La supresión del TOP     
 
 Arriba.    04/01/1977.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

LA SUPRESIÓN DEL TOP

EL último Consejo de Ministros aprobó un acuerda que, sin ningún género de dudas, hemos de considerar de la mátfíma trascendencia: la supresión de los Tribunales de Orden Público y de Delitos Monetarios. Como en estas mismas páginas hemos señalado, se trata del gran «empujón», de la gran recta final, que nos llevará a la unidad de jurisdicciones: una promesa que arranca desde la Ley Orgánica del Estado (aprobada en referéndum en 1967), que fue renovada por los dos Gobiernos de la Monarquía ´en sus declaraciones programáticas, pero que sólo ahora parece estar al alcance de la mano. Hizo falta para ello casi un año de estudios por parte del Ministerio de Justicia, y suponemos que una aceptación formal de las peticiones de casi todas tas fuerzas políticas democráticas y dé la Abogacía. Quedan ahora todavía algunas jurisdicciones especiales, pero el paso más importante ya se ha dado, con vistas a completar el proceso democrático español: se suprime un Tribunal fundamentalmente político, cuya existencia —y no es difícil encontrar testimonios que lo avalen— estaba frecuentemente en contradicción no sólo con el principio de Unidad, sino con el de Independencia.

La supresión del TOP, por tanto, la tenemos que contemplar desde varios puntos de vista distintos, pero conectados entre sí. Primero, un punto de vista puramente político: España está culminando un proceso de normalización democrática en el que no caben —o no deben caber— elementos extraños. Si se acomete una reforma que busca, ante todo, consolidar la democracia sobre la base de las libertades públicas, el imperio de la Ley y la igualdad de los ciudadanos .ante ella, era preciso que desaparecieran los instrumentos que, heredados de una situación distinta, se oponían a ese objetivo. La desaparición del TOP no es, pues, una acción aislada, sino que forma parte del conjunto de la reforma. En buena lógica, esto ha da completarse en un futuro que quisiéramos que no fuese lejano, con las necesarias y nuevas reformas legales que todavía limitan de alguna forma la libre expresión de las ideas u otorgan a la Administración una potestad sancionadora al margen de los Tribunales de Justicia.

La segunda consideración es puramente jurídica, aunque también relacionada con los comportamientos políticos. Se trata de la evidencia de que no existe Estado de Derecho sin los principios de unidad e independencia de la Justicia. Los Tribunales especiales pueden ser necesarios en determinadas circunstancias históricas de una nación, o cuando se reduzcan a ámbitos muy específicos, como es la jurisdicción militar o la canónica. Pero son incompatibles con una democracia en plenitud. Por ello, el gran avance que suponen los últimos acuerdos de) Consejo de Ministros no radica solamente en la supresión del TOP —creado y hecho desaparecer por decreto—, sino en el acuerdo de transferir a la jurisdicción ordinaria las causas que, por delitos de terrorismo, se siguen en la jurisdicción militar. Creemos, al igual que el grupo «Tácito», que con ello el Ejército, que tan sublimes pruebes de neutralidad política está ofreciendo a la Nación, podrá ceñirse, sin otra preocupación ajena a sus funciones, a los papeles que le encomiendan I a s Leyes Fundamentales. Como dijo un ilustre política español, las Fuerzas Armadas no son el gendarme de) Régimen.

Por todo ello, damos la bienvenida a los acuerdos. Todavía nos reservamos una última opinión, que deberemos expresar cuando se conozca el texto del decreto. Por hoy, baste decir que se ha dado un gran paso. Un paso coherente con todo el espíritu de la reforma política.

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