Con el documento redactado por el gobierno sobre el "pacto político". 
 Discrepa el PSOE  :   
 Porque no recoge algunas de las observaciones que apuntó en el curso de los debates de la Moncloa. 
 Pueblo.    26/10/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 49. 

DISCREPA EL PSOE

Porque no recoge algunas de las observaciones que apuntó en el curso de los debates de la Moncloa

Esta tarde o mañana podría ser firmado, tras la reunión de técnicos que elaboran el texto definitivo

MADRID, (PUEBLO.) — El documento que recoge los acuerdos políticos, que ha sitio redactado por el

Gobierno después da la» negociaciones en la Moncloa, es probable que se firme mañana, ya que antes el

PSOE hará alguna observaciones a la- actúa! redacción del mismo, porque «no refleja exactamente

algunas de las posturas, mantenidas por este partido en la "cumbre"*. Por ello propone que sea sometido

de nuevo a estudió hoy mismo. El PSOE no suscribirá el documento tal como está redactado hasta ahora.

Entre los temas que suscitan puntualización por parte del PSOE se encuentran el relativo a la ley de

Peligrosidad Social, que este partido considera que debe ser derogada pura y simplemente o sustituida por

otra ley que podría denominarse de Defensa o Protección Social. Otro es el relativo al Código de Justicia

Militar, donde el Partido Socialista Obrero Español indica que debe introducirse algunas de las

observaciones por él apuntadas en el curso de las conversaciones, como es lo relativo a los fueros por

razón de lugar y de personas que disfrutarían los militares en la aplicación del Código de Justicia Militar.

El PSOE propuso la necesidad de la inter- los términos en que se ha redactado la parte dedicada al

control de los medios de comunicación social del Estado. Los socialistas habían previsto crear

paulatinamente las estructuras para la regionalización de la radio y televisión, así como la regionalización

y control democrático de la red de emisoras del Movimiento.

Otro aspecto de la discrepancia de los socialistas es la del sometimiento de las fuerzas de orden publico a

la jurisdicción ordinaria cuando actúen en el cumplimiento da su misión.

Ayer, por la tarde, el presidente del Gobierno abandonó su escaño en las Cortes para entrevistarse con el

líder socialista Felipe González, en el que éste le expuso las discrepancias con la redacción del documento

político antes aludidas.

Esta mañana se celebró una reunión a nivel de técnicos para la redacción definitiva al documento, que

podría ser firmado esta tarde en las Cortes o mañana por la mañana.

El documento, en su actual redacción, está en poder de los partidos políticos con representación

parlamentaria, y consta de unos veinte folios, en los cuales se contienen todos los puntos ya conocidos

sobre libertad de expresión, medios, orden público, etc.

TEXTO DEL DOCUMENTO POLÍTICO

El texto, resumido, del documento político de la Moncloa es el siguiente:

• PRENSA. — Subsistirá la obligación del deposito previo, si bien el secuestro de la publicación

sólo podrá decretarse por la autoridad judicial en virtud de la denuncia. £1 denunciante podrá proponer

una nota de rectificación, aclaración o réplica. El procedimiento judicial que, en su caso, haya de seguirse

se desarrollará en plazos breves y estrictos. La determinación de responsabilidades principales y

subsidiarias se ajustará a lo establecido en el Código Penal,

• SECRETOS OFICIALES.—Se revisarán los supuestos legales en que pueda una materia ser declarada

reservada. Los órganos competentes para hacer la declaración serán: el Consejo de Ministros y, en

materia de defensa nacional, las autoridades militares.

• MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE TITULARIDAD ESTATAL.—Un conserje

provisional, -integrado por personas designadas por el Gobierno y por parlamentarios, elaborará y

propondrá un proyecto de estatuto jurídico de R-TVE y asumirá provisionalmente la vigilancia de su

objetividad informativa y de su funcionamiento general. La Comisión de Cultura del Congreso constituirá

una subcomisión que, conjuntamente con las personas designadas por el Gobierno, propondrá a éste el

tratamiento que deba darse a los demás medios de comunicación social del Estado y a los procedentes de

la AISS.

