La supresión del TOP y jurisdicción para delitos de terrorismo, en el B.O.E.. 
 Desde hoy no existe tribunal político     
 
 Diario 16.    05/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 22. 

La supresión del TOP y jurisdicción para delitos dé terrorismo, en el "B. O. E ."

Desde hoy no existe tribunal político

MADRID, 5 (D16).

La supresión del Tribunal y Juzgados de Orden Público y la creación de dos nuevos Juzgados de Instrucción en Madrid, acordada la semana pasada por el Gobierno Suárez, aparecen hoy en un real decreto en el "Boletín Oficial del Estado".

Según los artículos primero y segundo del decreto, al suprimirse dichos órganos, la instrucción, conocimiento , y fallo de las causas de los delitos que les eran atribuidos competerán en lo sucesivo a los Juzgados y tribunales a que correspondan, conforme a las normas de competencia de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se crean en Madrid, a partir de hoy, dos nuevos Juzgados de instrucción con los números 21 y 22, y que comenzarán a funcionar Inmediatamente.

El presidente y los magistrados del suprimido TOP quedarán adscritos provisionalmente a las salas de la Audiencia Territorial que designe la Sala de Gobierno de la misma. Los fiscales se incorporarán, también con carácter provisional, a la Fiscalía de dicha Audiencia.

En la séptima disposición transitoria se establece que los archivos del Tribunal de Orden Público y las causas que se hallen en trámite pasarán a la Sección de la Audiencia Provincial de Madrid a que queden adscritos los Juzgados de Instrucción-creados por este mismo real decreto-ley, cuya sección continuará y ultimará las causas pendientes por las normas de enjuiciamiento en vigor en las fechas de su Iniciación.

Jurisdicción ordinaria para los delitos de terrorismo El "BOE" publica hoy también el real decreto-ley 3/1977, de 4 de enero, sobre competencia Jurisdiccional en materia de terrorismo, por el que dicha competencia deja de estar atribuida e la Jurisdicción militar. Como solución transitoria, en tanto se lleve a cabo la revisión y eventual refundición de tipos, se incorporan como anexo al Código Penal Común los que hasta ahora figuraban en el Código de Justicia Militar, artículo 294 bis, apartados a, b y c.

La instrucción, conocimiento y fallo de las causas por los delitos de terrorismo corresponderá exclusivamente a los Juzgados Centrales de Instrucción y a la Audiencia Nacional, sin más excepciones que las que resulte de la aplicación de los artículos noveno y trece del Código de Justicia Militar.

Creación de la Audiencia Nacional

Por un tercer real decreto-ley de la Jefatura del Estado se crea la Audiencia

Ministro de Justicia: no se traía de una decisión oportunista.

Nacional con sede en Madrid, constituida por una sala de lo Penal y otra de lo Contencioso - Administrativo. Podrán crearse otras salas, sin que puedan exceder de una por cada orden judicial.

El artículo tercero de este real decreto establece la creación de tres Juzgados Centrales de Instrucción, dependientes de la Audiencia Nacional y con sede en Madrid.

Los Juzgados Centrales de Instrucción podrán constituirse, cuando las circunstancias lo aconsejen, en cualquier lugar del territorio nacional.

En el orden Judicial penal, con Jurisdicción en todo el territorio nacional y sin especialidad alguna en cuanto al procedimiento que en cada caso corresponda, la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de Instrucción conocerán de los delitos relacionados con los apartados siguientes:

— Falsificación de moneda y los de tráfico monetario.

— Los comprendidos en los capítulos IV y V del título XIII del Libro II del Código Penal (referentes a las defraudaciones: alzamiento, quiebra, concurso e insolvencia punibles y a las maquinaciones para alterar el precio de las cosas) que puedan repercutir gravemente en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional. La, Audiencia Nacional conocerá de estos delitos siempre que produzcan o puedan producir perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en territorios de distintas audiencias provinciales.

— Los de tráfico ilícito de drogas o estupefacientes, fraudes alimenticios y de sustancias farmacéuticas; los relativos a la corrupción y prostitución, así como los de escándalo público cuando se realicen por medio de publicaciones, películas u objetos pornográficos, siempre que todos ellos sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias Provincialas.

— Los delitos que por razón de su extraordinaria complejidad, . de sus graves efectos en el ámbito nacional o-por cualquier otra circunstancia de las previstas en el artículo 304 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que su instrucción corresponda a Un Juzgado Central.

— Los cometidos fuera del territorio nacional cuando, conforme a las leyes, corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.

El 15 de febrero

Los nuevos órganos Judiciales que se crean (la Audiencia Nacional y los tres Juzgados Centrales de Instrucción) empezarán a funcionar el 15 de Jebrero.

A partir del 15 de febrero el actual Juzgado de Delitos Monetarios se constituirá en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de los creados por este real decreto-ley.

La disposición transitoria segunda del real decreto establece que las causas en tramitación que estuvieran Instruyéndose por Jueces especiales designados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se remitirán, una vez conclusas, a la Audiencia Nacional. Las Audiencias Provinciales correspondientes seguirán conociendo de tales causas cuando el auto de conclusión sé haya dictado con anterioridad al 15 de febrero de 1977.

Declaraciones del ministro de Justicia

En unas declaraciones al diario "Ya", Landelino Lavilla afirma que, "la creación de los Juzgados y del Tribunal de Orden Público respondió a una época concreta y determinada, y su subsistencia hoy no aparecía justificada".

Del mismo modo, el ministro de Justicia pone de manifiesto que esta supresión no se trata de una "decisión oportunista" adoptada al hilo de los acontecimientos, sino de una decisión tomada desde hace meses y puesta en práctica al ser completados los estudios previos de tipo técnico.

En lo que se refiere al real decreto-ley en materia de terrorismo, Landelino Lavilla declara que "no se trata de una modificación de la legislación vigente sobre estos delitos, sino que es una norma de alcance puramente procesal, que afecta únicamente a la jurisdicción competente para conocer de los delitos de terrorismo.

 

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