Autor: Oliva Santos, Andrés de la . 
   La Audiencia Nacional     
 
 Diario 16.    17/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

La Audiencia Nacional

Andrés de la Oliva Santos

(Catedrático de Derecho Procesal)

Aprovechando el previsible eco positivo de la supresión del TOP y ios JOP y de la reducción de Fas atribuciones de la jurisdicción militar, el Gobierno ha creado la "Audiencia Nacional" (desde ahora, AN, para abreviar) y tres "Juzgados Centrales" dependientes de ella. Esta novedad merece mayor difusión y más extenso comentario que las medidas de normalización jurisdiccional

La AN (con Salas de Justicia para lo contenciaso-administrativo y para lo penal) es, al menos en este último orden, un tribunal especial. Conocerá de los delitos monetarios, de las defraudaciones y maquinaciones para alterar los precios en determinadas circunstancias, de ciertos delitos contra la salud y la moral • —también sólo en algunos supuestos— de los delitos cometidos en el extranjero cuando los tribunales españoles tengan jurisdicción, y de todas los casos, en cualesquiera materias, que justifiquen el nombramiento de juez instructor especial, qne será uno de los titulares de los Juzgados Centrales.

Además, le corresponderán las causas sobre terrorismo, lo que arguye que, en este asunto, el Gobierno entiende que nos hallamos a caballo entre la anormalidad social que se esgrimía para apoyar la competencia de los tribunales castrenses y la normalidad que debería permitir someter esa materia a ´los jueces y tribunales ordinarios.

Vaya por dolante, en honor a la verdad, que la AN no hereda el TOP. Pero no por eso deja de ser, como hemos dicho, un tribunal especial, acreedor de crítica severa. Resulta, en efecto, que la justificación oficial de la AN no es convincente. Se viene a decir que las heterogéneos delitos mencionados tienen el común denominador de su complejidad, esto es, de presentar elementos en el territorio de distintas Audiencias Provinciales o en todo el país y que, por tal razón, para su investigación y enjuiciamiento no son idóneos los jueces de instrucción ordinarios y las Audiencias. Este argumento no se sostiene: ni todos los delitos atribuidos a la AN serán siempre "complicados", ni todos los delitos "complicados" son atribuidos a la AN. Pero, sobre todo, una razón de peso desmorona la endeble explicación del Gobierno: las Juzgados Centrales dependientes de la AN, por mucho que radiquen en Madrid (a no ser que se atribuya carácter taumatúrgico a tal localización), necesitarán del "auxilio judicial" (es decir, de la intervención de otros Juzgados ordinarios) para afrontar los "complicados" procasos que les incumben.

Pues bien: si el auxilio judicial no funciona, la AN no servirá de nada. Y si funciona, no sería necesaria.

Para intentar explicarse el motivo de la innovación, no queda, pues, otro remedio que ser un poco suspicaces. Y con esa suspicacia —que el texto legal se encarga ya de alimentar cumplidamente— cabe sugerir que, salvo una excepción, el verdadero común denominador de los casos que ahora se llevan a la AN es el de ser —digámoslo con eufemismos— casos delicados que aconsejan su tratamiento por unos órganos capaces de valorar adecuadamente esas peculiaridades delicadas.

Esta no es, en absoluto, una sugerencia temeraria. El decretoley, a la hora de deslindar las atribuciones de la AN, emplea expresiones sumamente elásticas: las estafas, p. ej., corresponderán a la AN cuando "puedan repercutir gravemente en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional" o bien cuando, en determinadas circunstancias, "produzcan o puedan producir perjuicio patrimonial a una generalidad de personas". Por otra parte, la AN será competente, en toda clase de materias, con arreglo a criterios idénticos o semejantes a los que permitían hasta ahora el nombramiento de jueces especiales, criterios amplísimos: "extraordinaria complejidad" "graves efectos en el territorio nacional... Si añadimos a estas "elasticidades" (que quedan subrayadas) el que, en caso de duda sobre la competencia, siempre prevalecerá la AN, el atentado a la seguridad jurídica y la consiguiente posibilidad de manipulaciones no pueden ser más evidentes. Tal vez se replique, respecto de los criterios relativos al nombramiento de jueces especiales, que esa elasticidad proviene de la L, de Enjuiciamiento Criminal. La respuesta es clara: esta ley permitía nombrar jueces especiales para instruir el sumario, pero sin arrebatar la competencia para la decisiva fase de juicio oral al Tribunal ordinario que correspondiese según reglas legales muy precisas. Si por atajar un eventual abuso en el nombramiento de jueces especiales lo que se hace es institucionalizarlos, el "remedio" resulta grotescamente peor que la enfermedad.

En la imposibilidad de agotar el tema —con reseña, p. ej., de las deficiencias técnicas del D-ley— debe, no obstante, subrayarse que no es políticamente de recibo utilizar el decreto-ley para instaurar, por debajo del Tribunal Supremo, unos órganos jurisdiccionales nuevos. La urgencia de la normalización jurisdiccional autorizaba suprimir el TOP. etcétera por D-ley. Pero la AN no responde a ningunas razones de urgencia (si es que responde a razones, a secas). ¿Por qué no se ha esperado a las Cortes nuevas, cuando a ellas esperan asuntos muy urgentes? Probablemente, por ningún motivo especial. Tan sólo, quizá, porque subsiste el estilo del "ordeno y mando" y porque ¡subsisten también —dado el estrecho parentesco de este invento con proyectos y prácticas del Ministerio de Ruiz Jarabo— antiguos inspiradores y consejeros en lo que respecta a la organización —mejor se diría, desorganización— de la Administración de Justicia.

 

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