Declaraciones a Ya del ministro de Justicia. 
 La supresión del Tribunal de Orden Público no es una decisión oportunista     
 
 Ya.    05/01/1977.  Página: 10. Páginas: 1. Párrafos: 31. 

LA SUPRESIÓN DEL TRIBUNAL DE ORDEN Público no es uno decisión oportunista

Declaraciones a YA del ministro de Justicia

Aún queda camino por recorrer para establecer plenamente el principio de unidad jurisdiccional • La Comisión General de Codificación está llevando a cabo la revisión de conjunto y sistemática del Código Penal

El ministro de Justicia, don Landelino Lavilla Alsína, ha concedido a YA la siguiente entrevista respecto a las normas aprobadas en el último Consejo de Ministros en el ámbito jurisdiccional.

Señor ministro, ¿podría dar nos usted una visión general del conjunto de normas aprobadas en el Consejo de Ministros del día treinta relativas al tema jurisdiccional?

—Como ya tuve ocasión de exponer en televisión, se trata de tres reales decretos-leyes; el primero de ellos crea la Audiencia Nacional, con competencia en todo el territorio nacional, y le atribuye en el orden penal el conocimiento de una serie de delitos que, por su gravedad y por la incidencia de sus efectos en un ámbito territorial muy amplio, requieren una atención judicial especialmente Intensa y unas posibilidades de actuación superiores a las de los juzgados de instrucción y las audiencias provinciales. En el orden contencioso - administrativo, a la Audiencia Nacional se le atribuye el conocimiento de los recursos interpuestos contra los actos emanados de los órganos de la Administración Central, cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional, con algunas excepciones, como los actos del Consejo de Ministros y de las comisiones delegadas del Gobierno, que seguirán, siendo directamente recurribles ante el Tribunal Supremo.

El segundo real decreto-ley suprime el Tribunal y los juzgados de Orden Público, que venían funcionando desde 1964, de forma que la competencia de estos órganos judiciales pasa a partir de ahora a todos los juzgados de Instrucción y las audiencias provinciales, de acuerdo con las normas ordinarias de competencia territorial.

Por último, el tercer real decreto-ley atribuye a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los delitos cometidos en materia de terrorismo. Este real decreto-ley, que ha sido Iniciativa conjunta de los ministerios militares y del Ministerio de Justicia, sustrae de la jurisdicción militar el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo Unificados hasta ahora en el Código de Justicia Militar. Únicamente quedarán atribuidos a la jurisdicción militar los delitos de vistos en los artículos nueve y trece del Código de Justicia Militar, es decir, cuando el delito se hubiese cometido en algún lugar sometido a la jurisdicción militar o la causa «e siga contra alguna persona sujeta al fuero militar.

El Tribunal Supremo concentrará su actividad en la fijación jurisprudencial de los principios básicos de interpretación de las normas Los tres Juzgados centrales desempeñarán las funciones propias de los Juzgados de Instrucción en los procedimientos penales atribuidos a la Audiencia Nacional El problema de la delimitación de la jurisdicción militar pierde dimensión política y .se convierte en un problema fundamentalmente técnico, que en su momento será abordado y resuelto

Estas medidas, que evidentemente suponen una liberalización de nuestro sistema jurisdiccional, ¿en qué medida lian estado condicionadas por Jos recientes acontecimientos, que han puesto de nuevo en primer plano el tema del Tribunal de Orden Público y del terrorismo ?

—La supresión del Tribunal de Orden Público y la atribución de los delitos de terrorismo a la Jurisdicción ordinaria responden a una política de perfeccionamiento y mejora de nuestro ordenamiento jurídico, tanto en los planos procesal y orgánlco-judicial como en el sustantivo, que ha sido desde el principio especial preocupación del Gobierno y del presidente Suárez. Así el Gobierno ya había anunciado en su declaración programática de dieciséis de Julio de mil novecientos setenta y seis su propósito de hacer realidad el principio de plenitud jurisdiccional. A partir de esa fecha yo mismo, como ministro de Justicia,, manifesté el quince de septiembre en el discurso pronunciado con motivo de la apertura de los tribunales, y he reiterado luego en diversas ocasiones, ese firme propósito del Gobierno. No se trata, por tanto, de una decisión oportunista adoptada al hilo de acontecimientos determinados, sino de una decisión tomada desde hace meses y cuya puesta en práctica ha tenido lugar una vez que los estudios previos de tipo técnico—y puedo asegurarle que han sido de gran complejidad—han podido ser completados.

