Autor: Burgo Tajadura, Jaime Ignacio del. 
   Más sobre los sucesos de Pamplona     
 
 ABC.    05/09/1978.  Página: 3-4. Páginas: 2. Párrafos: 19. 

MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1978. PAG. 3

MAS SOBRE LOS SUCESOS DE PAMPLONA

Por Jaime Ignacio del BURGO

Senador de U. C. D. por Navarra

SIN duda, una de las mayores obligaciones de los que, en un sistema democrático, desempeñamos funciones de representación política es la de propiciar la paz ciudadana y la convivencia civilizada.

Este país ha vivido, a lo largo de sn historia remota y reciente, demasiadas guerras y luchas fratricidas y nuestra sociedad acumula, por esta causa, demasiadas dosis de intolerancia y agresividad.

La democracia no es sólo hacer una Constitución que reconozca derechos y libertades fundamentales e instaure un régimen político donde el poder pertenece al pueblo y se ejerce a través de representantes libremente elegidos. La democracia exige, además, Que el diálogo y el respeto formen parte de nuestro ser sociológico y esté presente en todas las actitudes de nuestra vida.

La democracia no se consolidará si removemos los archivos de la violencia que, en épocas pretéritas, inundó todos los rincones de nuestra geografía. Ni tampoco mientras exijamos a unos que olviden para que otros hurguen en las viejas heridas y conmemoren, como gloriosas, las que, por ser ejemplo de violencia civil, no deben de ser timbre de gloria para nadie. Resulta pintoresco que se exija la retirada de la laureada de nuestro escudo navarro, precisamente por quienes quieren imponer otro símbolo de guerra acompañado de cánticos que exaltan la acción de las armas.

Hubo un 15 de junio en que e! pueblo español, sintiéndose libre de improviso, creyó que era posible la paz y dio mayoritariamente un voto favorable a aquellas opciones políticas que le hablaban de reconciliación, respeto y libertad solidaria. Los extremismos quedaron radicalmente vencidos por el lenguaje aplastante de las urnas.

Los representantes del pueblo comenzamos la gran tarea de hacer una Constitución para todos los españoles, al igual que habíamos prometido a nuestros electores en la campaña electoral, Y así surgió el consenso, que no es otra cosa que la voluntad decidida de hacer una ley fundamental capaz de asegurar el libre juego de las opciones políticas en un marco de libertad de los pueblos de España. Quienes hacen comparaciones con épocas pasadas olvidan que nunca en España las fuerzas políticas mayoritarias, desde la derecha hasta la izquierda, habían intentado un objetivo político común como el de hacer una Constitución para todos. «Esta es una Constitución de izquierdas», dijo Jiménez Asúa, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de los Diputados, cuando presentó el texto elaborado al Pleno de las Cortes. SI en 1978 pudiéramos decir que habíamos hecho una Constitución de Izquierdas o de derechas, basada en la fuerza de una exigua mayoría de votos, habríamos perdido la oportunidad de consolidar la democracia en España.

Como muestra de esa voluntad de reconciliación, las Cortes ´ democráticas, por unanimidad prácticamente, promulgaron la ley de Amnistía. Se trataba de abrir ira cauce anchuroso a la concordia política. Para unos, fue un acto de justicia. Para otros, entre los que me incluyo, fue el último acto de comprensión hacia quienes, en otras circunstancias, consideraron que el terror y la violencia debían acompañar a la actividad política.

Pero, desgraciadamente, este gesto histórico de las Cortes no ha dado el fruto deseado. Porque hay quien no tiene inconveniente alguno en hacer mofa de la voluntad copular y continúa ejerciendo el terror, que es la forma más degradante de quebrantar el derecho a la libertad de una comunidad política.

Nada importa que la amnistía —y me refiero ahora al País Vasco— no dejara en la cárcel un solo preso de origen vasco. Nada importa que, aún antes de la Constitución, se haya reconocido el derecho al autogobierno del País Vasco, dotándole de un órgano democrático de representación política —el Consejo General Vasco—, lo qu« ocurre por vez primera en la historia de esta entrañable parte de la nación española, pues no se puede calificar de democrática un Gobierno nacido en 1936, de las excepcionales circunstancias de la guerra civil, que todavía no ha encontrado motivo suficiente para su autodisolución, pese a todos estos ejemplos de superación de un pasado de incomprensión y falta de respeto hacia los legítimos derechos del pueblo vascongado.

