Crisis en la administración de justicia     
 
 ABC.    10/10/1979.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

CRISIS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Se perfila una pravísima crisis en la Administración de Justicia, abocada —si el mal no se conjura— a una huelga de consecuencias acaso insospechadas para el vulgo, pero previsibles para los órganos conscientes del Poder. El origen inmediato de esta crisis ha sido el envío al Congreso de un proyecto de ley de remuneraciones para el personal al servicio del poder judicial. Proyecto que ha sustituido a otro, fruto, a su vez, de negociaciones en el curso de un largo paro en la primavera pasada. El primer proyecto, integrador aunque discutible —como todo—; el segundo, disgregador. Aquél, integrador porque reunía en su normativa a todos los elementos que hasta ahora han configurado el Cuerpo —más complejo y delicado de lo que se piensa— del poder judicial. Este, disgregador porque excluye de su ámbito, orgánicamente, a un conjunto de Cuerpos cuya integración en el poder judicial es una inveterada tradición consagrada por la ley, la costumbre, la experiencia y la misma naturaleza de las cosas. Ruptura que quebranta la unidad de función, de especialización y de jerarqufa que ha presidido, en todas sus escalas, la Administración de Justicia.

Una somera encuesta en los ámbitos forenses, cerca de los profesionales del Derecho, revelaría la importancia de esta unidad, nunca rota hasta este intento que, ateniéndonos a la experiencia que como medio de información recogemos en los ámbitos de la vida social y a los datos suministrados por los medios profesionales afectados, puede calificarse de malhadado.

Aunque la génesis de una ley es siempre subterránea, no estamos en condiciones dre juzgar la de ésta; pero su examen a Ja luz de principios no derogados y que nos parecen los más correctos hacen pensar en un atentado contra la autonomía del poder judicial, al que se sustrae de la facultad normadora de su funcionamiento interno para todas sus escalas: y, de éstas, se extrae a las más inferiores —¿porque lo son?— de ese poder que debía ser autónomo, sujetándolas al propio tiempo a una doble jurisdicción: la de sus jefes «naturales» y la común de todos los funcionarios de la Administración. Fenómeno que no se da a la inversa en éstos, lo que produce una desventajosa discriminación para aquéllos.

La Administración de Justicia jamás ha sido conflictiva, sino disciplinada en condiciones difíciles de abandono económico y moral. A la delicadeza y complejidad de su función siempre ha correspondido la incomprensión o la indiferencia. El marco material en que cumple su cometido es buena prueba de ello. Es injusto, pues, e imprudente, impolítico —si ,se prefiere la expresión— hacerla conflictiva.

El proyecto de ley, en sus aspectos económicos, puede ser coyuntural y como tal aceptable por su posible reforma y actualización. Pero, en sus- aspectos orgánicos, parece inaceptable no sólo por originar el lamentable conflicto, sino por consumar esa ruptura de una unidad de la que ningún mal y sí muchos bienes han dimanado para el servicio de los justiciables y la eficaz colaboración con los superiores jerárquicos.

Esperemos que el buen sentido se imponga y que la huelga se conjure no por medios coactivos, que al fin no son más que apositos sobre la gangrena, sino por la llamada a la razón de las partes afectadas. Un paro generalizado en la Administración de Justicia es un paro generalizado en la vida del país, hecha de derechos y obligaciones que se ventilan —muchos a plazo fijo— en los estrados judiciales, amenazados de deserción. Aurique sólo actúen razones pragmáticas no debe minusvalorarse la situación para solucionarla, primando así, en el ámbito de la Justicia, la prudencia.

 

< Volver