Autor: Pedrol Rius, Antonio. 
   Garantías para los delincuentes monetarios     
 
 Diario 16.    11/02/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Garantías para los delincuentes monetarios

Antonio Pedrol Rius

(Decano del Colegio de Abogados de Madrid)

Evidentemente la supresión del TOP y el pasera la jurisdicción ordinaria de los delitos de terrorismo, constituyen las medidas de mayor trascendencia política provenientes de los ultimos decretos, y precisamente por esa trascendencia reservo a quien corresponde, o sea al Consejo General de la Abogacía Española, la formulación de su juicio definitivo. Pero las disposiciones citadas han tocado también a los delitos monetarios y creo que en ese punto, del cual ya nos ocupamos en unos coloquios celebrados en el Círculo de Estudios Jurídicos en 1969, vale la pena desde ahora tomarlo como ejemplo demostrativo de todos los inconvenientes de las jurisdicciones especiales, porque, en efecto, el decreto de 1938 que se ocupa de aquellas infracciones constituye la negación más hiriente y más espectacular de las garantías de defensa.. Basta recordar que concede al juez "libertad procesal absoluta", lo cual quiere decir, en otras palabras, que no se concede al inculpado la más mínima garantía de defensa.

Garantías procesales

El porcentaje de absoluciones en esa jurisdicción ha sido, a lo largo de los años, meramente simbólico.

¿Cuál es entonces la explicación de que los acusados ante ella sean condenados casi siempre, mientras que en la jurisdicción ordinaria se constata un porcentaje sustancial de absoluciones? Pues, sencillamente, la explicación consiste en que en los Juicios tramitados en la jurisdicción ordinaria se encuentra un juicio público donde el abogado puede intervenir eficazmente, interrogando a los testigos de cargo, poniendo al descubierto sus contradicciones, haciendo la crítica de sus testimonios y levantando frente a la prueba de la acusación, la prueba de la defensa.

Por si fueran pocas las carencias de garantía de defensa, la atmósfera de esa jurisdicción viene enrarecida por la presencia de un personaje repulsivo que es el delator retribuido, institucionalizado con todos los honores por la orden de 3 de junio del año pasado. Se le garantiza al delator que "en ningún caso puede ser revelado el nombre del denunciante, ni hacer mención del mismo en el expediente respectivo". Con esa bula de impunidad extendida por la Administración en favor de personas cuya catadura moral no necesita comentarios, es fácil presumir la floración de acusaciones imaginarias o exageradas, así como del llamado "delito provocado". ¿Qué puede hacer un abogado defensor ante ese fantasma sin nombre y sin rostro? No cabe interrogarle para patentizar sus falsedades ante el tribunal. No cabe hacer notar su falta de credibilidad cuando actúa como testigo de cargo, porque ignoramos su calidad de delator. No cabe patentizar sus relaciones, que pueden ser muy estrechas, con otros testigos de cargo, porque no sabemos

de quién se trata. ¿Es compatible todo ello con los derechos del acusado y con la función de la defensa? ¿Puede hablarse ahí de un Estado de Derecho? ¿Queda siquiera a salvo un mínimo sentido ético exigible a la Administración?

Judícialización

Nos parece muy acertada la judicialización de la jurisdicción de delitos monetarios tantas veces reclamada por la Abogacía, pero lamentamos que aun por un periodo transitorio pueda funcionar dentro del terreno de la jurisdicción ordinaria un sistema de enjuiciamiento que constituye la práctica negación de los principios con los que aquella jurisdicción se rige.

Por último, quizá serán buenas dos aclaraciones:

La primera es que la repulsa que nos merezca la conducta del delincuente monetario nada tiene que ver con las garantías de defensa que para él hemos de exigir como las exigimos en su día para los terroristas.

La segunda es que quizá algunos piensen que por la seriedad con que la jurisdicción ordinaria exige verdaderas y auténticas pruebas para condenar, es posible que algunos culpables resulten absueltos, pero por anticipado respondo que, como hombre de Derecho y aún diría que como ciudadano, prefiero mil culpables absueltos a un solo inocente condenado.

 

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