de Abastecimientos y

Transporte», con objeto de lograr una mayor libertad de mercado y reducir la intervención directa del

Estado en los mismos.

POLÍTICA ENERGÉTICA Y ESTATUTO

, Respecto a la política energética y al estatuto de la empresa pública, la actuación del Gobierno se

orientará conforme a los siguientes criterios:

POLÍTICA ENERGÉTICA

La crisis energética que afecta a todos los países industrializados reviste especiales caracteres de gravedad

en el caso de España, debido a la confluencia de tres tactores: en primer término, debido al consumo

excesivo de energía en relación con el producto nacional bruto y la utilización poco racional de la energía

primaria; en segundo lugar, por la gran escasez de recursos energéticos propios, lo que origina una

dependencia desproporcionada del exterior, y finalmente, por la incidencia de las importaciones

energéticas en la balanza de pagos. Es, pues, uno de los problemas básicos y más graves con los que se

enfrenta la economía española, al igual que los demás países industriales, y que, por consiguiente,

requiere que se inicie una urgente y firme políti--ca de acuerdo con los siguientes principios:

1. Supeditación de la política energética al logro de los objetivos prioritarios que el Gobierno se ha

fijado en materia de política económica y muy especialmente de balanza de pagos. .....

2. Remisión a las Cortes, antes de fin de año, de un nuevo plan energético, compatible con la

necesaria conservación del medio ambiente, que apunte a contener y —si ello fuera posible

a disminuir la intensidad y elasticidad del consumo energético mediante las siguientes medidas:

a) Una política coherente de conservación y ahorro energético basada, en primer término, en la

utilización de un sistema de precios realistas que impida el continuado abaratamiento de la energía en

términos reales y en relación al resto de los bienes y servicios disponibles, y, en segundo lugar, en la

instrumentación de distintas medidas de ahorro energético, recurriendo incluso—si ello fuere

necesario—a la contingentación de los consumos energéticos.

b) Una política de diversificación de fuentes energéticas y de países de procedencia de las mismas.

c) Una política de desarrollo acelerado de los recursos propios, dentro de criterios de racionalidad

económica y social d« las producciones nacionales de petróleo, de combustibles nucleares, de la energía

hidroeléctrica y del carbón.

d) Una política de potenciación de las investigaciones y «1 desarrollo de las fuentes alternativas de

energía, con especial referencia a la energía solar, estimulando la creación de una tecnología propia.

3. Para facilitar y consolidar las medidas previstas se procederá a una reordenación de los distintos

sectores energéticos, potenciando al máximo el ejercicio de las potestades administrativas —y, en su caso,

de los derechos derivados de la posición de accionista de la Administración Pública en las empresas de

todos los subsectores—para conseguir la racionalización y coordinación del sector energético en aras a la

más perfecta y completa satisfacción de loa intereses públicos. Por lo que respecta a cada uno de loe

sectores energéticos, se procederá, además, a la adopción de las siguientes medidas:

a) En el subsector de hidrocarburos se procurará la coordinación de las competencias administrativas

y, en lo posible, la existencia de un organismo que agrupe todas las participaciones públicas en el

subsector.

b) En el subsector eléctrico se procurará la optimización del sistema de explotación con las

consiguientes compensaciones que el mismo conlleva, la planificación de las inversiones futuras y la

optimización del sistema de transporte y distribución, garantizando la dirección de todo el proceso

por los órganos competentes de la Administración Pública. Asimismo se procederá a ¡a adopción

de medidas que estimulen la concentración de empresas eléctricas y se prestará la necesaria

atención a la electrificación rural.

c) En el subsector nuclear se garantizará que el -procedimiento de localización de instalaciones

nucleares—donde tendrán intervención las autoridades locales— persiga la ubicación más idónea de

las mismas, estableciéndose un adecuado sistema de compensaciones. Por otra parte, se ga-

rantizarán las máximas seguridades en la explotación de las instalaciones nucleares, así como de

los almacenes de residuos radiactivos. Por último, se potenciará la máxima utilización posible de

tecnología nacional en el campo nuclear, contro1ando y coordinando la Administración tanto las

importaciones de equipos nucleares como las transferencias de tecnología.

Antes del 80 de junio de 1978, e1 Gobierno remitirá un proyecto de ley a las Cortes relativo al estatuto de

la empresa pública, sobre la base de loe siguientes criterios:

• Control parlamentario. Dada la problemática de las empresas públicas, considera con veniente que el

control parlamentario de las mismas se realice por una

subcomisión específica dentro de la Comisión de Economía.

• Control por la Administración. El estatuto de la empresa publica regulará los siguientes extremos :

a) Su coordinación y racionalización de conjunto por un órgano de la Administración.

b) Su control financiero externo, de acuerdo con lo establecido en la ley presupuestaria.

c) Su control interno, que se efectuará por los distintos departamentos ministeriales competentes.

• Regionalización de inversio-nes. La inversión realizada a través de la empresa pública deberá

coadyuvar al desarrollo de las regiones menos desarrolladas- En los planes de inversión de las

empresas públicas se determinará con claridad suficiente el porcentaje de las mismas que se destiné a

las distintas áreas regionales.

• Descentralización de actividades. En espera de lo que en este sentido pueda derivarse de la nueva

Constitución y del eventual establecimiento de gobiernos autónomos, se procurará conseguir desde

ahora en este ámbito el máximo grado de descentralización, compatible en todo caso con las

directrices que adopte la empresa pública a nivel general.

• Participación de las fuerzas sociales. Reconocimiento de la participación de los trabajadores en

los órganos de gobierno de las empresas públicas, fundamentalmente a través de sus sindicatos y

establecimiento dé cauces de consulta a los consumidores o usuarios para la elaboración de las

políticas de éstas cuando les afecten y para el control de la eficacia de sus actividades.

• Régimen de incompatibilidades. Establecimiento de un régimen de incompatibilidades para los

miembros de los Consejos de Administración de las empresas públicas.

• Adquisiciones y enajenaciones. La adquisición y enajenación de empresas o de activos por

parte del sector público se someterá a rigurosas formas de valoración que garanticen, en todo caso, su

realización por «i valor justo que corresponda.

• Condiciones de actuación. Las condiciones de actuación de las empresas públicas y privadas se

equipararán de forma de que en la gestión de ambos tipos de empresa no se den situaciones discri-

minatorias.

Los representantes del Gobierno y de los diversos partidos políticos con representación parlamentaria

entienden que, si las acciones expuestas se cumplan, señalarán el punto de partida pal ra la superación de

la actual crisis económica.

 

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