Autor: Aznárez, Malén. 
   Extranjeros en España     
 
 Arriba.    06/02/1977.  Páginas: 4. Párrafos: 29. 

Los últimos asesinatos cometidos la semana pasada, que han acaparado la atención del país, han puesto

sobre el tapete nuevamente la cuestión terrorista y sus vinculaciones internacionales. El tema de los

extranjeros de paso o residentes en el país, con las últimas expulsiones anunciadas de cuatro italianos

presuntamente implicados en actividades terroristas de extrema derecha en su país, vuelve a traer a la

actualidad las facilidades o dificultades que legalmente encuentran los extranjeros para residir en España,

en las distintas formas posibles.

EXTRANJEROS EN ESPAÑA

èèMuchos de estos trabajadores están en situación de clandestinos. El problema es especialmente grave en

Canarias

èèGran cantidad de hispanoamericanos

se encuentran en España sin trabajo. Su éxodo

masivo ha coincidido con la depresión económica

y la Ley concede prioridad laboral a los nativos

èè Dado los últimos acontecimientos, los permisos, autorizaciones o prórrogas podrán ser anulados por el

director general de Seguridad éé

•• La autorización

de «residencia»

se concede por dos

años justificando sus

«pretensiones

y motivacionesȎd

&Los trabajadores extranjeros entran por las multinacionales o procedentes de países subdesarrollados*

&\El tiempo normal de residencia para alcanzar la nacionalidad es de diez años, pero puede ser de cinco,

si el solicitante ha prestado «un servicio importante al pais»éé

que a los éé La «doble nacionalidad» acordada con varios países de Sudamérica otorga a los beneficiarios

los mismos derechos civiles y laborales españoles

PAÍSES DONDE SE HABLA CASTELLANO

EUROPA:

España: españoles residentes en países europeos.

ASIA: Israel.

AMERICA DEL NORTE:

Méjico (lengua oficial), Estados Unidos (numerosas comunidades) y Canadá,

CENTROAMERICA Y ANTILLAS:

Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Cuba, República Dominicana (en

todos ellos como lengua oficial) y Puerto Rico (compartido con él inglés).

AMERICA DEL SUR:

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay (en todos ellos como

lengua oficial) y Brasil.

ÁFRICA.

Guinea Ecuatorial y Sahara Español,

OCEAMIA: Filipinas.

LENGUAS MAS HABLADAS DEL MUNDO

1. Chino: más de 700 millones.

2. Inglés: más de 320 millones.

3. Indi-urdu: más de 250 millones.

4. Español:

1940: 129 millones.

1969: 229 millones

1976: 250 millones.

2000: Se calcula de 400 a 600 millones

De los casi 30 millones de extranjeros que entraron en 1975, según las últimas cifras oficiales facilitadas

por la Dirección General de Seguridad —28.147.128, exactamente— con pasaporte o salvoconducto,

cifra al parecer muy similar a la de 1976, un altísimo porcentaje, prácticamente la totalidad, corresponde a

turistas, que en calidad de viajeros transeúntes han abandonado nuevamente el país al término de sus

vacaciones. Pero de estas cifras globales cabe siempre separar una pequeña parcela de extranjeros que se

quedan en el país, bien como trabajadores bien como aspirantes a residentes, e incluso, si llegara el caso,

como exiliados políticos. Además de esa otra, también pequeña cifra, de personas que permanecen en

situación totalmente ilegal.

En cuanto a los primeros, está claro que no existen problemas de ningún tipo. Los extranjeros que han

entrado con su documentación en regla pueden permanecer en el territorio, como visitantes, durante el

tiempo que se les haya concedido en el visado o por el que se les reconozca en los Acuerdos en vigor.

Ahora bien, si antes de finalizar estos plazos el turista desea continuar en el país, deberá solicitar un

permiso de permanencia. Y aquí es donde comienza ya todo el tejemaneje de la burocracia y sus

complicaciones oficiales.

Los permisos de permanencia —según el artículo 17 del decreto 522/74 del 14 de febrero— «podrán ser

discrecionalmente concedidos por la Dirección General de Seguridad, atendidos los antecedentes del

solicitante». Estos permisos podrán ser ordinarios y especiales. Los primeros tendrán validez de tres

meses y serán renovables por plazos de tiempo sucesivos de igual duración. Los segundos, concedidos en

casos especiales, podrán tener un plazo de validez mayor, sin que pueda exceder de un año.

