Disposiciones legales sobre terrorismo     
 
 Ya.    05/10/1976.  Página: 13-14. Páginas: 2. Párrafos: 66. 

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INFORMACIÓN NACIONAL

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Disposiciones legales sobre terrorismo

EN CASO DE URGENCIA

En relación con tas disposiciones legales aplicables a que hace referencia la nota oficial facilitada por el

Gobierno tras «u /*• unión extraordinaria ayer tarde, cobra {•> teres etvonoHiK´~ntq del texto

díiSponVtlVí, á;. decreto ley de 26 de agosto ´de 1975 sobre .,*. rrorismo y el decreto ley de 18 de febrero

de esta año, por el que se revisó el de prevención del terrorismo antes citado y en cuyo .último decreto se

regula la competencia para el enjuiciamiento de tales delitos.

Decreto-ley sobre terrorismo

Artículo 1º 1. Las disposiciones del presente decreto-ley será» de aplicación a la prevención y en-

juiciamiento de los d-e-lltos de terrorismo definidos en los artículos 260 a 264 del Código Penal {R.

1973, 2255 y apéndice 1951-66, 13825) y 294 bis del Código de Justicia Militar (R. 1971, 2048), así

como a las figuras de delito e infracciones administrativas, especialmente previstas en esta misma

disposición.

2. Cuando los delitos a que se refiere el párrafo anterior se cometieren contra la autoridad, agentes

de la autoridad, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Social del Estado y demás funcionarios

públicos se aplicarán, en su grado máximo, las penas señaladas en sus respectivos caaos.

3. Si del atentado terrorista resultare muerte de alguna de las personas mencionadas, se impondrá

la pena de muerte.

Art. 2.º Los que habiendo secuestrado a una persona causaren eu muerte o mutilación serán castigados

con la pena de muerte.

Art. 3.° En los delitos da secuestro de personas se apreciará como circunstancia atenuante BU pronta e

incondioionada puesta en libertad sin causarles mal.

Art 4,.° Declarados fuera de la Ley los grupos u organizaciones comunistas, anarquistas, separatistas y

aquellos otros que preconicen o empleen la violencia como Instrumento de acción política o social, loa

que organizaren o dirl-gieren estos grupos, los ´meros afiliados y los que, mediante sus aportaciones en

dinero, medios materiales o de cualquier otra v manera auxiliaren al grupo u organización, incurrirán

respectivamente en el grado máximo de las penas previstas en el Código Penal para las asociaciones

ilícitas de aquella naturaleza.

A quienes, por cualquier medio, realizaren propaganda de los anteriores grupos u organizaciones que

vaya dirigida a promover o difundir sus actividades, se les impondrá la pena correspondiente a tal delito

en su grado máximo.

Art. 8.* Quedarán exentos de responsabilidad por «1 hecho de su asociación y por sus actividades

proselitistas o de propaganda quienes, perteneciendo a una organización de las comprendidas en el

artículo anterior, se apartaren de la misma poniéndolo en conocimiento de la autoridad y confesando

espontáneamente su participación en dichas actividades.

Art. 6.º 1. Serán castigados con la pena de prisión mayor los que construyeren, ordenaren o autorizasen la

construcción, dispusieren o permitieren la utilización de locales deliberadamente ocultos y disimulados,

hábiles para el secuestro, encierro u ocultación de personas.

2. Quienes conociendo la existencia de alguno de estos locales rto lo pusieren en conocimiento Ae la

autoridad incurrirán en la pena de prisión menor.

3. La autoridad judicial dispondrá inmediatamente la clausura y precinto de la dependencia a la

que dieren acceso los referidos locales y, en su momento, ordenará la destrucción de la instalación y

aparato de disimulo, que se ejecutará por los servicios municipales competentes.

Art. 7." Serán castigados con la. pena de prisión mayor:

1. Los que alojaren o dieren .albergue a persona o personas implicadas en organizaciones o actividades

incluidas en este decreto — ley, facilitaren BUS desplazamientos, ocultaren o transportaren cosas o

efectos a ellos pertenecientes o les prestaren cualquier género de ayuda para realizar sus propósitos.

