Autor: Campmany y Díez de Revenga, Jaime. 
   La balanza de la Justicia     
 
 ABC.    09/06/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

ABC. VIERNES, 9 DE JUNIO DE 1978.

ESCENAS PARLAMENTARIAS

La balanza de la Justicia

Languidecen los debates. Las correcciones al texto constitucional llegan a la Comisión pactadas 7 amañadas en los privados retretes (y empleo la palabra en su sentido desusado), donde la Junta de portavoces de los partidos se retira para cocer el consenso, cerrada la puerta del horno, sin luz y sin taquígrafos. A veces, los últimos que se enteran del consenso son los señores diputados de infantería, como los maridos burlados. Los señores diputados de infantería, para saber lo que tienen que hacer en las votaciones, esperan a que sus jefes de filas se levanten o se queden sentados, como esos invitados que ignoran el uso de los cubiertos y esperan a ver cuál de ellos empuñan los anfitriones para saber cómo se como aquéllo. Para ser cronista de estas Cortes, mejor que asistir a las sesiones de la Comisión Constitucional, uno tendría que convertirse en Diablo Cojuelo y levantar el techo del despacho donde los portavoces se reúnen, y enterarse así por qué luego, tras los lánguidos debates, sale lo que sale. Las sesiones de la Comisión se pareren cada vez más a aquellos Plenos de las Cortes orgánicas, donde todo estaba ya heñido y donde todos sabían lo que «tenía que salir», y así los oradores defendían sus enmiendas mientras el almirante Carrero construía distraídamente pajaritas de papel. Algunos de mis compañeros ya se están dedicando a la papiroflexia, rizan papeles como farolillos de verbena, pintan en las cuartillas extrañas teorías geométricas o se escapan al bar a tomar otra taza de café. ¡Lástima que el Palacio del Congreso no tenga jardines como el Vaticano para murmurar de los padres constituyentes por el sistema peripatético!

En algunas ocasiones, la fórmula consensual circula por los corrillos y las tertulias antes de que comiencen los debates. Y entonces es como si uno fuese a ver una película policíaca y alguien te revelara quién es el asesino. Generalmente, el señor Roca Junyent, que hace de «hombre bueno» en este mercado constitucional, se saca de la manga una enmienda «in voce» que parece soplada por el Espíritu Santo, porque todos la aceptan inmediatamente. Si uno no supiera que esa fórmula ya está pactada previamente, pensaría que al señor Roca Junyent se le está encendiendo constantemente esa bombilla que los dibujantes ponían sobre la cabeza de los personajes del «tebeo». Están pactadas hasta las enmiendas destinadas a la derrota. Las minorías dejan testimonio de sus posiciones, a sabiendas de que ya se ha acordado quiénes van a votar a favor, quiénes en contra y quiénes van a abstenerse. En las enmiendas vascas, catalanas o comunistas destinadas al fracaso, se abstienen los socialistas y votan en contra ucedistas y aliancistas. En las enmiendas de Alianza Popular que no van a prosperar, votan en contra todos, menos los ucedistas, que se abstienen. Es como una cortesía parlamentaria, una «délicatesse» por la cual no llega a perderse la vida —como confesó el poeta francés—, aunque se pierden las enmiendas.

Dice Manolo Vicent que él se imagina siempre a don Emilio Attard con la blusa ancha y las alpargatas de los huertanos de Valencia presidiendo el Tribunal de las Aguas. Bueno, pues ayer don Emilio Attard dejó el sillón presidencial y bajó a los escaños a poner en la Constitución la supervivencia del Tribunal de las Aguas de Valencia. Y allí quedó, metido en la expresión genérica de «tribunales consuetudinarios». Y es que ayer los padres constituyentes despacharon todo el Título que la Constitución dedica al Poder Judicial. El redicho consenso ya había bruñido la balanza de la Justicia, y de un tirón se llegó al Título que trata de la Economía y la Hacienda, en el que también parece que ya don Fernando Abril y don Alfonso Guerra se han vendido el burro.

En esto de la Justicia algo tenía que decir el señor Letamendía. Y dijo que eso de tener un Tribunal Supremo disminuía las facultades de los territorios autónomos. O sea, que el señor Letamendía quiere un Tribunal Supremo, pero sólo para el País Vasco, o lo que es lo mismo, una Justicia independiente. El señor Letamendía dijo que el Consejo General Vasco, en el que figuran miembros del P. S. O. E. y del P.N.V., ha manifestado ya una pretensión semejante, y que, por tanto, socialistas y nacionalistas deberían apoyar a sus «congéneres». Entonces fue cuando el señor Fraga se socorrió de los Fueros de Castilla y dijo que allí se señalan cuatro facultades de las cuales no se puede privar al Rey en manera alguna: «moneda, justicia, fonsadera e sus yantares». Lo de la moneda y la justicia se entiende en seguida; la fonsadera es el derecho a llamar al servicio de guerra, y lo de los yantares debe querer decir que el Rey tiene derecho a que se le dé de comer, que, verdaderamente, es lo menos que se le puede reconocer al Rey por mucho que el señor Fernández Ordóñez pretenda recortar los no excesivos gastos de la Zarzuela. Y el señor Peces-Barba precisó lo de «congéneres» y dijo que congéneres somos todos —¡que hasta ahí sí que llega el humanismo socialista!— y que el señor Letamendía habría querido decir «correligionarios». Contra los Fueros de Castilla el señor Solé Barbera esgrimió los Usatges y el Consolat del Mar, y el espinoso asunto se quedó para más adelante, cuando se discutan los contenidos y límites de las autonomías.

De vez en cuando aparece en la sala de sesiones algún personaje que no asiste habitualmente a los debates. Ayer apareció don Antonio Pedrol. El señor decano del Colegio de Abogados quería sin duda cerciorarse de que se admitía una enmienda patrocinada por él que consiste en introducir en la composición del Consejo General del Poder Judicial la mención expresa a los abogados. El texto de la Ponencia habla genéricamente de «juristas de solvencia» y el señor Pedrol temía que esos puestos para «juristas» pudiesen ser repartidos entre notarios, registradores de la propiedad, catedráticos, abogados del Estado y otros funcionarios. El señof Pedrol, abogado de los abogados, deseaba asegurar su participación (la de los abogados quiero decir, no la propia) en ese Consejo General. Y como el señor Pedrol es hombre práctico y buen negociador, negocio por la mañana con la Junta de porta; voces. El señor Pedrol llegó, vio, venció y fuese. Y allí se quedó el señor Peces-Barba echándole flores a la Abogacía para apuntarse el tanto de la inclusión, y el señor Attard, que recabó ese mérito para toda la Comisión.

Dicho lo cual y terminado el debate del Título sobre la balanza de la Justicia, se levantó la sesión y los «congéneres» nos fuimos a descansar.

Jaime CAMPMANY.

 

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