En esta situación de «permanencia» están la mayoría de los latinoamericanos, que en cifras, que algunos

expertos calculan en más de 100.000 los que han llegado al país en el último año —solamente argentinos

se calculan que están unos 3.000 mensuales desde hace medio año—. muy especialmente a partir de los

últimos seis meses, procedentes de todo el Cono Sur huyendo de la represión política de sus respectivos

países. Argentinos, chilenos, uruguayos, bolivianos y paraguayos constituyen el grueso de una

inmigración forzosa, que ha elegido España como país temporal, justo a la inversa del éxodo español del

36, por sentirse idiomática, cultural y hasta sentimentalmente más cercana que otros países europeos,

donde su afluencia es igualmente masiva.

Los latinoamericanos del Cono Sur constituyen, pues, en estos momentos el porcentaje más alto de

extranjeros que viven en el país con permisos de permanencia renovables, mientras se cumplen, en

muchos casos, los requisitos necesarios para que les sea concedida la residencia. Y, aunque es cierto que

existen extranjeros de otras nacionalidades —ingleses, alemanes y suecos, especialmente— en iguales

condiciones de espera, son casos mucho más minoritarios. Se trata, por regla general, de jubilados que

han decidido pasar sus últimos años tranquilamente al sol, beneficiándose de las ventajas económicas que

les supone el cambio de sus respectivas monedas, más fuertes que la peseta, y que suelen elegir para ello

los tranquilos pueblecitos de cualquiera de las múltiples costas del Mediterráneo, y a quienes el permiso

de residencia les suele llegar sin demasiados problemas, una vez cumplidos los plazos de tiempo y

requisitos legales «si se justifica debidamente su necesidad y no existe ninguna razón que se oponga a

ello».

Una vez que se obtiene el permiso de permanencia, todo extranjero que quiera residir en España de forma

más prolongada o indefinidamente, deberá obtener la autorización de «residencia», si justifica,

igualmente, su necesidad, y no hay razón alguna que se oponga a ello. Las peticiones se presentarán

personalmente por los interesados debidamente documentadas, «para acreditar sus circunstancias

personales, medios de vida y aquellos extremos que contribuyan a justificar la realidad de sus

pretensiones y motivaciones», en la Secretaría General de Pasaportes. Fronteras y Extranjeros, o en la

dependencia policial de la localidad donde se encuentren. Ya inscrita en el Registro correspondiente, la

autorización de residencia concedida, se le facilitará al solicitante un carnet o tarjeta individual,

acreditativo de su condición de residente.

La primera autorización de residencia tendrá una duración de dos años y será renovable por otros dos.

Transcurrido esos plazos las renovaciones ulteriores podrán ser concedidas por cinco años, previa

«justificación de su arraigo económico, social o familiar en el país». Quienes disfruten de autorización de

residencia podrán salir y volver a entrar en nuestro territorio mientras tal documento y su pasaporte estén

en vigor.

No se puede hablar precisamente de «descontrol» de los extranjeros por parte de las autoridades

correspondientes, puesto que todo extranjero con autorización de residencia está obligado a. «comunicar

los cambios de actividad o actividades que hubieran servido de base para su concesión, y notificar sus

cambios de domicilio dentro del territorio nacional, en la dependencia policial correspondiente, lo cual

comunicará a la de su nueva residencia y a la Dirección General de Seguridad.»

Pero volvamos de la mano de la legislación a los latinoamericanos en España, puesto que son éstos, una

vez que parece superado el problema de los 30.000 cubanos del «ancien regime» de Batista, que todavía

quedaban en el país en 1974, esperando poder entrar en Estados Unidos, los que constituyen hoy el núcleo

fundamental de «permanentes» y que, aunque en la mayoría de los casos están sometidos, a los

acuerdos de «doble nacionalidad», su espera para adquirir la categoría de «residentes» es también de dos

años.

La «doble nacionalidad» acordada con Perú, Paraguay, Chile. Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador,

Costa Rica, Honduras, Argentina y República Dominicana exige —con excepción de Guatemala, donde

con el sólo hecho de residir se adquiere la nacionalidad— dos años de «residencia» para conseguir la

doble nacionalidad. La nacionalidad se concede una vez inscrito en el Registro correspondiente, y a partir

de este momento el «doble nacionalizado» gozará del ejercicio de los derechos públicos y privados, el

otorgamiento de pasaporte, protección diplomática. Tendrá los mismos derechos civiles y laborales que

cualquier otro ciudadano español y se someterá, asimismo, al cumplimiento de las obligaciones militares.

Al trasladarse nuevamente a su país de origen, el «doble nacionalizado» volverá a recuperar todos los

derechos del mismo.