2. Los que, impMcadoíi en organizaciones o griteos** que ee nAfie-re el artículo 4´ o en activláades

terroristas, entraren o (refieren clandestinamente del territorio nacional, y quienes a tales fines, les

facilitaren guía, documentación, medio de transporte o cualquier otro auxilio.

3. Loe que transmitieren mensajes entre personas implicadas en las aludidas organizaciones o

actividades terroristas o les suministraren datos o informaciones que •"Hudieren favorecer sus

designios.

^"^Los que, sin estar legal mente ^•vios, tuvieren en su poder i, instrumentos o efectos para la

fabricación, almacenaje o transporte de explosivos, elementos incendiarios, gases de empleo táctico u

otros medios análogos,

5. Los que tuvieren en su poder, sin razonable justificación, manuales o Instrucciones de cualquier

clase para la elaboración de sustancias o artefactos explosivos o incendiarios, manejo de armas de

guerra, táctica de comandos o guerrilla urbana u otros análogos.

6. Log que cometieren el delito previsto en e] artículo 338 bis del CP en relación con los hechos a que

se refiere este decreto-ley.

7. Log que, con propósito de causar infundada alarma, anunciaren la supuesta colocación de

artefactos explosivos o cualquiera "otro atentado terrorista.

Art. 8.a En los casos comprendidos en los dos artículos precedentes, los Tribunales, teniendo en cuenta

la* circunstancias que concurran en el culpable y en el hecho y la gravedad de éste, podrán imponer la

pena inferior er/ un grado a la señalada.

Art. 9.* No serán de aplicación los artículos 8º y 7.° si las conductas que era los miamos se definen

resultaren más gravemente penadas como constitutivas d« algún grado de ejecución o de alguna forma d«

participación en otro delito.

Art. 10. Los que públicamente, sea de modo claro o encubierto, defendieren o estimularen aquellas

ideologías a que se refiere el artículo 4.º de esta disposición legal; o el empleo de la violencia como

instrumento de acción política o social; o manifestaren su aprobación o pretendieren justificar la

perpetración de cualquier acto terrorista; o enaltecieren a sus ejecutores o participantes; o trataren de

minimizar la responsabilidad de las conductas tipificadas en este decreto-ley por medio d« la crítica—

directa o solapada—de las sanciones legales que las previenen o castigan; o intentaren menoscabar la

independencia y el prestigio de la justicia mediante manifestaciones de solidaridad con las personas

encausadas o condenadas, «eran castigados con la pena de prisión menor, multa de 50.000 a 500.000

pesetas e inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones públicas y para las docentes, públicas o

privadas.

Art. 11. El enjuiciamiento de los delitos a que se refiere este decreto-ley corresponderá:

Art. 14. En caso de urgencia, las fuerzas da orden público podrán proceder, previa autorización del

comisarlo jefa o del jefe de la unidad, en su caso, al registro d« un domicilio o lugar cerrado, cuando se

presuma que s« encuentra en él una persona que pudiera resultar responsable de alguno de loa delitos a

que se refiere el presente decreto-ley, o pruebas, efectos o instrumentos de los mismos. De esta medida se

dará inmediata cuenta «1 Juez competente.

Dicha autorización deberá expedirse, por escrito y con expresión de las razones de urgencia cuya

apreciación discrecional será de la competencia de quien la hubiere ordenado conforme a lo dispuesto en

el párrafo anterior. Fuera de los casos de urgencia se seguirá el procedimiento ordinario. Cuando se

requiera mandamiento judicial, su ejecución, como prescribe el artículo 563 de la ley de Enjuiciamiento

Criminal (diccionario 7299), podrá delegarse a cualquier autoridad o agente de la Policía Judicial, quien

la practicará asistido, al menos, de otro funcionarlo policial en funciones de secretario.

Art. 15. En tos procesos por delitos a que se refiere el presente diecreto-ley eé acordará la prisión

provisional de los encausados. Excepcionalmente, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá

decretarse eu libertad provisional.

En ningún caá o se mantendrá la prisión más tiempo que el de la mitad de la pena máxima que pudiera

corresponder al encausado, al menos que la situación alterada por el delito no haya sido completamente

normalizada, y que no haya cesado la alarma producida.

