Autor: Pardo González, Nicanor. 
   Magistratura y totalitarismo     
 
 Diario 16.    02/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Magistratura y totalitarismo

Nicanor del Pardo

(Abogado. Catedrático universitario excedente)

Está de rabiosa actualidad en España el problema de las relaciones entre el denominado poder judicial y el también denominado poder ejecutivo. Pero sus raíces son muy antiguas y muy profundas. Hasta el punto de que la situación actual, por significar una reacción contra la inmediatamente anterior, viene a configurarse como una vuelta a la que, en relación con esta última, constituyó su precedente.

Pese al omnímodo poder personal

Terminada la guerra civil, la Magistratura española no comulgaba con el totalitarismo. Se entiende por ideología totalitaria, en este caso, la concepción del Estado surgida del fascismo italiano y elevada a límites demenciales por el nacionalsocialismo alemán.

Según estas concepciones, radicalmente antidemocráticas, el funcionario judicial no tenía más misión que interpretar y aplicar la voluntad del dictador. En 1941 se publicó un libro de Miguel Fenech bajo el título "La misión del juez en el nuevo Estado", en que so defendía y trataba de fundamentarse teóricamente esa concepción de la administración de justicia.

A la sazón, pese a ello, la Magistratura española seguía funcionando como antes del alzamiento. No se había llevado a la práctica la teoría de que los Tribunales colegiados no debían decidir los problemas por mayoría de votos —principio democrático—, sino por la decisión unilateral del presidente, especialmente designado por el autócrata, siendo los restantes miembros ayudantes o asesores. En el Tribunal Supremo y en las Audiencias no arraigó, durante años, esta concepción en términos generales. Únicamente comulgaban con la concepción totalitaria jueces ingresados en los primeros años de la victoria, muchos de los cuales apenas ostentaban más bagaje intelectual que el de haber vencido en la contienda civil.

Hasta los años cincuenta

Una situación de tal naturaleza —funcionamiento democrático del Tribunal Supremo y de las Audiencias— hizo pensar en que el llamada poder judicial ordinario —excluida la rama militar, única competente para reprimir a los enemigos del régimen— pudiese representar un gran papel en el cambio político que el mundo libre quería para España, cuando ésta padecía el más cerrado de los bloqueos.

Esperándose, como se esperaba, que de un momento a otro España se rindiese ante la presión mundial que se ejercía sobro ella, se llegó a pensar en que la Magistratura pudiese cubrir el vacío que dejaría el régimen al desplomarse, utilizando, sencillamente, las normas legales anteriores a la sangrienta lucha: que el denominado poder, judicial sustituyese al autocratismo, mediante la formación de un Gobierno provisional presidido por el presidente del Tribunal Supremo, integrado por miembros del mismo al más alto nivel y constituido a rango regional y provincial por los presidentes y miembros de las Audiencias.

Se aplicaba de este modo la antigua reglamentación que confería funciones gubernativas a dichos funcionarios en las vacantes de los Gobiernos Civiles. Aplicar esta norma; generalizándola, podía conducir a una transición sin peligros revanchistas; y dar lugar a que los mandos judiciales iniciasen la recuperación política de España hacia cauces constitucionales y democráticos, escalos de violencia.

Esta solución, que se propuso concretamente en 1947, parece ser que llegó hasta la ONU, pero no se llevó a efecto por haberse iniciado ya la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que determinó a la primera de dichas potencias a iniciar negociaciones con el régimen español para, aprovechándose de su gran debilidad política, obtener las concesiones territoriales y de otra índole que nadie desconoce. Paradójicamente, la guerra fría entre las dos grandes potencias mundiales acarreó la descongelación de relaciones de una de ellas con el régimen español.

En los años sesenta y setenta

La transformación se incubó paulatinamente. Ya en la década de los cincuenta, interesado el autoeratismo en dominar la función judicial ordinaria por diversas razones, sobre todo porque a sus Tribunales se sometían cuestiones que rebasaban la resolución de litigios entre particulares, decidió dominarla. Nadie que haya estado en contacto con la Administración de Justicia desconoce esta realidad. Se nombró un representante directo que ejercía, de hecho, las supremas funciones. Dándose lugar a una especie de bicefalismo, fenómeno que, como todos los de esta clase, resultó monstruoso. Hasta que desapareció la cabeza decorativa y quedó la auténtica, de hecho y de derecho, que determinó, ya no un poder, sino un mando vertical que llegó, dominándolos, o tratando de dominarlos, hasta los últimos estratos de la función judicial. Otra manifestación, en suma, del verticalismo del régimen, estructurado de arriba hacia abajo, aceptando las premisas totalitarias y haciendo que los funcionarios judiciales, salvo honrosas excepciones, al recibir sus poderes digitalmente desde lo alto, se considerasen dotados de intrínsecas facultades, sin deberse al pueblo: más o menos a la gracia de Dios.

Desaparecido el poder personal, verticalmente organizado, comenzaron sus miembros a desentumecerse y se polarizan hoy en dos categorías: los aferrados al totalitarismo y los que ya se están clasificando —en vanguardia la organización que ostenta el nombre de justicia democrática— como de talante liberal.

Y en la situación actual

Pero por muy escaso número de votos la primera tendencia domina sobre la segunda. No en número, precisamente, sino en personal arrogancia. De ahi que algunos —muchos quizá— de la segunda tendencia se refugien, cautamente, en la ausencia o en la abstención. Y .surge el conflicto de actualidad rabiosa, el que enfrenta actualmente a las dos potencias entre sí.

Ahora bien, el denominado poder judicial lucha con un arma que le es característica cuando no quiere comprometerse: la dilación indefinida. Y pasando el problema de Heredes a Pilatos, trata de inhibirse. Llegando a más: a un sofisma de petición de principio. Sin duda el Gobierno de que un partido es legal, esta duda la hace suya también el Tribunal Supremo, trasladándola de la jurisdicción administrativa a la penal. Pero tratando, en suma, de rebotar el problema al ejecutivo, dando lugar a un círculo vicioso que, como nadie ignora, mientras no se varía de planteamiento, carece de solución.

 

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