Política de crédito     
 
 ABC.    22/04/1969.  Página: 102. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

POLÍTICA DE CRÉDITO

El reciente discurso del ministro de Hacienda ante las Cortes contiene aseveraciones y propósitos merecedores de ser subrayados. No se refieren aquéllos exclusivamente a la Ley de Bases de Ordenación de Crédito y de la Banca, motivo principal de dicho discurso, sino al amplio panorama del crédito, que se abarca desde la cima de la ley, y a su aspecto social dentro de los postulados cristianos y humanos, esenciales en el planteamiento de cualquier problema político español.

El ministro de Hacienda es autor de una serie de leyes que pueden llamarse revolucionarias, o bien, si se prefiere, de evolución revolucionaria afirmativa y creadora, o de revolución instauradora, porque sus fines no son demoledores, sino constructivos, para establecer un orden nuevo asentado en sólidas bases de razón y justicia social. Considera el ministro que nos hallamos "en un momento auténticamente creador", de inquietud, impulso y dinamismo, muy oportuno para que la sociedad dé el paso adelante, en contra de quienes propugnan el inmovilismo, equivalente al renunciamiento y a la parálisis, lo cual, en definitiva, significaría entregar la ciudadela al enemigo.

El inmovilismo supondría el cierre de horizontes, la incapacidad para la acción y la confesión de agotamiento. El inmovilismo valdría como prueba de esterilidad y raquitismo de los programas sociales y serviría de fundamento para una acusación por deslealtad a los principios promulgados.

Con motivo de la política de crédito, igual que hizo en sus anteriores reformas de carácter económico, el ministro de Hacienda ha dado como explicación previa que sus leyes se acomodan a los postulados del Movimiento, a las doctrinas de la Iglesia y a los dictados del Caudillo, de modo que con su aprobación se cumplen unas promesas, unos deberes y unas órdenes directrices del Régimen que no pueden ser soslayadas o eludidas sin incurrir en infidelidad a la causa a la que se sirve.

Es oportuno recordar con respecto a esta Ley de Bases de Ordenación de Crédito y de la Banca, aprobada por las Cortes, que las sociedades financieras directamente afectadas la han considerado, en su conjunto, justa y conveniente, según consta en las Memorias leídas en las juntas generales y en declaraciones hechas por directivos de Bancos. La ley llena vacíos, ordena el sistema, y por lo que se refiere a la nacionalización de la Banca oficial, no hace sino adoptar una medida vigente en casi todos los países del mundo. La trascendencia de la ley estriba en su aplicación. Ahí se oculta su verdadera importancia, la clave de su eficacia y de sus efectos. En manos de insolventes y demagogos supondría la dictadura absoluta sobre la vida económica del país. "La reforma de un mecanismo tan sensible y de tan amplias repercusiones sociales—se dice en la exposición de motivos—debe de realizarse escalonadamente y con prudencia, no sólo por la especial naturaleza del sistema bancario, sino también por la necesidad de acomodar las medidas que al efecto se adopten con las de todos los sectores de la economía que son complementarios." Con la vista puesta en el aspecto político del problema, él ministro afirma que el crédito no puede estar a merced de aspiraciones incontroladas, ni se puede realizar su aplicación de manera tiránica, ni debe, por lo tanto, adoptar el Estado una posición de indiferencia frente a problema

tan incitante, puesto que el crédito es la sangre del organismo económico, creador virtual de riqueza, movilizador de recursos y de capacidades humanas, impulso vital del progreso, dispensador de bienes humanos, y su control "ha sido siempre un objetivo de poder, una cumbre de mando y de gobierno".

Los cinco principios de naturaleza social que el ministro eligió como sectores de su obra económica inspirarán también la política de crédito. Esos principios son: de solidaridad entre los españoles, de igualdad de oportunidades, de libre iniciativa, de subsidiariedad o de acción supletoria del Estado y, por último, del bien común. ¿Tienen algo que ver estos principios con la economía ? En su origen, no. Sin embargo, la economía moderna los considera como propios, de tal modo, que puede decirse no existe hoy verdadera economía que prescinda de los problemas sociales. Y tan íntimamente se une lo económico con lo social, que no cabe solución para los problemas de uno con independencia o separación de los del otro.

Armonizar ambos principios, a fin de que se beneficien mutuamente, es el ideal de todo hacendista que pretenda aliviar a la economía de su sequedad rigorista y científica para humanizarla, poniéndola al servicio de sus ilusiones políticas.^ Desarrollada a la luz de esos principios, la ley debe ser protección, estimulante, en definitiva innovadora y revolucionaria, porque abre nuevos caminos y horizontes a la iniciativa privada y al afán de todo español con voluntad de trabajar.

 

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