Autor: Martínez, Francisco. 
 Una decisión que podría provocar motines. 
 Los funcionarios de prisiones aplican el reglamento, pero se inhibirán de las consecuencias     
 
 Pueblo.    07/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

UNA DECISIÓN QUE PODRÍA PROVOCAR MOTINES

LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES APLICAN EL REGLAMENTO, PERO SE INHIBIRÁN DE LAS CONSECUENCIAS

MADRID. PUEBLO, por Francisco MARTÍNEZ.)

Para hoy está previsto que los funcionarios de los centros penitenciarios españoles (unos dos mil) empiecen a aplicar estrictamente el reglamento penitenciario. Este es el acuerdo de la Coordinadora Nacional de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (compuesta por ochenta miembros), que fue adoptado en su reunión del pasado domingo en Madrid y que quedaba en suspenso hasta la celebración del Consejo de Ministros del lunes, del que se esperaba salieran soluciones a sus problemas. AI no hacerse eco el Gobierno de tales reivindicaciones, la coordinadora se reunió ayer para precisar la fecha en que se pondría en práctica tal acción.

•Hoy no se puede ni se aplica estrictamente el reglamento penitenciario porque es imposible, ya que implicaría un rigor tal que sería dificilísima la convivencia en el interior de las prisiones. El que adoptemos esta medida supone que haremos saltar a los presos. Sin embargo, tras producirse los motines, nosotros nos inhibiremos de reprimirlos», manifestó un miembro de la Coordinadora de Funcionarios, que celebró una rueda de Prensa en la que también participaron varios miembros de los Comités de Apoyo a la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha).

En el mismo acto también se dijo que reclusos de la COPEL han mantenido conversaciones con un número determinado de funcionarios para intentar llegar a un acuerdo para la aplicación de las próximas acciones, que llevarían conjuntamente en el interior de las cárceles, al considerar que muchas dé sus reivindicaciones son similares. Con este «pacto» están de acuerdo unos cuarenta miembros de la Coordinadora de Funcionarios.

Mientras que la Coordinadora Nacional de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias enviaron un escrito reivindicativo al ministro de Justicia, solicitando, entre otras cosas, la dimisión del director de la prisión de Carabanchel, el derogamiento del Reglamento de Instituciones Penitenciarias, la amnistía total y la aplicación del coeficiente 2,9 en sus salarios; la COPEL viene reivindicando la amnistía total, la reforma del régimen penitenciario y del Código Civil y mejores tratos humanos en el interior de las prisiones.

Los funcionarios de prisiones han desarrollado, como se recordará, huelgas de celo en las cárceles españolas hace escasos días. «Hemos desistido de los encierros, por considerarlos poco eficaces y porque significan un enfrentamiento con las fuerzas de orden público —señala un miembro de la Coordinadora de Funcionarios—. Y para que nuestro problema salga a la luz pública en toda su extensión hemos decidido aplicar rigurosamente el reglamento».

Por su parte, en la misma rueda de Prensa varios miembros de los Comités de Apoyo a COPEL y de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Comunes negaron rotundamente que tuvieran cualquier vinculación con el denominado Grupo Armado de Presos en Lucha (GAPEL), que reivindicó, a través de una llamada telefónica al diario «El País», el incendio del suburbano en la plaza de España, el asalto a las oficinas del Documento Nacional de Identidad y el atraco a la Caja de Pensiones para la Vejez de Ahorros en Barcelona. «COPEL no tiene ningun brazo armado, y los Comítés de Apoyo y las Asociaciones Familiares de. Presos desconocen totalmente este grupo fantasma. Al parecer —se dijo en la rueda de Prensa— tratan de desprestigiarnos. Sin embargo, nuestra lucha continuará siendo pacifica, como lo ha sido hasta ahora.»

física de numerosos viajeros.

Igualmente accede la Audiencia Nacional, en otro auto, a la extradición de Heinz Heinch Karl Winhoppel, que solicitara la República Federal Alemana, basándose en que el citado abusó de autorización otorgada a él en acto jurídico, disponiendo de bienes ajenos que estaba obligado a defender, Y el texto judicial de la Audiencia Nacional dice que ello constituye un delito de abuso de confianza.

 

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