Pero antes de llegar a esta doble nacionalidad, que resulta difícil en muchos casos, los hispanoamericanos

deben, asimismo, si quieren permanecer durante largo tiempo en España, adquirir e| status de «residente»,

renovando previamente cada tres meses el permiso de permanencia, una vez demostrado que se dispone

de fondos económicos y cuenta corriente bancaria.

Según me han informado algunos interesados, no les resulta excesivamente fácil a los latinoamericanos en

ocasiones conseguir el permiso de residencia, pese a llevar más de dos años en el país, y presentar

permisos de trabajo. Y si no resulta fácil la residencia, la doble nacionalidad es todavía más complicada,

dada la exigencia de presentación del permiso de trabajo, que, lógicamente, se ve dificultada,

actualmente, ante la situación de paro que afecta a tantos trabajadores españoles. Pero éste será otro tema

que tocaremos más adelante.

Esto en cuanto a la doble nacionalidad. Pero existen, por supuesto, algunos extranjeros que, sin ser

hispanoamericanos, viven en el país y solicitan y están a la espera de la nacionalidad española. Nos ha

sido imposible conseguir las cifras actuales, pero pueden servir como indicativo las de 1972, en que

Portugal iba a la cabeza, con 77 nacionalizaciones, seguida de Italia —21—, Francia —17—. Alemania -

—11— y Hungría —5—.

¿Quiénes tienen derecho a adquirir la nacionalidad española? En principio, los nacidos en territorio

español de padres extranjeros y los nacidos fuera de padre o madre originariamente españoles. Mediante

la obtención de carta de naturaleza otorgada discrecionalmente por el Jefe del Estado, en aquellos casos

en quienes concurran circunstancias excepcionales, o por residencia. Esta nacionalidad, que se extiende a

mujer e hijos, de ser el peticionario casado, exige la renuncia a la anterior nacionalidad y la obediencia a

las leyes españolas.

En estos casos, el tiempo mínimo de residencia en España habrá sido de diez años continuos o

inmediatamente anteriores a la petición, o cinco años, cuando se considere que el solicitante ha prestado

un servicio importante al país. Los nacidos en España de padres extranjeros y los nacidos fuera de padres

originariamente españoles, y los varones casados con españolas, tendrán que esperar, al igual que los

latinoamericanos y filipinos, únicamente dos años.

Otro aspecto a considerar, y no menos importante, es el de los extranjeros que trabajan o quieren trabajar

en el país. Dentro del primer caso están los que entran por la puerta grande de las todopoderosas empresas

multinacionales. Son técnicos de alto «staff», los nuevos superejecutivos de la Ford o la Chemical. Dentro

del segundo, y en el polo opuesto, los miles de norte-africanos que, en situación generalmente ilegal,

intentan salir de su propio subdesarrollo, constituyendo el infraproletariado de la construcción y similar.

Ante la imposibilidad de obtener datos al día, puesto que solicitados repetidamente del Ministerio de

Trabajo no han querido o podido facilitárnoslos a la hora de cerrar esta información, tendremos que

remontarnos a los de hace tres años, cuando existían —cifra que, indudablemente, se ha incrementado—

61.595 trabajadores con permiso de trabajo, repartidos por el país, pero concentrados fundamentalmente

en Madrid, Barcelona. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Alicante y Málaga, entre los que abundaban

los «técnicos asimilados», ¡ay, las multinacionales!, maestros, capataces y empleados.

«E| «boom» de los trabajadores norteafricanos —no hay que olvidar que en 1975 entraron por la frontera

marroquí 350.408 extranjeros—. marroquíes, argelinos y tunecinos, comenzó en 1971, a raíz de la

devolución por Francia, a través de los puestos fronterizos de Irún y Gerona, de los trabajadores árabes

que no reunían los requisitos establecidos para su entrada en el país. En 1974, Barcelona y su provincia

contaban con 35.000 africanos, casi todos en situación clandestina, viviendo en condiciones

prácticamente infrahumanas y sometidos a la explotación más rastrera por parte de empresarios

desaprensivos de la industria de la construcción, obras públicas o industrias extractivas. Esta mano de

obra, no competitiva con respecto a la nacional, ha constituido en algunos casos, especialmente el de la

construcción, una especie de ejército de reserva de mano de obra extranjera, a la que no es preciso ofrecer

ninguna garantía social. El miedo a ser expulsados del país, por la situación clandestina de la mayoría de

los casos, hace de estos trabajadores un subproletariado eficaz y callado. La distribución de estos

trabajadores clandestinos se ha repartido esencialmente en Madrid, Barcelona, Guipúzcoa, Navarra,

Oviedo, Tarragona, Vizcaya, Zaragoza y Las Palmas. Solamente en Madrid, la cifra de los «ilegales» se

calculaba en 5.000, y son suficientemente conocidas algunas zonas, como la inmediata a la estación de

Cha-martín, donde se concentran estos emigrantes.