• DERECHO DE REUNION.— Ampliación del concepto de reuniones privadas (exentas de toda

intervención administrativa) a todas aquellas cuyo número no supere las cincuenta personas y a las

convocadas por los partidos políticos para sus afiliados excesivamente, aun cuando sea fuera de sus

locales sociales.

Régimen de libertad para las reuniones en local cerrado con una simple comunicación previa a la

autoridad administrativa, que sólo podrá disolver el acto sí durante su transcurso se producen alteraciones

graves del orden.

Idéntico régimen —libertad de comunicación previa— para las reuniones-concentraciones en local

cerrado, entendiéndose per éstas aquellas cuyo número de asistentes exceda de quinientas personas, pero

con posibilidad por parte de la autoridad gubernativa, en este caso, de suspenderlas «a priori» cuando sus

fines sean manifiestamente ilícitos (delictivos].

Mantenimiento del régimen actual para las reuniones en lugares abiertos al uso público (manifestaciones):

ésto es, autorización previa con silencio positivo.

Posibilidad de limitar legalmente el ejercicio del derecho de manifestación a días y horas concretas,

Establecimiento de un proceso judicial sumario para la tutela del ejercicio de este derecho y la

impugnación de las resoluciones administrativas que recaigan en este ámbito ante los Tribunales de

Justicia.

• DERECHO DE ASOCIACIÓN POTITICA.

Regulación sucinta de la estructura-elemental de las asociaciones de este carácter, con el fin de que su

organización y funcionamiento se acomoden a criterios democráticos.

La inscripción en el registro de partidos políticos se producirá, por el transcurso de un plazo breve desda

el deposito de los estatutos, salvo que dentro de él se haya ejercitado acción por el ministerio fiscal

pretendiendo la declaración judicial de su ilegalidad.

Decisión judicial, asimismo, para una suspensión

o disolución de las asociaciones, cuando realizaran actividades ilegales o fueran procesados o condenados

asociados.

Regulación de un sistema de financiación estatal a los partidos políticos, mediante el establecimiento de

un sistema objetivo de subvenciones en función, de los resultados electorales obtenidos.

• CÓDIGO PENAL.—Regulación de la expedición de anticonceptivos, limitas de publicidad y

consiguiente despenalización.

Modificación de las edades de la mujer, tornadas en consideración para la tipificación del rapto y el

estupro.

Los delitos sobre propaganda ilegal perderán sustantividad y desaparecerán como tales.

Se elevarían las cifras consignadas en el Código Penal como cuantía, valor o cantidad objeto del hecho,

punible, lo que llevaría indirectamente una rebaja general de las penas ya impuestas o por imponer en los

delitos tipificados en virtud de dichas cifras. La desvalorización del dinero en los últimos tres años

justifica, además esta medida que irá unida a una, reconsideración de las cuantías de las maltas al alza,

pero no automáticamente, sino en virtud de los nuevos criterios de política criminal.

* LEY DE PELIGROSIDAD SOCIAL. — Revisión técnica de los tipos figurados en la legislación

vigente y de las medidas restrictivas de libertad.

Supresión de tipificaciones de carácter meramente predelictico y, en su caso, instrumentación de medidas

asistenciales.

Precisión del carácter no penal de las medidas de seguridad, tanto en su configuración legal como en su

ejecución con neta diferenciación, en cuanto a sus características y regímenes, de los -establecimientos de

rehabilitación social respecto de los penitenciarios.

Resolver provisionalmente —a reserva da la solución final de conjunto— el problema de la dualidad de

competencia jurisdiccional y de tipificación de conductas en el Código Penal y en la ley de Peligrosidad

Social.

Conexión específica con si nuevo tratamiento penal de la reincidencia.

• CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR —Reconsideración de sus límites en relación con la competencia de

la jurisdicción militar.

Por razón de delito: resolver la dualidad de tipificaciones entre el Código Penal común y el Código de

Justicia Militar.

Por razón de lugar, limitar la competencia de la jurisdicción militar a los actos cometidos en centros o

establecimientos o lugares estrictamente militares.