—La Audiencia Nacional que ahora se crea, ¿supone poner en vigor el Tribunal Central de lo Penal previsto en la ley de Bases Orgánica de la Justicia? ¿Viene a sustituir de algún modo al Tribunal de Orden Público suprimido?

No. La Audiencia Nacional responde a una concepción tanto orgánica como funcional diferente de la del Tribunal Central a que usted se refiere. La Audiencia Nacional se ajusta al esquema tradicional en nuestro derecho de las cnancillerías. Se trata, en definítíva, de una audiencia territorial, dotada de sala de lo penal y de lo contencioso-administrativo, cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional. Es decir, no es sino un órgano más de la jurisdicción ordinaria, cuyo procedimiento de actuación y cuya composición orgánica se ajustan a las normas comunes que rigen actualmente.

Por otra parte, el conocimiento de los delitos hasta ahora atribuidos al Tribunal de Orden Público no pasa a la Audiencia Nacional, sino que su competencia ge descentraliza por completo, de forma que el enjuiciamiento de estos delitos corresponderá, como antes le señalaba, a las diferentes audiencias provinciales en función de las normas ordinarias de competencia territorial.

Qué criterios se lian seguido entonces en la, atribución de competencias a la Audiencia Nacional?

Como le señalaba al comienzo de nuestra conversación, en el plano penal la Audiencia Nacional conocerá de todos aquellos delitos que, de acuerdo con el artículo trescientos cuatro de la ley de Enjuiciamiento Criminal de mil ochocientos ochenta y dos, motivaban el nombramiento de Juez especial. De modo específico se atribuyen a la Audiencia Nacional determinados delitos de gravedad social Intrínseca o que producen sus efectos en territorios correspondientes a más de una audiencia provincial. Asi, por ejemplo, el tráfico organizado de moneda, drogas y estupefacientes la existencia de grupos que bajo apariencias de seriedad empresarial, defraudan a una pluralidad de personas y los fraudes alimenticios o de sustancias farmacéuticas o medicinales.

Además, por razón no sólo de eficacia, sino de uniformidad jurisprudencial, necesaria en ciertos asuntos de gran trascendencia social e internacional, se atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los recursos de apelación Interpuestos contra las resoluciones de los jueces de peligrosidad y rehabilitación social y los procedimientos de extradición pasiva.

En el orden contencioso-adinl-nistrativo, el criterio seguido ha sido el de la agilización de ciertos recursos, descongestionando así al Tribunal Supremo, que hasta ahora tenía atribuido el conocimiento directo, en única Instancia y con excepciones singulares, de los reeursos interpuestos contra las resoluciones emanadas de los órganos de la Administración Central con competencia en todo el territorio nacional.

Al atribuir ahora gran parte de estos recursos a la Audiencia Nacional se pretende que el Tribunal Supremo concentre su actividad en la función que le es propia, esto es, la fijación jurisprudencial de los principios básicos de Interpretación de fas normas.

—¿Qué sucederá con la jurisdicción especial de delitos monetarios ?

—Entre las competencias específicas que se atribuyen a la Audiencia Nacional y a los Juzgados Centrales está la referente a los delitos monetarios cancelandose así la jurisdicción especial administrativa hasta ahora existente, por estimar que la mayor eficacia en defensa de la sociedad y la mejor garantía ciudadana exigen, a la altura de nuestro tiempo, la plena judicialización de la materia y su Incorporación a la Jurisdicción ordinaria.

LOS NUEVOS JUZGADOS CENTRALES

—¿Qué función corresponde a los nuevos Juzgados Centrales?

—Los tres Juzgados centrales que se crean desempeñarán las funciones propias de los juzgados de Instrucción en los procedimientos penales atribuidos a la Audiencia Nacional, de conformidad con las normas de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

—¿Habrá alguna especialidad en el nombramiento de los magistrados que ocupen la Audiencia Nacional o integren los Juzgados Centrales?