El problema de los marroquíes se ha visto Incrementado últimamente en Las Palmas y Santa Cruz de

Tenerife, donde la afluencia de los subditos de Hassan, que quieren establecer pequeños comercios o

tenderetes —aparte de los intentos empresariales a un nivel mucho más alto—, han vuelto a suscitar las

protestas de los canarios, que ya tienen el comercio suficientemente copado por los expertos comerciantes

indios.

Si nos atenemos a lo legislado, los extranjeros que pretendan obtener autorización de residencia u permiso

de permanencia con el propósito de trabajar en España, por cuenta propia o ajena, deberán presentar, con

la solicitud a la Dirección General de Seguridad, un permiso de trabajo expedido por la autoridad laboral

competente o del certificado de inscripción cuando se trate de latinoamericanos y filipinos.

En este último caso, según el artículo único de la ley de Igualdad de Derechos Sociales de la comunidad

iberoamericana y filipina de 1969: «Los trabajadores hispanoamericanos, portugueses, brasileños,

andorranos y filipinos que residan y se encuentren Iegalmente en territorio español, se equiparan a los

trabajadores españoles en lo que respecta a sus relaciones laborales, cualquiera que sea la forma de su

regulación, eximiéndoles de los derechos derivados de su condición. Asimismo, se equiparan en cuanto a

su inclusión en los regímenes general y especiales de la Seguridad Social y en cuanto a los beneficios y

ayudas del Fondo Nacional de Protección del Trabajo.»

El problema, una vez más, está en encontrar trabajo. En el primer trimestre del 73 eran 6.497 los

iberoamericanos nacionalizados que trabajaban Iegalmente en España, aunque esta cifra era muy inferior

a la real, dado que se refería únicamente a los nacionalizados. Hasta esa fecha la mayoría de estos

trabajadores eran profesionales que habían cursado sus estudios en España o casados con españolas; pero

la situación actual es bien distinta. La llegada masiva de latinoamericanos en momentos de crisis

económica general y de paró creciente hace que sus posibilidades de encontrar trabajo, pese a ser

generalmente profesionales titulados, sean escasas, ya que, según la legislación laboral, se da prioridad al

español para ocupar el mismo puesto de trabajo, aunque, «si en el plazo de un mes, no existen

trabajadores nacionales aspirantes al empleo, se le concede la plaza al extranjero».

Aunque esta normativa no cuenta, Iegalmente, para I o s exilados políticos, y los recién llegados lo son en

la práctica, en teoría no están acogidos a este «status».

Una cosa muy a tener en cuenta, especial mente en momentos en que, como decíamos al principio, se

cuestiona la estancia de extranjeros en el país, y algunas de sus expulsiones, que han sorprendido por

efectuarse en latinoamericanos considerados progresistas, pero de signo totalmente pacífico, es que todos

estos permisos, autorizaciones o prórrogas podrán ser anulados por el director general de Seguridad, por

propia iniciativa o a propuesta de las autoridades o dependencias policiales, cuando se considere

procedente la adopción de tal medida «por la forma de vida del Interesado, actividades que desarrolle,

conducta que observe, o por haber cometido alguna infracción en materia de extranjería». Y

especialmente se procederá a la adopción de tal medida cuando los extranjeros se hallen Implicados en

actividades contrarias al orden público o a la seguridad del Estado. Para ello, y así lo estamos viendo en

estos momentos, «se podrá ordenar la detención o ingreso en prisión cuando procediere, según las

circunstancias, de los extranjeros que hayan de ser expulsados, medida que subsistirá durante el tiempo

indispensable para poder evacuar los trámites inherentes a tal situación, comprobar que los mismos han

extinguido las posibles responsabilidades de todo orden que pudieran pesar sobre ellos y llevar a cabo la

expulsión». Igualmente, cuando circunstancias especiales así lo aconsejaran, las autoridades podrán

acordar que determinados extranjeros sean conducido por personal del Cuerpo General de Policía o

fuerzas dependientes de ella hasta el puesto fronterizo correspondiente.

Malen AZNAREZ

Fotografías de Julio Martínez}

sino que enlazan con la tradición visigótica y aspiran a que Castilla tenga la hegemonía de los reinos

cristianos. Así, el castellano se convierte en la lengua del reino más dinámico y con un gran prestigio

entre sus vecinos.