Art. 16. Lo» detenidos o presos en situación de prisión provisional, no incomunicados, no podrán, durante

la tramitación de la causa, utilizar otra forma de comunicación que ´a escrita, ealvo las que mantengan con

su defensor, acreditado por la autoridad judicial, que ee ajustarán a lo dispuesto en ías leyes y

reglamentos.

Excepcionalmente, el juez o tribunal que entienda de la causa podrá autorizar cualquiera otra

comunicación directa.

Art. 17. Cuando sean dos o más los procesados cuyos defensores hayan de evacuar los trámites de

instrucción y calificación, la entrega de la causa sé hará mediante fotocopia, debidamente autorizada por

el secretario, y el plazo señalado en la ley para estos trámites correrá simultáneamente para todas las

partes.

Art. 18. 1. Para garantizar la eficacia del •principio de defensa,

a) A la Jurisdicción ordinaria —juzgados y Tribunal de Orden Público—, de acuerdo con la

legislación vigente, los previstos en los artículos 260 a 264 del Código Penal (R. 1973, 2.225) y,

además, los definidos en loa artículos 6.º, 7.º y 10 de este decreto-ley, salvo que la conducta incriminada

deba considerarse participación en otro hecho punible del que deba conocer la. jurisdicción castrense y,

e» todo caso, los delitos definidos en el artículo 4.´

b) A la jurisdicción militar, y también conforme a la legislación vigente, los previstos en al articulo 294

bis del Código de Justicia Militar y los definidos en los artículos 6.°, 7.° y 10 de este decreto-ley, cuando

constituyan forma d« participación en alguno de los delitos del 294 bis citado y, en todo caso, el delito

definido en el artículo 2.º

Art. 12. Los procedimientos que se sigan por los delitos a que se refiere el presente decreto-ley tendrán

prioridad en su tramitación.

Los atribuidos a la jurisdicción ordinaria se tramitarán por el procedimiento de urgencia.

Loa correspondientes á la Jurisdicción militar se sustanciarán por el procedimiento sumarísimo, salvo en

el caso del artículo 923 del Código de Justicia Militar (R. 1946; 1.232 y Diccionario 18.102). En

cualquier caso será de aplicación lo dispuesto en el articulo 294 bis, apartados d) y e), del propio Código.

La tramitación se ajustará a las normas procesales aplicables a cada caso con las especialidades que

expresan los artículos siguientes.

Art. 13. El plazo legalmente establecido para poner a disposición de .la autoridad judicial a un detenido

podrá prorrogarse, si lo requieren las exigencias de la investigación, hasta transcurrido el quinto día

después de la detención y hasta los diez días si, en este último caso, lo autoriza el Juez a quien deba

hacerse la entrega. La petición de esta autorización deberá formularse por escrito y expresará los motivos

en que sa funde.

En todo caso, en el más breve plazo, y, a lo sumo, dentro de laa setenta y dos horas, Se pondrán en

conocimiento del juez competente el hecho de la detención y sus "motivos a los efectos .procedentes.

evitando dilaciones en el procedí" miento, se requerirá al procesado para, que, a la vez que nombra su

defe&sor, designe otro como suplente d« aquél. EU tribunal, asimismo, nombrará otro suplente da oficio.

2. En caso de incomparecencia del defensor designado en primer término, cualquiera que sea la causa,

asumirá la defensa el suplente que hubiere podido designar el procesado y, en defecto de éste, el

nombrado de oficio. A este fin los tres defensores se instruirán simultáneamente de las actuaciones y

estarán presentes durante la celebración de la vista y en las diligencias en que sea necesaria la presencia

del defensor.

3. Los defensores de las partes que abierta y gravemente perturbaren el orden de los debates o

diligencias, desoyendo las oportunas advertencias y requerimientos del presidente o del juez, serán

relevados era el acto, precediéndose a su sustitución como se previene en el párrafo anterior.

4. Los defensores sustituidos conforme al párrafo anterior quedarán inhabilitados en lo sucesivo

para actuar en causas por delitos a que se refiere este decreto-ley durante el plazo de un año.

5. Contra las resoluciones que dicten los jueces o presidentes de los tribunales en uso de las facultades

que lee confiere este articulo no se dará recurso alguno, salvo contra la inhabilitación, que podrá

impugnarse mediante el recurso de audiencia en justicia sin suspensión de la efectividad del acuerdo.

