La reforma democrática de la justicia     
 
 Informaciones.    16/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

INFORMACIONES

La reforma democrática de la justicia

CON un importante discurso del ministro de Justicia se abrió ayer de nuevo el año judicial. En esta intervención de don Landelino Lavilla apuntan los criterios orientativos democráticos, que van a presidir la adecuación de la Justicia al contexto político, nacido después del 15 de junio y que tienen como síntesis la necesidad de crear un órgano que desempeñe la función de control de la constitucionalidad de las leyes.

La ley Orgánica del Estado de 1967 consagraba en sus artículos 29, 30 y 31 la independencia de la Magistratura, el libre acceso a los tribunales y atribuía en exclusiva la función jurisdiccional a los jueces y tribunales. Sin embargo, la realidad práctica, y hasta la misma legislativa, no responden a estas buenas intenciones. La Administración de Justicia aparece integrada en el marco de un Departamento ministerial, lo que hace que jueces y magistrados aparezcan como funcionarios del Gobierno, y la misma existencia del Ministerio de Justicia, como señalaba hace unos años el hoy ministro de Trabajo, lleva a la confusión entre el poder ejecutivo y el judicial. Como botón de muestra de esta oscura barrera entre ambos poderes hay que señalar que el Consejo Judicial es en parte designado por el mismo ejecutivo, que el ministerio fiscal aparece excesivamente vinculado al Gobierno, la pluralidad de jurisdicciones especializadas y la penumbra en torno a la policía judicial, que aquí se confunde con la policía de seguridad. Todo ello, sin contar con las intervenciones más o menos directas o indirectas del ejecutivo en la carrera judicial.

La recuperación de la autonomía del poder judicial pasa inevitablemente por el desvinculamiento del sistema de los poderes del Estado, por la creación de una auténtica policía judicial, que dependa únicamente de los tribunales, por la estructuración democrática de la carrera judicial y por la puesta en práctica de la unidad de jurisdicciones con la sola excepción de la militar, que ayer mismo defendía acertadamente el teniente general don Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Superior de Justicia Militar, en el acto de apertura del año judicial castrense. Reforma que además habrá de ser paralela a otras como la de un Código Penal, vigente en sus grandes líneas desde 1848, peniaenciaria, administrativa, policial, etc.

Ni que decir tiene que esta necesaria amplia remodelación tiene como eje esencial la inserción del reconocimiento de su autonomía por la nueva Constitución democrática que están elaborando las Cortes.

Porque de la exacta distribución de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial depende, ni más ni menos, que la misma democracia. Por ello, este nuevo año judicial lo es en el sentido más liberal del término al superar una larga excepcionalidad en que el ejecutivo invadió tanto el área legislativa como la judicial.

 

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