Esta penetración de Norte o Sur y de Este a Oeste «en forma de cuña» —como dice Menéndez Pi-dal—

del castellano llega hasta el siglo XV, donde ya la influencia es enorme, tal y como lo demuestra el hecho

de que las Actas de los Cabildos de Aragón estén re dactadas en castellano, es decir, que los escribas

aragoneses utilizaban el castellano. Empero, cuando se anuncia la boda de los Reyes Católicos, se

produce un gran escándalo, y Aragón teme ser barrido por Castilla, un natural sentimiento nacionalista

obliga a los notarios empezar a escribir de nuevo en aragonés, hasta que Jerónimo de Huete (1525} !o

vuelve a utilizar en un prólogo, porque —explica— el castellano es el idioma que entiende la gente.

Por otro lado, la narrativa española, desde «El Quijote» a «María Zayas», tiene una tradición de

personajes que van a Barcelona, ciudad que por entonces debía estar muy de moda, y que debía ser para

aquel entonces como el Londres de nuestros días. Pues bien, en Barcelona el castellano tiene un enorme

prestigio, y en estas visitas ningún personaje dice que nadie hable catalán, pero sí todo el mundo habla

castellano, el idioma cortesano. Lope de Vega es desterrado en 1580 a Valencia; allí -—sorpresa— existía

una escuela de autores dramáticos en lengua castellana, en la que el propio Lope afila su pluma de

dramaturgo. El castellano, pues, se impone, no porque no existan otras lenguas, como, por ejemplo, el

gallego o el catalán, idioma de una gran riqueza literaria y culta. No en vano Cataluña recibe cerca de

setenta años antes el Renacimiento que Castilla.

Pero la historia del gafismo del castellano se impondría fatalmente con una medida precisamente tomada

contra el catalán y que después resultó ser crimen da lesa humanidad contra el castellano. Se trata del

decreto de Nueva Planta (1716), firmado por Felipe V, por el que se impone a Cataluña un Gobernador,

una real audiencia, con titulares castellanos y toda la administración idéntica que en Castilla, además d«

un Ejército, una Policía, una justicia, etc. Lo impopular de lo medido, aún hoy, tiene secuelas.

El otro dato a considerar sería el de preguntarse sobre la razón por la que no se dice siempre español y, en

en cambio, se dice castellano. Sí, los italianos hablan italiano y no toscano, aunque el Italiano común y

literario fuere oririginariamente la lengua propia de la región toscano, y se llama francés a la lengua

general de Francia, aunque haya otras lenguas también francesas. La razón que ofrecen los especialistas

es una rozón política. Necesariamente, tenemos que remontarnos al problema de América y la

Independencia de las colonias.

Los flamantes naciones hispanoamericanas no querían vincularse, lógicamente, demasiado con lo

español, y se pensó que la idea de castellano no vinculaba con el Estado español.

Afortunadamente, en la actualidad se vuelve a utilizar indistintamente el término español y castellano,

aunque este último parezca más apropiado para hablar de la lengua romance que la lengua en la que

escriben vascos, leoneses, gallegos, navarros, extremeños, andaluces, valencianos, catalanes y demás

pueblos de España.

Una falsa ¡dea que quisiera desterrar, antes de terminar, es la de que cada lengua sirve mejor para una

determinada cosa. Por ejemplo, se dice que el francés es el idioma de la diplomacia y el racionalismo; que

el inglés es la lengua de los tiempos modernos y de la tecnología. Esto es falso: todas las lenguas sirven

para todo. Tampoco existen lenguas superiores, a excepción del bantú —que lingüísticamente es

inferior—; las demás: inglés, francés, danés, sueco, checo, chino, ruso, japonés..., sirven para expresar

todo. Lo que ocurre a menudo es que un pueblo se convierte en receptor y comienza a pensar por las

meninges de otro, éste es un pueblo de rodillas y se condena a no crear y a tener que adoptar lo que

inventan otros: carter. Hit parade, week end...

El futuro del español, por tanto, no depende de las cualidades o características del idioma, sino más bien

de las cualidades de más de trescientos millones de hispa-noparlantes en el próximo siglo. Dependen, en

fin, de su sentido de dignidad como comunidad hispanoamericana, capaz de enfrentarse a la comunidad

anglosajona en igualdad de condiciones; es decir, como pueblo creador y capaz de pensar con lo

meninges propias.

(1) «Historio de la Lengua Española», de Rafael Lapesa (1942). Edic. Es-celicer.

(2) Gráficos tomados del libro de Rafael Lapesa, «Historio de la Lengua Española

Paloma AVILES

 

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