Dificultades para regar     
 
 Pueblo.    12/03/1962.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

EN" el "Boletín Oficial" de la provincia de Avila, del sábado 3 dé febrero, se publica un aviso de la Comisaria de Aguas del Duero, que literalmente dice;

" Se advierte a aquellos cultivadores que pretendan aprovechar aguas públicas para el riego de sus fincas en la próxlmu campana, que no pueden efectuarla los que nos cuenten con la correspondiente creacion e inscripcion del aprovechamiento en el Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas obrante en este Servicio, de acuerdo con lo que disponen los artículos 147 y concordantes de la ley de Aguas de 13 de junio de 1879, 3.º del real decretóle? de 7 de enero de 1927 y 7." del real decreto de 12 de abril de 1901, y quienes deberán, por tanto, abstenerse de realizar labores preparatorias de cultivos de regadío.

Lo que se bace saber, a fin de evitar los perjuicios que pudieran derivarse de la inobservancia de lo expresado.

Valladolid, 15 de enero de 1962. —El comisario jefe de Aguas (ilegible)."

Este aviso descubre uno de esos casos en los que se produce una pugna o tensión entre las disposiciones literales de una legislación y las necesidades de la realidad o, incluso, las exigencias del interés general.

No es función nuestra—como reiteramos una y otra vez en estos casos— resolver una cuestión jurídica ni señalar tampoco cuál debe ser concretamente la ordenación legal óptima. Sí nos compete, en cambio, señalar la existencia de problemas, llamar Ja atención hacia situaciones anómalas que deben solucionarse.

Cierto es que la legislación citada en el aviso de la Comisaria de Aguas del Duero impone a los cultivadores la obligación de inscribir u obtener la inscripción, en el registro correspondiente, de su concesión de riego, de su aprovechamiento de las aguas públicas. Pero al parecer, y el texto del aviso es buena prueba de ello, esta obligación no se cumple con la debida generalidad. Pues, en otro caso, ¿para qué dictar tal aviso? Existe entonces un número considerable de regantes que, por la razón que sea, no inscriben su derecho. La legislación, por este lado, queda incumplida.

Sin embargo, el caso tiene otra cara. La que se refiere al derecho al trabajo—y cultivar es el trabajo del regante—, la que se refiere a la producción nacional—y obstaculizar un riego es disminuirla—. ¿Cómo convencer a un labrador de que debe cesar en su trabajo, de que no puede explotar adecuadamente su medio de vida, su tierra, por falta de un requisito de inscripción? ¿Cómo ordenar que no se siembre por incumplimiento de una formalidad administrativa? ¿Cómo hablar de "los perjuicios que pudieran derivarse"?

Clara queda la pugna, la tensión entre el ordenamiento jurídico y la realidad social-económica. Hay que resolverla. Algún sistema habrá, o podrá arbitrarse, para que la ordenación del aprovechamiento de aguas públicas para riegos se cumpla. Es decir, para que no exija requisitos o condiciones que, por ser incómodas o gravosas, provoquen una reacción de incumplimiento por parte de los regantes. Y para que, en ningún caso, pueda derivarse de ella un obstáculo al trabajo o al mayor rendimiento de la agricultura, sector principalísimo de la economía nacional.

 

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