Autor: Zorrilla Ruiz, Manuel María. 
   ¿Hacia una despolitización del poder judicial?     
 
 Informaciones.    06/03/1978.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

¿ HACIA UNA DESPOLITIZACION DEL PODER JUDICIAL?

Por el doctor Manuel María ZORRILLA RUIZ

(Magistrado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Bilbao)

LA despolitización del Poder judicial (ausencia de politicismo y no de politicidad), con su insistente carga tópica y sus cómodas manipulaciones, es, según se prefiera, un presupuesto o un reflejo de la independencia de los magistrados y jueces. Las intervenciones del Poder judicial, en su particular esfera, se hallarán a cubierto del influjo, directo o indirecto, de opciones políticas sectoriales y, con razón máxima, del ascendiente que, sobre ellas, ejerciere o pretendiera ejercer una política de partido comprometida, localizable y militante. El temor simple de ese riesgo —y, desde luego, los atisbos o insinuaciones de que se produjera— basta para provocar, fulminante y enérgicamente, la alarma y la denuncia de cuantos —que son muchos— sienten la necesidad de un Poder judicial independiente, como un requerimiento inseparable de la dignidad y el honor propíos.

Una estructuración adecuada del Ministerio Fiscal constituye primordial garantía de que la independencia de los magistrados y jueces se realice satisfactoriamente, al contrario de la desnaturalización y empobrecimiento que sufre si, de hecho y de Derecho, hay en el funcionamiento del Ministerio Público distorsiones que acusan una quiebra del principio de división de poderes.

Los peligros de esa independencia judicial serian teóricamente tolerables si —bajo la vigente legalidad y aun a punto de una reconversión democrática de las instituciones— el Ministerio Fiscal no dependiera, en vía jerárquica, del ministro de Justicia, que, desde el Gobierno, está en condiciones de frenar sus iniciativas, si lo considera preciso y, en último grado, si así lo desea. Según el sistema mixto (que domina el enjuiciamiento criminal español), los magistrados y jueces (salvo en caso de mediar acusación privada o acusación particular) no pueden dictar sentencia condenatoria por delito si el fiscal no acusa previamente. Cabe, en suma, la posibilidad (.plenamente legal y disparatada) de que el Ministerio Fiscal obedezca las órdenes del ministro de Justicia y —aun contra sus convicciones más íntimas, puesto que no le es dable rebelarse— deje de acusar llegado el momento, de suerte que, siempre en el seno de la legalidad que rige, el Gobierno (órgano del Poder ejecutivo en que el ministro de Justicia se integra colegiadamente) posea un medio irreversible de anular y hacer impracticable la independencia judicial.

Se supeditaría ésta únicamente a la moralidad política del ministro de Justicia de turno y la, sin paliativos, heroicidad de su talante, para armonizar el debido respeto a las iniciativas y acciones del Ministerio Público con las obligaciones que, como miembro de un partido político y en virtud de su disciplina (y de la proyección de su programa sobre la contingente política del Gobierno), tuviera aquel ministro que asumir. No es aventurado ni malicioso afirmar que aquí acaba la seguridad jurídica, cuantas veces los intereses de la política y el Derecho se encuentren en conflicto.

Hasta que un Estatuto del Ministerio Fiscal pictórico de modernidad (que aquí significa independencia) no llegue a promulgarse, será quizá inevitable que muchos de los componentes del Ministerio Público abunden en el vicio de la desobediencia, pero, además, resulta imprescindible que las circunstancias coyunturales de su funcionamiento no hagan jamás olvidar, el viejo dicho acerca de la mujer del César, honesta si las hay, porque, siéndolo, incluso lo parece. Eugenio Montero RÍOS recordaba, hace ya más de un siglo, que mayor zozobra ocasiona el que la justicia parezca mal administrada que si, en realidad, no se administra bien. La penetración —un tanto al uso norteamericano y publicitario— en el seno del Ministerio Público, de juristas que —ostentando, sin discusión, las capacidades técnicas y el prestigio precisos— se muestran, ante la opinión pública más rudimentaria, como resonadores de un partido político —al .que se han ligado notoria y caracterizadamente—, lastra la imagen de una justicia despolitizada y lleva, fatalmente, a desconfiar de su independencia.

No pocos condescendientes moralistas del sector público seguirán en tendiendo que se esperaba demasiado de la mujer del César o, acaso, que la necesidad de aparentar honestidad sólo estuvo pensada para ella. Pero no es menos cierto que, en la específica materia que da lugar a estas reflexiones, el mismo Eugenio Montero Ríos —artífice de toda una teoría, incomparablemente ambiciosa y estética, de la Magistratura contemporánea— clamó (como reflejan sus Discursos de apertura de Tribunales de 1870 y 1872) para que, sin demora, el Poder judicial rehuyera Ja servidumbre de las pasiones políticas y se hurtara a los dictados del espíritu de partido.

Reiterar hoy tales pensamientos es —como en un reciente libro sostenemos (1)— traslucir los apremios (que muchos hombres de este tiempo, máxima y socráticamente demócratas, sienten) de combatir las adulteraciones de los procesos democráticos, a base de una resistencia que consista en inmunizar, con perseverante sensibilidad, las facultades de autocrítica, en tutelar la integridad moral del propio juicio y en preferir perderlo todo a despojarse de las identidades más respetadas y queridas.

(1) Derecho del trabajo y proceso de cambio social, Publicaciones de la Universidad de Deusto. Bilbao, 1977.

 

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