Cumbre de la Moncloa. 
 Sin acuerdo todavía sobre el documento político     
 
 Ya.    26/10/1977.  Página: 10. Páginas: 1. Párrafos: 61. 

Cumbre de la Moncloa

SIN ACUERDO TODAVÍA SOBRE EL DOCUMENTO POLÍTICO

Según el documento que actualmente se estudia, un consejo provisional elaborará un proyecto jurídico de

RTVE • Dicho consejo, integrado paritariamente por personas designadas por el Gobierno y por

parlamentarios, asumirá la vigilancia de su funcionamiento y objetividad informativa • Despenalización

del adulterio y del amancebamiento • Perderán sustantividad y desaparecerán los delitos de propaganda

ilegal • Se resolverá la dualidad de tipificaciones entre el Código Penal común y el Código de Justicia

Militar • El concepto de orden público será depurado de contenidos no democráticos

"La totalidad de las fuerzas políticas representadas en las negociaciones que sé vienen llevando a cabo en

el palacio de la Moncloa volvieron ayer a considerar con el Gobierno el texto del documento político

sobre el que se trata de llegar a un acuerdo. Sigue habiendo oposición a suscribir integramente el texto del

documento por parto de los partidos Alianza Popular y Partido Nacionalista Vasco. La última redacción

del documento que llegó a los partidos interesados es I» siguiente:

Los objetivos de política legislativa a corto plazo propuestos se centran en la introducción de reformas

parciales y urgentes para la adaptación del ordenamiento Jurídico a las exigencias propias de la nueva

realidad democrática. La coincidencia podría expresarse en torno a las siguientes líneas directrices que no

prejuzgan ni Interfieren:

A) La plenitud de competencias de las Cortes para su debate y decisión.

B) Los términos en que deba producirse la regulación definitiva en ejecución y cumplimiento de los

mandatos constitucionales.

1. Libertad de expresión

A) Prensa. — Subsistirá la obligación de depósito previo de publicaciones si bien" el secuestro sólo podrá

decretarse por la autoridad judicial, en virtud de denuncia del fiscal, de la Administración Pública o de

cualquier persona interesada * Cualquier, denunciante podrá acompañar, con su denuncia, una propuesta

de nota de rectifica-ción, aclaración o réplica. En tal caso, la autoridad judicial dará opción a la

publicación para insertar, en el número siguiente a su recepción, la nota de aclaración, rectificación o

réplica. Su inserción, sin comentarlos ni apostillas, comporta el perdón del ofendido y la publicación no

podrá volver sobré la cuestión,

• El procedimento judicial que, en su caso, haya de seguirse se desarrollará en plazos breves y estrictos.

• La determinación de responsabilidades principales y subsidiarias se ajustará a lo establecido en el

Código Penal.

• La sentencia, cuando no sea absolutoria, fijará preceptivamente el importe de la indemnización

por perjuicios morales, la cuantía se fijará en función de criterios objetivos.

B) Secretos oficiales, — Se revisarán los supuestos legales en que pueda una materia ser declarada

reservada. Los órganos, competentes para hacer la declaración serán: el Consejo de Ministros y, en

materia de defensa nacional, las autoridades militares.

2. Medios de comunicación social de titularidad estatal

• Un consejo provisional, integrado paritariamente por personas designadas por el Gobierno y por

parlamentarios, elaborará y propondrá un proyecto de estatuto jurídico de RTVE y asumirá

provisionalmente la vigilancia de su objetividad informativa y de su funcionamiento general.

• La comisión de Cultura del Congreso constituirá una subcomisión que, conjuntamente con jas

personas designadas por el Gobierno, propondrá a éste el tratamiento que deba darse a los demás

medios de comunicación social del Estado ya los procedentes de la AISS.

3. Derecho de reunión

La reforma de la legislación general reguladora del derecho de reunión deberá efectuarse sobre la base de

las siguientes premisas:

• Ampliación del concepto de reuniones privadas (exentas de toda intervención administrativa)

todas aquellas cuyo número no supere las cincuenta personas; las que convoquen y celebren las

personas físicas en lugares de público esparcimiento por razones familiares o de amistad, siempre que

la asistencia esté limitada mediante invitación nominativa; y a las convocadas por los partidos políticos

para sus afiliados exclusivamente, aun cuando sea fi^V. de sus locales sociales.

