Autor: Rodríguez Ramos, Luis. 
   Una reforma sustantiva pendiente     
 
 Diario 16.    12/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Una reforma sustantiva pendiente

Luis Rodríguez Ramos

(Profesor agregado de Derecho penal. Complutense)

LA desaparición del TOP, la "civilización" del enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y la "jurisdiccionalización" de los delitos monetarios con normalización procesal, son hechos que, sin entrar en matices ni en juicios sobre el procedimiento de implantación, reclaman parabienes desde el ámbito jurídico penal. Son reformas orgánicas y procesales, no sustantivas en el sentido técnico de la palabra; es decir, que la normativa puramente penal que establece delitos y determina penas no ha cambiado, pero sí la procesal (se normalizan procedimientos) y la orgánica (se incluyen en la jurisdicción ordinaria delitos que antes no lo estaban). Pero a pesar de esta ajenidad de la reforma respecto a las normas propiamente penales, las mayores garantías de justicia que estas modificaciones deben suponer necesariamente han de ser bien recibidas por el Derecho Penal, que requiere, ineludiblemente, de los complementos orgánico y procesal para su aplicación al caso concreto.

Reforma sustantiva a medio plazo

La buena acogida que merece esta medida (en términos generales, en tanto no se conozca con detalle la letra de la ley) no significa un amortiguamiento de las necesarias modificaciones sustantivas. En las páginas de este Diario ya se dijo que hacía falta una reforma penal —sustantiva— en un plazo no inferior a tres ni superior a cinco años, que previos estudios criminológicos y jurídicos, convierta el Código Penal actual, proveniente de 1848, de rural, agrario y pequeño burgués, en urbano, industrial y socializado. Pero esta reforma, que debe también recoger todos los avances científicos de índole penal, criminológica y penitenciaría, no tiene por qué frenar otra reforma a corto plazo que reclama, con urgencia, tanto una plena protección jurídica de las libertades cívicas como una depurada técnica legislativa.

La reforma penal a corto plazo

Esta modificación inmediata de la legislación sustantivamente penal ha de centrarse en el ámbito de los derechos o libertades fundamentales, sin olvidar algún sector del Código de otra naturaleza, pero de tan clara necesidad de derogación, como el capítulo del adulterio. Descendiendo a lo concreto, esta reforma sustantiva penal a corto plazo debería centrarse en las libertades de expresión, reunión y manifestación, tanto por razones, como se ha indicado, de carácter material tendentes a una mayor protección de tales libertades, como de naturaleza inmediatamente formal y técnico - sistemática exigidas por la estructura del propio Código Penal.

Por una parte, los artículos 164 bis sobreprotegen, innecesaria e inadecuadamente, las Leyes Fundamentales y el Movimiento Nacional frente a actividades críticas, y establecen una pena complementaria para casos de supuesto perjurio. Por otra, y es éste el sector principal, las propagandas ilegales, los delitos de Prensa e imprenta, las reuniones y manifestaciones no pacíficas, las asociaciones ilícitas y algunos aspectos del terrorismo (concretamente los llamados desórdenes públicos terroristas del artículo 263) requieren una revisión profunda. Los desórdenes terroristas, para reducirlos a su verdadera naturaleza de meros desórdenes públicos, y los restantes delitos, para ser degradados a meras circunstancias de otras figuras delictivas principales, perdiendo su entidad de injustos penales independientes.

Derechos de expresión, reunión y asociación

Prescindiendo incluso de los argumentos ético-políticos en favor de esta radical reforma de los delitos de expresión, .reunión y asociación (artículos 165 a 176 y 251 a 253), un estudio sistemático del Código Penal urge en el sentido apuntado, profundidad en la que, consciente o inconscientemente, no quiso ahondar la pasada reforma de julio de 1976, que resultó claramente insuficiente. Este estudio evidencia que expresarse, reunirse o asociarse son actividades en sí neutras para el Derecho Penal, y solamente le interesan en cuanto se conviertan en instrumentos o circunstancias de un delito: injuria, calumnia, desacato, ultraje, desorden público, homicidio, lesiones, rebelión, sedición, etcétera. Esto quiero decir que solamente deben castigarse tales actividades como circunstancias, instrumentales o no, de otros delitos, significando su injustificada independencia actual bien una redundancia, en el mejor de los casos, bien un modo encubierto de restringir por vía penal las libertades públicas, más allá de lo que las leyes penales ya las restringen de modo claro y necesario.

Las sanciones administrativas

Pero no es posible terminar este somero exhorto en favor de reformas sustanciales sin aludir a las sanciones administrativas que, en no pocas ocasiones, tienen una entidad igual o mayor a las penales. Sin olvidar otras revisiones, la más urgente es la relativa al control jurisdiccional inmediato de estas sanciones, en el sentido de que el recurso suspenda la ejecución de las mismas, para evitar al paradójico evento de que los tribunales dan la razón al sancionado, desautorizando a la Administración cuando la sanción ya se ha cumplido, sanción que muchas veces no es sólo pecuniaria, sino una auténtica pena privativa de libertad.

 

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