Art. 19. 1. Cuando los hechos a que se refiere el artículo. 10 se cometieren por medio de la imprenta o a

través de cualquier medio de comunicación social, independientemente de la responsabilidad penal, el

Consejo de Ministros podrá imponer las siguientes medidas:

a) Al autor material, firmante o _no, y al director de la publicación o medio de comunicación social,

suspensión´ en el ejercicio de sus actividades profesionales, de tres meses a un año, que será

causa Justa de despido laboral o de resolución del contrato que profesionalmente tuviere con la

empresa, sin derecho a ningún tipo de indemnización.

b) Al titular jurídico de las publicaciones a que se refiere la ley 14/1966, de 18 de marzo (resolución

519 y apéndice 1951-66, 11705), con independencia del secuestro previsto en dicha ley, suspensión de

la publicación en que se haya producido la conducta delictiva, por los siguientes plazos: hasta brea

meses en las publicaciones diarias, hasta seis en los semanarios y hasta un. año en las restantes.

c) Al titular jurídico de los demás medios de comunicación social, con independencia del secuestro

correspondiente de la obra o producto en que se haya cometido la conducta delictiva, suspensión de sus

actividades hasta el plazo máximo de un año.

d) Kn los dos supuestos anteriores, en caso de multirreinciden-cia,´ podrá ser cancelada

definitivamente ¡a autorización o inscripción necesarias para el ejercicio de la actividad correspondiente.

2. Contra los acuerdos que Impongan las referidas medidas podrá acudirse en súplica ante el

Consejo de Ministros y contra la resolución de éste podrá Interponerse recurso contencioso-

administrativo, sin suspensión de la ejecutoriedad del acuerdo.

3. A los efectos de este deereto-ley se entienden por medios de comunicación social, además de la

prensa y publicaciones, la radio, la televisión, la cinematografía, la fonografía y demás procedimientos

de difusión o espectáculos de amplia incidencia pública.

Art. 20. Las autoridades o funcionarios públicos de cualquier clase y categoría, que procedieren con

negligencia en lo relativo a la prevención, pesquisa o persecución de los delitos de terrorismo, deberán ser

relevados inmediatamente de eu empleo o cargo por el superior Jerárquico u órgano que tuviere

facultades para decretar su suspensión, situación en la que permanecerán hasta que por vía disciplinaría o

judicial se resuelva lo procedente.

Art. 21. El Estado Indemnizará especialmente los daños y perjuicios que se causaren a ¡as personas con

ocasión de su actividad o colaboración para la prevención o represión de los hechos delictivos a que se

reitere este decreto-ley.

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Disposiciones legales sobre terrorismo

Disposición adicional

Los párrafos 1.º y 2.» del artículo 19 de la ley de Orden Público (R. 1959, 1055 y apéndice 1951-66,

10799) quedarán redactados de la siguiente forma:

1. Los alcaldes podrán sancionar los actos contra el orden público con multas que no excedan de 1.000

pesetas, en municipios de hasta 10.000 habitantes; de 3.000 pesetas, en los de 10.000 a 20.000; de 5.000

pesetas, en los de más de 20.000; de 15.000 pesetas, en los de más de 50.000, y de 50.000 pesetas,

en loe de más de 100.000.

2. Los delegados del Gobierno en las Islas Canarias y Baleares podrán sancionar las mismas faltas

con multas de hasta 50.000 pesetas. Los delegados del Gobierno a efectos de orden público en Ceuta y

Melilla -podrán imponer sanciones de hasta 100.000 pesetas. Los jefes superiores de Policía podrán

imponer sanciones de hasta 100.000 pesetas. Los gobernadores civiles podrán hacerlo en cuantía que no

exceda de 500.000 pesetas; el director general de Seguridad, hasta un millón de pesetas; el ministro de la

Gobernación, hasta dos millones de pesetas, y el Consejo de Ministros, hasta cinco millones de pesetas.

DISPOSICIONES FINALES

1.ª El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publición en el "Boletín Oficial del

Estado", y del mismo se dará cuenta Inmediata a las Cortes.