• Régimen de libertad para las reuniones en local cerrado con, una simple comunicación previa a

la autoridad administrativa, que sólo podrá disolver el acto si durante su transcurso se producen

alteraciones graves del orden, se cometa o intente cometer algún delito, o se produzcan ocupaciones de

inmuebles.

• Idéntico régimen—libertad de comunicación previa— para las reuniones-concentraciones en local

cerrado, entendiéndose por éstas aquellas cuyo número de asistentes exceda de quinientas

personas; pero con posibilidad por parte de la autoridad gubernativa, en este caso, de suspenderlas "a

priori" cuando sus fines sean manifiestamente ilícitos (delictivos), de modificar las condiciones´ de su

celebración y de disolverlas en los mismos supuestos que en el caso de las reuniones en local

cerrado.

• Mantenimiento del régimen actúa] para las reuniones en lugares abiertos al uso público

(manifestaciones); esto es, autorización previa con silencio positivo. El régimen de suspensión y di-

solución será el mismo previsto en el apartado anterior.

• Posibilidad de limitar legal-mente el ejercicio del derecho de manifestación a días y horas

concretas, en la misma linea que se pronuncian algunas legislaciones, a fin de no perturbar en exceso

el desarrollo de las actividades laborales y el tráfico vianes.

• Establecimiento de un proceso judicial sumario para la tutela del ejercicio de este derecho y la

impugnación de las resoluciones administrativas que recaigan en este ámbito ante los tribuna.-les de

justicia.

.

• Se configurará la responsabilidad de los solicitantes o promotor es por cuyo dolo o negligencia

se hubieran incumplido loa normas o se hubieran producido resaltados delictivos o perturbadores.

Todas estas limitaciones al ejercicio del derecho tienen como fundamento primordial le salvaguarda de

los derechos de los terceros, y, por lo que a las manifestaciones se refiere, la garantía dé la libertad de

circulación privada.

4. Derecho de asociación política

La reforma del ordenamiento legal que disciplina en la actualidad el ejercicio de este derecho (ley

21/1976, de 14 de junio, y •el real decreto-ley 12/1977, de 8 -de febrero) debería acomodarse a los

principios siguientes:

• Regulación sucinta de la estructura elemental de las asociaciones de este carácter con el fin de

que su organización y funcionamiento se acomoden a criterios democráticos.

• La inscripción en el Registro de Partidos Políticos se producirá por el transcurso de un plazo breve

desde el depósito de los estatutos, salvo que dentro de él se haya .ejercitado acción por el

ministerio fiscal pretendiendo la declaración judicial de su ilegalidad.

• Decisión judicial, asimismimo, para suspensión o disolución de las asociaciones cuando realizaran

actividades ilegales o fueran procesados o condenados asociados, siempre que actuaran en nombre y por

cuenta de aquéllas y realizando conductas relacionadas con e1 objeto de la asociación.

• Establecimiento de un proceso judicial sumario para conocer y resolver todos estos supuestos ante

los tribunales de justicia.

• Regulación de un sistema de financiación estatal a los partidos políticos mediante el establecimiento

de un sistema objetivo de subvenciones en función de los resultados electorales obtenidos.

5. Código Penal

Con carácter urgente se elaborarán tas siguientes reformas:

a) Relacionadas especialmente con la mujer:

• Despenalización del adulterio y el amancebamiento (artículos 449 a 432 y último párrafo del

artículo 443 con modificación de concordantes en el Código Civil).

• Regulación de la expedición de anticonceptivos, límites de publicidad y consiguiente despenalización.

• Modificación de las edades de la mujer tomadas en consideración para la tipificación del rapto

(artículos 440 _y_ siguientes) y del estupro (artículos 434 y siguientes).

b) Relacionadas con las Leyes Fundamentales y referencias al Movimiento nacional:

• Deepenalización en general y particularmente las referencias del capítulo I, titulo II.

