La independencia del poder judicial     
 
 ABC.    10/06/1982.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

La independencia del poder judicial

La división de poderes es el fundamento de la democracia. Un poder legislativo elabora las leyes; un poder ejecutivo las aplica o pone en práctica gobernando, y un poder judicial juzga sobre el incumplimiento o violación de las leyes. Si se reuniesen en un único poder estas tres funciones o dos de ellas, si el mismo poder legislara y juzgara, o juzgara y gobernara, el sistema no sería democrático: sería una forma de dictadura o de tiranía.

De modo especial se afirma por ello, en todas las Constituciones democráticas, la independencia del poder judicial. En la Constitución española, según el artículo 117, la Justicia «emana del pueblo y se administra en nombre del Bey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley». Ésta independencia del poder judicial garantiza al ciudadano que sólo será juzgado, y penado en su caso, por el incumplimiento o vulneración de las leyes y no por criterios políticos, ni siquiera aunque parezcan mayoritarios. Se trata, para mantener la seguridad del orden jurídico, de una afirmación absoluta del imperio de la ley que se traduce en la plena garantía para los ciudadanos de vivir en un Estado de derecho. El imperio de la ley es excluyente. No admite intromisiones.

Como ha escrito recientemente en ABC un eminente jurista, don Joaquín Garrigues, «si los jueces y magistrados quedan sometidos únicamente al imperio de la ley, ¿cómo puede admitirse que en ese imperio se introduzcan quienes no son ni jueces ni magistrados para aconsejar a éstos cómo deben redactarse su fallo, o amenazarles, con las tremendas consecuencias que ese fallo pueda tener en la opinión pública, o advirtiéndoles contra una excesiva benignidad? ¿No representa todo ello una intromisión en el terreno vedado de la aplicación de la Ley?»

De acuerdo con estos principios, A B ,C acogió con respeto, acatándola, la sentencia del Tribunal Militar, que es la manifestación de la potestad jurisdiccional en el ámbito castrense. Y lo hizo sin excluir la posibilidad de que fuesen interpuestos los recursos legales pertinentes. Porque estos recursos y la aceptación que haga de los mismos el Tribunal de Casación, el Tribunal Supremo, forman parte del completo mecanismo de la Administración de la Justicia.

Sin embargo, la sentencia sobre los hechos del 23 de febrero ha sido acogida con críticas, en ocasiones del todo improcedentes. Sobre todo por parte de líderes políticos que, habida cuenta de su condición de miembros del poder legislativo, de parlamentarios, debieron esperar a la resolución de los recursos posibles para no coaccionar, ni siquiera por vía indirecta, la independencia del poder judicial. No se trata de que las sentencias judiciales sean intocables. Toda sentencia es un acto humano, susceptible de error.

Pero los Tribunales de Justicia, nacidos de las Constituciones libremente promulgadas, garantizan el modo menos imperfecto de aplicar la justicia humana. La distinción surge precisamente ahí: una sentencia judicial puede criticarse mientras no se condicione su casación; puede criticarse siempre y cuando no se dé la interferencia de otros poderes en el judicial. Y este lia sido el desgraciado caso que comentamos. No ha resultado ejemplar, a decir verdad, alguna declaración de miembros del poder ejecutivo contra el contenido de la sentencia. Su actitud debió limitarse a anunciar la petición al ministerio fiscal para que interpusiera el correspondiente recurso.

Desde este punto de vista resulta extraordinariamente curioso el silencio o el olvido que se ha dedicado en la polémica sóbrela sentencia al artículo 118 de la Constitución: «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.»

No hay todavía sentencia firme por estar pendientes de resolución los recursos. Pero a juzgar por la avalancha de críticas que ha caído sobre la primera sentencia, motivos hay para temer que la sentencia firme, si no complace a la opinión de los alzados contra la primera, no sea acogida, de acuerdo con el mandato constitucional del artículo 118.

Hay que reconocer, por otra parte, que el texto de la orden de la Junta de Jefes de Estado Mayor —que también ha sido por algunos criticada— expresa un claro incondicionado respeto a la independencia del poder judicial. Con referencia concreta al Tribunal Supremo y a su sentencia definitiva «que todos están obligados a acatar».

Rigurosamente no cabe aplicar igual elogio a aquellos que, pendiente aún el proceso de sentencia definitiva, expresaron su «disconformidad con la calificación de algunas conductas y hechos delictivos, con la estimación por el Tribunal de ciertas eximentes y atenuantes...». ¿Cómo no preguntarse con la Constitución en la mano y la legislación vigente a la vista, si no es precisa y exclusivamente a los jueces y Tribunales a quienes corresponde calificar conductas y hechos delictivos?

Conviene al bien de todos, al legítimo interés nacional, pasar de una vez esta página deplorable de la Historia que es el 23 de febrero. Conviene esperar con serenidad la sentencia definitiva. Y acatarla, pasando la página o cerrando el capítulo.

Se debe afirmar, por auténtico espíritu democrático, la independencia.del poder judicial. Y por adhesión al sistema de libertades se deben rechazar todas las formas de los llamados «procesos paralelos». O todas las mixtificaciones políticas de la Justicia a las que aludió, en sesión de debate sobre el texto de la Constitución, el diputado señor Fraga, explicando cómo «el triste ejemplo del juez soviético con sus adjuntos populares, dominados, por supuesto, por el partido; el tribunal revolucionario chino, y el tribunal popular que juzgó a Sócrates en Atenas son, evidentemente, otra cosa».

 

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