El tamaño de la propiedad agraria     
 
 Pueblo.    28/03/1962.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

El tamaño de la propiedad agraria

DEL error demagógico del marxismo, que propugna dividir la tierra, no en función de su rentabilidad, sino del número de obreros que la trabajaban o, más aún, del número de familias campesinas que vivían en cada término municipal, se pasa, en algunos sectores, al extremo contrario, igualmente erróneo y "demagógico" (una demagogia de minorías, aunque parezca antinomia): vincular la extensión de la unidad de cultivo que" exige la productividad de los medios modernos a la propiedad individual. Si leyes económicas insalvables impiden repartir las fincas en trozos tío rentables, no hay ninguna ley, ni económica, ni social ni moral, que determine que el tamaño óptimo de las fincas implique un solo propietario para las mismas. La razón es clara: el tamaño óptimo de las empresas industríales no implica que el capital sea de una sola persona.

Una vez fijados los extremos entre que se mueve el problema de la reestructuración agraria, parece más fácil encontrar una solución satisfactoria para el bien común. La parte de justicia que encierra la aspiración al reparto de la tierra puede verse satisfecha bien por una equitativa participación en la renta que produce, bien por el acceso a la propiedad de la empresa en que se trabaja, mediante alguna fórmula de aceionariado obrero agrícola, o bien, como parece más lógico, mediante la combinación de ambos procedimientos. Sin descartar, naturalmente, la propiedad familiar en todos los casos en que resulte rentable por sí sola o mediante agrupaciones cooperativas.

Que, en general, sobre todo en las grandes fincas señoriales, la participación de los trabajadores en las rentas producidas es inferior a lo que la justicia exige y la economía permite y hasta aconseja es indudable. Aparte de la falta de conciencia social de muchos propietarios, denunciada enérgicamente por los prelados españoles, favorece esta situación el exceso de mano de obra disponible, que permite su explotación. La prueba se encuentra en aquellas zonas en que, por haber disminuido el número de jornaleros agrícolas, los propietarios se han visto en la necesidad de elevar notablemente las remuneraciones, en especial en algunas labores de temporada, como la recolección. Pero una inversión diametral de la situación no puede esperarse en muchos años, ya que, de una parte, la creación de los nuevos puestos de trabajo que exige colocar a la población agrícola excedente requiere un largo período, y, por otra parte, el proceso de mecanización del campo cubre ampliamente los vacíos que de. jan las migraciones internas y externas. Se impone, pues, como medida inaplazable, reajustar las remuneraciones del campo con arreglo a normas que tengan en cuenta 1a verdadera participación de cada uno de los sectores (propiedad y trabajo) en el proceso productivo. Los convenios colectivos, preferentemente de empresa, son el instrumento adecuado para conseguir una j tita distribución de la riqueza producida, sin poner en peligro los precios.

El concepto empresa agrícola como sustitución de la propiedad señorial se abre cada vez más camino. Su constitución y funcionamiento sería similar al de la empresa industrial. Es decir, que tendría las mismas ventajas y los mismos inconvenientes. Pero, al surgir ahora, pueden rehuir los defectos descubiertos en las sociedades anónimas industriales, y adoptar una estructura más acorde con la mentalidad moderna y con las exigencias de la justicia, en especial en lo que se refiere a la participación del trabajo en el capital y en la gestión. En cualquier caso, la empresa industrial moderna, con todos sus defectos, demuestra ser un instrumento más apto para logros de justicia social que la rieja propiedad señorial, con nn sentido feudal, todavía claramente perceptible en el distanciamiento entre las clases sociales, cada vez más aminorado en el sector industrial. Por último, la propiedad familiar rentable viene a satisfacer una aspiración irrenunciable del campesino: poseer su propia tierra y obtener de ella los medios para una vida decorosa.

Juan XXIII, que en la "Mater et magistra" aboga claramente por la transformación de las propiedades agrícolas en empresas, al decir que es un ideal "la empresa que está configurada y funciona como una comunidad de personas en las relaciones internas, y en las estructuras correspondientes a los criterios de justicia" y al espirita cristiano, reitera la preferencia por "la empresa de dimensiones familiares", advirtiendo que es vital "a condición de que pueda obtenerse de ella un rédito suficiente para el decoroso tenor de vida de la respectiva familia". Añadamos que afortunadas experiencias realizadas en España demuestran que es posible el cultivo rentable en colectividad de fincas pequeñas, dando lugar a una empresa agraria cooperativa, que puede coexistir con pleno derecho y garantía de éxito junto a la empresa agraria ordinaria. Creemos que ha llegado la hora de acabar con las bellas divagaciones, que no pretenden más que ocultar el verdadero problema. El reajuste de las remuneraciones en el campo; la transformación de la propiedad señorial en empresas estructuradas con avanzado espíritu social y dimensiones adecuadas; la difusión y salvaguarda de la propiedad familiar, y la extensión del cooperativismo en todas sus variedades son reformas que pueden impulsarse desde ahora mismo, y que unidas a la extensión del crédito agrícola, a las obras de infraestructura, a la extensión de los regadíos, a la industrialización y a la mecanización del campo, deben acelerar el proceso de dar a los campesinos unas estructuras más justas y un nivel de vida más elevado.

 

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