• Supresión de la sección cuarta (delitos contra las Leyes Fundamentales).

c) Relacionadas con las libertades públicas;

• Reuniones y asociaciones ilícitas. Modificación del articulo 166, 172 y concordantes, estableciendo

una nueva tipificación que comprenda sólo los fines contrarios a la moral pública o, en general, a la

comisión de algún delito. Se mencionará también especialmente la utilización de medios violentos dentro

de la tipificación y se protegerá el desaparecerán como tales. La protección penal de la libertad de

prensa se hará a través del Código Penal en general, modificando lo necesario en materia de Injurias y

calumnias, reintroduciendo la figura. de la apología del delito y con lae especialidades imprescindibles «n

la tipificación de delitos de prensa e´ imprenta.

d) Revisión de cuantías.

• En línea semejante a lo prevenido en la ley 39/1974, de 28 de noviembre, .se elevarían las

cifras consignadas en el Código Penal como cuantía, valor o cantidad objeto del hecho punible, lo que

llevaría Indirectamente una rebaja general de las penas ya impuestas o por imponer en los delitos

tipificados en virtud de dichas cifras. La desvalorización del dinero en los últimos tres años justifica,

además, esta medida, que irá unida a una reconsideración de las cuantía» de las multas ai alza, pero no

Automáticamente, sino en virtud de loa nuevos criterios de política criminal.

6. Ley de Peligrosidad Social

• Revisión técnica de los tipos figurados en la legislación vigente y de las medidas restrictivas de libertad.

• Supresión de tipificaciones de carácter meramente predelic-tivo y, en su caso, instrumentación de

medidas asistenciales.

• Precisión del carácter no penal de las medidas de seguridad tanto en tu configuración legal como en

su ejecución con neta diferenciación, en cuanto a sus características y regímenes, de los establecimientos

de rehabilitación social respecto de loe penitenciarios. Adopción a este fin de medidas urgentes sobre los

establecimientos existentes en tanto se ejecuta el programa, en curso de nuevas construcciones e

instalaciones.

• Resolver provisionalmente—a reserva de la solución final de conjunto—el problema de la dualidad

de competencia jurisdiccional y de tipificación de conductas en el Código Penal y en la ley de

Peligrosidad Social.

• Conexión especifica con el nuevo tratamiento penal de Ja reincidencia a efectos de articularlo

con la consideración d* la profesionalidad o habitualidad delictiva como supuesto de peligrosidad social.

7. Código de Justicia Militar

Reconsideración de sus límites en relación con la competencia de la jurisdicción militar.

• Por razón de delito: resolver la dualidad de tipificaciones entre el Código Penal común y el Código

de Justicia Militar, restringiéndose éste al ámbito de loe delitos militares.

• Por razón de lugar: limitar la competencia de la jurisdicción militar a los actos cometidos en centros

o establecimientos o lugares estrictamente militares.

• Por razón de la persona: revisar los supuestos de desafuero y los términos en que se resuelve la

competencia cuando concurre personal militar y no militar en unos mismos hechos que no constituyen

delito-militar.

• Fortalecimiento de las garantías procesales en los procedimientos de la jurisdicción militar.

8. Orden público

• Revisión parcial de la ley de Orden Público, de acuerdo con los criterios que a continuación se

expresan. Su vigencia temporal será limitada, dado- que una nueva regulación global y sistemática deberá

ser en su momento adoptada en función de las previsiones que figuren en la Constitución.

• Nueva definición del concepto de orden público, depurándolo de contenidos no democráticos y

asentando su fundamento esencial en el libre y pacifico disfrute de las libertades públicas.

El orden público tendrá una proyección concreta y actual, en cuanto protección del avance en la

consolidación de la democracia y defensa frente a las agresiones terroristas.

• La tipificación del terrorismo figurará en el Código Penal Común, con eliminación de lo que al respecto

figure en leyes especiales. En cuanto a la tipificación del terrorismo y a la demensa frente a él, se operara

con los criterios generalmente aceptados en los convenios internacionales y en los países de Occidente.

• La potestad sancionadora en materia de orden público sé ajustará a los principios siguientes:

— El acto sancionador no podrá dictarse sin previa audiencia del interesado.

— Se respetará el principio "non bis in idem", tanto entre sanciones administrativas como

entre éstas y las penales.

— Se eliminará toda exigencia de pago previo como requisito para recurrir contra la sanción.

— No habrá responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas.

— Serán meramente potestativos los recursos administrativos previos a la impugnación juris-

diccional de la sanción. El procedimiento de revisión jurisdiccional será breve y la autoridad Judicial

ante la que se interponga el recurso podrá decretar la suspensión de la ejecución de] acto en tanto se

sustancia el procedimiento.

