Autor: F. J. P.. 
 No se ha pedido formalmente la entrega de los detenidos. 
 La extradición de los italianos, aún sin decidir     
 
 Informaciones.    03/02/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 6. 

NO SE HA PEDIDO FORMALMENTE LA ENTREGA DE LOS DETENIDOS

LA EXTRADICIÓN DE LOS ITALIANOS, AUN SIN DECIDIR

MADRID, 3 (INFORMACIONES, por F.J.P.) .—Hasta mediodía de hoy no había llegado desde Italia al

Ministerio de Asuntos Exteriores ninguna solicitud formal de extradición de los señores Massagrande

. Pomar, Pozzan y Zaffoni, ciudadanos italíanos detenidos días pasados por la Policía española en una

redada de elementos extremistas. Un telegrama de la agencia Europa Press decía anoche que el Ministerio

de Justicia italiano ya había tramitado con urgencia la extradición de dichas personas, inculpadas en Italia,

como se sabe, en numerosos delitos de terrorismo. Por otra parte, parece que anteriormente existía una

solicitud de Interpol-ltalia a Interpol-España para la localización, captura y detención de una serie de

italianos buscados por las autoridades de dicho país como presuntos autores y cómplices de delitos que

están siendo juzgados en Tribunales italianos-, pero estas solicitudes —que normalmente son ejecutivas

de inmediato por la Policía— no equivalen a una entrega de los encartados

.

Teóricamente, el procedimiento de extradición es: autoridad reclamante, origen de la solicitud de

extradición, a Embajada de España en ese país; Embajada a Ministerio de Asuntos Exteriores de España,

que lo cursa al Ministerio de Justicia, el cual lo remite al Consejo de ministros, que decide si dicha

petición debe ser atendida o rechazada. En caso positivo, pasa al Juzgado de Instrucción correspondiente,

y de allí a la Audiencia Provincial, donde se ve la causa. Todo ello está regulado por la ley de Extradición

de 1958

.

ESPAÑA-ITALIA: PROBLEMAS POLÍTICOS

En el caso actual, la cuestión se presenta bastante difícil, porque complica matices diplomáticos con

problemas juridico-procesales y lo embrolla politicamente, ya que nuestras relaciones políticas con Italia,

cuando no tensas, han sido trias por la acusada mutua sensibilidad oficial a determinados asuntos

bilaterales, susceptibles de ser capitalizados políticamente. Ahora nos encontramos con un caso típico de

bloqueo de un acuerdo bilateral por motivos políticos. Entre España e Italia existe un acuerdo de

extradición del año 1866, a cuyos supuestos y previsiones puede atribuirse toda la inadecuación a las

situaciones formas sociales actuales que se quiera. Empero, dicho acuerdo es el que está en vigor, si bien

existe desde hace tiempo una clara conciencia de su inadecuación a los tiempos actuales. Por esta razón se

elaboró años atrás un nuevo Tratado de Asistencia Judicial, Penal y de Extradición, firmado en 1973. En

el lenguaje diplomático, la firma no indica más que un acuerdo de intención, un propósito común. Para

que surta efectos, falta la ratificación, que es un acto legislativo de la Cámara, un filtro político nacional

. Una vez realizada esta ratificación, viene el canje de notas; es decir un mero trámite, a partir de cuyo

momento el acuerdo o convenio en cuestión se hace verdaderamente operativo

ÍRONIAS DEL DESTINO

El «nonnato» Tratado de Asistencia Judicial, Penal y de Extradición con Italia de 1973 fue ratificado

fácilmente por España en enero del año siguiente; sin embargo, al llegar a Italia fue bloqueado por el

Senado, precisamente por oposición de los senadores comunistas, que lo consideraron entonces

«politicamente Inoportuno» (1976), y asi sigue. La situación ahora es, pues, una verdadera ironía del

destino, ya que si Italia quiere conseguir la extradición de esos subditos italianos, tiene que echar mano

del viejo acuerdo de 1868, que tiene muchos problemas de interpretación y que posiblemente presente

bastantes «asideros» de tipo procesal en beneficio de los sometidos a la extradición.

UNA DECISIÓN POLÍTICA

Asi las cosas, llegamos a un momento en el que la suerte de los referidos subditos italianos detenidos por

la Policía depende exclusivamente de una decisión política española: acceder a la extradición (no

confundir esto con la posterior decisión judicial, que podría ser contraria) valdría para empezar a disipar

el mal clima de las mutuas relaciones con Italia. Contrariamente, negarse a la extradición seria una

manera de reafirmar una dignidad nacional muchas veces vulnerada por hechos cuyos motivos han

respondido con frecuencia a razones políticas y electorales internas.

Caso de rechazarse la extradición, lo más probable es que dichas personas sean expulsadas del territorio

nacional, bien poniéndolas en la frontera, bien pasaportándolas —a su elección— hacia un país que no

sea el suyo.

 

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