2.ª De acuerdo con lo previsto en e artículo 35 del Fuero de los Españoles (R. 1967, 767 y apéndice 1951-

66,6450 nota), los artículos 13 y 14 de este decreto-ley tendrán vigencia durante dos años.

Decreto-ley sobre competencia para el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo

JEFATURA DEL ESTADO. — Decreto-ley 2/1976, de 18 de febrero, por el que se revisa «1 de

prevención del terrorismo 10/1975, de 26 de agosto, y se regula la competencia para el enjuiciamiento de

tales delitos.

La revisión que se hace del contenido del decreto ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del

terrorismo, tiene caracteres de urgencia y provisionalidad qu* justifican su promulgación con rango de

decreto-ley, pues tan urgente como la adopción de medidas excepcionales de prevención y enjuiciamiento

cuando ello se hace necesario ee eu levantamiento cuando las circunstancias lo permiten; la

provisionalidad de la. medida se destaca suficientemente si se piensa en que la regulación definitiva de

materias tan delicadas como las de naturaleza penal o referentes a las garantías procesales, así como de

defensa, del orden público debe producirse con la participación activa de las Cortes.

Hasta que el Gobierno pueda disponer ´de un instrumento jurídico adecuado para garantizar la normal

convivencia ciudadana, puesta en peligro por conductas antisociales y violentas se mantienen las

facultades excepcionales conferidas a la autoridad gubernativa en los artículos 13 y 14 del decreto-ley

anterior, aunque reduciendo el plazo de su vigencia, y ee derogan todas las demás normas que fueron

establecidas ante las circunstancias extraordinarias existentes en el momento de la promulgación del

decreto-ley que ahora se revisa.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de febrero de 1976, en uso de

la autorización conferida en 61 artículo 13 de la ley constitutiva de las Cortes, textos refundidos de las

Leyes Fundamentales del Reino, aprobados por decreto de 20 de abril de 19«7, y oída la Comisión a que

se refiere el apartado primero del artículo 12 de la citada ley

DISPONGO:

Artículo primero. — El enjuiciamiento de los delitos de terrorismo corresponderá, a la jurisdicción

ordinaria, salvo que se den conjuntamente las siguientes condiciones:

Primera. Que los hechos hayan sido ejecutados por grupos arma-´ dos con organización de tipo militar o

paramilitar.

Segunda. Que tales hechos tiendan a atacar el orden institucional y produzcan situación de alarma o grave

alteración del orden público.

En este caso, el conocimiento de tales delitos corresponderá a la Jurisdicción militar.

Articulo segundo. — La Jurisdicción ordinaria observará las normas de competencia y procedimiento que

le son propias.

Articulo tercero.—El párrafo segundo del artículo siete del decreto ley de veintiséis de agosto de mil

novencientos setenta, y cinco quedará redactado de la «igutente forma:

Los que implicados en organizaciones, grupos o actividades terroristas entraren o salieren clan-

destinamente del territorio nacional, y quienes, a tales fines, les facilitaren guía, documentación, medios

de transporte o cualquier otro auxilio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los artículos trece y catorce del decreto-ley diez mil novecientos setenta y cinco, de veintiséis de agosto,

mantendrán suvlgencia durante el plazo de un año. El Gobierno remitirá a las Cortes en el más breve

plazo posible, un proyecto de ley regulando las facultades extraordinarias de la autoridad gubernativa en

casos de terrorismo. DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan .derogados los artículos uno, dos,tres, cuatro, cinco, diez, • once, doce, quince, dieciséis,

diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, disposición final segunda del decreto-ley diez mil novecientos

ee* tenta- y >-inco, de veintiséis de agosto, y cuan iv; ´iiejioaíckmes ee opongan a lo dispuesto en este

decretoley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Í/o establecido en es*ts decreto-ley será aplicable a los procedimientos Judiciales en tramitación,

cualquiera que sea la Jurisdicción que conozca de ellos.

DISPOSICIÓN FINAL

ES presente decreto ley entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", y del

mismo se dará cuenta inmediata a las Cortes.

Así lo dispongo por el presente decreto-ley, dado en Barcelona a dieciocho de febrero de mil novecientos

setenta y seis.

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