Autor: Aizpún Tuero, Jesús. 
   El Gobierno de Navarra     
 
 ABC.    20/08/1983.  Página: 28. Páginas: 1. Párrafos: 18. 

TRIBUNA ABIERTA

EL GOBIERNO DE NAVARRA

Por Jesús AIZPUN TUERO

ES de dominio público que el resultado de las elecciones celebradas en Navarra el 8 de mayo de 1983 creó una difícil situación para la formación de un Gobierno. Recordemos que el PSOE obtuvo veinte escaños, Unión del Pueblo Navarro (UPN), trece; la Coalicción Popular (AP-PDP-UL), ocho; Herri Batasuna (HB), seis y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), tres. Como puede apreciarse, ninguna de las fuerzas políticas comparecientes consiguió la mayoría absoluta. Por otra parte, la ausencia —al menos hasta la fecha— de HB, reduce a cuatro las formaciones políticas que concurren a formar Gobierno.

La decantación inicial, tras una laboriosa gestión de UPN, fructificó en un entendimiento UPN-Coalicción Popular, lo que permitía disponer de veintiún votos, frente a veinte del PSOE y tres del PNV. El resultado, pues, es que el PNV se convierte en el arbitro de la elección y con sus tres votos decide si se forma o no se forma Gobierno y cuál, en su caso, va a ser el partido en el Poder.

Aun cuando no quisiéramos convertir este artículo en un dictamen jurídico, la valoración de la actual situación exige el conocimiento de la normativa aplicable al nombramiento de presidente de la Diputación Foral o Gobierno de Navarra. Que fundamentalmente es el artículo 29 de la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero, desarrollado posteriormente por el artículo 20 de la ley Reguladora del Gobierno y Administración de la Comunidad Foral de Navarra. El artículo 29 de Amejoramiento dispone:

1.° El presidente de la Diputación Foral será elegido por el Parlamento y nombrado por el Rey.

2.° El presidente del Parlamento, previa consulta con los portavoces designados por tos partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a presidente de la Diputación Foral.

3.° El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser elegido el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría absoluta en la segunda o simple en las sucesivas votaciones. Caso de no conseguirse tales mayorías, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente. Si transcurrido e) plazo de dos meses, a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, será designado

presidente de la Diputación el candidato del partido que tenga mayor número de escaños. La fórmula de este artículo 20 ha merecido la crítica de órganos de Prensa, portavoces de partidos que, en su día, rechazaron el Amejoramiento. Pero recordemos que el artículo 99 de la Constitución, en su número 5, opta por una solución completamente diferente, cual es la disolución de las Cortes si transcurrido ese mismo plazo de dos meses ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso, y ha sido muy criticado. Véanse tos comentarios de Osear Alzaga a la Constitución Española de 1978, quien resalta que el mecanismo de la disolución automática no se encuentra en vigor en ninguna otra nación. Damos por supuesto que ninguna solucción es perfecta, pero sostenemos que la adoptada por el Amejoramiento es tan aceptable como cualquier otra. Fórmula idéntica adopta el Estatuto de Andalucía, por ejemplo. Volviendo al tema que nos ocupa hay que decir que el supuesto previsto en este número 3 del artículo 29, se ha producido. Ante la problemática de formar Gobierno sin mayoría absoluta, los partidos políticos adoptarán posturas muy diferentes.

UPN, cumpliendo lo que entendía ser un mandato de sus electores tomó una postura activa y tras conseguir la colaboración de la Coalición Popular, presentó un candidato que contaba con veintiún votos (los trece de UPN y tos ocho de la Coalición Popular) y al que bastaba, por tanto, la abstención del PNV para obtener la mayoría simple en tercera votación.

El PSOE, por el contrario, no quiso afrontar una sesión de investidura, creyendo, con notorio error, que sin presentar candidato la aplicación del número 3 del artículo 29 le dará el poder por automatismo legal, y adopta una actitud totalmente pasiva, sin presentar candidato.

El PNV, arbitro de la cuestión, bien porque privadamente haya obtenido del PSOE concesiones que UPN no ha considerado aceptables, bien porque prefiere un Gobierno socialista a un Gobierno de centro derecha, no se ha avenido a dar sus votos ni siquiera en forma de abstención al candidato de UPN. Y llegamos así al supuesto previsto en el artículo 29.3

Con un total desconocimiento de la realidad legal, se escribe a diario que en esta situación el cabeza de la lista más votada accede a la Presidencia. Evidente confusión con el sistema previsto en las elecciones a alcaldes. Como erróneo es creer que llegado este momento, al llamado a la Presidencia es la persona que designe el partido que tenga más escaños. Por el contrario es muy claro que la Ley dispone que la Presidencia recaiga en quien tenga el «status» de candidato.

Lo interesante, por tanto, es aclarar o definir el concepto de candidato. La mera lectura del artículo 23.2 define un primer requisito indispensable. El candidato, para ser calificado de tal, ha de ser propuesto al Parlamento por el presidente del mismo. El presidente propone el candidato; sin propuesta del presidente no hay candidato. Los portavoces son oídos en consulta por el presidente y pueden proponer personas para que sean proclamadas candidato, pero sólo al presidente le corresponde proponer al candidato, Interpretación literal que es la primera a atender, porque cuando las palabras son claras, se ha de estar al sentido literal del precepto. La interpretación sistemática de todo el artículo confirma esta interpretación literal. Porque el propuesto ha de someter su programa a la deliberación de la Cámara, se ha de someter al debate de investidura y a la votación del Parlamento.

Por eso el artículo 29.3 dice que si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, «ningún candidato» hubiera obtenido la mayoría simple, será designado presidente de la Diputación Foral el candidato del partido que tenga mayor número de escaños. Es decir, que será designado el candidato o lo que es lo mismo uno de aquellos «ningún candidato» a que se refiere el propio párrafo.

La designación, por tanto, sólo puede hacerse entre candidatos, es decir, entre quienes propuestos formalmente como tales, han seguido el proceso previsto por la Ley y no han obtenido la mayoría simple.

No olvidemos que el procedimiento normal es la designación del elegido. Esa es la norma general. La excepción es la designación del candidato del partido con mayor número de escaños. Como tal excepción se na de interpretar restrictivamente y por tanto en la forma más aproximada a la norma general. Lo cual supone que no se trata de una persona simplemente designada por el partido tras el proceso electoral, sino de quien ha sido propuesto candidato y ha seguido todo el proceso democrático de la elección. Hasta llegar a ser uno de los investidos del estatus de candidato no elegidos, pero sí contemplado, por el artículo 20.3 para ser designados por imperativo de la Ley.

De todo to cual se infiere, a nuestro juicio, que la situación creada por la no elección de ningún candidato sólo puede resolverse designando un candidato, en sentido esxtricto y legal, es decir, que haya sido propuesto como tal y pasado el trámite parlamentario. Que sea uno de los no elegidos.

Y como en este caso el PSOE no ha presentado candidato y sólo existe el candidato de UPN, éste es el llamado a la designación para presidente por imperativo del artículo 20.3 de la ley de Reintegración y Amejoramiento y concordantes.

 

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