—Como ya le he Indicado, una y otros son órganos de la jurisdicción ordinaria, y ni en BU funcionamiento ni en su composición se aplicarán normas especiales. Es decir, el nombramiento de los Jueces centrales y de los magistrados de la Audiencia Nacional se llevará a cabo de acuerdo con las normas que rigen para la provisión de los diferentes puestos de nuestra organización Judicial.

UNIDAD JURISDICCIONAL

—Después de la aprobación de estos tres reales decretos-leyes ¿puede decirse que se ha implantado plenamente la unidad jurisdiccional ?

—El principio de unidad Jurisdiccional, como ya he dicho en alguna ocasión anterior, no puede ser resultado de una pura declaración dogmática, sino de la adopción de una serie do medidas de tipo técnico que vayan eliminando el variado conjunto de organismos y procedimientos especiales vigentes en nuestro ordenamiento. En este sentido, es evidente que aún queda cambio por recorrer. Ello no debe ser óbice, sin embargo, para afirmar que, con las medidas adoptadas se ha dado un paso sustancial, y yo diría que definitivo, en el camino hacia la plena unidad Jurisdiccional.

—¿Qué juicio le merece la actuación del Tribunal de Orden Público?

—Mire usted, la creación de los Juzgados y del Tribunal de Orden Publico respondió a una época concreta y determinada. Su subsistencia hoy no aparecía justificada. Pero quiero dejar expresa constancia de que losx magistrados que lian desempeñado sus cargos en aquellos órganos lo han hecho dentro de la más estricta observancia de los principios de rectitud y prudencia que caracterizan el ejercicio de la función judicial.

—¿Por qué rosón se encomiendan a los nuevos Juzgados de Instrucción, creados en Madrid, el conocimiento de las causas actualmente en- tramitación por los Juzgados de Orden Público ?

—Se trata simplemente de evitar las dificultades prácticas que supondría el tener que redistribuir por todo el territorio nacional los sumarios actualmente en curso. Al propio tiempo se pretende no sobrecargar de nuevos asuntos a los juzgados que actualmente funcionan en Madrid y que se encuentran realmente congestionndos, Los dos nuevos juzgados que se crean están, lógicamente, en óptima situación para hacerse cargo de esos sumarios, cuyo conocímiento y fallo corresponderá, en consecuencia, a la Audiencia Provincial de Madrid.

LOS DELITOS DE TERRORISMO

—La atribución a la Jurisdicción Ordinaria de los delitos de terrorismo supone una definitiva delimitación de la Jurisdicción Militar, tema al que usted se refirió en su discurso de apertura de los Tribunales?

—De la misma forma que sucede en relación con el principio de unidad Jurisdiccional, la delimitación del ámbito rigurosamente propio de la Jurisdición Militar, constituye un problema cuya complejidad exige llevar a cabo profundos y detenidos estudios técnicos. El campo de los delitos de terrorismo era, sin duda, el que de forma más aguda reclamaba esa revisión de los límites de la Jurisdicción Militar, tanto en beneficio del principio de plenilud Jurisdiccional como de la propia posición de las Fuerzas Armadas ante una función que excede de las que le son propias. A partir de ahora el problema de la delimitación de la Jurisdicción Militar pierde dimensión política y se convierte en un problema fundamentalmente, técnico que, en su momento, será abordado y resuelto Esta es una de las cuestiones cuya competencia se atribuye a la Comisión Delegada de Asuntos Militares recientemente creada.

—¿Ha supuesto el real decretoley en materia de terrorismo una modificación´de la legislación vigente sobre estos delitos?

—No. Se trata de una norma de alcance puramente procesal, que afecta únicamente a la jurisdicción competente para conocer de los delitos de terrorismo. Por razones técnicas, los artículos correspondientes del Código de Justicia Militar han pasado a formar parte como anexo del Código Penal común. Ahora bien, esta es una medida de carácter transítorio en tanto no se lleve a cabo una revisión y refundición de estos tipos delictivos. Debo recordarle a este respecto que como ya he señalado en alguna ocasión, la Comisión General de Codificación está llevando a cabo una revisión de conjunto y sistemática del Código Penal.

La Audiencia Nacional es un órgano más de la jurisdicción ordinaria.

Los delitos que competían hasta ahora al Tribunal de Orden Público corresponderán a las diferentes Audiencias Provinciales.

 

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