El nacionalismo extremista no ha cambiado un ápice su actitud violenta. T signe creyendo que las circunstancias políticas no han cambiado. Durante un tiempo, el terrorismo pudo levantar la bandera de la democracia y de la libertad. Pero, ¿qué bandera puede levantar hoy? ¿Es que un Gobierna que cuenta con la confianza de unas Cortes, en las que se encuentran representadas todas las Ideologías de la Europa democrática, puede calificarse de fascista?

Pero lo más grave, no es la actitud de los terroristas, que constituyen una minoría en el contexto general de! País Vasco. Lo grave es la complicidad manifiesta de grupos que dicen rapudiar la violencia, pero están dispuestos a aprovecharse de ella, como ha declarado recientemente un senador del P.N.V.

To quiero rendir público homenaje a los servidores del orden público, que se juegan cada día la vida por garantizar nuestra paz y la libertad de todos los ciudadanos. Cuantos vivimos en zonas salpicadas ser la violencia terrorista sabemos hasta qué punto viven acosados por el peso de tana tensión psicológica a que lea somete un terrorismo cobarde y traicionero. Son muchas.las vejaciones r humillaciones que han de soporta pacientemente los miembros de la fuerzas de seguridad del Estado, en medio de una oleada de odio que les afecta a ellos y a sus familiares, olvidando «jue no son fuerzas represivas, sino (Tarantes de la democracia. Tí quienes no Quieran verlo así, desde una perspectiva democrática, están contribuyendo a fe fragilidad del nuevo edificio de la democracia.

Los últimos acontecimientos que nan provocado nuevas víctimas entre las fuerzas del orden y la lectura del Informe de la Comisión de Peñas sobre los incesos de Pamplona me han movido a escribir estas reflexiones, que pretenden •er un» llamada a la colaboración cívica con quienes´ tienen el deber de hacer frente, con el respaldo de todos, a los propósitos de nn reducido grato de terroristas que no pueden afectar» en modo alguno, al derecho del pueblo español a •vivir en paz y en libertad.

No dudo que la objetividad haya presidíelo la redacción del informe de la Comisión Investigadora de , Pamplona, sunqne no siempre el resultado haya sido positivo, pues se omite, entre otras «osas, el intento de asalto a un convoy de la Policía Armada por parte de unas quinientas personas, ftue se abalanzaron enfurecidas sobre las camionetas de los guardias en retirada, a la misma hora y en el mismo lujar donde, se •opone, cayó mor taimen te herido Germán Rodríguez.

Se hacen alusiones en el informe a la independencia de la Justicia. Pero la Independencia de los Tribunales no sólo hay qne garantizarla d« las presiones del poder político, sino también de_las «ue puedan provenir de grupos cívicos que intenten predisponer el fallo de los Jueces.

La publicación del informe, más qne nn intento de ayudar a la Justicia, parece destinada a orientar a la opinión ciudadana en nn sentido determinado. En mi articula sobre «Los sucesos de Pamplona», publicado el pasado 19 de julio, expuse la improcedencia de la actuación policial en la plaza de toros, pero, la objetividad me obligó a denunciar los actos de vandalismo de que la ciudad fue objeto posteriormente por Quienes coreaban a E. T. A. y pedían más metralletas y que no eran, desde luego, miembros de Fuerza Nueva, perene, en tal caso, esta organización tendría en la capital navarra no tinas decenas de jóvenes, sino casi nn ejército. Pero a la vista de las reflexiones anteriores, pienso que, en aras de la convivencia y de la paz, los errores policiales también tienen derecho a la amnistía o. cuando menos, a la comprensión. T mucho más la tienen los miembros de las fuerzas que se limitan, como no puede ser de otra forma, a cumplir las órdenes recibidas. Los errores policiales, despojados del contexto de violencia en que se producen, carecen de Justificación. Pero contemplados en ese contexto revolucionario en el que la vida política del País Vasco y de Navarra se desenvuelve, cuando menos, tienen derecho a la aplicación de atenuantes.

Escrito este artículo se producen discrepancias entre el Ministerio del Interior y funcionarios del Cuerpo General de Policía. Si la disciplina se quiebra el orden social se hará imposible. lx> que parece claro es la necesidad de proceder a una mayor rapidez y profundidad en la tarea de profesionalizar al máximo y dar savia nueva y joven a, los mandos policiales, a fin de lograr una mejor eficacia. La división y, subsiguiente desmoralizacion de los funcionarios -de seguridad del Estado, es nn flaco servicio al bien público.—J. I. del B.

 

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