Autor: Martín Pallín, José Antonio. 
   Libertad de los funcionarios judiciales     
 
 Diario 16.    15/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Libertad de los funcionarios judiciales

José Antonio Martín Pallín (Fiscal y miembro de Justicia Democrática)

Los Estados autoritarios, guardianes celosos de los derechos y de las libertades para sí y tacaños en cuanto a la posibilidad de su disfrute por los ciudadanos, acentúan esta postura cuando la proyectan sobre los servidores de la función pública a los que pretenden ´conservar como servidores exclusivos de sus intereses. Un reflejo de esta realidad histórica lo podemos encontrar en las normas que regulan los derechos "y las libertades de los funcionarios judiciales y fiscales, especialmente las que a estos últimos se refieren.

El Estatuto del Ministerio Fiscal de 1926 y el Reglamento actualizado de 1969 vuelcan sobre los miembros de la carrera fiscal una serie de prohibiciones que van desde su participación y asistencia a actos públicos hasta las más pintorescas de prohibirles expresar ideas y participar en coloquios y conferencias, aunque sean de carácter cultural, sin la previa autorización del fiscal del Reino.

Esta situación, válida para un ^régimen dictatorial, no tiene justificación ni fundamento en esta etapa de instauración de la democracia. Basta la lectura del artículo primero de la ley de Reforma Política —ley Fundamental aprobada por referéndum— para comprender que las disposiciones estatutarias ;y reglamentarias están en contradicción con dicho precepto y que en el caso de pretender aplicarlas se violaría la jerarquía de las leyes, base de nuestro sistema jurídico. En apoyo de esta postura se pueden traer también los tratados internacionales firmados por España, algunos de los cuales están incorporados a las fuentes de nuestro Derecho positivo.

Es digno de resaltar, en relación con lo expuesto, cómo los funcionarios judiciales y fiscales han tenido una mayor facilidad para expresar sus opiniones sobre temas de indudable carga política como los del derecho de propiedad, la familia, derecho de sucesiones, filiación, matrimonio, derecho económico y financiero, etc., aunque en algunas ocasiones se sostuviesen posturas que representa b a n una opción política concreta sobre la regulación presente o futura de dichas instituciones. Las prohibiciones no fueron ´tan frecuentes porque el Estado, vigilante y cuidadoso, guardaba mucho el que dichas opiniones se vertiesen solamente en revistas técnicas y especializadas, de escasa difusión, o se exteriorizasen exclusivamente en cenáculos para iniciados.

Por el contrario, se agudizaban las prohibiciones cuando se pretendía difundirlas a toda la comunidad a través de los medios de comunicación social.

Hoy los temas de la Justicia —su análisis, crítica y perfeccionamiento— no pueden ser sustraídos al conocimiento de la sociedad y deben ser difundidos y conocidos por todos. Es un punto básico para la consolidación de la democracia, por lo que debe poner filtros a su tratamiento, sin caer en dogmatismos propios de una opción política de signo autoritario y antidemocrático.

Los que servimos al poder judicial no queremos la libertad de expresión para alzarla, cual trueno jupiterano. contra nada ni contra tra nadie, sino para unirla al coro de los hombres que quieren construir un mundo de libertad y de justicia.

 

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