— Las autoridades gubernativas con facultad sancionadora en la materia serán los gobernadores

civiles, el director general de Seguridad y el ministro del Interior.

• Se potenciará 1a capacidad de acción de los poderes públicos y la participación ciudadana

para la protección y defensa civil en supuestos de emergencia (paralización de servicios públicos

esenciales, desabastecimiento de productos de primera necesidad, emergencias sanitarias, etc.).

• En cuando exigir partir de la regulación constitucional sobre suspensión de garantías, «e excluyen

de los temas a revisar los estados de excepción y de guerra.

• Se fortalecerán los medios de investigación y defensa frente al terrorismo. A este respecto, en

particular se creerá una unidad de policía judicial, funcionalmen-te dependiente de los órganos judiciales

competentes, para la investigación de delitos terroristas, y que bajo las órdenes directas de la autoridad

judicial y al Amparo de las autorizaciones otorgadas por la misma pueda desempeñar con eficacia y

prontitud la función investigadora requerida.

9. Reorganización de los cuerpos y fuerzas de orden público

• Estructuración de los cuerpos y fuerzas de orden público en dos grandes sectores: un cuerpo

civil (Cuerpo Genera] do Policía), encargado fundamental-talmente de la Investigación criminal

(prevención y persecución de los delitos y faltas), y dos cuerpos militares (Policía Armada y Guardia

Civil), como cuerpos operativos para el mantenimiento de la paz pública, seguridad, ciudadana, ejercicio

de lo* derechos y libertades y guarda física de los espacios urbanos y rurales.

• El mando de las fuerzas de orden público deberá recaer en el ministro del Interior y, más

inmediatamente, en un director de la Seguridad del Estado con categoría de subsecretario o de secretario

de Estado. El Ministerio del Interior, no obstante, ejercerá el mando sobre la Guardia Civil solamente

en lo que afecte al mantenimiento del orden público, dada la pertenencia de este cuerpo a las Fuerzas

Armadas y su dependencia, por consiguiente, del Ministerio de Defensa.

• Los cuerpos y fuerzas de orden público operarían sobre la base de una distribución funcional y

territorial de competencias; la Policía gubernativa (esto es, si Cuerpo General de Policía y la Policía

Armada), en las zonas más conflictivas y en las unidades urbanas de mayor población; y la Guardia

Civil, en las restantes sin perjuicio de sus misiones funcionales genéricas en orden a la disciplina del

tráfico, custodia de inmuebles, armas y explosivos; resguardo fiscal y de fronteras , y de sus funciones

como Policía judicial y gubernativa en las primeras fases de investigación y prevención de delitos y

faltas.

• Adopción de una serie de medidas tendentes a la progresiva intercomunicación entre los cuer-pos de

Policía Armada, Guardia Civil y Cuerpo General de Policía.

• Reforzamiento de los. Cuerpos Administrativos, Auxiliar y Subalterno de la actual Dirección

General de Seguridad!, que libere a los funcionarios del Cuerpo General de Policía, Guardia Civil y

Policía Armada del desempeño de funciones burocráticas. Estos Cuerpos podrían nutrirse de lo»

miembros de los Cuerpos militares antes mencionados, al pasar a la situación de retiro, y según su

diferente categoría o graduación, con lo que se conseguiría no sólo prolongar la vida activa d* un

importante contingente, sino también garantizar una continuidad en la función muy deseable.

• Perfeccionamiento del régimen de formación del Cuerpo General de Policía y establecimiento de un

sistema de especialización para los oficiales del Ejército de Tierra que pasen a incorporarse a los cuadros

de mando de la Policía Armada.

• Creación de unidades especiales de policía judicial para e1 servicio directo de la labor enco-

mendada a los jueces y tribunales de todo orden.

• Creación de unidades tendentes a dar un servicio de lo que en otros países se conoce con el

nombre de "policía de barrio" para la atención directa y, permanente a los vecinos.

• Establecimiento de un régimen claro de división de competencias entre las funciones en-

comendadas a los Cuerpos y Fuerzas de Orden Público estatales y las atribuciones a las policías locales,

sobre la base de un fortalecimiento de las competencias de estas últimas (fundamentalmente, en atención

al mantenimiento del orden en las vías urbanas)."

 

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