Por razón de la persona, revisar los supuestos de desafuero y los términos en que se resuelve la

competencia cuando concurre personal militar y no militar en unos mismos hechos que no constituyan

delito militar.

Fortalecimiento de las garantías procesales en los procedimientos de la justicia militar.

• ORDEN PUBLICO.— Revisión parcial de la ley de Orden Público, de acuerdo con los criterios que a

continuación se expresan.

Nueva definición del concepto de orden, público, depurándolo de contenidas no democráticos y asentando

su fundamento esencial en el libre y pacifico disfrute de las libertades públicas.

El orden público tendrá una proyección concreta y actúa] en cuanto protección del avance en la

consolidación de la democracia? defensa frente a las agresiones terroristas. La tipificación del terrorismo

figurará en el Código Pena] común, con eliminación de lo que al respecto figure en leyes especiales En

cuanto a la tipificación del terrorismo y a la defensa contra él, se operará con los criterios generalmente

aceptarlos en los convenios internacionales y en los países de Occidente.

Las autoridades gubernativas con facultades sancionadora en la materia serán los gobernadores civiles, el

director general de Seguridad y el ministra del Interior.

Se potenciará la capacidad de acción de los poderes públicos y la participación ciudadana para la

protección y defensa civil en supuestos de emergencia (paralización de servicios públicos esenciales, etc.)

Se fortalecerán los medios de .investigación y defensa frente al terrorismo. A este respecto, en particular,

se creará una unidad de Policía judicial, fundicionalmente dependiente de los órganos judiciales

competentes para la investigación de delitos terroristas y que bajo las órdenes directas de la autoridad

judicial y al amparo de las autorizaciones otorgadas por, la misma, pueda desempeñar con eficacia y

prontitud la función investigadora requerida.

Sobre este último punto es donde mayor discrepancia hay especialmente por parte de los grupos de

izquierda, por lo que estaría pendiente de una redacción definitiva.

• REORGANIZACIÓN DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE ORDEN PUBLICO. — Estructuración de

los cuerpos y fuerzas de orden público en dos gran, des sectores: un cuerpo civil (Cuerpo General de

Policía), encargado fundamentalmente de la investigación criminal (prevención y persecución de los

delitos y faltas), y dos cuerpos militares (Policía Armada y Guardia Civil), como cuerpos operativos para

el mantenimiento de la paz pública, seguridad ciudadana, ejercicio de los derechos y libertades y guarda

física de los espacios urbanos y rurales. El mando de las fuerzas de orden público deberá recaer en el

ministro de interior y, más inmediata-mente, en un director de la Seguridad del Estado. El Ministerio del

Interior, no obstante, ejercerá el mando sobre la Guardia Civil so-lamente en lo que afecte al

mantenimiento del orden público, dada Ja pertenencia de este cuerpo a las Fuerzas Armadas y su

dependencia, ,por consiguiente, del Ministerio de Defensa.

Los cuerpos y fuerzas de orden público operarían sobre la base de una distribución funcional y territorial

de competencia.

Adopción de una serie de medidas tendentes a la progresiva intercomunicación entre los cuerpos de la

Policía. Armada, Guardia Civil y Cuerpo General de Policía.

Reforzamiento de los cuerpos administrativos auxiliar y subalterna de la actual Dirección General de

Seguridad, que libere a los Funcionarios del Cuerpo General de Policía Guardia Civil y Policía Armada

del desempeño de funciones burocráticas.

Perfeccionamiento del régimen de formación del Cuerpo General de Policía y establecimiento de un

sistema de especialización para los oficiales del .Ejército de Tierra, que pasen a reincorporarse a los

cuadros de mando de la Policía Armada.

Creación de unidades especiales de Policía Judicial para el servicio directo de Va labor encomendada a

los jueces y tribunales de todo orden.

Creación de unidades tendentes a dar un servicio de lo que en otros países se conoce con el nombre de

«Policía de barrio» para la atención directa y permanente de los vecinos.

Establecimiento de un régimen claro de división, de competencias entre las funciones encomendadas a los

cuerpos y fuerzas de orden público y las atribuciones a los policías locales.

 

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